Todas las entradas por Alberto Ortiz Saldarriaga

¿Sicariato moral de parte de un ministro?

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Quizás no haya nada más grave y peligroso en una sociedad que la intemperancia o, como diría un amigo, la incontinencia verbal. El peligro, como es obvio pensarlo, se incrementa en niveles superlativos cuando el intemperante es precisamente uno de quienes deberían dar ejemplo de civilidad y tramitación inteligente de los conflictos.

El ministro de defensa, Guillermo Botero, habló sobre la protesta social y no pudieron ser más desafortunadas sus declaraciones. Se esperaría algo diametralmente diferente de quién, por su cargo, debería estar llamado a pensar que su deber esencial debe ser la protección de la vida, honra y bienes de todos los colombianos, sin excepción.

Sin embargo, su pronunciamiento, que tuvo el propósito de deslegitimar la protesta social y a sus actores (los líderes sociales) al ligar las motivaciones de la misma no a problemas estructurales (como por ejemplo la ausencia histórica del Estado) sino a propósitos y “financiación de mafias”, colocó una lápida en quienes ya vienen siendo objeto selectivo de persecución y aniquilamiento sistemático.

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Debería ser un principio de sindéresis, que ningún alto dignatario del estado incurriera en la ‘tentación’ de declarar a los medios haciendo generalizaciones a priori y por tanto sindicaciones irresponsables y sin sustento probatorio.

En Colombia ha hecho carrera, a fuerza de durísimas y dolorosas experiencias, la frase de que a los perpetradores de crimenes, anteceden los sicarios morales. Estos últimos a través de herramientas deleznables como la injuria y la calumnia preparan el terreno para que nadie se extrañe de la muerte de quienes son abatidos por siniestras organizaciones de la muerte.

Incluso, a veces la labor de los sicarios morales no termina con la legitimación o el otorgamiento de un “pretexto perfecto” para la ejecución de la víctima. Incluso se revictimiza apelando a expresiones como la tristemente célebre frase de “buen muerto”, empleada por quien ocupó la más alta dignidad pública.

Ojalá las declaraciones de Botero no contribuyan a exacerbar la muerte de los líderes sociales, por vía de envalentonar a los sicarios materiales para actuar.

El país nacional agradecería más del ministro y del gobierno que en lugar de hablar antes de pensar, se desarticulen los escuadrones de la muerte que han hecho de Colombia una zona franca sicarial.

Sexo en los salones: verdades y mentiras de una reciente sentencia judicial

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Los colombianos tenemos un grave problema: No nos gusta leer. Los libros no están entre nuestros “artículos” de primera necesidad y las redes sociales han sustituido hasta la lectura de la prensa.

Más grave aún, en la lectura de las noticias, con la intermediación de las redes, creemos que con el solo ejercicio de leer el titular nos es suficiente para estar “informados” y obviamos que muchos de los titulares están diseñados solo para llamar la atención y generar ‘clics’ y ‘me gusta’ y, además, que escasas veces guardan relación con el contenido mismo de la noticia.

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Por ello somos cada vez más una sociedad descriteriada y manipulable, que no busca ni atiende a razones y qué se guía por emociones (muy primarias por cierto) con las que nos creemos con la autoridad de emitir “juicios” y “opiniones” sobre los más diversos temas.

El caso más reciente que ilustra lo antes dicho,, es el del fallo de la Corte que ha llevado a más de un desprevenido “lector” a dar por cierto, que esa alta corporación de justicia avaló el sexo de estudiantes en las aulas de clase, situación frente a la que muchos salen a rasgarse las vestiduras y muy seguramente, si alguien los convocara a marchar, hasta lo harían y sin saber ni por qué caminan y gritan desaforadamente.

Lo cierto sobre las noticias, memes y caricaturas que circulan en las redes es que se trata de una errada interpretación de una decisión judicial plasmada en un (por no llamarlo amarillista) muy mal titular de prensa que las redes se encargaron de multiplicar.

Aunque los medios no se toman el trabajo de indagar a fondo, la Corte puso reparos fue a la no gradualidad y a la desproporción en la medida adoptada por el colegio frente a una evidente falta disciplinaria.

