Archivo de la categoría: Colombia

Entre aspirar y ambicionar ser elegido y el «todo se vale»

En medio de la más profunda desesperanza y escepticismo, originados en décadas de malos gobiernos, Colombia necesita urgentemente que se construya participativa y democráticamente una opción diametralmente diferente en sus prácticas a la política tradicional, todo ello en la perspectiva superior de devolverle a los ciudadanos de a pie la fe y la convicción en que otro tipo de política y de país si son posibles y alcanzables.

En la concreción de tan elevado propósito se requiere, por obvias razones, enormes cuotas de sacrificio, sensatez y sobre todo grandeza. Siendo el elegir y ser elegido un derecho, toda aspiración de los individuos es legítima pero no debe confundirse, desde ningún punto de vista, el aspirar con el ambicionar poder. En lo primero coexisten, muchas veces equilibradamente, el interés colectivo y el individual, mientras que en lo segundo prevalecen y se anteponen los intereses personales sobre el bienestar general.

Para los que ya hemos sido partícipes y testigos privilegiados de otros procesos políticos causa desazón y frustración que las experiencias vividas no se sistematicen y que antes de evidenciarse que ha existido un proceso de aprendizaje desde los errores cometidos, se vuelva a incurrir en el mismo tipo de prácticas que solo conducen a estruendosos fracasos y a alimentar la incredulidad entre quienes en algún momento se atreven a creer, a soñar y a actuar y terminan sintiéndose usados y desechados.

No puede menos que generar incertidumbre y frustración que en un momento histórico excepcional otra vez se coloque en riesgo la posibilidad de ser gobierno (que no es sinónimo ni debe confundirse con ser poder) porque exista aún entre los sectores «alternativos» hombres y mujeres que ven en la política y en los cargos públicos de elección popular no una oportunidad de servir a un proyecto de nación y al conjunto de la sociedad, sino que -quien lo creyera-, se mueven en la lógica traqueta del «corone», visualizando en la actividad política una forma expedita de acceder a mayores ingresos y mejores posibilidades de vida en lo individual.

En función de tales ambiciones, que afloran para épocas electorales es que resulta común, muy a lo Maquiavelo, que en pos de la consecución del fin por cualquier medio, el «todo se vale» de lugar al codazo, a la zancadilla, al chisme, al indisponer y a la constitución de «congas», roscas o grupúsculos desde los que se pierden de vista quiénes son los verdaderos y únicos rivales a derrotar, así como también aquella, máxima de que el objetivo fundamental de la política  es sumar y multiplicar y nunca restar ni dividir como usualmente termina aconteciendo.

Para estas épocas, cada quien debería en un ejercicio consciente visualizar sus posibilidades reales de ser elegido sin perder de vista o ignorar sus limitaciones. En otras palabras debería evidenciarse que se actúa más desde la razón y la madurez que desde las emociones, deseos y sueños.

Hoy muchos desean, en una especie de surf y aprovechándose de la fuerza motriz que genera la cresta de la ola de popularidad de un indiscutido y excepcional fenómeno político, acceder al congreso, incluso sin méritos académicos y reconocimiento o trabajo social alguno, en lo que perfectamente podría caracterizarse como oportunismo.

Es lamentablemente más común hoy escuchar el «yo aspiro» en lugar del «yo pienso», del «yo propongo» o del “yo estoy dispuesto a aportar…”, al punto que la forma de hacer política termina revistiéndose de lo que precisamente más cuestionan y repudian los ciudadanos de la política.

No es posible ni deseable que de esta forma lo «alternativo» termine siendo solo un adjetivo vacío sin la capacidad real de seducir y movilizar a los ciudadanos indecisos y abstencionistas que constituyen más del 50% de la población habilitada para votar y que son la única opción real de disputarle, por fuera de los amarres clientelistas, espacios en el congreso a los políticos tradicionales.

Desde luego que mucho de lo que ocurre en la periferia, ajena al centro, no se soluciona desde el autoritarismo centralista, desde las verdades incontrovertibles del dogma que castiga a quienes con criticidad cuestionan la exclusión y mucho menos desde prácticas dedocráticas que imponen nombres sin aportar razones detrás de las decisiones que se adoptan.

Mientras no se entienda que lo de las ciudadanías libres es un punto de llegada y no de partida se seguirá desestimando la organización y la democracia directa como mecanismo de resolución de diferencias y hasta de confección de listas a corporaciones públicas bajo criterios como el de la meritocracia, eso sí, no medida esta última desde los parámetros del número de seguidores que se tenga en redes sociales sino desde la capacidad de pensar, de estructurar y defender ideas que es lo que se va a hacer en el congreso.

Idealmente, resultaría muy procedente abrir escenarios públicos donde cada uno de los que aspira a representarnos fuera evaluado en lo que respecta a su capacidad de identificar y caracterizar los, a su juicio, más graves problemas de la región y del país, así como las propuestas concretas y realizables de resolución de los mismos desde el escenario del congreso.

También resultaría fundamental evaluar la capacidad de escucha de los candidatos a los ciudadanos del común en función de estructurar sus propuestas democráticamente y atendiendo al constituyente primario. No obstante, desde sus encumbradas cúspides y aún sin refrendar en las urnas su triunfo, muchos de los aspirantes no entienden aún la importancia de la comunicación bidireccional, al extremo de que muchos cierran por ejemplo en redes como twitter la opción de mensajería directa o solo responden en función del número de seguidores de quien les escribe.

