Enrique «mago» Zapateiro: el nuevo pacificador «positivo» del ejército

ENEKn94WwAAy_vl.jpgEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.

Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de «defensa del país» al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de «estabilizar las regiones de Colombia» siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: «Dar a algo estabilidad» de acuerdo a la RAE.

Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de «pacificador» al estilo del español Pablo Morillo?

Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.

Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el «mago» Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.

Vicky Dávila: La nueva ‘todo en uno’ de la «comunicación social» y de Alex Char

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Vicky Dávila puede dar tumbos laborales pero no ideológicos. Puede cambiar de cabinas y de medios, pero sin duda sigue siendo la escudera fiel de la derecha extrema del país que hasta hoy encarna el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo la grave afectación en términos de desfavorabilidad de la imagen de este último personaje y de su abyecto presidente ha empujado desesperadamente a esa extrema derecha a buscar de manera urgente fórmulas y figuras jóvenes para el recambio generacional de cara a las presidenciales del 2022 y/o para intentar imponerlas desde la repetición con propósitos de fijación de nombres como se estila con las marcas.

En ese contexto se explica esa extraña mezcolanza de roles de Dávila a través de la red social Twitter. Y es que en su afán por promover a Alejandro Char como presidenciable y de buscarle una fórmula para perpetuar el mismo estado de cosas bajo nuevas formas estéticas que apuntan más a la apariencia que a la esencia, la Dávila se ha terminado de desperfilar como comunicadora desde un poco más del mediodía de este 29 de diciembre.

Para los internautas está por estos días resultando bastante difícil descifrar si Dávila tuitea desde lo personal; desde lo profesional; como promotora de ventas; como relacionista pública; como comunity manager; como una nueva firma encuestadora y de medición de preferencias; como mandadera; desde lo afectivo pasional o como una especie de peligrosa e inédita mezcla de todas las anteriores opciones.

Esta nueva fijación o comportamiento obsesivo no debe ser gratis y lo único que demuestra es que al clan Char le tocará inyectar un mayor flujo de recursos para alcanzar en el país las cifras de popularidad sin precedentes que solo registra el alcalde en Barranquilla. El 36% del tuiter de Vicky está muy distantes de los 90 y más puntos porcentuales de Barranquilla con las que soñaban en la medición de la comunicadora.

No es comprando jugadores costosos a uno de los equipos del fútbol profesional colombiano, que despierta grandes rivalidades en el país, rompiendo formalidades con jeans, camisetas y gorras de béisbol, demostrando una gran capacidad de ingesta de licor o de propensión al bullicio y la rumba como alcanzará el favor político de los colombianos. Menos cuando su partido, Cambio Radical, y dentro de él su hermano Arturo, asumen medidas como las de respaldar a un gobierno impopular y votar una perjudicial reforma tributaria. Duro trabajo, sin dudas, el que se consiguió Vicky.

Reclutamientos de menores: ¿Algunos si son bendecidos?

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El uribismo, sus partidos aliados, instituciones del Estado como Procuraduría e ICBF y los medios de comunicación al servicio de los poderosos siempre rasgaron sus vestiduras y fueron enérgicos en su condena al tema de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla e incluso este proceso reprobable continuó siendo uno de sus caballitos de batalla con posterioridad a la desmovilización de las FARC.

Hoy el fenómeno persiste y existen ya denuncias concretas como el caso de Tarazá (Antioquía) y la Caucana, pero a diferencia de épocas pasadas los mismos protagonistas ya mencionados antes, esta vez guardan sepulcral y cómplice silencio. La razón: quienes ahora reclutan a niños y niñas son paramilitares y al parecer desde su lógica de la hipocresía hay reclutamientos malos e inconcebibles y reclutamientos buenos y justificables. El plazo para «incorporación» de estos niños es el 6 de enero de 2020. Los padres que no los entreguen serán declarados objetivo militar. No pueden huir. Nadie puede abandonar la zona.

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Es la neopramilitarización del territorio que resurge bajo el influjo del uribismo en el poder y que tiene por cometido reactivar la máquina de la guerra y de la muerte del que este sector se lucra económica y electoralmente. Por eso, a pesar de las denuncias, que más que eso son un grito desesperado de padres de familia que bajo amenazas de muerte deben entregar a sus niños y niñas, nadie desde el poder hace o dice nada.

