Infiltrar, desprestigiar y deslegitimar para justificar agresión brutal: La agenda del gobierno frente a la protesta social

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La guardia indígena capturó y entregó a la Defensoría del Pueblo a 3 integrantes de la fuerza pública infiltrados en su protesta quienes portaban una granada de fragmentación. No obstante, ningún medio de comunicación lo reseñó. Prefieren en sus titulares mostrar a los indígenas como victimarios antes que como víctimas de un despojo y de una agresión que comenzó hace siglos y que no para por parte de quienes sustituyeron a los españoles en el ejercicio del poder.

Desde la lógica del gobierno, vale muchísimo menos una bala que implementar reformas y financiar el bienestar social de los ciudadanos. Pero como echar bala y atemorizar a la población para que no exija sus derechos y guarde silencio no resulta tan sencillo como lo era hace varias décadas, les toca hacer un trabajo previo que los justifique ante el mundo.

La protesta social en Colombia por órdenes de presidentes, ministros y altos mandos policiales y militares se infiltra para generar desmanes que son convenientemente transmitidos por los medios afines al poder con propósito de desprestigio y de la necesaria deslegitimación que justifique la represión, es decir, el empleo de los gases, de las balas (de goma y de plomo) y de explosivos contra los más pobres y vulnerables.

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Cuando ello no ofrece resultados se implementa la también despreciable práctica de asesinatos sistemáticos de líderes sociales por parte de una bien estructurada organización con presencia en todo el territorio nacional, cuyos miembros y mandos, convenientemente, nunca son identificados, judicializados y mucho menos combatidos por los organismos de seguridad del estado, que ni siquiera se experimentan vergüenza frente al genocidio e impunidad.

De esa lógica perversa es hoy víctima la minga indígena, pero también lo han sido las protestas de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, los estudiantes, los trabajadores y todo aquel que no haga parte del círculo exclusivo de las élites que nos gobiernan.

Hay videos del ejército disparando en la zona, pero se culpa a los indígenas de ser los autores de la lamentable muerte del agente de policía Boris Alexánder Benítez Leclerc, por presunto disparo de proyectil de arma de fuego (18 de marzo). Como si hubiesen estado a la espera de la tragedia, inmediatamente sobrevienen las declaraciones del Ministro de Guerra Guillermo Botero (19 de marzo) hablando de infiltración, igual a como ya lo había en el Congreso de Confecamaras en Cartagena en septiembre 13 de 2018.

El mismo 19 de marzo el propio presidente, sin la rigurosidad de una investigación sería que lo corrobore, sale a reafirmar la tesis de los infiltrados.

Un día después (20 de marzo), curiosamente en concordancia, el cuestionado “periodista” Herbin Hoyos Medina publica una foto falsa de una mujer de facciones indígenas con fusil y camuflado y horas después el expresidente Uribe a través de un trino y un vídeo criminaliza la protesta social

Solo 24 horas más tarde (21 de marzo) una explosión en Dagua mató a ocho guardas indígenas luego de que al parecer alguien lanzara un artefacto explosivo que podría asemejarse al que le encontró la guardia indígena a los 3 militares infiltrados.

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Lo que se juega el magisterio con el paro: continuidad o fin de la educación pública y de la carrera docente

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Por: Alberto Ortiz Saldarriaga*

Arranca un nuevo paro nacional del magisterio por 48 horas que dependiendo de la voluntad política del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos en el pasado reciente con FECODE y de la persistencia en el Plan Nacional de Desarrollo de medidas lesivas contra el gremio podría a futuro volverse indefinido.

Y es que lejos de plantearse desde el gobierno el impulso de un acto legislativo que reforne los artículos 356 y 357 constitucionales para volver a la fórmula constitucional inicial que garantice el flujo suficiente de recursos hacia las entidades territoriales para la financiación de la educación pública, lo que se está planteando son esquemas que debilitan la educación oficial y fortalecen la privada a partir de la inyección de recursos públicos que se redireccionarían hacia la misma.

Uribe aprovechó la publicación de una fotografía en la que un maestro y un grupo de niños del sur de Bolívar respaldaban a la JEP para hablar de “adoctrinamiento” inadmisible y para adicionalmente y a través de trinos y de un vídeo hacer pública la propuesta del partido de gobierno: una propuesta que conlleva o esconde claros propósitos privatizadores.