Sin lugar a dudas permitir ser evaluados ayudaría a decantar las turbias aguas de las ambiciones de más de un candidato, alimentadas desde las sombras por aquellos a quienes más importante que la renovación del congreso y el ganar la presidencia les parecen sus calculadas ambiciones de autoproclamarse a futuro como indiscutidos candidatos a alcaldías o gobernaciones.

A estos últimos perfectamente les caería como anillo al dedo el refrán de las abuelas que señala sabiamente que antes de comprar la silla hay que comprar el caballo.

Barranquilla, zona franca delincuencial: Miedo e inseguridad como movilizador electoral

La exacerbación de los atracos, la extorsión y los asesinatos y el copamiento de los territorios por la delincuencia organizada en varias de las principales ciudades del país no es un hecho fortuito sino planificado. Barranquilla, por ejemplo, es en estos momentos un caso emblemático de una ciudad que se “salió de las manos” a las autoridades o bien podría interpretarse lo que ocurre como una experiencia piloto de la Colombia funcional al uribismo. Desarrollemos la idea.

Desmovilizadas las FARC y con un ELN planteando una tregua unilateral para las elecciones de 2022, el «coco» con el que el establecimiento de extrema derecha infundía miedo en la ciudadanía, dentro del propósito de movilizar a votantes temerosos e indignados a las urnas necesita ser reemplazado. Los maquiavelos modernos necesitan entonces y urgentemente un nuevo instrumento que les permita venderse como solución a lo que ellos mismos generan de caras a las elecciones del año entrante.

Si el enemigo no existe hay que crearlo confesó Juan Manuel Santos que alguna vez le dijo otro expresidente cuando el primero de los mencionados apenas fungía como su Ministro de Defensa y Santos le inquiría sobre las razones de su extraño y permanente comportamiento pendenciero.

Si antes les resultaba posible, a partir de la utilización de los medios o miedos de comunicación, generar terror y odio en las grandes ciudades a partir de hechos de violencia que ocurrían en las zonas apartadas de la geografía nacional, a alguna mente criminal y perversa se le ocurrió que el mismo efecto podía lograrse permitiendo otro tipo de violencia precisamente donde se concentra el mayor número de electores, esto es, en las grandes ciudades.

No es entonces que los delincuentes estén desaforados como nunca. Una hipótesis que cada vez cobra más fuerza, es que las propias autoridades por órdenes que se les imparte, en este momento están dejando actuar a los delincuentes a sus anchas. Están generando la percepción de caos e inseguridad en la ciudadanía para luego ofrecérseles como garantes del orden y de una nueva seguridad democrática que «pacifique» los grandes centros urbanos.

En su estructurado y malévolo propósito contarían con alcaldes obedientes y afines política e ideológicamente en cuyas ciudades ya han empezado a proponer como «solución» un porte de armas generalizado que vuelve a las personas afines ideológica y políticamente a quienes desde hace años promueven que todo se resuelve a bala y matándonos los unos a los otros.

Venden así la idea de que, como en el viejo oeste norteamericano, debe sobrevivir el más fuerte o el más veloz o con peores instintos para sacar su arma y asesinar sin compasión. Eso sí, a la par no reconocen la ineficiencia y el fracaso de las instituciones del estado para proteger a los ciudadanos y la posibilidad de liquidarlas si cada uno, arma en mano, va a ser garante de sus propios bienes y vida.

Solo desde la construcción artificial de este contexto de generación de zozobra y terror urbano es que pueden entenderse los audios interceptados recientemente a un delincuente como Tommy Yoel Zerpa Brito, alias Tommy Masacre, en donde se escucha que para el accionar delincuencial impune, desde el que ponen en jaque a la cuarta ciudad en importancia en el país, cuentan ahora con la ayuda de un «culo e patrocinio bien hijueputa» con mucho poder y cuyo nombre no se menciona.

De esta forma, en el otrora remanso de paz y mejor «vividero» del mundo, controlado por el clan Char, afín y aliado del uribismo, la extorsión, los extorsionistas y asesinos de bandas criminales emergentes cuentan con luz verde para actuar a sus anchas y «curiosamente» su centro de operaciones no afecta en vidas a los habitantes del pomposo norte. Extorsionan por ejemplo a los empresarios de buses pero, como si existiese una orden, las balas y su accionar criminal no lo dirigen ni a los buses ni a sus propietarios sino hacia los humildes y reemplazables conductores que les sirven.

Mientras en los barrios populares de Barranquilla y en su área metropolitana hasta los vendedores de apuestas permanentes y los mototaxistas pagan impuestos al paraestado para poder trabajar y no ser asesinados por desobedecer y no cumplir con los paragravámenes, los nuevos empoderados tienen ya hasta la desfachatez de salir en videos, fuertemente armados, amenazando a diestra y siniestra sin que nadie haga nada para de verdad detenerlos o mostrando como decapitan y botan las cabezas de sus  rivales o ingresan a viviendas a generar un nuevo tipo de desplazamiento bajo intimidación: el urbano.

Hoy Barranquilla se muestra imparable pero en inseguridad. La delincuencia crece proporcionalmente a la par del número de kilómetros del Malecón. Motociclistas armados circulan por una ciudad pequeña atracando y ahí si no hay ni el despliegue de fuerza, ni helicóptero, ni drones, ni inteligencia, ni allanamientos que funcionen como hace apenas unos meses si lo hacían contra los jóvenes que protestaban legítimamente en las calles.

