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Locura: Los rusos están detrás de protestas en Colombia dice Vicepresidente

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Cómo si los problemas del gobierno colombiano no fueran ya bastantes y complejos, un audio donde la vicepresidente de Colombia, Martha Lucía Ramírez, culpa al gobierno ruso de estar detrás de las protestas en Colombia se filtró en las últimas horas.

En el video grabado con un celular en una reunión privada sostenida por la dirigente política se escucha a Ramírez reconocer que las protestas en Colombia se deben a la inconformidad social, no obstante lo cual señaló que detrás de las mismas hay intereses internacionales, señalando a Venezuela del proceso de desestabilización pero agregando esta vez a los rusos quienes desde plataformas estarían alentando lo que ocurre desde el 21 de noviembre.

Antes de que se conociera el vídeo había surgido un audio de cuya autenticidad se dudaba y que reproducimos en esta página.

El indelicado y falto de tacto comentario se agrega al escándalo reciente propiciado por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quién también en una conversación privada sostenida con la nueva Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, se refirió en términos inapropiados a importantes funcionarios de la Casa Blanca.

El comentario de Ramírez soporta varias de las críticas que se le hicieron ayer a la doctrina militar colombiana señalando que ésta aún se movía bajo la lógica de la guerra fría y de la existencia de un enemigo interno a derrotar (proclive a los intereses soviéticos), lo cual carece de todo sentido tras el derrumbe de la URSS y la caída del muro de Berlín.

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El pronunciamiento de Ramírez contradice los planteamientos del senador Álvaro Uribe Vélez quién antes había responsabilizado del paro al “Foro de Sao Paulo”. Muy seguramente el poco inteligente comentario de la vicepresidente generará reacciones y una nota de protesta por parte de la portavoz de la Cancillería Rusa, señora María Zajárova

¿Ley para regular y esconder la desigualdad e inconformidad social en lugar de superarla?

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Juan Diego Gómez Jiménez es el senador del partido Conservador salido de lo más recalcitrante de la gran caverna paisa a quien se le ocurrió la “genial idea” de -en lugar de legislar para superar la desigualdad que genera inconformidad y protestas en el país- presentar un proyecto de ley para regular (realmente esconder) o proscribir a través del terror, toda forma de protesta social.

Con todos los visos de arbitrariedad típicos de su partido y una marcada inconstitucionalidad de salida, el proyecto de ley estatutaria persigue minimizar o acallar las voces que se alzan contra las medidas impopulares que adopta un gobierno, un congreso y unos partidos políticos con imágenes negativas o desfavorables ante la ciudadanía del 78%, 84% y 86% (Fuente: YanHaas)

El texto que según se anunció
será radicado en las próximas horas en el Congreso establece entre otras cosas la prohibición de cubrirse el rostro, lo cual en la mayoría de los casos hacen los participantes para protegerse de la acción de los gases y para evitar ser fotografiados, en un país en el que como se recordará, han habido recientemente cientos de opositores al gobierno asesinados y dónde los miembros del extinto DAS vendían fotografías e información de inteligencia que le facilitaba a los paramilitares perpetrar sus crimenes.

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Mientras la fuerza pública actúa, cómo se ha denunciado sin identificación visible que les facilita actuar con impunidad, quienes convoquen y marchen deben exponerse a que los identifiquen y a volverse un blanco más fácil para sus potenciales asesinos.

Del mismo modo se establece la prohibición, solo para los manifestantes, de usar elementos que puedan atentar contra la integridad física de otras personas y la veda de circular en espacios próximos a puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes catalogados como patrimonio cultural. Además, los manifestantes tampoco podrán expresarse a través de grafitis.

Cómo si los escándalos en los que ha estado incurso el ESMAD y que ha costado la vida de varias decenas de manifestantes no fueran suficientes, la ley autorizaría a la policía, el esmad y al ejército a usar pistolas taser lo que podría generar decesos en personas a las que no se les haya, por ejemplo, detectado insuficiencias cardíacas o que hayan sido previamente mojadas por las tanquetas. Tal disposición reviviría la polémica propuesta del hoy Embajador, Francisco Santos, de electrocutar a los manifestantes.

