¿Qué Matarife adelanta esta carnicería implacable e impune en Colombia?

El mismo gobierno que a través de funcionarios de primerísimo nivel invoca el cumplimiento de la Constitución de 1991 para justificar el incremento salarial y el pago -como premio- de un millonario retroactivo a un congreso mayoritariamente abyecto y servil a sus intereses, es selectivo y -como a la carta- escoge que artículos, de lo que queda de la Carta del 91, aplicar y cuáles no.

El gobierno, en cabeza de un presidente que al momento de su posesión juró cumplir la constitución, inaplica, por ejemplo, y sin ningún pudor ni vergüenza, la voluntad del constituyente del 91 cuando este dejó sentado que “…las autoridades… están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida…” (Artículo 2). También desconoce, y al parecer a propósito, el precepto y obligación superior que reza que “El derecho a la vida es inviolable. (y que) No habrá pena de muerte” (Artículo 11).

Así, en Colombia, aunque la pena de muerte está proscrita, la figura de la MUERTE SIN PENA pareciera estar institucionalizada y permitida de facto estrictamente por razones ideológicas, quedando la sensación en el ambiente de que este tipo de penalización se favoreciera o encubriera desde el propio poder. Así se infiere de la nula acción de los organismos de inteligencia y de las autoridades para evitar la muerte permanente y sistemática de firmantes del acuerdo de paz y para individualizar, capturar y someter ante los jueces a sus asesinos.

Salvo su eficiencia para “descubrir espías rusos” los rimbombantes “Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI)” y sus batallones de ciberinteligencia (BACIB) o en su defecto al “Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (CACIM)” y su Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI), para solo mencionar dos ejemplos, son al igual que otros organismos de seguridad eficientísimos para chuzar magistrados, periodistas y opositores y para descubrir falsos atentados contra el atontado jefe de estado, pero hasta ahí.

A la fecha nadie en el país conoce la estructura u organigrama del bien organizado grupo de asesinos, autodenominados “Águilas Negras” y mucho menos hay avances en lo referente a la determinación de los autores intelectuales y materiales de asesinatos, una de cuyas motivaciones principales pareciera ser el odio.

Y aunque en una especie de conveniente lavatorio de manos, a lo Pilatos, el gobierno atribuye las muertes a grupos disidentes de la propia guerrilla que pactó un acuerdo de paz, lo cierto es que si se sigue la estela de muerte que dejan a su paso los asesinos invisibles o, mejor, convenientemente invisibilizados a propósito, no se está frente al accionar de pequeñas estructuras sino de asesinos que se mueven como perros por su casa a lo largo y ancho del extenso territorio nacional sin que nadie los detecte y mucho menos haga nada para detener su accionar criminal.

La articulación de un grupo de estas características, esto es, con presencia en todo el territorio nacional; con información sobre la ubicación exacta de sus objetivos y potenciales víctimas (dossier de inteligencia) y con una indispensable y moderna estructura de comunicación para impartir y ejecutar órdenes, es impensable que pueda operar y/o funcionar, de la noche a la mañana, con la precisión de un reloj suizo. Ni las extintas FARC lograron un objetivo siquiera parecido en más de 50 años de existencia.

Ello necesariamente nos coloca en el escenario de existencia de una perfecta máquina de la muerte que ejecuta órdenes impartidas desde posiciones ideológicas y políticas de extrema derecha. De una tenebrosa articulación entre lo político y lo militar (combinación de las formas de lucha) en la que siguiendo a Maquiavelo el fin (conservación  del poder) justifica los medios (asesinatos de los opositores políticos a quienes detentan el poder).

En las filas de los desmovilizados, como en la vida, los más débiles -y no por ahora los que disponen de “esquemas de seguridad”- seguirán siendo quienes pongan los muertos. Va siendo para ellos hora de pasar de los pronunciamientos, las condenas y las marchas de las que el gobierno se ríe, a las acciones políticas. La opción no debe ser el retorno a las armas, que es lo que precisamente los enemigos de la paz quieren, para que el combustible de la guerra y del odio vuelva a potenciar las banderas políticas sin sentido del fascismo.

El problema hay que sacarlo de las fronteras y visibilizarlo en todo su drama frente a la comunidad internacional. Quizás múltiples solicitudes de asilo desnuden de una vez por todas a un gobierno y a unas instituciones, responsable por omisión u acción, de un nuevo genocidio en marcha.

Hay que hacer que la ONU pase también, y urgentemente, de misiones de observación y de sus pronunciamientos y advertencias inocuas a intervenir directamente por razones humanitarias en Colombia. Si el ejército y la policía no brindan garantías, debería solicitarse, en procura de salvaguardar el proceso de paz y la vida de los excombatientes y de los líderes sociales colocados bajo la mira, la presencia inmediata en Colombia de fuerzas de paz de las Naciones Unidas.

Pero también debería solicitarse, frente a la inefectividad de los organismos estatales encargados de efectuar investigaciones y de mostrar resultados, que la justicia internacional no siga aplazando indefinidamente el asumir la investigación y sanción de quienes vienen por décadas violando en la impunidad y a través de incitaciones e instigaciones al exterminio, el Derecho Internacional Humanitario.

Alguien debe responder. Debe pararse ya la carnicería en que han convertido a Colombia tanto quienes ejecutan los crímenes, como quienes jamás los han condenado o rechazado públicamente desde el gobierno, desde el congreso y desde un partido de gobierno confeso en su intencionalidad de “hacer trizas la paz”, como lo han venido haciendo en una de sus pocos ámbitos de acción en que han demostrado eficiencia.