Si el experimento les funciona y coronan otra vez sus propósitos de control político y perpetuación o toma del poder, los “patrocinadores” irán por los perturbadores de la seguridad y la convivencia. Los conocen, los usan coyunturalmente y no dejarán cabos sueltos. Entonces se mostrarán como quienes con mano fuerte reimplantaron la seguridad.

Esperemos que esta vez la gente no se deje engañar por estos manipuladores sociales que convierten ciudades enteras en laboratorios del terror y a sus habitantes en ratoncillos manipulables desde el vaciamiento de la razón y su sustitución por emociones.

70 mil millones perdidos: vandalismo con impunidad garantizada

Bibiana Rincón Luque, quien funge como actual secretaria de educación es simplemente la ficha que Karen Abudinen, pariente cercana de Christian Daes, puso al frente del millonario presupuesto de esa secretaría para poder seguir manejándola a control remoto tras su promoción a cargos del nivel nacional de manos del charismo-uribismo.

No hay un contrato ni ningún movimiento que se haga en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que no cuente previamente con el aval o autorización de la Ministra de las TICs, Karen Abudinen Abuchaibe.

Por eso si Karen Abudinen renuncia al Ministerio de las TICs, probablemente desde la experiencia adquirida en Bogotá quizás le sea ofrecido el administrar el proyecto de los árboles del billón de pesos de Jaime Pumarejo o simplemente  aterrizará otra vez en la Secretaría de Educación de Barranquilla, entre vítores y aplausos de sus amigos rectores y docentes.

Y es que mientras fue secretaria de educación de Barranquilla, con base en un comportamiento más propio de una recreacionista que de una funcionaria pública, Abudinen logró ganarse a punta de abrazos, besos y selfies a muchos rectores, maestros y maestras, que hoy asombrados descubren, que ser simpático no necesariamente es sinónimo de ser honesto.

Sin lugar a equívocos, Karen podrá encontrar en Barranquilla la tranquilidad para hacer y deshacer a sus anchas que no pudo encontrar en Bogotá y tener la absoluta certeza que los medios de Barranquilla si callarán para no perder posibilidades de pautas con la Alcaldía, Energía Solar y Tecnoglass.

El escándalo en que está envuelta la ministra es de tal magnitud que la prensa del interior, con todo y sus afinidades ideológicas con el uribismo, no ha podido dejar de reseñar todo el entramado de corrupción, que, de tener vergüenza, ya debería haber llevado a la Ministra a dimitir de su cargo.

Y es que mientras el país padecía y lloraba los muertos ocasionados por el COVID-19, otros muy seguramente vieron en la conectividad de los niños de las zonas más apartadas y pobres de Colombia una oportunidad de negocios por 2 billones de pesos que podía dejar dividendos importantes para financiar campañas a congreso, presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Y aunque con total desparpajo y desvergüenza lo niegue, todos los hilos de una forma u otra conducen hacia la Ministra como explicaremos a continuación:

En plena adjudicación de la licitación, en diciembre 2 de 2020, se descubrió que el abogado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES INRED) era Camilo Ernesto Valencia Suescún, quien era simultáneamente asesor jurídico especializado contratado por el FONTIC y adscrito al despacho de la ministra Abudinen y con un contrato de asesoría con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El escándalo ante tal conflicto de intereses llevó a que el lunes 7 de diciembre la ministra se viera forzada a la suspensión del proceso de licitación pero solo por dos días, pues el miércoles 9 de diciembre el proceso de adjudicación se retomó como si nada hubiese pasado.

Entre los 10 consorcios o uniones temporales participantes, en las que tenían representación 25 empresas, una particularmente, por su falta absoluta de experiencia en el objeto de contratación, llamó la atención: la Unión Temporal Centros Poblados, la que además no acreditaba capacidad ni técnica ni financiera lo que poco importó a la Ministra Abudinen.

Del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados hace parte, con un 35% de participación, la empresa Intec de la Costa SAS con domicilio en la ciudad de origen de la ministra (Barranquilla) y dedicada a la construcción de infraestructura vial y ferroviaria y a la fabricación de muebles, firma esta que en 2018 se vio envuelta en un caso de corrupción por un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar.

Finalmente y contra toda lógica y pronóstico el 50%, del contrato de 2.1 billones de pesos (1,07 billones) le fue adjudicado a la UT Centros Poblados, adjudicación que Abudinen respaldó ante medios afirmando que todo estaría bien y que los niños tendrían su conexión a internet.

De esta forma, Centros Poblados adquirió contractualmente la obligación de instalación de 7.277 centros digitales en la región B, integrada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Frente a los notorios incumplimientos del cronograma acordado puesto de presente en que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 solo se había ejecutado un 1% del contrato, se conoció que, a pesar del incumplimiento, a Centros Poblados se le había girado en febrero 10 de 2021 un anticipo del 7% del valor del contrato, es decir, unos 70.243 millones de pesos y se les había autorizado otro pago por 21 mil millones que el escándalo logró aguantar.

En pleno proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de lo pactado, una nueva situación anómala surgió cuando salió a relucir que las 3 pólizas o garantías bancarias (2020-1156-01002 – 2020-1156-01001 – 2020-1156-01003) que presentó la UT Centros Poblados para firmar el contrato y presuntamente adquiridas con el Banco Itau (por un valor de casi 146 mil millones) eran falsas,  situación que forzó al Ministerio a iniciar un proceso de caducidad del contrato 1043 de 2020 que concluyó en julio.

Curiosa y convenientemente ni el ministerio, ni la empresa especializada contratada por ese despacho (SES COLOMBIA) para revisar documentos y pólizas se percataron del gol que les estaba haciendo Centros Poblados con el propósito de garantizar su jugoso desembolso.