Los niños de los privilegiados, a diferencia de los de Tarazá, ya recibieron sus regalos, muchos están en el exterior disfrutando de vacaciones y nunca serán amenazados y obligados a empuñar un fusil, para en lugar de estudiar y jugar acostumbrarse a asesinar sin remordimientos.

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Pero no es sólo en Colombia donde se guarda sepulcral silencio. A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos tampoco pareciera interesarle el tema. Igual ocurre en Colombia y no en Venezuela, donde si saldrían prestos a denunciar semejante crimen que le roba la inocencia y el futuro a niños pobres.

Verdad y mentiras de Duque y el uribismo sobre «más salarios»

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Como se ha vuelto ya común en el presidente Duque, al pronunciarse públicamente sobre el último incremento salarial fijado mediante el Decreto 2360 de diciembre de 2019, ha vuelto a incurrir en imprecisiones. Frente a cámaras y eufórico Duque expresó lo siguiente:

«Hoy podemos ver que en estos casi dos primeros años de gobierno hemos tenido los mayores aumentos reales del salario mínimo en casi tres décadas en Colombia. Ahí está la evidencia, ahí está la estadística pero sobre todo ahí está el corazón y el compromiso que tenemos con las comunidades de nuestro país».

Pues bien, remitiéndonos estrictamente a la evidencia y a la estadística puede afirmarse que Duque recurre a verdades a medias. Habla en plural de «mayores aumentos reales del salario» cuando solo el pírrico aumento de $49.687 pesos de 2020 ($1656 pesos por día) cumple con esta condición y solo sobrepasando en $1425 el aumento decretado por Santos a través del Decreto 2209/16 ($48.262). Su otro aumento no cumple esa condición al situarse solo en $46.874 pesos en relación con el salario de 2018 ($781.242).

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Ahora bien, si se analizan las declaraciones de Duque desde la diferencia entre el ajuste efectuado y el IPC causado en el año anterior tampoco es cierta su afirmación. Entre el IPC de 2018 (2,87%) y el porcentaje de incremento de 2019 (6%) hay una diferencia de 3,13%. Por su parte, entre el IPC calculado de 2019 (3,88%) y el porcentaje de incremento de 2020 (6%) hay una diferencia positiva de 2,12% que tampoco supera el 5,82% existente entre el IPC de 1990 (31,89%) y el porcentaje decretado de aumento para 1991 (26,07%).

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También hay que decir que el aparente 3,13% de más que se incrementó el salario con relación al IPC (2018) en 2019 y el 2,12% de más en relación con el IPC (2019) para el 2020 surge de certificaciones que expide una institución que depende del gobierno como el DANE y que por tanto -sin la libertad e independencia necesarias- falsea la información estadística actuando como juez y parte. En Colombia, en términos reales el salario no se incrementó en un 6% para 2020 sino en un 2,12% por encima del IPC.

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Desde cuándo se determinó como política de gobierno bajar la inflación a un dígito, ha venido utilizándose como un poderoso instrumento de depreciación del valor adquisitivo de los salarios el certificar índices de precios al consumidor que no se corresponden con la realidad para incrementar en valores de solo una cifra los incrementos salariales.

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De Duque, como instrumento de Uribe, es esperable todo en términos de una política de pérdida de valor real de los salarios en detrimento de los trabajadores y en beneficio de los empresarios. De hecho, a pesar de que populistamente el hoy senador y expresidente se presenta como un falso benefactor de los trabajadores no hay que olvidar que durante sus 8 años de gobierno se presentaron los más irrisorios aumentos del mínimo, los que no sobrepasaron el 9,07% para un pobre promedio de 1,13% por año.

 

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Fracking: En riesgo vida de habitantes de la región andina

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La región andina es una de las zonas del país que mejor le respondió en las elecciones presidenciales al uribismo. Es también una de las zonas más densamente pobladas y una de las que en mayor medida sintió el efecto de los recientes sismos con epicentro en Mesetas (Meta), una parte del país que curiosamente y de acuerdo al registro histórico de sismicidad del Sistema Geológico Colombiano no presenta antecedentes previos de semejante tipo de actividad telúrica y que de la nada «despertó» con un sismo de más de 6 grados y cerca de 231 réplicas.