Lo que ha cuestionado el máximo tribunal constitucional del país, es que el colegio optó por lo punitivo en lugar de lo formativo y se excedió en la medida adoptada, lo que comporta o resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso que asiste a todo ciudadano, sea adulto o no y ejercite o no su vida sexual.

Además, no hay que olvidar que es un fallo en sede de revisión de tutela, por lo tanto, lo decidido (la ratio decidendi) no tiene efectos erga omnes (para todos el mundo) sino solo efectos inter partes. Es decir, solo tiene efectos vinculantes (obligatorios)) para los accionantes (afectados con una expulsión) y para la parte accionada (colegio).

En ningún caso, puede pues interpretarse que la Corte Constitucional legalizó el sexo en las aulas o dejó tal conducta al margen de ser sancionada, eso sí, con observancia plena de las garantías que tiene todo ciudadano. La Corte ordenó el reintegro de los expulsados, pero para que su proceso se reabra y se tenga en cuenta lo que no se tuvo: atenuantes y derechos, porque toda persona tiene derecho a ser juzgado justamente.

No va más SER PILO PAGA pero sigue SER PILLOS PAGA

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A la andanada de anuncios catastróficos desde el punto de vista económico que han hecho miembros del gobierno de “ÉL QUE DIJO el mejor presidente de Colombia, duélale a quien le duela”, se sumó esta semana que termina la noticia de que no va más el programa SER PILO PAGA.

Bajo el más estruendoso de los aplausos (imaginamos), los uribistas de estratos 1, 2 y 3 deben estar que no caben de la dicha por la coherencia del uribismo, que en campaña diseminó la idea de que los petristas y “castrochavistas” se caracterizaban por quererlo todo gratis y sin trabajar.

Movidos por ese respaldo otorgado en las urnas y proveniente (quien lo diría) desde los sectores con mayores necesidades básicas insatisfechas y precariedad en sus condiciones de vida, el actual gobierno ha emprendido el más feroz desmonte de todo aquello que caracteriza o distingue a un Estado Social de Derecho: Usar los impuestos en atender y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos más pobres.

Convencidos, o legitimados como se diría desde la ciencia política, de contar con el apoyo y la capacidad de sacrificio hasta el estoicismo de los más pobres, se anuncia que los estudiantes más talentosos de los sectores más pobres ya no podrán ir a la Universidad: Ni a la pública ni a la privada

El anuncio no toma por sorpresa a nadie. A pesar de que “él que dijo Uribe” pronetió en campaña que el programa seguiría, ya antes había dado claras y evidentes muestras de que lo que dijo antes de ser elegido tenía un solo propósito: pescar en el río revuelto de los colombianos con menores niveles de educación y por tanto más incautos. Es el país que les conviene; uno donde la ignorancia, que tantos votos da, no se erradique.

Ya antes, desde la “casa de Nari”, como la llamaban en épocas del paramilitar “Job”, se habían anunciado recorte a los subsidios de los servicios públicos (encarecimiento); extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar (carestía), disminución de los impuestos a los más ricos, aumento de la edad para pensionarse y un largo etcétera, sin que ni siquiera hayan transcurrido 100 días de gobierno

A lo que si no le “jala” el uribismo, es a la lucha frontal contra la corrupción. SER PILO PAGA desaparece porque no hay la voluntad para sacar 2 o 3 billones del presupuesto para mantenerlo y mucho menos para garantizar y permitir, como era lo deseable, el acceso de todos nuestros jóvenes a una universidad pública gratuita y de calidad como lo proponía el contenedor de Duque en segunda vuelta

Para el Uribismo es muy fácil desaparecer SER PILO PAGA. Lo que si no están dispuestos a desaparecer o a perseguir es SER PILLO PAGA, el programa de la corrupción que se roba de nuestros impuestos 50 billones anuales; los mismos que servirían para garantizar necesidades públicas como la educación y la salud durante muchísimos años a todos los colombianos.

Que se le va a hacer. Los niños se crean amigos imaginarios. Los uribistas, menores de edad desde el punto de vista mental, es decir, en términos kantianos, se crean un enemigo externo para auto atemorizarse y sentir o convencerse que al desacertar en sus acciones y decisiones están haciendo lo correcto. Los resultados poco a poco afloran. El enemigo no estaba en el cuarto de al lado. Los uribistas pobres están descubriendo que han alimentado y están como en la película “Durmiendo con el enemigo” y recibiendo, como lógica consecuencia, puñaladas por la espalda de un sádico insaciable y despreciable sin ningún sentido de humanidad

La consulta anticorrupción: ¿Triunfo o derrota?

