Galán nos advirtió sobre la Narcodictadura

Con dudas sobre la transparencia en el papel cumplido por la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones presidenciales y sobre la injerencia de dineros del narcotráfico en dicha campaña, Álvaro Uribe Vélez, a través de interpuesta persona, esto es, de Iván Duque Márquez, se hizo por tercera vez con el poder ejecutivo en Colombia y, además, con el cargo de senador y líder indiscutido de la bancada del partido de gobierno.

Alcanzado este objetivo y sobre la base de la política de la mermelada, de cuya utilización tanto se quejaban durante el gobierno anterior, no fue difícil para el Centro Democrático constituir, a partir de las ya tradicionales meretrices del congreso, una mayoría en el segundo de los poderes públicos del país: el legislativo.

Precisamente ese congreso, genuflexo ante los comportamientos mafiosos, ha sido pieza clave en el proceso de desmantelamiento de las garantías, pesos y contrapesos que teóricamente deberían existir en una auténtica democracia.

Fue precisamente el legislativo el que, el 1 de septiembre de 2018, con la elección de Carlos Felipe Córdoba, como Contralor de la República, alivianó la preocupación del uribismo sobre la amenaza de que se ejerciera un control serio y objetivo sobre el uso, por el gobierno, de los recursos públicos en el país.

Superado este escollo y a pesar del vacío slogan presidencial de “el que la hace la paga”, la siguiente tarea era garantizar la no investigación y sanción de los actos de corrupción y de los graves crímenes políticos que ocurrieran durante el período de gobierno para así dejar inermes a las víctimas del narco paramilitarismo frente a sus victimarios. En otras palabras, había que ir por el aseguramiento de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público (Defensoría y Procuraduría), pero no de cualquier manera sino colocándola en manos de incondicionales exfuncionarios del propio gobierno.

Fue así como la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal cuya existencia peligra por estar en la mira del gobierno y de los gobiernistas, debió elegir, el 30 de enero de 2020, entre la terna conformada a partir del “Club de amigos cercanos del presidente Duque” a Francisco Barbosa como nuevo Fiscal General de la Nación, quien poco antes, valga decir, fue “Consejero de Derechos Humanos” de la actual presidencia.

No satisfecha aún la voracidad del gobierno, con la acumulación y concentración de poder, y en medio de una innegable crisis de derechos humanos que tiene a la comunidad internacional con los ojos puestos sobre el país y sobre las constantes masacres de jóvenes y muertes de líderes sociales y desmovilizados, el pasado 14 de agosto la Cámara de Representantes eligió a otro amigo cercano del presidente, Carlos Camargo Assis, como nuevo Defensor del Pueblo, con lo que las víctimas de violaciones de derechos fundamentales quedan solo con garantías formales y/o de papel, para su protección.