Uribe y el Magisterio: una larga historia de desencuentros y persecución

 

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Álvaro Uribe Vélez (aunque en cuerpo ajeno) gobierna nuevamente a Colombia y graves peligros se ciernen y/o reactivan nuevamente contra los maestros del sector publico en el país. Tiene entre ceja y ceja propinarle al magisterio la estocada final que no pudo materializar por lo que el mismo denomina la “traición” de Santos al no obedecerle y actuar al influjo de sus órdenes.

Uribe, desde su primer mandato dio muestras claras de su marcada e inequívoca tendencia neoliberal con la adopción de medidas regresivas contra los trabajadores de la educación tales como la expedición del Decreto 1850 de agosto 13 de 2002 (a través del cual incrementó la carga laboral a los maestros) y el Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docente (relación técnica)

En octubre 25 de octubre de 2003 se terminó de consolidar la animadversión que sentía Uribe Vélez hacia el magisterio sindicalizado. La razón: en esa fecha no prosperó un referendo constitucional promovido por el primer mandatario que incluía medidas como el congelamiento de los salarios de funcionarios públicos. En esa derrota histórica los maestros y maestras fueron determinantes y/o decisivos.

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Después sobrevendrían, como parte de su calculada venganza, otras medidas tales como el retraso para la expedición del Decreto 1095 de 2005 reglamentario de la ley 715 de 2001 (artículo 6, numeral 6.2.15 y artículo 7, numeral 7.15) y del Decreto 300 de febrero 22 de 2002 con lo que el gobierno congeló de hecho y durante más de 3 años los ascensos en el escalafón y por ende el mejoramiento salarial de miles de maestros.

Como si no fuera suficiente, se recortaron los tiempos de vacaciones de los maestros y se expidió el Decreto 1844 de 2007 por medio del cual se orientó a las Secretarías de Educación a efectuar descuentos, reviviendo normas viejas como el Decreto 1647 de 1967 como mecanismo para acallar las protestas y sancionar la participación en paros y posibilitar el no pago de primas.

Además, desde el gobierno Uribe se orientó a las Secretarías de Educación que las incapacidades de los docentes no podían ser pagadas en un 100% (como ocurría) reviviendo para ello normas anteriores a la Constitución de 1991 como el Decreto 1848 de 1969 (hoy se paga 66% hasta el día 90 de incapacidad y del día 91 al 180 un 50% del salario, afectando a docentes con enfermedades terminales como cáncer)

Cómo para que no existan dudas de la evidente mala fe de Uribe contra el magisterio, en sus 8 años de gobierno (agosto de 2002 – agosto de 2010) el IPC fue de un 43,67%, mientras que el salario solo se aumentó en un 42,28%, lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo (-1,39%) Decimos relativa, porque en términos reales es sabido que el IPC que certifica el DANE es inferior al que realmente se presenta. Lo cierto es, que si algo caracterizó a Uribe, fue la expedición de los decretos de aumento salarial más pírricos de la historia y postergados y expedidos tardíamente (a final de año).

Sin embargo, las medidas nefastas no terminan ahí. En su primer Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de junio 26 2003) instituyó que para los maestros y maestras nuevos, o que ingresaron a la carrera docente después del 26 de junio del 2003, es decir, los del 1278, existirían unas posibilidades de pensionarse diferentes y peores a la de sus compañeros del 2277. Para los docentes del 1278 la ley aplicó el régimen de prima media con prestación definida (Artículo 81 PND)

Gracias a esta decisión del gobieno Uribe, los docentes del 1278 se rigen bajo la Ley 100 de 1993, por lo que hombres y mujeres deben cumplir 57 años y tener 26 años de servicio (1.300 semanas cotizadas) para poder acceder a una pensión y no pueden seguir laborando tras obtenerla.

Este ensayo, el de maestros regidos parcialmente por ley 100/93 y no por la ley 91/89, tiene adicionalmente el propósito de desaparición del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El sueño de Uribe, al que se ha opuesto FECODE, ha sido el de maestros regidos en materia de salud y de pensiones por su ley 100. Es el de fortalecer a EPS y Fondos Privados de Pensiones.

De ahí, su negativa a pagar la multimillonaria deuda de la Nación para con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para debilitarlo y a partir del deterioro de la atención en salud de los maestros, ambientar la insatisfacción entre los maestros y facilitar su paso hacia el régimen ordinario

Tampoco hay que olvidar, que la diferenciación del gremio en dos regímenes diferenciados posibilita que con propósitos fiscales (económicos) a los docentes del 1278 se les someta a procesos de “evaluación” arbitrarios que comprometen la independencia del educador ante su superior inmediato y que truncan ubobstaculizan el ascenso automático por tiempo de servicios y capacitación y por ende su mejoramiento profesional y salarial.

En este nuevo capítulo Uribe va por más y ya lo ha dejado entrever en sus trinos sin ruborizarse. Va por la liquidación definitiva de FECODE y de los maestros del sector oficial. Está proponiendo utilizar los recursos públicos de la educación para financiar el acceso de los más pobres a la educación privada, lo que ni más ni menos es una habilidosa movida que puede granjearle el apoyo de los padres de familia, generar enfrentamientos entre estos y los maestros y facilitar (restando el apoyo social de los padres de familia) el proceso de privatización de la educación. Con ello aniquilaría a quienes peligrosa e irresponsablenente llama “adoctrinadores” al servicio de la subversión.

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