De los poco más de 70 mil millones girados al contratista incumplido, trascendió que a mediados del presente año un 82% (58 mil millones) fueron girados a una fiducia en Estados Unidos (Nouvo Security) mientras que el restante 18% (12 mil millones) fueron girados a la empresa INSELSA de Barranquilla.

Como corolario de la situación, quien representa jurídicamente los intereses de Centros Poblados es Jorge Pino Ricci, abogado de la Universidad Externado, especializado en derecho administrativo y conocido por su amistad con los primos Nule, tristemente famosos por escándalos de corrupción en Bogotá; por ser uno de ellos hermano de Katia Nule Marino, esposa de Alejandro Char, quien como alcalde los premió adjudicando a la empresa SIT Barranquilla el recaudo del hoy paralizado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla Transmetro, mientras la ciudad desenfrenada celebraba carnavales. Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule es uno de los socios de SIT Barranquilla.

Pero Pino Ricci, en defensa de Centros Poblados, señaló ante medios, que las pólizas las adquirieron de buena fe a través de un intermediario de nombre Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, contratado por INTEC de la Costa, y representante legal de CM Construcciones.

Curiosamente, esta última persona tuvo como su abogado en 2017 a Felipe De Viveros Arciniegas, quien es, desde 2018, alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura del MinTic y junto al ex viceministro de conectividad, Iván Mantilla, fue quien estructuró los pliegos de la licitación en la que se perdieron 70 mil millones.

Curioso, en un país tan, todos los caminos parecieran coincidir hacia el despacho de Karen Abudinen. Por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”, los rectores y docentes de Barranquilla deberían escoger mejor a sus “amistades”.

https://youtube.com/shorts/YUw5YUi36V0?feature=share

 

 

Docente responde enérgicamente a columna de Germán Vargas Llera en EL TIEMPO

Una durísima respuesta pública motivó la columna del jefe del partido Cambio Radical, GERMÁN VARGAS LLERAS luego de que a través del Diario EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto arremetiera contra FECODE y los educadores a través de una columna que tituló: «Recuperar la Educación Pública».

Transcribimos la respuesta tomada del muro de Facebook de su autor, el educador ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA

Doctor
GERMÁN VARGAS LLERAS
Político y candidato presidencial de oficio

Respetado señor.

Pregunta usted desde su columna del diario capitalino EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto ¿Qué razones poderosas mueven a FECODE para oponerse a la presencialidad? cuestionamiento que como un simple educador de base, y no como vocero o representante de FECODE o de alguna de sus filiales, quisiera entrar a responderle de manera pública. De antemano presento excusas si me excedo en la extensión de la respuesta, pero lo considero pertinente y necesario.

Sea lo primero entonces aclararle: los docentes no nos oponemos a la presencialidad como usted de manera simplista e imagino que malintencionada lo afirma. Nos oponemos, eso sí, a un retorno a instituciones cuya infraestructura no ofrece condiciones mínimas de bioseguridad y que por obvias razones no otorgan garantías para la vida y la salud a docentes, estudiantes y padres de familia.

La razón poderosa detrás de una oposición razonada es entonces nada más y nada menos que de rango constitucional y fundamental. Y es que juramos, al momento de tomar posesión formal de nuestros cargos, acatar y cumplir una constitución que establece el derecho a la vida como valor fundante de nuestro maltrecho (por ustedes, los políticos de profesión) estado social de derecho.

Aunque usted, intencionadamente lo olvide, el artículo 4 Superior señala que la constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre esta y normas de rango inferior (como la Resolución 777 y la Directiva Ministerial 05) debe aplicarse prevalentemente la norma superior. Adicionalmente en su artículo 6, nuestra carta de navegación señala que los servidores públicos «son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes… y por omisión… en el ejercicio de sus funciones».

De una vez me permito aclararle, que de «omisión… en el ejercicio de… funciones» públicas no puede, como sería su deseo, sindicársenos pues a pesar del gobierno y de sectores políticos oportunistas como el suyo, que siempre han degustado y pelechado de las mieles del poder, hemos seguido trabajando virtualmente hasta donde las herramientas, infraestructura y conectividad que el gobierno debería garantizar -y no de ahora- lo han permitido.

Pero antes de recordarle responsabilidades, si de buscar culpables se trata, permítame como docente y  no como abogado (que no lo soy) seguirlo ilustrando sobre las normas de índole, supralegal en las que se fundamenta nuestro disenso frente a preceptivas de rango inferior que amenazan la vida y que su partido avala y aplaude.

El artículo 49 constitucional, por ejemplo, coloca como deber de todas las personas, y los docentes lo somos aunque a usted desde su arribismo, elitismo y clasismo le genere incomodidad reconocerlo, «el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad», lo que haya perfecta concordancia con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 95 de la misma norma al fijarnos como obligación a los ciudadanos responder con «acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas».

Pero como quiera que usted podría alegar un conflicto entre los derechos a la salud y la vida y el derecho fundamental a la educación presencial, (del que no habla la Carta Política del 91 en su artículo 67), debo advertirle que tal situación la dirimió el propio constituyente del 91 al establecer en el artículo 44 Superior una categorización en la que figuran como derechos fundamentales de nuestros niños en su orden: la vida (1), la integridad física (2), la salud y la seguridad social (3) y, apenas en un octavo escalón, la educación y la cultura.