Apenas tres días después de la ocurrencia de los temblores que se sintieron en varias de las más importantes ciudades, emerge una noticia aparentemente inconexa o sin relación alguna: el anuncio del gobierno de existencia de un borrador de decreto, para expedición en enero, que a pesar del pronunciamiento de un alto tribunal de justicia, da luz verde al fracking en Colombia.

Y a pesar de que la fase de exploración en Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa mediante perforación horizontal depende de la expedición del mencionado decreto, hay indicios de que secretamente se vienen adelantando pruebas no autorizadas que podrían ser las causantes del atípico sismo en un municipio del país que no tenía antecedente alguno sobre este tipo de fenómenos.

El Sistema Geológico Colombiano en su página de consulta sobre historicidad de fenómenos sísmicos no registra ninguna información sobre Mesetas (Meta). En este último departamento solo hay reportes previos de ocurrencias en los municipios de Villavicencio, Acacias, El Calvario, Restrepo, San Juanito, San Martín, La Uribe y Granada, solo estos dos últimos son vecinos del reciente epicentro.

El gobierno actual ha dado ya muestras fehacientes de su poco interés por el respeto de la vida de sus conciudadanos. Ojalá la codicia por los negocios y el dinero no hagan que el nombre de Iván Duque Márquez esté asociado a otra catástrofe natural como por negligencia y omisión lo estuvo el de su padre, Iván Duque Escobar, seriamente comprometido como Ministro de Minas de Belisario Betancourt en lo ocurrido en la tragedia de Armero (Tolima) en 1985.

Solo $1.656 pesos por día: Un mínimo miserable como el gobierno

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Por Decreto el gobierno Duque decidió fijar en un 6% el incremento del salario mínimo para 2.020 situándolo en $ 877.802°° pesos, es decir, solo $ 49.686°° pesos más que el salario de 2019 que se situó en $ 828.116°°. Lo anterior significa que el incremento por día será de tan solo $1.656 ($ 207 hora) lo que es insuficiente hasta para sufragar un pasaje.

Lo anterior significa un duro golpe para las esperanzas de mejoramiento de calidad de vida de millones de colombianos a los que ya el gobierno había incrementado significativamente impuestos a través de la impopular reforma tributaria recientemente aprobada en el congreso y pendiente solo de la sanción presidencial.

¿»Qué supone uno»? ¿Si Uribe habló de «asesinatos aplazados» y hoy callan a los que no hacen silencio?

ZomboMeme 26122019121809Ocurrió poco después de la definición de la contienda presidencial y menos de un mes antes de la posesión de Iván Duque para ejercer formalmente como presidente. Álvaro Uribe Vélez a través de un trino en tuiter de julio 17 de 2018 «responsabilizó» a Santos de aplazar (como si fuera una tarea que no se puede dejar de cumplir por el estado) «la tragedia del asesinato», recriminándolo, a renglón seguido, con un «nos deja el asesinato aplazado…» (tarea pendiente)

Si lo dijo con anticipación y están materializandose toda una serie de asesinatos en el país, parodiando al propio expresidente el país perfectamente podría preguntarse: «¿Qué supone uno»? ¿Tiene acaso Uribe Vélez dones proféticos? o ¿simplemente sus palabras alientan a auténticos psicópatas a retornar a la barbarie del periodo 2002 – 2010 que los colombianos consideraban como un
triste episodio de la vida nacional ya cerrado?

Lo cierto es que los «asesinatos aplazados» de Uribe no paran y escalan cada vez más en atrocidad dejando un patrón en la comisión de los mismos que no da lugar a dudas o equívocos sobre los autores materiales de los mismos. Siguen el modus operandi del genocidio de la Unión Patriótica sumando ahora elementos de la sevicia y el sadismo paramilitar. Volvieron las bestias sedientas de sangre.

Curiosamente, mientras todo ello ocurre, desde el partido de gobierno, el de Uribe, jamás ha existido una condena pública a tal tipo de asesinatos con una clara motivación ideológica y política. La hipócrita religiosidad que predican ellos y sus aliados del MIRA y otros partidos «cristianos» no les da o alcanza para condenar que haya quienes con gozo morboso incumplan el quinto de los mandamientos: No matarás. Muy por el contrario en septiembre de 2019 Uribe clarificó su mensaje al expresar en plena plaza pública «¿hacen silencio, o los callamos?’

