¿Ley para regular y esconder la desigualdad e inconformidad social en lugar de superarla?

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Juan Diego Gómez Jiménez es el senador del partido Conservador salido de lo más recalcitrante de la gran caverna paisa a quien se le ocurrió la “genial idea” de -en lugar de legislar para superar la desigualdad que genera inconformidad y protestas en el país- presentar un proyecto de ley para regular (realmente esconder) o proscribir a través del terror, toda forma de protesta social.

Con todos los visos de arbitrariedad típicos de su partido y una marcada inconstitucionalidad de salida, el proyecto de ley estatutaria persigue minimizar o acallar las voces que se alzan contra las medidas impopulares que adopta un gobierno, un congreso y unos partidos políticos con imágenes negativas o desfavorables ante la ciudadanía del 78%, 84% y 86% (Fuente: YanHaas)

El texto que según se anunció
será radicado en las próximas horas en el Congreso establece entre otras cosas la prohibición de cubrirse el rostro, lo cual en la mayoría de los casos hacen los participantes para protegerse de la acción de los gases y para evitar ser fotografiados, en un país en el que como se recordará, han habido recientemente cientos de opositores al gobierno asesinados y dónde los miembros del extinto DAS vendían fotografías e información de inteligencia que le facilitaba a los paramilitares perpetrar sus crimenes.

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Mientras la fuerza pública actúa, cómo se ha denunciado sin identificación visible que les facilita actuar con impunidad, quienes convoquen y marchen deben exponerse a que los identifiquen y a volverse un blanco más fácil para sus potenciales asesinos.

Del mismo modo se establece la prohibición, solo para los manifestantes, de usar elementos que puedan atentar contra la integridad física de otras personas y la veda de circular en espacios próximos a puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes catalogados como patrimonio cultural. Además, los manifestantes tampoco podrán expresarse a través de grafitis.

Cómo si los escándalos en los que ha estado incurso el ESMAD y que ha costado la vida de varias decenas de manifestantes no fueran suficientes, la ley autorizaría a la policía, el esmad y al ejército a usar pistolas taser lo que podría generar decesos en personas a las que no se les haya, por ejemplo, detectado insuficiencias cardíacas o que hayan sido previamente mojadas por las tanquetas. Tal disposición reviviría la polémica propuesta del hoy Embajador, Francisco Santos, de electrocutar a los manifestantes.

De resultar ilesos, quienes protesten podrían afrontar desde sanciones económicas  (5 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes) que engrosarían las arcas de la corrupción, hasta otras sanciones consistentes en prestar servicio social; pedir perdón público (abdicar de sus ideas); participar en campañas educativas; desarrollar limpieza de calles y bienes públicos afectados y perder beneficios educativos (Icetex, becas)

“Pesca milagrosa”, “falsos positivos” y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las “pescas milagrosas” (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de “falsos positivos” para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.