Duque: ¡A Avianca SÍ! a pequeños empresarios y comerciantes ¡NO!

Los colombianos estamos frente un gobierno que actúa impúdica o desvergonzadamente. La decencia y la ética están en el mejor de los casos secuestradas en medio de un ejercicio de administración en el que el “todo se vale” es el ejemplo que se proyecta al resto de la ciudadanía desde el primer cargo público de la nación. Lo del “préstamo” a Avianca, tratado de ocultar o minimizado mediante la presentación de la cifra en dólares así lo corrobora.

Los 370 millones de dólares que el gobierno otorga en un “préstamo” sin garantías confiables, en una empresa privada que ya no es colombiana ni de colombianos, representa, en épocas en la que los recursos públicos en lugar de sobrar faltan, un monto en pesos colombianos de 1,3 billones de pesos, o sea 1.385 millones de millones.

Semejante cantidad de dinero es por decir lo menos un acto de despilfarro e irresponsabilidad colocada en una industria incierta y en una aerolínea cotizada hoy en el mercado de valores en no más de 52 millones de dólares; con pérdidas que multiplican por 2,5 el valor prestado y con pasivos 20 veces superiores al mismo desembolso que se les hace.

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Mientras miles de empleos generados por más de 100 mil pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar por falta de apoyo gubernamental se han perdido, el presidente y quienes en el Ministerio de Hacienda seguramente comisionan por su intermediación en la concesión de un “crédito” con dineros que no les pertenecen (en tanto son del público, esto es, de todos los colombianos)  hacen y deshacen a sus anchas a sabiendas de que sus decisiones no tendrán implicaciones de ninguna índole pues manejan con hilos cada vez menos invisibles a sus posibles investigadores: el congreso, la fiscalía, la contraloría y la procuraduría, lo que les garantiza absoluta impunidad.

El presidente ni siquiera se sonroja al tenderle la mano a la empresa donde su media hermana y esposa del periodista Néstor Morales, María Paula Duque, tiene innegables intereses. Por el contrario, ya antes y anteponiendo los intereses económicos y profesionales de su hermana sobre la salud y la vida de sus administrados había dilatado el cierre de los vuelos internacionales al país a través de los aeropuertos por los que llegó el COVID-19 y la muerte a Colombia. Sin embargo, en el vocabulario presidencial queda claro que no existen dos expresiones: conflicto de intereses y tráfico, pero no aéreo sino de influencias.

Roberto Kriete

Si los estudiantes, los profesores o los médicos protestan por presupuesto o los pobres por alimentos o los pequeños empresarios y comerciantes por auxilios o salvavidas la respuesta automatizada es NO HAY PLATA y seguidamente la constante amenaza de que para conseguirla habrá que impulsar nuevas reformas tributarias y exprimir con nuevos impuestos a los sectores más vulnerables de la sociedad, en lo que muy seguramente es la explicación y definición más aproximada de lo que es la economía naranja del presidente: Sacarle hasta la última gota de jugo a los colombianos. Sin embargo, plata para los poderosos y más ricos si hay y en abundancia.

El artículo 355 constitucional prohíbe al gobierno “decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado” pero el ejecutivo lo hace de manera discrecional y apoyado en normas que el mismo confecciona y que terminan volviéndose supraconstitucionales como el decreto presidencial 444 de marzo 21 que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, constituido con dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), de donde ahora escarban para sacar los recursos para Avianca.

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Este decreto, que si fue convenientemente declarado exequible en una decisión de 7 votos contra 2 al interior de la Sala Plena de una desteñida Corte Constitucional que dista mucho de la primera y Honorable Corte, da carta blanca al gobierno en su artículo 4 para “conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos”, mediante “operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero” (numeral 3) y para “proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional” (numeral 5), señalando además en su artículo 9 que “el apoyo de liquidez… únicamente será destinado a solventar las necesidades sociales y económicas del sector empresarial” (añadimos poderoso).

Ya en el pasado la aerolínea estadounidense United Airlines había otorgado un préstamo por 451 millones de dólares a BRW Aviation (accionistas mayoritarios de Avianca) con el que tampoco la compañía aérea logró levantar vuelo lo que a grandes rasgos nos muestra los riesgos, no suficientemente evaluados por el actual gobierno de Colombia, al colocar importantes recursos públicos en un barril sin fondo. Por lo menos a United Airlines los derechos adquiridos le otorgaban la posibilidad de redefinir y asumir el control de la Junta Directiva de la compañía como en efecto lo hicieron al llevar a Roberto Kriete a la presidencia, pero ¿Cuáles son las garantías y beneficios para Colombia de esta operación?

Lastimosamente, y ojalá de una vez por todas se entienda, la única crisis que el gobierno tiene voluntad política para conjurar e impedir la extensión de sus efectos es la del poderoso sector financiero y las del sector empresarial que desarrolla ‘actividades de interés nacional’, las cuales a su criterio elitista, exclusivo y excluyente fija la administración Duque y en la cual no califican pequeños y medianos comerciantes y empresarios que solo sirven para tributar sin dolientes.

Lo más triste es que muchos de estos últimos pequeños comerciantes y empresarios, y sus empleados despedidos y hoy desempleados, por temor a la mentira de la expropiación o a la quiebra (si Petro ganaba la presidencia) terminaron votando por Duque: se hicieron el Harakiri. Su solución fue Cuchillo para su propia garganta.