Colombia pareciera moverse hoy en la lógica enferma del otro profeta de nombre desconocido que en enero de este año anunciaba sin sonrojarse: «plomo es lo que hay, plomo es lo que viene». De ahí quizás que el presidente Duque en noviembre de 2019 y más que en un lapsus, en un mensaje cifrado, afirmara que Colombia se escribe con P mayúscula. Con P de plomo.

Los asesinos evidentemente no son cristianos. No respetan ni la navidad. En plena celebración y mientras el país aún no se reponía del asesinato de los esposos Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve sobrevino la muerte de Lucy Villareal en Tumaco y de Reinaldo Carrillo Vera en Pitalito (Huila) y Gustavo Adolfo Cárdenas Rojas en Tuluá (Valle)

Adicional se conocieron las imágenes dantescas del asesinato por degollamiento de la indígena Carmen Nene en Silvia (Cauca) y la de un hombre decapitado a la orilla del río Nechí, cuya cabeza fue dejada por los»caparracos’ en una estaca en la vereda Río Viejo del municipio del Bagre (Antioquía). Reina de nuevo la muerte donde son reyes los asesinos más despiadados que se pueda llegar a pensar que existen.

Extranjeros: No visiten la Colombia uribista de los «asesinatos aplazados» y las muertes sin pena

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Colombia es un país hermoso, de paisajes únicos y con mucha gente buena, amable y hospitalaria, pero no todos son así. Hay una pequeña minoría empoderada y armada que tiene licencia para los peores de los crimenes que se puedan imaginar. Tal es lo que se esconde detrás del atroz crimen de la ambientalista Nathalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) o de la muerte de Lucy Villareal en Tumaco (Nariño). Por eso responsablemente le aconsejamos a los extranjeros que piensan en turismo: Por ahora, no visiten Colombia.

Colombia volvió a ser un país peligroso. Desde la nueva llegada del uribismo a la casa de Nariño se reactivaron las amenazas y las muertes. Los asesinatos aplazados de los que habló Álvaro Uribe Vélez el 17 de julio de 2018 volvieron cobijados por la impunidad que les garantiza el actual gobierno. En Colombia está proscrita constitucionalmente la pena de muerte pero se practica y permite la muerte sin pena.

Para el público ingenuo Uribe adelantó un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que tienen su génesis en las Convivir y en la Antioquía que tuvo por gobernador a Uribe Vélez. Sin embargo, quedaron estructuras en una suerte de hibernación. Asesinando de manera selectiva para no despertar sospechas y reacciones y listas para el momento en que pudieran volver a empezar a dejar su estela de sangre, con la seguridad de que lejos de ser combatidos por las fuerzas militares y de policía serían, como en épocas pretéritas, cobijados y auxiliados por estas.

La bandera más mentirosa del uribismo fue que con la política de seguridad democrática se podía volver a viajar por carretera sin temor a las «pescas milagrosas» de la guerrilla. Hoy son los sectores en armas afines al gobierno, los que detienen, encapuchan, torturan y asesinan en terrenos donde ellos imponen vedas para ciudadanos, que discrecionalmente pueden (a raíz del odio inoculado por el uribismo) ser asumidos como contrarios a la ideología del gobierno y ser asesinados por ello.

Cualquiera en cualquier parte puede ser una potencial o futura víctima. Hasta los extranjeros que bien podrían ser confundidos con integrantes de grupos antinarcóticos internacionales y desaparecer o aparecer muertos o mutilados por los únicos psicópatas en el mundo que se sienten respaldados por un gobierno. Todos los días asesinan y tras las exhaustivas investigaciones no hay individualización de autores intelectuales y materiales ni detenciones. No pasa nada. Absolutamente nada diferente a las sonrisas sádicas de los asesinos y sus cómplices.

