Asesinos con uniforme

Todos quisiéramos que quienes visten el uniforme de la policía nacional tuvieran comportamientos protectores de los ciudadanos como los del agente Ángel Zúñiga Valencia. La Constitución así se los ordena: “las autoridades… están instituidas para proteger a todas las personas… en su vida… y demás derechos y libertades…” (Artículo 2) y no para sin ningún límite moral o legal asesinar, alentados bajo el amparo de superiores y gobernantes que los justifican y defienden.

¿Cuáles son los filtros y el perfil humano y psicológico para la selección de personal en las escuelas de formación policial? No se sabe. Lo cierto es que el sadismo, la sevicia y la inhumanidad con que actúan muchos de los miembros de este cuerpo civil armado en Colombia dejan mucho que desear. No hay vestigio alguno de formación en derechos humanos y mucho menos en respeto por la vida ajena.

Antes, en muchos de los procedimientos policiales, pareciera evidenciarse lo contrario: un profundo desprecio por la vida y por los derechos ciudadanos que se exacerbó con esa especie de “licencia para maltratar y matar” en que se convirtió el Código de Policía promovido en el congreso, entre otros personajes, por la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En el Código no hay límites ni sanciones para el abuso y este antes empodera a quienes en una clara y permanente extralimitación de funciones, derogan o inaplican el artículo 2 Constitucional. La “banda de la macana” goza de absoluta impunidad como lo evidencian los múltiples casos de violaciones en los que jóvenes han perdido un ojo o incluso la vida a manos de cuerpos policiales como el sanguinario ESMAD, sin que se produzca, como en el caso de Dylan Cruz, sanción alguna o se note que existe voluntad de los políticos para regular y desestimular la arbitrariedad.

La última víctima de “la horda de los indolentes” en la Bogotá Protectora de Claudia López fue el abogado Javier Ordoñez, a quien se ve en un video ser objeto de uso desmedido y desproporcionado de la fuerza o dicho más directamente ser asesinado inmisericordemente a pesar de sus súplicas y de su sometimiento en el piso, en estado de indefensión y sin oponer resistencia al procedimiento o por lo menos haber desistido de ella (si es que la hubo).

Inmediatamente y como si las imágenes no fueran lo suficientemente dicientes, el Coronel Alexander Maya, sale a ofender la inteligencia de los ciudadanos, a mentir desvergonzadamente y a hacer apología de un crimen sin el más mínimo resquicio de lo que significa la ética y el honor, en lo que ya se ha vuelto una práctica institucional reiterativa de justificación inmoral de crímenes, por parte de una oficialidad que se hace así partícipe y cómplice de un delito y agente a los que pareciera no importarles el dolor de las familias para revictimizarlas al igual que al occiso mismo.

Desde su formación profesional, seguramente Javier Ordoñez se confió en que el artículo 11 Constitucional proscribe la pena de muerte. En Colombia efectivamente la pena de muerte está prohibida pero la muerte sin pena está prohijada como tesis con lo que la inviolabilidad de la vida tiene solo una existencia formal en un país donde matar se promueve desde “personalidades” de la vida pública, hasta desde partidos políticos y aún desde el gobierno.

Que tenebrosa la policía de Colombia. Una institución dónde la primera lección a sus futuros miembros pareciera ser que no existe división de poderes ni reglas por cumplir. Una institución donde al parecer les inculcan a sus miembros que son hacedores de leyes sobre la marcha y a su conveniencia (poder legislativo); investigadores (poder judicial) y ejecutores de penas que incluyen hasta la muerte de los ciudadanos.

Cualquier desprevenido ciudadano puede captar que los miembros del cuerpo policial colombiano parecieran disfrutar el infligir dolor y sufrimiento a sus semejantes. ¿Será acaso que es un requisito buscado para darle visto bueno a las admisiones en la policía que el aspirante tenga rasgos de psicópata y una personalidad carente de niveles mínimos de empatía?

Ojalá respondieran los encargados de los procesos de selección y de formación de una institución que cada día genera más desprecio y miedo. Por lo pronto sabemos que en Colombia no pasará nada. No murió George Floyd, como para generar indignación nacional, sino un colombiano inocente y la indiferencia es un rasgo distintivo de esta sociedad inmunizada ante el dolor y cuyos miembros parecieran sufrir de una disociación que los hace ausentarse de su triste realidad y aceptarla con un estoicismo sin límites.