Aclarado lo anterior, debo expresarle que lo que sin duda si resulta «inaceptable» y una auténtica “desfachatez” es que sean precisamente personas como usted, que ostentó la condición de senador desde el 20 julio de 1994 hasta junio de 2008, de ministro de despacho, de vicepresidente y líder indiscutido de un partido que ha hecho parte de mayorías con peso político y capacidad de decisión, no sea quien empiece primero, y como correspondería, haciendo un mea culpa por omisiones que explican que la infraestructura escolar y hospitalaria, desnudadas por la pandemia, sean lo que lamentablemente son, cuando ni los docentes ni FECODE son quienes han gobernado y legislado en Colombia.

Es muy fácil desde la comodidad, desde los privilegios y desde imaginar que todos los colegios del país tienen una infraestructura similar a la de los países del primer mundo o a la de colegios tipo Nueva Granada o Los Nogales de Bogotá, salir -para no perder la costumbre de dar coscorrones y matonear- a atacar una vez más a los maestros como ya lo hizo cuando sin ninguna prueba e irresponsablemente cuestionó nuestra ética insinuando ante Darío Arismendi, en mayo de 2018, que como jurados electorales podíamos actuar deshonestamente.

Creo además, y a propósito de ética, decencia y honestidad, que es usted el que está en deuda con la sociedad y debe suministrar explicaciones por recoger y avalar desde su partido a personajes de dudosa reputación de los que la justicia y los medios han dado ya suficiente cuenta. En educación, desde donde sabemos que la mejor forma de educar y de liderar es el ejemplo, aún nos preguntamos ¿Por qué en toda la legislatura pasada y ostentando su partido la presidencia del senado, usted nunca cuestionó que este cuerpo colegiado, con mejores condiciones de bioseguridad que la de las escuelas públicas de Colombia no sesionara presencial y no virtualmente?

Sería muy pertinente, que usted, que cuestiona mediáticamente los paros que los educadores adelantamos, entre otras razones solicitando inversión en educación y denunciando la precaria infraestructura escolar, que el país político y la élite enquistada que se apropió del poder no alcanza a conocer desde su burbuja de cristal y su mundo rosa, respondiera por sus ejecutorias. ¿Dónde estaba usted como congresista mientras los actos legislativos 01/01 y 04/07 cercenaban los recursos de educación y salud para trasladarlos a la banca y a la guerra? ¿Dónde estuvo para ejercer control político mientras durante 27 años los gobiernos pasaban sin crear el Sistema Nacional de Educación Masiva de que trata el artículo 45 de la ley 115 de 1994, y luego derogaba el artículo 102 de la misma ley?

Los impactos sobre la educación no los genera la pandemia sino el virus de la corrupción contra el que usted nunca se pronuncia. La salud mental y física de los niños y los servicios de nutrición, protección y seguimiento del crecimiento y desarrollo han estado seriamente comprometidos desde hace bastante tiempo en territorios donde sus aliados y caciques electorales dominan alcaldías y gobernaciones desde hace décadas, por lo que carece de autoridad moral para rasgarse las vestiduras.

Le recuerdo igualmente, que las cifras de trabajo infantil han aumentado como resultado de la deserción escolar que genera la incapacidad del gobierno del que usted hace parte para proporcionarles a los niños y jóvenes herramientas tecnológicas y conectividad gratuita y, también, como fruto de la insensibilidad e incapacidad de bancadas como la suya para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas y evitar el despido de los padres de nuestros estudiantes; sin pasar por alto la negación de una renta básica, nada de lo cuál a ustedes los conmueve.

Debo clarificarle también, que mientras aún se nos considere ciudadanos y estén vigentes los artículos 86 y 40 (numeral 6) de la Constitución que usted desearía en su fuero interno que se derogara para reemplazarla por un legalizado estado antisocial de hecho, a los docentes, como sujetos, y no siervos, nos asiste el derecho de «interponer acciones públicas en defensa de la Constitución» y a los gobernantes el de actuar dentro de principios de autonomía, así se les amenace desde el totalitarismo con sanciones ejemplares que los envíen a sus casas en forma permanente, contrariando la carta de derechos de la OEA y sentencias de la CIDH.

Para su información el asunto del retorno a la presencialidad -y no porque manipuláramos el virus para que se generaran nuevas variantes tan peligrosas como Delta- no pasa ya solo por un proceso de vacunación, puesto ya en jaque en los países del primer mundo con mayores porcentajes de inmunización que el nuestro. Tampoco de su pobre concepto de bioseguridad escolar que desconoce, al igual que el gobierno, la transmisión por aerosoles y aspectos inexistentes en nuestras aulas como ventilación, renovación, filtración del aire y mediciones de CO2 para detectar cuando el oxígeno en recintos cerrados está viciado y representa un mayor riesgo de contagio.

Finalmente imagino que cuando usted habla de que lo que queremos es «arrodillar al Gobierno para obtener» prebendas y aumentos salariales, lo hace como una especie de mecanismo de proyección desde la experiencia y las prácticas deleznables que suelen usar los políticos para acceder a ministerios y pasar de la noche a la mañana de posturas críticas a aprobar proyectos a pupitrazos y a formar parte del ejecutivo.

De lo que se trata entonces Dr. Vargas Lleras, más que de «recuperar la educación pública», es de recuperar el país y la política para la decencia y la ética, propósito en el que sus prácticas históricas dan cuenta de no estar interesado. Espero haya valido la pena sacar este tiempo valioso para, de manera desinteresada, demostrarle que los docentes, en todos los espacios, siempre estamos en la disposición de educar.

