Lo que se juega el magisterio con el paro: continuidad o fin de la educación pública y de la carrera docente

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Por: Alberto Ortiz Saldarriaga*

Arranca un nuevo paro nacional del magisterio por 48 horas que dependiendo de la voluntad política del gobierno para cumplir los acuerdos suscritos en el pasado reciente con FECODE y de la persistencia en el Plan Nacional de Desarrollo de medidas lesivas contra el gremio podría a futuro volverse indefinido.

Y es que lejos de plantearse desde el gobierno el impulso de un acto legislativo que reforne los artículos 356 y 357 constitucionales para volver a la fórmula constitucional inicial que garantice el flujo suficiente de recursos hacia las entidades territoriales para la financiación de la educación pública, lo que se está planteando son esquemas que debilitan la educación oficial y fortalecen la privada a partir de la inyección de recursos públicos que se redireccionarían hacia la misma.

Uribe aprovechó la publicación de una fotografía en la que un maestro y un grupo de niños del sur de Bolívar respaldaban a la JEP para hablar de “adoctrinamiento” inadmisible y para adicionalmente y a través de trinos y de un vídeo hacer pública la propuesta del partido de gobierno: una propuesta que conlleva o esconde claros propósitos privatizadores.

Y es que lo propuesto por el expresidente implica la aplicación en el sector educación de la fórmula que ya se implementó en el sector salud para (a partir de la sustracción de recursos a la red pública y su orientación con destino a prestadores privados) cerrar hospitales y debilitar y destruir (por sustracción de materia) a la organización sindical de los trabajadores del sector salud (ANTHOC). Lo mismo se pretende hoy con las escuelas públicas y con FECODE y sus filiales.

Hábilmente la propuesta le resta respaldo social a los educadores y los aisla y/o divide de los padres de familia al proponerle a estos últimos la entrega directa de recursos públicos para financiar la educación de sus hijos en instituciones privadas, propuesta aparentemente atractiva en la medida en que de esta forma “librarán” a sus acudidos de paros y protestas y que teóricamente garantizaran calidad en la prestación del servicio ofrecido.

Técnicamente la idea es pasar de un modelo de financiación o estímulo a la oferta (giro de dinero a los colegios) a uno de financiación o estímulo a la demanda (giro de dinero a quienes requieren o buscan educarse) que es el modelo que de alguna forma ya se ensayó con la entrega en concesión de colegios a prestadores privados (sin resultados) y en programas recientes como SER PILO PAGA o GENERACIÓN E.

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El estímulo a la demanda parte como ya se dijo, de asignar un valor a quienes requieran educación y de que el Estado directamente gire a los padres (opción 1) o a los colegios privados que estos escojan (opción 2) el llamado voucher educativo (cheque) para que se atienda la educación a los niños y niñas más pobres.

Por esa vía y por la de explotación del trabajo docente en el sector privado (con sindicalización prohibida) la idea es generar ahorros significativos y abaratan la prestación del servicio educativo, al tiempo que se desfinancian y acaban las instituciones públicas y con ellas la necesidad de personal docente al servicio del estado.

La trampa del estímulo a la demanda y de los voucher

Y aunque la figura resulta atractiva, lo cierto es que esconde una trampa para los padres de familia que los docentes deben encargarse de mostrarles:

Una vez desaparecida la oferta de educación pública en favor de la privada (primera fase) es el mercado el que sin competencia ya comenzará a imponer precios por la prestación del servicio. Ello traerá consigo que el estado se limite ya a pagar solo un porcentaje (50%) del voucher (segunda fase) lo que obligará al padre de familia a cancelar la otra mitad, todo lo cual implica el paso de un esquema de financiación estatal a uno de cofinanciación (mitad y mitad).

Lo que no dirán a los padres inicialmente, es que la intencionalidad y finalidad del estado neoliberal consiste en paulatinamente sustraerse de cargas y responsabilidades financieras y transferírselas a los ciudadano. Al ocurrir tal desprendimiento del estado de sus obligaciones financieras (supresión de subsidios) el 100% de los costos de la educación volverá a recaer sobre los acudientes (tercera fase o fase de privatización definitiva) reduciendo las posibilidades de educarse a quien disponga de dinero para hacerlo.

En otras palabras lo que está en juego bajo este nuevo mandato de Uribe (en cuerpo ajeno) es ni más ni menos el proceso de liquidación de la educación pública, el fin de la carrera docente y de la estabilidad en el empleo de los maestros y maestras del país. Para ese momento (el de privatización) fue que se concibió el régimen diferenciado de carrera docente y la evaluación arbitraria de una parte de los educadores (los nuevos) con propósitos estrictamente fiscales y sancionatorios y no formativos.

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A través de las evaluaciones no superables que se instaurarán, arrancará el proceso de traslados inconsultos que promuevan renuncias masivas que reducirán y eliminarán de manera definitiva las plantas docentes. Van por la liquidación definitiva de FECODE y de los maestros del sector oficial. Con ello aniquilarán a quienes peligrosa e irresponsablenente llaman desde el uribismo “adoctrinadores” al servicio de la subversión.

*(Tomado del grupo de Facebook Encuentro Nacional de Docentes del Decreto 1278)

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