Y es que lo propuesto por el expresidente implica la aplicación en el sector educación de la fórmula que ya se implementó en el sector salud para (a partir de la sustracción de recursos a la red pública y su orientación con destino a prestadores privados) cerrar hospitales y debilitar y destruir (por sustracción de materia) a la organización sindical de los trabajadores del sector salud (ANTHOC). Lo mismo se pretende hoy con las escuelas públicas y con FECODE y sus filiales.

Hábilmente la propuesta le resta respaldo social a los educadores y los aisla y/o divide de los padres de familia al proponerle a estos últimos la entrega directa de recursos públicos para financiar la educación de sus hijos en instituciones privadas, propuesta aparentemente atractiva en la medida en que de esta forma “librarán” a sus acudidos de paros y protestas y que teóricamente garantizaran calidad en la prestación del servicio ofrecido.

Técnicamente la idea es pasar de un modelo de financiación o estímulo a la oferta (giro de dinero a los colegios) a uno de financiación o estímulo a la demanda (giro de dinero a quienes requieren o buscan educarse) que es el modelo que de alguna forma ya se ensayó con la entrega en concesión de colegios a prestadores privados (sin resultados) y en programas recientes como SER PILO PAGA o GENERACIÓN E.

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El estímulo a la demanda parte como ya se dijo, de asignar un valor a quienes requieran educación y de que el Estado directamente gire a los padres (opción 1) o a los colegios privados que estos escojan (opción 2) el llamado voucher educativo (cheque) para que se atienda la educación a los niños y niñas más pobres.

Por esa vía y por la de explotación del trabajo docente en el sector privado (con sindicalización prohibida) la idea es generar ahorros significativos y abaratan la prestación del servicio educativo, al tiempo que se desfinancian y acaban las instituciones públicas y con ellas la necesidad de personal docente al servicio del estado.

La trampa del estímulo a la demanda y de los voucher

Y aunque la figura resulta atractiva, lo cierto es que esconde una trampa para los padres de familia que los docentes deben encargarse de mostrarles:

Una vez desaparecida la oferta de educación pública en favor de la privada (primera fase) es el mercado el que sin competencia ya comenzará a imponer precios por la prestación del servicio. Ello traerá consigo que el estado se limite ya a pagar solo un porcentaje (50%) del voucher (segunda fase) lo que obligará al padre de familia a cancelar la otra mitad, todo lo cual implica el paso de un esquema de financiación estatal a uno de cofinanciación (mitad y mitad).

Lo que no dirán a los padres inicialmente, es que la intencionalidad y finalidad del estado neoliberal consiste en paulatinamente sustraerse de cargas y responsabilidades financieras y transferírselas a los ciudadano. Al ocurrir tal desprendimiento del estado de sus obligaciones financieras (supresión de subsidios) el 100% de los costos de la educación volverá a recaer sobre los acudientes (tercera fase o fase de privatización definitiva) reduciendo las posibilidades de educarse a quien disponga de dinero para hacerlo.

En otras palabras lo que está en juego bajo este nuevo mandato de Uribe (en cuerpo ajeno) es ni más ni menos el proceso de liquidación de la educación pública, el fin de la carrera docente y de la estabilidad en el empleo de los maestros y maestras del país. Para ese momento (el de privatización) fue que se concibió el régimen diferenciado de carrera docente y la evaluación arbitraria de una parte de los educadores (los nuevos) con propósitos estrictamente fiscales y sancionatorios y no formativos.

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A través de las evaluaciones no superables que se instaurarán, arrancará el proceso de traslados inconsultos que promuevan renuncias masivas que reducirán y eliminarán de manera definitiva las plantas docentes. Van por la liquidación definitiva de FECODE y de los maestros del sector oficial. Con ello aniquilarán a quienes peligrosa e irresponsablenente llaman desde el uribismo “adoctrinadores” al servicio de la subversión.

