La «equivocación» de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez al llamar a Uribe presidente, no es simplemente otro lapsus más de los que ha se han vuelto frecuentes entre quienes deben obediencia y respeto al presidente Iván Duque. Ello solo refleja un problema de realidad política mal manejada.

No nos llamemos a equívocos. Llamemos a las cosas por su nombre y sin eufemismos. Colombia es quizás el único régimen «democrático» del mundo donde hoy hay o coexisten un presidente y un parapresidente o suprapresidente, este último, con mayor poder incluso que el elegido por 10 millones de ciudadanos.

Poco antes de posesionarse Iván Duque, ya Alicia Arango, ex secretaria privada en la casa de Nariño en el gobierno Uribe y designada Ministra de Trabajo por el actual gobierno, lo había declarado a W Radio Colombia: «Gobernará Iván Duque, pero no hay que olvidar que Uribe es nuestro jefe».

Ello significa, ni más ni menos, un radical cambio que debería ser objeto de análisis por la ciencia política y por los constitucionalistas. La transferencia de la soberanía del rey al pueblo que se instauró con la revolución francesa de finales del siglo XVIII perdió vigencia o ha sido «superada» o rebasada.

Ahora en Colombia, la soberanía ya no reside en el el pueblo y ni siquiera en la persona en quien el constituyente delegó su poder, sino en un supra poder que se alza por encima del ejecutivo mismo y a quienes importantes miembros del gobierno reconocen en público como jefe incluso por encima de la figura del propio presidente.

En esa dinámica no resulta extraño entender el calificativo de «presidente eterno» que el uribismo en una especie de culto exacerbado a la personalidad, incluso con matices y/o ribetes religiosos, le otorga a Álvaro Uribe Velez.

Uribe como líder y jefe indiscutido de su partido controla a quien representa al ejecutivo, un hasta hace poco ilustre desconocido para la mayoría de los colombianos que debe su elección a la popularidad del caudillo que fue quien lo ungió ante sus seguidores, respaldo sin el cual difícilmente habría alcanzado la primera magistratura.

Controla igualmente los hilos en el poder legislativo y para nadie son ya un secreto sus intenciones de reformar y adecuar el poder judicial a la medida de sus intereses. Ello para no mencionar el enorme poder económico y mediático que también concentra y ostenta al punto de haberse erigido en una especie de intocable pese a todas las investigaciones y sindicaciones que existen en su contra.

Desde esa lógica no es extraño que siguiendo la misma línea de la ministra Alicia Arango, prestantes miembros del actual gobierno como la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; el Alto Consejero, Emilio Archila; el Canciller, Carlos Holmes Trujillo, y hasta la propia vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, con muy poco pudor llamen en público a Uribe presidente en lugar de decirle parapresidente o supra presidente que sería lo más adecuado, incluso para preservar ante la comunidad internacional la ya maltrecha dignidad de la figura presidencial que ya es objeto de sorna.

Dimos el salto o pasamos de ser, sin que muchos aún se percaten de ello, un régimen presidencialista a una rara figura o forma política. Hemos instaurado por primera vez en la historia, y para nuestra vergüenza, el parapresidencialismo.