De resultar ilesos, quienes protesten podrían afrontar desde sanciones económicas  (5 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes) que engrosarían las arcas de la corrupción, hasta otras sanciones consistentes en prestar servicio social; pedir perdón público (abdicar de sus ideas); participar en campañas educativas; desarrollar limpieza de calles y bienes públicos afectados y perder beneficios educativos (Icetex, becas)

“Pesca milagrosa”, “falsos positivos” y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las “pescas milagrosas” (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de “falsos positivos” para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.

Asi, con represión, conmemoraron Duque y el ESMAD el 71 aniversario de la Declaración Universal de los DDHH

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No podía esperarse menos. El presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a impartir precisas instrucciones para que en el 71 aniversario de la expedición de de Declaración Universal de los Derechos Humanos sus protegidos del ESMAD volvieran a hacer de las suyas.

Con su característica crueldad, sadismo y desprecio por la integridad física de los ciudadanos, miembros del tenebroso escuadrón antidisturbios volvieron a arremeter contra manifestaciones pacíficas que se adelantaban en conmemoración por la fecha en el Centro de Memoria Histórica y en la Universidad Nacional.

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Disparando de nuevo el mismo tipo de munición con el que asesinaron por la espalda al estudiante Dilan Cruz, los miembros del ESMAD arremetieron contra estudiantes y contra integrantes del grupo Primera Línea que se constituyó con propósitos estrictamente defensivos de la integridad física de los manifestantes.

IMG_20191206_175814Foto del daño que ocasiona la munición disparada por el ESMAD (Archivo)

Bien temprano Duque había impartido también la orden de militarizar el Aeropuerto Internacional El Dorado en una clara muestra de criminalización y de tratamiento de guerra a la legítima protesta social y sin indicar si los efectivos del ejército tienen o no la orden de disparar contra quienes porten carteles que alerten a los visitantes extranjeros sobre la violación permanente de derechos humanos que promueve un gobierno con un 78% de imagen negativa o desfavorable según la última medición de la encuestadora Yanhas.

 

Reflexiones de Gustavo Petro sobre la movilización ciudadana

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En un hilo de twitter, el senador Gustavo Petro hizo una serie de reflexiones sobre la movilización ciudadana que bien merecen por lo pertinentes ser recogidas, analizadas y discutidas de manera pública por las ciudadanías. Estas son sus reflexiones:

“El comité del paro siguiendo la costumbre sindical creyó que se trataba de rechazar unas políticas anunciadas por gremios o por funcionarios públicos.

La gente en la calle lo está por realidades que ya vive. La gente está en la calle porque ya descubrió que sus ahorros en fondos privados no le darán pensión, que los servicios de salud no mejorarán, los jóvenes en la calle saben que no hay universidad pública para ellos.

La clase media sabe ya que no tendrá estabilidad laboral. A la gente ya le quitaron la opción de la Paz que llenaba de esperanza. No son amenazas futuras, son realidades actuales y vividas que la gente rechaza y la lleva a la movilización.

Por eso la agenda de peticiones cambia sustancialmente. No es el rechazo a un holding futuro. Es la petición de cambios de leyes existentes desde hace décadas que vulneran derechos fundamentales.

Cuando la gente quiere pensión hablamos de una reforma a la ley 100. Cuando la gente quiere estabilidad laboral hablamos de una reforma a la ley 50 y el fin del contrato civil y de corto plazo que reemplaza el contrato laboral.

Cuando hablamos de educación superior pública y gratuita para todos, hablamos de la reforma a la ley 30.
Cuando hablamos de la Paz, hablamos del respeto a los acuerdos ya firmados y de la continuación de la negociación con el ELN.

La agenda que la gente pide en las calles es una superación de las leyes neoliberales que conculcaron los derechos de la gente desde finales del siglo XX, que contrarreformaron la Constitucion del 91. Es volver al espíritu democrático y progresista del constituyente del 91.