*(Tomado del grupo de Facebook Encuentro Nacional de Docentes del Decreto 1278)

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Uribe y el Magisterio: una larga historia de desencuentros y persecución

 

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Álvaro Uribe Vélez (aunque en cuerpo ajeno) gobierna nuevamente a Colombia y graves peligros se ciernen y/o reactivan nuevamente contra los maestros del sector publico en el país. Tiene entre ceja y ceja propinarle al magisterio la estocada final que no pudo materializar por lo que el mismo denomina la “traición” de Santos al no obedecerle y actuar al influjo de sus órdenes.

Uribe, desde su primer mandato dio muestras claras de su marcada e inequívoca tendencia neoliberal con la adopción de medidas regresivas contra los trabajadores de la educación tales como la expedición del Decreto 1850 de agosto 13 de 2002 (a través del cual incrementó la carga laboral a los maestros) y el Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docente (relación técnica)

En octubre 25 de octubre de 2003 se terminó de consolidar la animadversión que sentía Uribe Vélez hacia el magisterio sindicalizado. La razón: en esa fecha no prosperó un referendo constitucional promovido por el primer mandatario que incluía medidas como el congelamiento de los salarios de funcionarios públicos. En esa derrota histórica los maestros y maestras fueron determinantes y/o decisivos.

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Después sobrevendrían, como parte de su calculada venganza, otras medidas tales como el retraso para la expedición del Decreto 1095 de 2005 reglamentario de la ley 715 de 2001 (artículo 6, numeral 6.2.15 y artículo 7, numeral 7.15) y del Decreto 300 de febrero 22 de 2002 con lo que el gobierno congeló de hecho y durante más de 3 años los ascensos en el escalafón y por ende el mejoramiento salarial de miles de maestros.

Como si no fuera suficiente, se recortaron los tiempos de vacaciones de los maestros y se expidió el Decreto 1844 de 2007 por medio del cual se orientó a las Secretarías de Educación a efectuar descuentos, reviviendo normas viejas como el Decreto 1647 de 1967 como mecanismo para acallar las protestas y sancionar la participación en paros y posibilitar el no pago de primas.

Además, desde el gobierno Uribe se orientó a las Secretarías de Educación que las incapacidades de los docentes no podían ser pagadas en un 100% (como ocurría) reviviendo para ello normas anteriores a la Constitución de 1991 como el Decreto 1848 de 1969 (hoy se paga 66% hasta el día 90 de incapacidad y del día 91 al 180 un 50% del salario, afectando a docentes con enfermedades terminales como cáncer)

Cómo para que no existan dudas de la evidente mala fe de Uribe contra el magisterio, en sus 8 años de gobierno (agosto de 2002 – agosto de 2010) el IPC fue de un 43,67%, mientras que el salario solo se aumentó en un 42,28%, lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo (-1,39%) Decimos relativa, porque en términos reales es sabido que el IPC que certifica el DANE es inferior al que realmente se presenta. Lo cierto es, que si algo caracterizó a Uribe, fue la expedición de los decretos de aumento salarial más pírricos de la historia y postergados y expedidos tardíamente (a final de año).

Sin embargo, las medidas nefastas no terminan ahí. En su primer Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de junio 26 2003) instituyó que para los maestros y maestras nuevos, o que ingresaron a la carrera docente después del 26 de junio del 2003, es decir, los del 1278, existirían unas posibilidades de pensionarse diferentes y peores a la de sus compañeros del 2277. Para los docentes del 1278 la ley aplicó el régimen de prima media con prestación definida (Artículo 81 PND)

Gracias a esta decisión del gobieno Uribe, los docentes del 1278 se rigen bajo la Ley 100 de 1993, por lo que hombres y mujeres deben cumplir 57 años y tener 26 años de servicio (1.300 semanas cotizadas) para poder acceder a una pensión y no pueden seguir laborando tras obtenerla.

Este ensayo, el de maestros regidos parcialmente por ley 100/93 y no por la ley 91/89, tiene adicionalmente el propósito de desaparición del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El sueño de Uribe, al que se ha opuesto FECODE, ha sido el de maestros regidos en materia de salud y de pensiones por su ley 100. Es el de fortalecer a EPS y Fondos Privados de Pensiones.