Atentamente,

Lic. ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA
Miembro Colectivo Acción Ética Docente

Politiquería en aplicación de vacunas a docentes de Barranquilla

En Barranquilla, bajo el pretexto perfecto de un «piloto» de vacunación acaba de romperse el orden cronológico para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. De acuerdo a la normativa, en fase 3 debían aplicarse biológicos a la población priorizada, esto es quienes se encuentren entre los 50 y los 59 años y,  excepcionalmente, a personas menores a esos rangos con comorbilidades comprobadas. Seguir leyendo Politiquería en aplicación de vacunas a docentes de Barranquilla

Uribe: el pirómano de twitter que dirige fusiles contra indígenas y ciudadanía de Cali

De nuevo las órdenes genocidas fueron acatadas al pie de la letra. Twitter le creyó a Uribe Vélez que había sido un error inintencionado el estigmatizar y colocar bajo la mira al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) al «confundir» su bandera roja y verde, en un automóvil, con la rojinegra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Eran las 9:26 AM del 5 de mayo de 2021 cuando desde su cuenta que twitter Uribe lanzó una directriz velada a policías, militares y «civiles» armados (paramilitares) para que estos entendieran que los indígenas habían sido marcados como blanco legítimo u objetivo militar estratégico en función de quebrar la moral de los ciudadanos de Cali que no residen ni cuentan con los privilegios de la élite racista, violenta y excluyente del Sur

Y aunque, quizás advertido o conocedor de lo que sobrevendría en Cali, en términos de violencia para los indígenas integrantes de la Minga, Uribe intentó mostrar su trino como una equivocación que,  exculpándose, atribuyó según sus propias palabras a «algunos de mis ayudantes»,  todo su odio ya había sido dirigido y el daño era irreversible como lo constataron los ataques a bala de los que fueron objeto los pueblos originarios del Cauca en los días subsiguientes.

Poco antes, esta especie de personaje siniestro trazador de la violencia y de la muerte había ya direccionado otros lineamientos violentos a través de Twitter que se cumplieron al pie de la letra, como cuando por ejemplo el 30 de abril a las 8:51 AM instigó a policías y soldados a «utilizar sus armas» de lo que a la ligera catalogó como «acción criminal del terrorismo vandálico». La respuesta obediente a esta especie de licencia para matar no se hizo esperar y aún hoy no se detiene.

La incitación a la respuesta violenta que hoy desde todo el mundo y desde organizaciones de Derechos Humanos se cuestiona y condena se reiteró cuando de nuevo bajo la complicidad de Twitter el 3 de mayo a las 11:06 AM Uribe equiparó la legítima protesta social con lo que él denominó «terrorismo más grande de lo imaginado» y orientó que había que «Resistir Revolución Molecular Disipada», lo que equivale a una criminalizando de la protesta y a un llamado a combatir piedras con los fusiles de unas Fuerzas Armadas a las que llamó a «fortalecer» para no «anular su accionar legítimo».

No contento con azuzar a policías y militares y buscando escalar el conflicto y enfrentar a civiles protestantes contra «civiles» armados, el mismo 3 de mayo pero a las 8:11 de la noche Uribe volvió a trinar «advirtiendo», antes de que efectivamente ocurriera, que entre residentes del exclusivo sector de Ciudad Jardín podrían presentarse una reorganización paramilitar, cuando habló de «Reacciones armadas… por hechos vandálicos y por bloqueos de movilizaciones… que puede generalizar la acción privada… que Colombia había superado con el desmonte paramilitar»

En ese mismo día (3 de mayo), pero un poco más tarde (9:12 PM) el expresidiario Uribe volvió a insistir en el tema de los «civiles armados», señalando que la «criminalidad no puede derrotar a nuestras instituciones ni destruir a nuestro sector privado» y arengando a la «cooperación… efectiva de ciudadanía sin armas con las Fuerzas Armadas institucionales.»

Casi que de manera automática, o más bien concertada, la comunidad del barrio al que aludió Uribe hizo una manifestación resguardada por la policía en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde amenazaron con quemar el claustro de formación superior (1); una de las damas de la alta sociedad agredió a una estudiante que la filmaba con un palo de Golf sin que la policía interviniera ni la capturara (2) y dónde un presunto edil del Centro Democrático de nombre Carlos Andrés Betancourt amenazó con 25 mil armas, amenaza que se ha concretado en las últimas horas con disparos efectuados por civiles desde carros de alta gama contra los integrantes de la Minga demostrando que los ricos también matan.

A pesar de la presionada disculpa que Uribe debió ofrecer al CRIC, en la noche de ese mismo 5 de mayo (9:32 PM) volvió a demandar «autoridad contra los violentos» (realmente autoritarismo) llamando a no confundir «protesta social legítima con vándalo-terrorismo», lo que volvió a dejar en evidencia su intencionalidad macabra de colocar una lápida sobre los manifestantes, habida cuenta las características radicales, fanáticas y violentas de quienes se identifican con la opción política guerrerista y violenta del Centro Democrático.

Pero como a si toda su narrativa violenta e incendiaria no le hubiesen bastado los ataques contra los indígenas perpetrados en la noche del sábado y antes le hubiese disgustado la respuesta pacífica y efectiva de la Guardia capturando a los responsables, Uribe este domingo 9 de mayo volvió a la carga con mayores niveles de beligerancia e intolerancia cuando a las 6:42 AM y tras episodios donde en video se ve a civiles atacando a los indígenas a bala con la complicidad y protección de policías, justificó la violencia paramilitar trinando sobre el «derecho de los colombianos a vivir sin bloqueos y sin violencia» como «no…  negociable» y solo conquistable con mayores dosis de «AUTORIDAD» administrada a través de las balas.

