Fecode: bajo ataque en redes por la alianza uribismo – “centro”

Por: Alberto Ortiz Saldarriaga (Twitter @OrtizSAlberto) miembro de Acción Ética Docente (Publicado originalmente en el Diario LA LIBERTAD)

Lo que no han logrado a través del desprestigio que intentan construir contra los educadores oficiales desde sus medios y obsecuentes comunicadores e influenciadores de bolsillo, e incluso desde quienes han trascendido ese papel de sicariato moral para pasar al material, el establecimiento quiere ahora hacerlo usando como punta de lanza o arma al COVID-19.

Incomprensiblemente, en momentos de recrudecimiento de las cifras de contagios y de muertes, a través de auténticas leguleyadas a las que disfrazan de juridicidad y legalidad sin estar revestidas ni de una ni de otra, desde el gobierno y con medidas como las de un retorno apresurado a aulas que no ofrecen ni siquiera condiciones mínimas de bioseguridad, se pretende castigar al magisterio oficial así en su propósito mezquino tengan que llevarse también por delante, y como daños colaterales, las vidas de no se sabe cuántos estudiantes y padres de familia.

Desde 2003 cuando los maestros y maestras fueron factor decisivo en la no aprobación del referéndum constitucional del presidente de la época, los maestros y maestras sindicalizados de Colombia se volvieron un objetivo estratégico de primer orden, o de alto valor, para el sector político que precisamente por la oposición magisterial no ha podido concretar su aspiración de volver la educación un producto más del mercado y otra oportunidad más de negocios para sus amigos, como si lograron hacerlo, por ejemplo, con la salud a través de procesos de privatización.

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Probablemente, ninguno de los áulicos que hoy posan como defensores de los intereses superiores de niños, niñas y adolescentes en sus vidas de privilegios hayan pisado una institución educativa oficial y mucho menos conozcan sus condiciones locativas y sanitarias como si las conocen y padecen los maestros y maestras de la Colombia olvidada.

Por ello desde consideraciones a priori y cargadas de subjetividad y parcialidad manifiesta en favor del gobierno, apuntan convenientemente y cuán inquisidores hacia los docentes y no hacia los verdaderos responsables de que no pueda cumplirse el cometido constitucional de garantizar la continuidad, en condiciones de universalidad, del servicio y derecho a la educación en el país.

Desde su ignorancia supina y desde sus doxas invocan, con ínfulas de ser doctos, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el artículo 44 Superior pero premeditadamente ignoran el orden que a dichos derechos otorgó el Constituyente de 1991, colocando dentro de un orden de importancia y dándole primacía a la salud y a la vida, como valores fundantes de nuestro estado social de derecho, antes que a la educación.

En su manifiesta mala fe, además, no instan al gobierno a acelerar el proceso de vacunación generalizada de la población, incluidos dentro de la misma la de los docentes, sino que, en cumplimiento de un libreto perfectamente estructurado desde el poder presionan para que en una especie de ensayo-error a los maestros se les empuje antes a aulas inseguras y mal ventiladas dónde cumpliendo el rol de ratones de laboratorio, podrían perder la vida y volverse multiplicadores de una espiral macabra de muerte. Hasta allá llegan los niveles de antropofagia, mezquindad y ruindad de algunas personas en una sociedad en la que la guerra dejó serias secuelas mentales.

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Los nuevos ‘faros morales’ del país cuestionan a los maestros por no inmolarse, pero en una suerte de apología a la política y a los políticos de la muerte, se vuelven cómplices por ocultamiento de lo que estos a través de un retorno irresponsable a las aulas pretenden invisibilizar: su ineptitud (1); su ausencia absoluta de voluntad política para la inversión pública en la educación de quienes no forman parte de las élites (2) y el destino que le han dado o han tomado los recursos públicos que durante décadas deberían haberse direccionado hacia la educación (3).

Mientras con implacable ferocidad cuestionan a los docentes e intentan colocarlos en la picota pública, guardan solidario silencio cuando se trata de explicar por qué países como Uruguay (Plan Ceibal) o incluso más pobres que Colombia, como El Salvador, si pueden garantizar a todos sus estudiantes computadores nuevos y conectividad para que, aún en medio de circunstancias tan adversas como las de una pandemia, la educación ni se paralice ni excluya a aquellos estudiantes que viven en medio de la pobreza extrema y de la desigualdad generada y no subsanada en más de 202 años de vida republicana por la facción política que monopólica y exclusivamente se dedicó a pelechar del estado y del erario.

Por obvias razones, ninguno de los personajes que hoy hipócritamente se rasgan las vestiduras por el derecho a la educación habla sobre lo que la pandemia ha develado: la precariedad y la fragilidad del sistema educativo no se da por razones atribuibles a los maestros y maestras del país y antes es responsabilidad de los que administran y no de los administrados. El “baile de los que sobran” ante el que históricamente han callado se empezó a gestar cuando la reacción a la Constitución de 1991 consideró que no había que concretizar el Estado Social de Derecho sino el neoliberal Estado Antisocial de Hecho con regresivas y retardatarias contrarreformas constitucionales.

Así se pretenda borrar la memoria histórica, los maestros y maestras no olvidamos, como ellos si lo hacen deliberadamente, que fueron Pastrana y Uribe quienes con sus actos legislativos 01 de julio 30 de 2001 (transitoriamente) y 04 de julio 11 de 2007 (permanentemente) modificaron los artículos 356 y 357 constitucionales incurriendo en un raponazo a los recursos que hoy las escuelas extrañan y necesitan. Tampoco que una de las razones de peso que impide el retorno seguro a las aulas es la masificación y hacinamiento que propició el hasta hoy incólume e infame decreto 3020 de diciembre 10/02.

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A los detractores de los educadores y de sus organizaciones sindicales cabría exhortarlos o convocarlos públicamente a que se abra la posibilidad de un verdadero juicio de responsabilidades donde se le explique al país por qué el Sistema Nacional de Educación Masiva que ordenaba crear el artículo 45 de la ley general de educación no pudo nunca convertirse en realidad en 27 años (9.914 días) o por qué el artículo 102 de la misma ley (115/94) que posibilitaba el acceso de los estudiantes a computadores fue derogado por la ley reglamentaria del Acto Legislativo 01/01 (Artículo 113 de la ley 715/01).

Sería pertinente escucharlos disertar sobre el por qué ni siquiera el artículo 28 de esa misma ley 715 de 2001, que prioriza la inversión en las escuelas que atienden a los más pobres se ha podido cumplir en 20 años. Es hora de un Gran Debate Nacional por la Educación. El país espera y merece respuestas y no que se prendan hogueras para incinerar a inocentes por incurrir en la herejía de decir verdades, como pretenden quienes desde una nueva inquisición quieren revivir la época medieval. Por lo pronto a los maestros nos queda claro, con quién se identifica  y alinea el mal llamado “centro”.

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Un comentario en “Fecode: bajo ataque en redes por la alianza uribismo – “centro””

  1. Efectivamente, lo que ellos buscan son artimañas argumentativas para seguir dando la plata de la educación a los colegios privados, porque ahí es donde está el negocio. Para nadie es un secreto que la educación en Colombia es un negocio para los que tienen el poder. El show no es más que viva y pura hipocresía…

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