Cuando el periodismo y el gobierno se burlan de la tragedia y la muerte ajenas

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En Colombia se ejerce un tipo de periodismo que refleja la degradación de las élites propietarias de los grandes medios de comunicación. Los periodistas al servicio de las referidas castas practican su labor (en la inmensa mayoría de las veces) no desde la ética, la objetividad y la responsabilidad social sino desde la trivialidad y/o la banalidad, como hábiles constructores de distractores que desvían la atención de la opinión pública de las graves tragedias del país y sus causantes.

Asesinan en circunstancias dantescas a la ambientalista Nathalia Jiménez y a su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) y el país expectante esperaría encontrar en la radio a auténticos líderes de opinión que asumieran una posición de rechazo enérgico frente a la muerte cotidiana de inocentes, pero no es así. Lejos de ello se encuentra con todo lo contrario. Lo que es causa de dolor y tristeza para las familias, los allegados de las víctimas y los colombianos en quienes aún subsiste algo de sensibilidad y empatía, es tomado como tema para hacer chistes de muy mal gusto al aire.

El  interés del periodista Julio Sánchez Cristo lejos de situarse, en la entrevista que hace al Ministro de Defensa, como gran responsable de permitir el creciente deterioro de la situación de orden público en el país y del ensañamiento de los asesinos a lo largo y ancho de Colombia, sin que las «investigaciones exhaustivas» conduzcan a nada o a nadie, centra su atención en la «tragedia» que para Carlos Holmes Trujillo significa no estar en la Feria de Cali y tener que viajar a presidir un Consejo de Seguridad. Sobrevienen las risas hirientes con tono de complicidad y más nada.

A tal
punto ha llegado la deshumanización y la insensibilización en el país ante la muerte, que quienes en un importante medio hacen chistes en torno a un crimen y participan de la burla ni siquiera se percatan de las sensibilidades que hieren o simplemente no les interesa o no les importa el elemental respeto por los oyentes desde los pedestales en que los han encumbrado aquellos a quienes sirven y una audiencia con poco o ningún criterio para discernir entre buenos o pésimos periodistas.

No cualquiera debería tener la posibilidad de colocarse detrás de un micrófono, de una cámara o de un computador a ejercer el periodismo y mucho menos hacer sentir vergüenza ajena a quienes nos toca soportar sus prácticas indolentes y llenas de despropósito. Julito por lo menos debería presentar excusas tanto a la familia de Nathalia y Rodrigo como a sus oyentes por semejante aberración radial que evidencia que algo está fallando con la formación humanística de los comunicadores sociales en las universidades. 

Radiografía extensa de la élite enferma y criminal que nos gobierna

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Lo nuevo emerge de lo viejo y de manera rara vez no violenta lo sepulta. Un ejemplo emblemático lo constituye la revolución francesa como superación de un orden caduco y el surgimiento de uno novedoso: el de la ilustración y la burguesía.

Quienes ejecutan cambios de este tipo que significan evolución pueden ser llamados revolucionarios. Son revolucionarios los franceses que lucharon contra el absolutismo y por la instauración de la república y también los americanos que lo hicieron contra España con los mismos propósitos (libertad, igualdad, fraternidad). La concepción política de estos últimos podría calificarse también como liberal o progresista.

A la par de estos, la oposición al cambio con pretensiones de frenar y/o impedir lo nuevo o emergente y de mantener el statu quo o garantizar la inmovilidad de la sociedad puede llamarse reacción y quienes la defienden pueden denominarse sectores retardatarios y/o reaccionarios .

Su actitud riñe con la libertad y pretende básicamente conservar y/o preservar a como de lugar y evitando que perezca lo anacrónico. Por ello, la concepción política de estos últimos podría calificarse también como clerical y conservadora.

En Colombia a pesar de la Constitución de 1991 de corte liberal y progresista y opuesta a la conservadora Constitución de 1886 no ha sido posible el desarrollo de un modelo de Estado que favorezca a las mayorías y no a las minorías ultraconservadoras y reaccionarias que para perpetuarse en el poder han apelado siempre a la misma estrategia: Desprestigiar y mostrar cómo auténticos demonios a quienes no lo son.

De la misma manera como a Petro se le sataniza hoy acusándolo de ateo y hereje se hizo con Gaitán en su momento. Lamentablemente los colombianos desconocen su propia historia y la repiten una y otra vez, casi que de manera masoquista.