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Lo ocurrido este pasado 26 de agosto, en términos de participación en la consulta anticorrupción, puede llevarnos a varias lecturas de los resultados en escenarios relacionados numéricamente con las cifras de la reciente campaña presidencial.

Si bien, al no alcanzar el umbral, los resultados no son vinculantes u obligatorios (Desde el punto de vista constitucional), si imponen una obligación ética y democrática sobre todo para el presidente de la República, quien atendiendo a la voluntad del soberano, debería promover y liderar proyectos de ley que respondan al rechazo que el poder constituyente expresó libremente contra la corrupción en las urnas, valga decir, con un mayor número de votos y por ende con una superior legitimidad que rebasa a la obtenida por el mismísimo Presidente de la República.

No hay que perder de vista que mientras Iván Duque obtuvo un respaldo en las urnas de 10.373.080 votos, una de las preguntas de la consulta popular (séptima) alcanzó una votación de 11.659.162 votos, lo que supera en 1.286.082 votos los resultados que llevaron a la Casa de Nariño al mandatario actual de los colombianos.

Los resultados pues, más que una derrota (cómo podría interpretarse por los más pesimistas) representan en realidad una victoria democrática que podría abrir las puertas a reformas contra la corrupción que superen incluso los puntos cuya aprobación se buscaba y planteen por ejemplo la necesidad de emprender una reforma de fondo a nuestro sistema electoral y a órganos profundamente cuestionados como la registraduría y el CNE en los que se soporta el acceso a altas dignidades del estado de personas cuestionadas en su integridad.

Los resultados también pueden ser analizados como un triunfo y no como una derrota, si se parte del hecho de que quienes lideraron y promovieron la consulta son los sectores alternativos al establecimiento que acompañaron a Gustavo Petro en segunda vuelta (contados el 17 de junio de 2018 como 8.034.189 ciudadanos), lo que implica una adhesión o un mayor acompañamiento o crecimiento de las ciudadanías libres (en relación con las presidenciales) de cerca de 3.624.973 personas, lo que porcentualmente representa un 45,11%.

Visto lo anterior desde la otra cara de la moneda, podríamos señalar, que los resultados bien pueden mostrar o interpretarse también, como que una parte importante de los electores (3.624.973) que respaldaron la aspiración a la presidencia de Duque en segunda vuelta (10.373.080) se desencantaron en muy pocos días de su gobierno y de sus medidas antipopulares, o hacen parte del club de los uribistas arrepentidos. Esta población representaría un 34,94% de los votantes iniciales del actual mandatario, lo que explicaría la caída (medida en encuestas recientes) de la popularidad del presidente e indicaría que  apenas un poco más de 6.748.107 personas atendieron la orden de los principales líderes del Centro Democrático de abstenerse de votar la consulta.

Cómo dato significativo, el número de “desencantados” (6.748.107) sumado a números estimados de participación ciudadana en la consulta (11.659.162) nos arrojan una cifra que coincide con el número de votos por candidatos en segunda vuelta reconocido por la registraduría (18.407.269).

Pero más allá de lo hasta ahora expuesto, los respaldos y apoyos que recibió la consulta y los resultados obtenidos nos marcan a las claras, que de haber existido unificación en segunda vuelta de todos los sectores que representaban una alternativa distinta al uribismo, probablemente Duque no habría obtenido la votación que obtuvo y Petro habría resultado ganador de la contienda electoral. Pasamos a explicarlo:

Iván Duque obtuvo en primera vuelta y con el respaldo de su partido y de todos sus contrincantes en la consulta interpartidista y posteriores  aliados (Ordóñez y Ramírez) 7.569.693 votos y no disponía por afinidad (entre los competidores que quedaron al margen de la contienda) de nadie diferente a Germán Vargas Lleras (1.407.840) para crecer. Ambas votaciones sumadas solo alcanzaban 8.977.538 y no los 10.373.080 que finalmente obtuvo (diferencia de más 1.395.547 votos)

Por su parte Gustavo Petro obtuvo en primera vuelta una votación de 4.851.254 y tenía como posibilidades de crecimiento los votos que podrían haberle aportado Fajardo, Robledo y Claudia López (4.589.696 votos) además de Humberto De la Calle (399.180), cifras que sumadas daban 9.840.130 votos, es decir 862.592 votos más que Duque (8.977.538).