Y como para despejar dudas de que sus trinos se refieren o van dirigidos específicamente contra integrantes de la comunidad indígena del Cauca, el mismo 9 de mayo sobre las 11:07 AM Uribe trinó que «cualquier persona puede ir a Cali; pero es inadmisible que lleguen a promover violencia, saqueos y bloqueos que afectan la salud, a los ciudadanos y a sus bienes…» en clara alusión e invitación a expulsar por cualquier miedo o miedo, vivos o muertos, a los indígenas caucanos.

Dentro de su apología a la violencia ejercida contra población especialmente protegida y como justificante para la misma,  a las 3:05 de nuevo volvió a arremeter colocando a los victimarios de armas automáticas como víctimas, sin serlo, al mentir y señalar que “ciudadanos (que) se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos», y solicitando a los hombres armados bajo su mando que «desmonten bloqueos…».

La prueba reina del malintencionado y criminal ensañamiento de Uribe Vélez y de sus hombres contra las comunidades indígenas está dado, además por dos videos compartidos este domingo desde su trinchera de Twitter, uno de los cuales, el de las 5:13 PM, señala a los indígenas de «bandoleros que han llegado a reforzar el vandalismo interno» y sobre los que demanda ejercer, una vez más «autoridad» (autoritarismo).

Dos horas después (7:15 PM) Uribe, único responsable de los ataques y muertes que se produzcan entre los indígenas a manos de policías, ejército y sus civiles ricos armados (paramilitares), quienes expresan a la perfección sus tesis aporofóbicas y de odio de la clase pudiente hacia los parias de la sociedad,  volvió a trinar para infundir o inocular más odio hacia quienes despectiva y racistamente tildó de «hordas de terroristas que han invadido la ciudad (Cali)»

Una recopilación de videos muestra las acciones armadas de la élite caleña, indetectable como los paramilitares, para unas autoridades a las que no les interesa individualizarlos y ponerlos a disposición de la justicia

La realidad de la filtración del audio de Gustavo Petro

Tomado de Cuarto de Hora

Por Rosalba Alarcón Peña / mayo 8, 2021

El miércoles en la noche, Gustavo Petro fue invitado el grupo DEFENDAMOS LA PAZ el cual es conformado por personalidades reconocidas como Laura Gil, Iván Cepeda, líderes de opinión, liberales independientes, etc., donde se tenía también como invitado representante del comité del paro, el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.

En ese evento, Cuarto de hora pudo conocer que se dialogó de lo que se venía presentando a lo largo de las protestas que iniciaron el 28 de abril y que se han prolongado por más de 10 días en todo el país, para lograr puntos de consenso.

En el audio de una reunión privada donde uno de los asistentes grabó la intervención del senador Gustavo Petro, sacó solo un fragmento de forma descontextualizada y con el fin de perjudicar la imagen de Petro, frente a su posición en el paro y los pasos que este debía seguir, siempre en la misma premisa de que sea el gobierno quien hable primero con el pueblo, con los representantes del Comité del Paro y no sentarse con actores políticos.

Cuarto de hora pudo establecer que dicho audio fue difundido por Aurelio Suarez en la emisora Blu Radio, donde ejerce como columnistas del programa matinal, vale recordar Suarez hace parte del nuevo partido político DIGNIDAD, antes conocidos en el Polo Democrático como el MOIR, quienes han presentado dicho audio de forma manipulada.

Audio totalmente descontextualizado y difundido de mala fe, con tal de enlodar a Gustavo Petro, aseguran uno de los asistentes quien prefiere no sea citado, el senador ha guardado silencio y tomando distancia para que el objetivo del paro nacional siga siendo de la sociedad.

Cuarto de Hora confirma que, en dicha reunión, Petro jamás pidió que se suspenda el paro, por ese hecho, el viernes en la tarde, Laura Gil publica un comunicado aclarando lo sucedido, al considerar una falta de respeto de quienes asistieron a la reunión para grabar y publicar sin ningún consentimiento el evento de carácter privado.

Por el momento, Gustavo Petro ha señalado en una entrevista para CNN en español, que el gobierno debe dialogar y buscar acuerdos es con el comité del paro y no con figuras políticas.

Fuente Cuarto de Hora

Sobre el autor
Rosalba Alarcón Peña
Rosalba Alarcón Peña/ colombiana, periodista venezolana, colaboradora en diferentes medios internacionales de forma crítica y equilibrada, para darle libertad a la verdad. El conflicto interno que vive su país natal, hizo que se dedicara a escribir sobre los procesos de paz.

Medios, comunicadores y mentiras

A la protesta social se le ha dado tratamiento de guerra por parte del paraestablecimiento y en toda guerra la primera víctima siempre es la verdad. Por eso el general Zapateiro en el discurso a sus tropas en una cancha en Cali, sin pudor alguno señalaba, que a pesar de estar el aeropuerto Bonilla Aragón cerrado para vuelos comerciales, iba a poner un avión para llevar a su desigual y cobarde «campo de operaciones» a periodistas de RCN y CARACOL y que estos “transmitieran”, pero a su acomodo, su «heroica» gesta.