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Por eso, lo que queda de la Constitución de 1991 después de más de 50 reformas en 28 años, se ha convertido en letra muerta. Lo del Constituyente del 91 es un intento de modernización de país y de transito de formas estatales de características premodernas y con altos rasgos de autoritaritarismo, sustentadas en lo religioso y con el objetivo de justificar casi de manera medieval la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, hacia un país moderno, laico, que reivindica las libertades (liberal) y la democracia y cuyo cometido en lo económico es sentar las bases para el desarrollo de un verdadero capitalismo.

Sin embargo tal tránsito ha encontrado la férrea oposición de los sectores reaccionarios que defienden lo caduco. Su política de «atravesarse en la vía» ejemplifica la tendencia natural de lo viejo a no desaparecer, a no perecer y no abrir espacio a lo nuevo, sino a resistir y a reaccionar intentando devolver todo a su estado anterior como una especie de cáncer que hace metástasis una y otra vez.

En Colombia nos gobierna un sector minoritario con estas últimas características y en mayo de 2018 los electores, pudiendo optar entre iniciar el verdadero desarrollo de la Constitución vigente (impulsando lo social), o en su defecto dar un salto al pasado, prefirieron esto último. De esta forma accedió al gobierno un sector ultra retardatario extremo (el uribismo) al que ni siquiera le resulta suficiente retrotraer el país a las guerras superadas y a la Constitución de 1886.

Nos gobierna un sector de la sociedad que siente que aún la democracia es peligrosa, revolucionaria y por lo tanto digna de ser, junto a sus promotores, perseguida y proscrita. Un sector al que el Estado Social de Derecho les parece una aberración y una concesión inadmisible que los iguala como élite al resto de ciudadanos, a quienes conciben solo como vulgo o una plebe amorfa con una única misión en la vida: servirles y enriquecerlos.

Tal élite, sobre la instrumentalización de la «nueva fe» (la de las iglesias evangélicas), paradójicamente nacidas y fortalecidas a partir de la libertad de cultos que una visión progresista instauró en la constitución del 91, sataniza a todo lo que les resulta contrario y a quienes amenazan heréticamente sus privilegios y propiedades (en términos de millares de hectáreas acumuladas mediante el despojo violento).

Igual proceden, con quienes despiertan sus miedos de pérdida de privilegios y cuestionan su pretendida e infundada superioridad racial. A estos quisieran azotarlos o eliminarlos encendiendo, como en la inquisición, hogueras para exterminar «pecadores» que no son otra cosa que los líderes sociales que reclaman derechos en nuestros tiempos.

Desde esta suerte de supremacismo prefieren la autocracia sobre la democracia, pues igual que en el medioevo están convencidos de haber sido designados por el mismísimo Dios (teocracia) para gobernar y subordinar (destruir) a la naturaleza y al resto de mortales inferiores y sin alma. Al fin y al cabo sus antepasados consideraban de manera similar a indígenas y negros.

Desde su disociación mental, en la que fungen como grandes hacendados blancos que se sirven de formas hispánicas de esclavismo, desearían vivir en la América preindependentista y por tanto sueñan con unas relaciones de pleitesía, subordinación y resignación servil del que les trabaja, en las que los salarios en dinero desaparecieran.

Sueñan con que se reinstauraran las contraprestaciones por trabajo en especie, de tal suerte que quienes ejercieran los trabajos fuertes les agradecieran por dominarlos y azotarlos a cambio de permitirles un pequeño espacio para pernoctar, un poco de agua y un poco de las sobras de su comida ostentosa.

No son demócratas. Son defensores de una estructura piramidal en la que desearían que se les concibiera como una nobleza inaccesible y que se soporta a su vez sobre un neo estamento religioso (evangélico) y uno militar parasitario, que se conforman y extasían con recoger lo que los de sangre azul dejan caer desde sus mesas. En la base de la pirámide sueñan con tener una enorme masa de ignorantes que, como ya se ha dicho, les rindan reverencia y se inclinen a su paso sin la posibilidad siquiera de mirarlos a los ojos.

Por eso reniegan de Bolívar. Por su legado de libertad, igualdad y fraternidad, no sólo en teoría, sino en su practica sin hipocresías. No le perdonan su «mal ejemplo» de liberar a sus esclavos y de llamar madre a la negra que asumió su crianza.