Alternancia: maestros y estudiantes al matadero

El 25 de octubre de 2003, es decir, un año, dos meses y 18 días después de su juramentación como presidente, Álvaro Uribe Vélez sufrió una de sus más graves derrotas políticas. El referendo de 15 puntos que propuso no salió airoso y en ello jugaron un papel determinante los educadores asociados a FECODE. Desde esa época arrancó una cadena de acciones y pronunciamientos por parte del dirigente político, que no disimulan en lo mínimo su odio visceral hacia los docentes del sector oficial.

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Hoy, en las circunstancias de un virus mortal como el COVID-19 y bajo un nuevo gobierno que obedece al pie de la letra las directrices de Uribe Vélez, viene desde finales de mayo y el mes de junio agitándose una propuesta que podría convertirse en una especie de terrorífica política encaminada a un genocidio intencionado del gremio docente: la implementación de un denominado modelo de alternancia.

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Y es que la pandemia no solo sirvió para desnudar la precariedad del sistema mercantil de salud estructurado por Uribe a través de la ley 100/93. También hizo emerger la debilidad de un sistema educativo al que se le cercenaron recursos con la modificación de los artículos 356 y 357 constitucionales a través de los actos legislativos 01 de julio 30 de 2001 (Pastrana) y 04 de julio 11 de 2007 (Uribe).

En ese contexto, la única forma de esconder que los recursos de educación han tomado otros rumbos; que los estudiantes han desertado del sistema público en número que supera hace rato al 50% de la población inicialmente matriculada y que las escuelas y colegios son en un alto porcentaje antihigiénicos y vetustos espacios, es el retorno apresurado e irresponsable a escenarios de presencialidad bajo formas de alternancia, modelo este que, dada la inexistencia de condiciones de bioseguridad mínimas en las escuelas, es una forma velada de sacrificar estudiantes y maestros o de enviarlos directo al matadero.

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Ni siquiera en los países del primer mundo la reapertura de los colegios pudo sostenerse. Pronto los graves y agresivos rebrotes hicieron desistir de la idea y obligaron a un nuevo cierre que se mantiene. En Colombia, aún a pesar de conocerse ese tipo de experiencias fallidas, se insiste malintencionadamente en las mismas, considerándose a los maestros, como quedó registrado en un audio de uno de ellos, como “ratones de laboratorio”, “conejillos de indias” o “carne de cañón” para hacer experimentos con humanos y “ver qué pasa”.

La alternancia, con escuelas que hoy al igual que antes que la pandemia no reunían condiciones de higiene y mucho menos de bioseguridad, es una forma irracional e innecesaria de exposición de los docentes a una población cambiante cada 24 horas, entre la que puede haber presencia de población asintomática. Si a la eventual alta carga viral, las edades y las comorbilidades le sumamos una deficiente atención de salud por prestadores contratistas del propio estado (FOMAG) podríamos estar frente al surgimiento de un conglomerado de contagiados de alto riesgo por escuelas, que rápidamente puede extenderse a familias y barrios enteros.

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Con la alternancia, el gobierno elude sus responsabilidades y se va por las ramas. Si hay una alta deserción escolar lo que debería estar ingeniosamente haciéndose por parte del gobierno, es brindarles conectividad de calidad y gratuita a los estudiantes y financiar la entrega de equipos celulares en comodato bajo la expectativa de que no tengan que devolverlos y se conviertan en una especie de estímulo a la conectividad, al interés y al buen desempaño académico.

Tanto lo uno como lo otro son alcanzables solo con un poco de la imaginación y la creatividad que les falta a los miembros del gobierno. Bien puede negociarse como parte de una extensión de los términos de los contratos de concesión a las distintas empresas de telefonía celular o financiarse desde la colocación de un impuesto por uso del subsuelo y suelo a empresas de servicios públicos (incluidas las de telefonía) del sector privado.

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No está de más recordar, a quienes pudieran criticar la idea por onerosa, que desde el artículo 45 de la ley 115 de 1994 o ley general de educación existe para el gobierno nacional, la obligación legal de crear un Sistema Nacional de Educación Masiva, que bastante ha podido ayudar para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público educativo en tiempos de pandemia.

La misma ley en mención, en su artículo 102 contemplaba para el gobierno la obligación para el gobierno, a partir de 1995, de destinar “para… equipos educativos para uso de los estudiantes… un monto no menor a la cantidad resultante de multiplicar el equivalente a un salario mínimo legal mensual, por el número total de los educadores oficiales”, algo así, a valores de hoy, como 270 mil millones anuales. Infortunadamente el artículo 113 de la Ley 715 de 2001 (reglamentaria del nocivo acto legislativo 01/01) derogó esta norma. Interesaba más que los dineros de la educación fueran a los banqueros y a la guerra que a los estudiantes.

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