Esto es mucho más ambicioso políticamente que el pliego sindical. Por eso hay que evitar un fracaso. Si la gente se desilusiona por una conducción del movimiento llevada a formulas sindicales tradicionales y fragmentadas, lo que vendrá es apatía y la ofensiva de extrema derecha

El movimiento debe escalar el año entrante en todas las áreas urbanas sumadas a la nueva agenda agraria de protección al campesinado y el paro agrario. Los comités de paro deben conformarse con delegaciones elegidas por asambleas territorio por territorio.

O Duque negocia la superación del neoliberalismo en Colombia y restablece la garantía de derechos que ordenó la Constitución del 91, o la ciudadanía la impondrá, como en Bolivia, en las urnas electorales que definirán el poder en Colombia”

Aquí el trino

¿No es necesaria hoy una Asamblea Nacional Constituyente?

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Muchos afirman que no es necesaria la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente pues lo que se debe hacer no es hacer una nueva Constitución o modificar la vigente, sino aplicar la del 91. Pierden de vista un pequeño detalle: En 28 años no se ha aplicado cómo se debería la Constitución actual. De hecho, su Espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han desfigurado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia 52 modificaciones (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

La intención del Constituyente del 91 fue buena: Sentar las bases para la construcción de un Estado Social de Derecho, es decir, de un modelo de organización en los que tanto el Estado como el derecho se colocan al servicio de lo social, esto es, de las reivindicaciones de los ciudadanos y no al contrario.

Sin embargo, los Constituyentes del 91 cometieron un grave error al no escuchar a Álvaro Gómez Hurtado cuando quiso abrir la discusión sobre el carácter de omnímoda de la Asamblea, esto es, su poder absoluto y sin límites para acometer en el tiempo que fuera necesario los cambios estructurales y/o de fondo que el país requería para dejar atrás el régimen mafioso que en Colombia había coptado casi todo, incluida la política.

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En lugar de ello los constituyentes del 91 optaron por dejar el desarrollo y/o la reglamentación de la reciente constitución en manos de la misma clase política tradicional agrupada en el congreso. Craso error que a manera simbólica podría equipararse a algo así como entregarle un hijo recién nacido a Herodes para que lo cuidara y fortaleciera.

La reglamentación de la norma marco, en manos de los 6 o 7 congresos que sobrevinieron, no se hizo o se hizo al acomodo de los poderosos de siempre. De esa forma el Estado Social de Derecho se redujo a una declaración formal que jamás encontró correspondencia con el sentir de los intérpretes de otro modelo de organización opuesto: El Estado Antisocial de Hecho (Neoliberal)

Tal modelo, contrario al aprobado en el texto constitucional de 1991, se expresa, por ejemplo, en la reforma a los artículos 356 y 357 para raponearle recursos a la educación y a lo social y destinarlos a la guerra o a los banqueros o las sucesivas y lesivas reformas laborales que nada tienen que ver con lo consignado en el artículo 53 Superior.

Pero más allá de lo anterior y por razones hasta entendibles hubo temas vedados para los constituyentes y para la Constitución del 91. Por ejemplo, no se abordó el tema económico en aspectos tan puntuales y relevantes como la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra y otros más, aún hoy bastantes sensibles. Esos temas y la recuperación de gran parte del sentido (espíritu) perdido de la Constitución de 1991 bien valdría la pena que sean retomados, profundizados y blindados en un nuevo proceso constituyente.

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La clase política actual y el congreso han dado ya muestras suficientes y fehacientes de no querer autoregularse y transformarse. También de no legislar para el país nacional (no político) sino para intereses mezquinos del minoritario país político. Han demostrado que no les interesa en lo más mínimo y como poder constituido lo que diga, sienta y piense el poder que los constituye o constituyente primario y mucho menos auscultarlo.

De hecho desprecian y le temen al poder primario. A tal punto, que a través de interpuestas personas hicieron firmar sobre mármol a un candidato presidencial como Gustavo Petro que se comprometía a no convocar al soberano para reasumir la soberanía que le es propia y que sólo delega temporalmente en representantes cuyo poder no es absoluto; mucho menos dentro de un modelo de democracia participativa y no representativa como la pre-constituyente.