Colombia: Estado Antisocial de Hecho

Los constituyentes de 1991; los ex magistrados de la primera Corte Constitucional (de la Honorable) que aún sobreviven y los demócratas del país deberían convocarse para defender la Constitución vigente y para hacer una denuncia ante la comunidad internacional de derechos humanos. La razón: En Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, la Carta Política y de derechos ha sido derogada de facto.

Una nueva modalidad de golpe de estado, de autogolpe (blando) ha eliminado y/o proscrito, sin que se notifique, las garantías, derechos y libertades ciudadanas. En Colombia se ha instaurado una dictadura que no contenta con la coptación de mayorías en el congreso ha eliminado todo peso y contrapeso y se ha hecho al control de las instituciones que pueden otorgar garantías a los ciudadanos tales como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo.

Más grave aún, bajo la imposición como doctrina de la lógica del “buen muerto”, del “asesinato aplazado”, de las “masacres con criterio social”, del “hay veces en que hay que matar por razones morales” del “hacen silencio o los callamos” de Álvaro Uribe Vélez y del “plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” de uno de sus copartidarios, se han otorgado plenos poderes y libertades a los cuerpos policiales y parapoliciales, que actúan conjuntamente en las calles, para desconocer las directrices de los gobernantes elegidos popularmente y para entrar a golpear y asesinar con sevicia y sadismo a ciudadanos inermes.

 

Si desde hace rato, con el asesinato, primero sistemático, selectivo y diario, pero aislado, de excombatientes de las FARC, de líderes sociales, campesinos e indígenas a manos de las mal llamadas Águilas Negras y luego con la reaparición de las masacres de jóvenes (“Juventud Farc” ) dentro del propósito de “hacer trizas la paz” y devolvernos a la guerra, había quedado en evidencia que no regían ya los artículos 2 y 11 Constitucionales que ordenan la protección de la vida y que prohíben la pena de muerte en Colombia, con el traslado de la masacre a la propia capital del país ha quedado en claro que estamos en manos de una suerte de gobierno que combina todas las formas de lucha contra la oposición: las legales y las ilegales y que es más sanguinaria que las dictaduras militares del sur del continente.

 

Todo el que no aplauda, todo el que no consienta, todo el que no calle, todo el que no cohoneste con el estado irregular de cosas y todo el que se manifieste y proteste es, sin importar su condición de civil y no de actor armado, considerado enemigo interno y objetivo militar lícito para las fuerzas policiales que pueden entrar a matar bajo la certeza de que contra ellos “operará”, a lo máximo, la justicia penal militar que es ni más ni menos, en Colombia, una institución para el encubrimiento, en la que quien investiga, juzga, acusa y resuelve (más bien absuelve) es miembro del mismo cuerpo al que pertenece el acusado.

 

Todo lo anterior explica el resurgimiento, bajo nuevas formas y el empoderamiento e impunidad de que se reviste para actuar la nueva policía política “chulavita” y los nuevos “pájaros” (paramilitares) que patrullan conjuntamente las calles de Bogotá con órdenes de tirar a matar a las personas y a la inconformidad social y ciudadana. El régimen narcoparamilitar que gobierna Colombia perdió todo pudor y con desvergüenza, por primera vez muestra sus cartas y devela que quienes en realidad asesinan en Colombia no son las Águilas Negras, sino las Águilas Verdes.

Con razón, luego de cientos de asesinatos a manos de esta última organización criminal, con presencia a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, no hay ni un solo resultado de los costosos servicios de inteligencia que permitan identificar estructuras, organigramas, fuentes de financiación y autores intelectuales y materiales de todos los asesinatos que se les han atribuido y que tienen como único denominador en común que todas las víctimas son incómodas para el pensamiento único y de extrema derecha que se pretende instaurar en el país.

Los que crearon el discurso para generar el temor de que nos “volviéramos como Venezuela” y para manipular conciencias y voluntades nunca advirtieron que su “sanguinariedad” los impulsaría a cometer crímenes tan atroces. El Príncipe de Maquiavelo que mueve los hilos del poder se guía bajo la lógica de que sus fines delincuenciales justifican la utilización de cualquier medio a su alcance para garantizarse poder e impunidad. Venezuela les resultó útil para infundir temor y para distraer incautos mientras en Colombia si se cometen los crímenes y violaciones de derechos humanos que, con ayuda del también criminal poder mediático, se les atribuían a los gobernantes del país vecino.