Seguir leyendo Medios, comunicadores y mentiras

Uribe el «PARAnoico» y su «revolución molecular disipada»

Psiquiátricamente resulta un tanto complejo caracterizar a Uribe. Por momentos pareciera padecer una especie de disociación psicótica que lo hace perder contacto con la realidad y en otros momentos adopta comportamientos propios de una suerte de paranoia,  en las que son prevalentes ideas absurdas y obsesivas y temores infundados y sin sustento en el mundo real.

Seguir leyendo Uribe el «PARAnoico» y su «revolución molecular disipada»

Uribe y Duque: sepultureros del Estado Social de Derecho

La Constitución Política de 1991 ha sido derogada y no por las vías del derecho, esto es, a través de una asamblea nacional constituyente, sino a través de las vías de hecho, es decir, de facto y por un sector del país político absolutamente contrario y enemigo abiertamente declarado de su espíritu. Los derechos y garantías ciudadanas han sido proscritos y con ellos el Estado Social de Derecho ha sido aniquilado y sustituido por el Estado Antisocial de Hecho.

Ya había ocurrido con la Constitución de Rionegro, de corte liberal y progresista, que no satisfizo y antes amenazó, aunque con distintos protagonistas, privilegios de sectores de religiosos, de terratenientes, militares y miembros del partido conservador. La revolucionaria Constitución de 1863 originó una reacción y guerras propiciadas desde los sectores reaccionarios y retardatarios quienes a través de una combinación de difamación, miedo y violencia lograron imponer su modelo de sociedad y de estado en 1886.

Con la derogación en ese entonces de la constitución de mediados del siglo XIX se reimplantó, como ahora, la pena de muerte hasta casi la segunda mitad del siglo XX y se impuso una visión de estado y de sociedad centralista, clerical, autoritaria y tan proclive al mantenimiento del statu quo que logró con no más de 70 reformas superficiales y apelando cada vez que lo consideró necesario a prácticas violentas, sobrevivir durante poco más de un siglo.

A este modelo de estado y de sociedad caduco y anacrónico se opuso la progresista Constitución Política de 1991, que volvió a colocar al ciudadano y no a Dios como centro de la preocupación y del accionar del estado y de sus agentes, dentro del claro objetivo de concreción de un ideal de justicia social, que de nuevo generó prevenciones y miedos entre la minoría privilegiada del país.

LEER TAMBIÉN: ¿No es necesaria hoy una Asamblea Nacional Constituyente?

Y si bien el tiro de gracia a la  Constitucióndel 91 se da bajo el gobierno del deleznable presidente impuesto por esa mezcla entre Núñez y el «monstruo»  Gómez Castro que es Álvaro Uribe Vélez, lo cierto es que la reacción y los intentos por desfigurar a la carta de navegación promulgada el 4 de julio de 1991 comenzaron desde bien temprano, pues la misma al no abordar el tema económico, como ha debido hacerlo, nació a la vida pública con una contradicción que desde su nacimiento la condenaba: la incompatibilidad entre el ideal de realizar un estado en el que lo social y no lo normativo fuese primero y un modelo económico neoliberal que apuntaba en una dirección absolutamente contraria.

En concordancia con ese espíritu neoliberal privatizador y despojador de derechos, poco antes de la promulgación de la Carta del 91 ya la ley 50/90 cercenaba garantías a los trabajadores. Poco después de empezar a existir también otras normas como la ley 100/93 y la ley 142/94 apostaban por la consolidación de un estado que se desprendiera de sus responsabilidades y las dejara en manos de privados, con una concepción en la que no existen derechos sino negocios, cuyo único objetivo válido es el lucro aun a costas de sacrificar intereses de los ciudadanos.

Probablemente como producto de esa lucidez que tuvo en sus últimos años para identificar y confrontar al “régimen mafioso” que se apoderó de la política y a través de ésta del Estado, fue que Álvaro Gómez Hurtado de manera visionaria, pero infortunadamente incomprendida, planteó desde el carácter omnímodo de la constituyente que fuera esta y no el congreso quien se encargara de desarrollar legislativamente la carta política de 1991.

Inexplicablemente Gómez Hurtado no fue entendido ni escuchado y las consecuencias perfectamente predecibles del escenario que visionó   se materializaron. Entregarle para su desarrollo la Carta Política del 91 a un congreso integrado por los políticos del «régimen mafioso» resultó siendo el equivalente de colocar bajo la tutela y protección de Herodes al niño Jesús. Al mejor estilo paramilitar la Constitución de 1991 empezó a ser rápida y furiosamente desmembrada por los herederos ideológicos de quienes hicieron la Constitución de 1886.

LEER TAMBIÉN: El miedo infundado que nos inocularon hacia una Asamblea Constituyente

En los últimos 30 años la moribunda Constitución de 1991 no se ha aplicado como debería haberse hecho y su espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han deformado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia más de 52 modificaciones de fondo (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

Ahora con las medidas adoptadas por el uribismo (usando al gobierno de Duque) como las de proscribir los derechos y libertades de reunirse, a movilizarse,  a pensar, a participar y expresarse,  el acta de defunción está firmada. Como cuándo un familiar se apaga lentamente ante nuestros ojos o perece, nos negamos a aceptar una realidad evidente: La Constitución y con ella el Estado Social de Derecho, habían logrado sobrevivir maltrechos durante casi 30 años, pero como muchos de los jóvenes de nuestro país, ahora sí han sido definitivamente asesinados. Y aunque los aliados verdes del uribismo se opongan, hay que desde el poder constituyente abordar la confección, como en Chile, de una nueva constitución en los que no haya temas vedados ni privilegios y privilegiados intocables