Despenalicemos y legalicemos el robo para los altos servidores públicos

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Llegó el coronavirus y una de las frases que más y con mayor esperanza se escuchó, es que esta situación adversa probablemente haría emerger la esencia buena de los colombianos. Así, indudablemente está ocurriendo y se está expresando excepto en quienes deberían dar ejemplo de integridad, sensibilidad y solidaridad: los gobernantes.

Mientras muchos, anónimamente, desde sus propias precariedades comparten de lo poco que tienen con quienes tienen menos o nada, ya han sido detectados varios casos de gobernantes que vieron en la crisis no una oportunidad para resarcirse como seres humanos y ayudar a los màs necesitados, sino como otra oportunidad para el maldito “corone”, forma eufemística de disfrazar el más
execrable de los crímenes: robarse los recursos públicos quitándole la posibilidad de obtener comida al hambriento.

Por una vez, por una bendita vez, han debido hacer un alto en su comportamiento criminal y usar la totalidad de recursos públicos puestos bajo su administración para solventar las necesidades de los más pobres, de los que subsisten en el día a día y que no tienen culpa (más allá de votar mal) de la sociedad injusta y desigual que los mismos politicos han construído a partir de sus robos constantes al erario y de sus fechorías.

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Ni siquiera se les pedía que de su dinero o de su sueldo proveyeran las ayudas y mercados, pero aún así su desalmada conducta no les permite, siquiera una vez, hacer las cosas bien. Ni el propio presidente y altos dignatarios del estado se escapan de esta debacle moral de un régimen corrompido hasta en sus tuétanos. Lo de Ingreso Solidario es un claro ejemplo de ello. Las ayudas llegan a fantasmas y de éstos pasan seguramente a engrosar las cuentas de peces gordos (no es una alusión al presidente) en paraísos fiscales.

Como muy seguramente vendrán las investigaciones exhaustivas adelantadas por funcionarios puestos en sus cargos por los propios sospechosos e implicados para exonerar y decir que no se configura delito ni infracción disciplinaria alguna, tras lo cual sobrevendrá la impunidad y la desesperanza proponemos desde esta página la despenalización y legalización del robo en los altos servidores públicos (presidente, ministros, congresistas, magistrados, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados) para qué nunca más se les investigue ni persiga. Qué puedan robar sin afugias y qué se instaure un nuevo delito no excarcelable para los que osen señalarlos y denunciarlos.

Sabemos que esta nueva ley de la república, salvo los verdaderos partidos de oposicion, contaría con el respaldo amplio y suficiente del gobierno y con contundentes mayorías parlamentarias que reglamentarian con sabiduría como garantizar que todos puedan hurtar equitativamente y procesos de perdón, olvido y excarcelación inmediata para todos los politicos presos.

Así todo el aparato de investigación, de acusacion, de juzgamiento y de polícia podria dedicarse a perseguir implacablemente a los ladrones de estrato 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente la unica condición que debería existir para la aprobación y sanción de esta ley es que excluya la posibilidad de robar recursos destinados a la atención de los más vulnerables mientras dure el coronavirus. Despues sí, que roben con toda la voracidad y desvergüenza que les sea posible hasta que logren acabar con todo y decidan huir de esta cacocracia y cleptocracia en que convirtieron a Colombia

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