Sin embargo, Petro obtuvo menos votos (8.034.189) de los que hipotéticamente pudo haber sumado (para ser precisos 1.805.941 votos menos), es decir, que entre el voto en blanco (808.368) y las señales que dio Fajardo a sus electores se suman otros 997.573 votos que han podido otorgarle la victoria al candidato de la Colombia Humana.

De los votos que debieron entrar y sumar a los 4.851.254 votos de primera vuelta, probablemente Petro solo terminó sumando entre quienes no le hicieron caso a Robledo y a Fajardo  unos 2.906.144 votos y de De la Calle unos 276.791 lo que explicaría su votación total. Es altamente probable que Duque deba su victoria a la sumatoria de los votos de Vargas Lleras (1.407.840) y a cerca de 1.395.547 de Fajardistas que también fueron convencidos por el ex alcalde de Medellín de que Petro era más peligroso que Vargas Lleras.

Militares y policías: quién de verdad los afecta desde la política

La biblia en lo que pareciera describir a los colombianos alienados por los “miedos” de conspiración, señala en Isaías 5:20 que hay quienes “a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo…”. Eso sintetiza de alguna forma también la inversión de valores en nuestra sociedad.

En esa dinámica y “lógica” absurda, es un escándalo y una afrenta condenable que un candidato presidencial diga que ningún policía y/o militar debe estar excluido de la posibilidad de acceder a la educación superior y que debe tener opciones de hacer cosas diferentes a enrolarse, si así lo quiere.

Contrario a ello, es “bien vista” por ejemplo, la discriminación que impide que un joven de escasos recursos pueda aspirar a ser un oficial de nuestras fuerzas militares o de policía o, peor aún, esa especie de sistema de organización por castas, que impide la movilidad al interior de las fuerzas, esto es, que los suboficiales puedan aspirar a la oficialidad a partir de experiencia, tiempo de servicio y estudios.

A esto es a lo que la oficialidad en retiro en verdad le teme: A que la extensión de la oportunidad en el estudio a todos los miembros de la fuerza pública, sin excepciones, sea el preludio de una democratización que permita esa preparación que posibilite que cualquier miembro pueda aspirar a ascender hasta general de 3 soles, sin que para ello represente obstáculo su condición económica. Le temen a la democracia y a perder privilegios que se soportan sobre exclusiones.

Paradójicamente dentro de esta espiral de cosas sin sentido, se reprueba que policías y militares puedan servir a la patria con las armas pero también con los libros; al tiempo que se aprueba frenéticamente que nuestros jóvenes en lugar de ir a las aulas vayan al campo de batalla a acabar con sueños de otros jóvenes que poco se diferencian de ellos; a retornar a las salas de sus casas en un ataúd cubierto por la bandera de Colombia o, peor aún, a regresar mutilados y con graves secuelas físicas o psicológicas al seno de sus familias.

Se condena y muestra como enemigo de los militares a quien en el Sumapaz dignificó las condiciones de existencia de soldados surgidos de sectores pobres de la geografía nacional (Petro), pero se muestra como “salvador” y “redentor” de los mismos muchachos a quien por razones fiscales les quitó a los soldados profesionales, a través del Decreto 3770 de 2009, el subsidio que les había otorgado el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 (Uribe)

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En buena hora, una alta corte de justicia, una de esas que el uribismo-duquismo pretenden acabar por incómodas, les restituye a nuestros héroes de la patria, a través de demanda, lo que el mesiánico presidente les había arrebatado (Sentencia 00065 de junio 8 de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B)

J.J. Rendón, o más bien J.J. el HAMPÓN, lo había anticipado: Haría todo lo posible, aún gratuitamente, para destruir con su especialidad, es decir, con la mentira, a Gustavo Petro.

En su propósito, el ciudadano venezolano de marras siempre ha contado con los “miedos” de comunicacion, que colocan la cuota inicial de la mentira, para que el ejército de fanáticos de las redes las diseminen sin ninguna vergüenza y pudor y, obvio, sin ningún análisis.