De ahí, su negativa a pagar la multimillonaria deuda de la Nación para con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para debilitarlo y a partir del deterioro de la atención en salud de los maestros, ambientar la insatisfacción entre los maestros y facilitar su paso hacia el régimen ordinario

Tampoco hay que olvidar, que la diferenciación del gremio en dos regímenes diferenciados posibilita que con propósitos fiscales (económicos) a los docentes del 1278 se les someta a procesos de “evaluación” arbitrarios que comprometen la independencia del educador ante su superior inmediato y que truncan ubobstaculizan el ascenso automático por tiempo de servicios y capacitación y por ende su mejoramiento profesional y salarial.

En este nuevo capítulo Uribe va por más y ya lo ha dejado entrever en sus trinos sin ruborizarse. Va por la liquidación definitiva de FECODE y de los maestros del sector oficial. Está proponiendo utilizar los recursos públicos de la educación para financiar el acceso de los más pobres a la educación privada, lo que ni más ni menos es una habilidosa movida que puede granjearle el apoyo de los padres de familia, generar enfrentamientos entre estos y los maestros y facilitar (restando el apoyo social de los padres de familia) el proceso de privatización de la educación. Con ello aniquilaría a quienes peligrosa e irresponsablenente llama “adoctrinadores” al servicio de la subversión.

JEP: El mayordomo solo hizo lo que le mandó a hacer el dueño de la finca

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Hebert Castro, el humorista uruguayo que vivió e hizo radio en Colombia hace varias décadas (desde Cali) hizo célebre a un personaje al que llamó el “pobre Peraloca”, figura al que siempre le ocurrían enormes desgracias por no escuchar y atender recomendaciones y advertencias fundamentadas de otras personas y antes “pasárselas por la faja”.

Muy similar a lo que ocurrió en múltiples capítulos a “Peraloca”, a muchos colombianos “¡Se les dijo! ¡Se les recomendó!y ¡Se les advirtió! que si querían que el país no ardiera y no siguieran muriendo jóvenes humildes e inocentes, no podían ni debían volver a otorgar poder al “señor de Las sombras” o al que quisiera o dijera el “señor de las sombras”.

La advertencia iba mucho más allá. Tampoco podían creer que daba lo mismo elegir al antagonista del ya reconocido y nefasto “señor de las sombras” que a quién se prestara para que este último gobernara en cuerpo ajeno. Además, que era imperdonable dedicarse a contemplar mamíferos exóticos, como si nada diferente pudiera hacerse para intentar cambiar una tragedia anunciada.

No obstante, en su necedad, muchos desatendieron las advertencias y las indeseadas consecuencias no se han hecho esperar. El mandadero del “todopoderoso” o, lo que es lo.mismo, el mayordomo de la finca está siguiendo al pie de la letra lo que todos sabían que le pondría a hacer el dueño de la finca.

Los esfuerzos que deberían hacerse para consolidar y avanzar hacia una paz verdadera y duradera se dilapidan y, antes, se conspira incansablemente por ausencia absoluta de grandeza, y por sobrados egoísmos y mezquindades en contra de la posibilidad de reconciliación entre los colombianos. Se hace todo por retrotraernos a la guerra y se sabía que ello iba a ocurrir. El “Señor de las sombras” gobierna tras bambalinas, por interpuesta persona y de l que ocurra medio país será responsable.

Cómo muy seguramente sobrevendrán las críticas frente a nu dra crudeza que dirán que se está irrespetando la figura presidencial, hay que decir, que es el presidente y nadie más que él, el primer llamado a respetar la dignidad de su investidura y a entender que no gobierna para la mitad de los electores o para un sector político o un jefe político, sino para todo un país que espera que se antepongan los altos intereses de la nación sobre intereses o convicciones partidistas.

Álvaro Uribe Vélez coloca lápida sobre los maestros y los convierte en objetivo militar y político

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Cómo si sus acciones de gobierno durante 8 años no hubiesen resultado suficientes para hacer evidente su animadversión hacia el Magisterio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a hacer notorio su ya conocido odio hacia los maestros y maestras del pais.

A raíz de la difusión pública de imágenes en la que un docente y un grupo de estudiantes del sur de Bolívar expresan su respaldo a la Justicia Especial Para la Paz (JEP), Uribe Vélez, en dos trinos y un vídeo dados a conocer a través de su cuenta de Twitter, volvió a arremeter contra los docentes del sector público acusándolos de “adoctrinar” y “abusar” de los niños.

