Uribe y el uribismo: enemigos históricos de los trabajadores

El neoesclavista Decreto 1174 de agosto 27 de 2020 que abre la posibilidad de contratación de trabajadores por días y por horas ha servido para recordar todo un desafortunado pasado en el que el uribismo, con la complicidad de congresistas con precio (más no con valor) ha expedido durante las últimas 3 décadas una serie de normas retrógradas que han constituido un verdadero despojo o raponazo de derechos laborales y una negación en la práctica del Estado Social de Derecho instituido por la Constitución Política de 1991. Recordémoslos:

Antes de 1990, en Colombia los contratos las normas laborales vigentes garantizaban la contratación a término indefinido, lo que otorgaba al trabajador cierta seguridad o estabilidad en el empleo. Si había despidos sin justa causa, a la luz de la normatividad de la época, el trabajador disponía del derecho a reintegro, al reconocimiento de salarios dejados de recibir o al pago de una indemnización.

La ley 50 de diciembre 28 de 1990 y de la cual fue ponente en el congreso el entonces senador, Álvaro Uribe Vélez, modificó el artículo 6 del Decreto 2351 de septiembre 4 de 1965 y acabó los contratos a término indefinido dando, además, autorización para despidos masivos sin derecho a reintegro y sin reconocimiento de salarios dejados de recibir o indemnización. Tal ley volvió el trabajo temporal u ocasional (por meses o temporadas), permitió a las empresas no contratar directamente y sentó las bases para la contratación y explotación de los trabajadores por terceros (tercerización) volviéndolo un negocio de las bolsas de empleo (Decreto 468 de 1990) y de las “cooperativas” de trabajo (Decreto 4588 de 2006)

Con todos los inconvenientes y dificultades existentes, antes de 1993, en consonancia con la Constitución del 91, en Colombia la salud era un derecho fundamental (humano) y no una mercancía o negocio para el enriquecimiento de los mercaderes de la salud (EPS). En esa época también, el vigente artículo 260 del Decreto Ley 2663 de agosto 5 de 1950 (Código Sustantivo de Trabajo) fijaba la edad de pensión en 50 años para las mujeres y 55 para los hombres y el número de semanas para pensionarse era inferior a 1000 (20 años)

Tales circunstancias favorables también fueron bien pronto objeto de ataque por parte del senador URIBE VÉLEZ, quien como ponente de la ley 100 de 1993 convirtió a la salud y las pensiones en un atractivo y rentable negocio para empresarios y en una pesadilla para los pobres. Esa ley, causante de millones de muertes en el país, elevó, además, la edad para pensionarse a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres y aumentó el número de semanas para obtener una pensión a 1000 (20 años)

Premiado y electo como presidente, posteriormente, Uribe impulsó y aprobó la ley 789 de diciembre 27 de 2002 que puso fin al pago de recargos nocturnos, el fin de una mejor y mayor remuneración por trabajar en domingos y en festivos, al tiempo que redujo las tablas para pago de indemnización por despidos injustos, lo que volvió a favorecer a sus amigos los empresarios. Poco después, impulsó y sancionó la ley 797 de enero 29 de 2003 que en su artículo 9 modificó el artículo 33 de la ley 100/93 y aumentó otra vez la edad para pensionarse elevándola a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres y elevó el número de semanas para pensionarse de 1000 a 1300 (26 años)

Contra los trabajadores en disfrute de su derecho de pensión Uribe también actuó liderando la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2005 que en su inciso 8 y parágrafo 6 eliminó la mesada 14 para los pensionados creada por el artículo 142 de la ley 100/93 y que representaba 30 días de salario adicional cancelados en junio de cada año.

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La animadversión de Uribe hacia los trabajadores también se reflejó durante sus 8 años del gobierno (2002-2010), en el incremento anual del salario mínimo, período durante el cual los incrementos siempre fueron míseros en relación con los IPC causados, disfrazados en su real cuantía por el DANE para favorecer a los empleadores y empequeñecer el salario y su poder adquisitivo.

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