Inicialmente el líder del Centro Democrático habló de “soluciones que no sean sanciones legales” para los maestros, lo que sembró múltiples dudas en torno a qué específicamente quiso decir. Luego y para salir al paso frente a los legítimos temores que dejó su pronunciamiento ambiguo, explicitó que para evitar lo que el denominó “adoctrinamiento” debería pensarse en que a futuro los niños y niñas reciban educación por parte de prestadores privados del servicio financiados con recursos públicos.

Palabras más, palabras menos, lo que el expresidente plantea, es un redireccionamiento de los recursos que hoy se destinan a la educación pública hacia el fortalecimiento de la educación privada en el país (privatización) lo que se materializaría (como ya se hizo con la salud) pasando de un esquema de financiación de subsidio a la oferta a uno de subsidio a la demanda.

Pero más allá de los planes de debilitamiento de la educación pública con propósitos de privatización, lo que más preocupa a los educadores, son las sindicaciónes que hace el hoy senador, pues dado el fanatismo de muchos de los seguidores de Uribe, se corre el riesgo de que los docentes terminen colocados en la mira y/o como objetivos militares de grupos armados de extrema derecha que ya han cobrado la vida de cientos de líderes sociales en el país.

Ojalá la lápida que coloca el dirigente político sobre los educadores, insinuando nexos entre estos y grupos guerrilleros no lleve a qué sus seguidores entiendan desde su extremismo que los docentes pueden entrar a ser lo que el exmandatario califica como “muertos buenos” o parte del aplazamiento del asesinato que endilgó a Juan Manuel Santos

Lo de Bermeo: El nuevo capítulo de la venganza implacable del Fiscal contra “Santrich”

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Sus más radicales opositores y críticos no dudan en calificar al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como un hombre sin escrúpulos para el que el fin justifica en todos los casos el empleo de cualquier medio a su alcance.

Los cuestionamientos al Fiscal General de la Nación van desde su habilidad para intrigar, hasta su “capacidad” camaleónica para estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo.

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No de otra manera se entiende que a pesar de su proximidad y admiración hacia Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical, lo hubiese apadrinado y avalado ante el alto gobierno para ser Fiscal y que Juan Manuel Santos se hubiese decidido por él a sabiendas que representaba la peor de las opciones posibles frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.

El poder real de Martínez Neira, sin embargo, no se halla en el ámbito de lo político sino en el poder económico que mueve tras bambalinas los hilos de políticos aparentemente opuestos pero con poderosos financiadores en común: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht.

Mucho antes de que el país al unísono solicitara por decoro la renuncia de un fiscal que está impedido para actuar como investigador e investigado, Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC, tuvo el arrojo de cuestionar, en tres duros y directos tuits, al Fiscal por encubrimiento de empresas que financiaron el paramilitarismo.

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https://twitter.com/JSantrich_FARC/status/781059234335232000?s=19

A partir de allí la respuesta de quién usa su cargo para amenazar y golpear a quienes cometan la osadía de ponerlo en entredicho no se hizo esperar. Tiempo después, sobrevino la acusación de que Santrich era narcotraficante, la privación de su libertad con complicidad de los grandes medios afines al mismo poder económico y politico corruptos con los que se impedía que el exguerrillero accediera a sus curul en el congreso y, además, se pretendía aniquilarlo políticamente y destruir los Acuerdos de Paz.

Después de eso, sin pudor, se produjo el reconocimiento de que no existían las pruebas que el Fiscal había cacareado a los cuatro vientos y ahora, que se avisoraba una probable liberación, desde la Fiscalía se ha recurrido a un nuevo escándalo distractor que tiene todas las connotaciones de otro falso positivo.

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Y es que a nadie le cabe en la cabeza, que un Fiscal de la JEP como Carlos Bermeo, con vínculos y fotos con el presidente Duque y que un ex parlamentario condenado por parapolítica y muy cercano al expresdente Uribe, como Luis Alberto Gil, puedan concertarse para supuestamente conspirar contra la extradición de Seuxis Hernández, quién al interior de las FARC fue conocido bajo el seudónimo de Jesús Santrich, nombre con el que el guerrillero quiso rendir homenaje a su amigo, un pintor y estudiante de la Universidad del Atlántico, asesinado por agentes del desaparecido DAS.