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¿Educación virtual para revictimizar a nuestros jóvenes?

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El COVID-19 trajo consigo un cambio drástico e inesperado del acto educativo. De la noche a la mañana y sin que conceptual y hasta emocionalmente estuviésemos preparados para ello, hubo la necesidad de hacer un tránsito de un modelo de educación presencial a uno de educación virtual. Un salto de una concepción sincrónica a una asincrónica.

Sin darse el tiempo para repensar el proceso educativo y reconceptualizarlo, a las instituciones de educación superior les tocó asumir el reto de primeros -y atribuyamos a ello la forma poco responsable- sin pensar en las variables de las nuevas circunstancias en las que intentan rehacerse múltiples procesos dentro de la sociedad. El ser está en crisis y la institución superior, obligada misionalmente a hacer esta lectura y a adaptarse rápidamente para responder asertivamente ante la crisis no lo está haciendo y antes está equivocando el camino.

El paso no podía ser asumido tan simplistamente como una oportunidad para, privilegiando los fríos números sobre lo humano, seguir haciendo lo mismo y simplemente cambiando los medios a través de los cuales hacerlo. Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) son algo más que clases a través de la internet y haciendo uso de herramientas tecnológicas. Cuándo ello no se tiene en cuenta, más allá que por la ausencia de contacto físico, la educación se deshumaniza. Los docentes de la educación virtual más que tener muchos conocimientos necesitan ser los más eficaces transmisores con calidad y calidez de lo que saben y ser, ante todo, humanistas.

Sí presencialmente ya resulta bastante complejo en las relaciones de tipo vertical que predominan en el proceso educativo que el ser sea para el docente inteligible en sus complejidades, problemas por resolver, intereses, expectativas, necesidades, miedos y frustraciones, con la mediación del celular y del portátil tal posibilidad se pierde aún más, por no decir que definitivamente. Quizás por ello, quienes han abordado como campo de estudio las nuevas formas de relacionarse en el acto educativo han entendido que es una necesidad imperiosa flexibilizar las formas de relación y transmisión y, mucho más, las de evaluación.

Lo central de la educación debería ser, y más en los tiempos que vivimos, no la medición y/o cuantificación del aprendizaje, la mayoría de las veces mediado con un alto grado o dosis de subjetividades, sino el crecimiento y desarrollo del ser en aspectos que sobrepasan lo estrictamente cognitivo y que también involucran lo ontológico y lo axiológico.

La crisis misma de la sociedad nos marca esta necesidad de reorientación de lo teleológico de la educación. A diferencia de lo que idealizaba Platón, en la sociedad occidental del siglo XXI los más preparados, instruidos y mejor evaluados, son en muchas ocasiones quienes más se apartan de la ética y del humanismo en sus prácticas en detrimento de la sociedad en su conjunto, lo que evidencia de alguna forma una suerte de crisis inocultable de nuestro sistema educativo en el propósito de formar seres humanos con altos niveles de empatía y humanidad.

Detrás de cada estudiante, que en tiempos de coronavirus se encuentra intentando desarrollar un proceso para el que no estaba preparado y que demanda otros complejos requerimientos, hay además un ser humano sufriendo en silencio los rigores del confinamiento, unas altas cargas de estrés e incertidumbre y múltiples frustraciones que pasan por lo económico, por lo social, por lo afectivo, por lo familiar y hasta por lo sicológico. Nuestros jóvenes, niños y niñas, al igual que todo el resto de la sociedad padecen lo impensado e inimaginado. La biología los victimiza. La educación no puede ni debe revictimizarlos sin estar dispuesta a asumir sus responsabilidades en términos de fracaso escolar y hasta de suicidio.

Por todo lo anterior, con toda modestia y sin propósitos de dogmatizar hay que decir, que vivimos los tiempos de necesidad de mayor humanización de la educación. La educación sí no se vuelve esencialmente humanista no merece ser llamada educación. Quizás, a lo máximo, sea solo una práctica sofista disfrazada de educación pero no educación con toda la connotación e Implicación de la palabra.

Y cuando hablamos de educación como humanismo, insistimos, hacemos referencia a un proceso que tiene como centro de sus preocupaciones al ser humano. La educación existe para el ser y no el ser para la educación. Esta debería ser un medio al servicio de las personas y no colocarse por encima de su razón de ser y de la gente para volverse un fin en sí mismo.

Ello significa, por ejemplo, que las didácticas, metodologías, modelos pedagógicos y formas de evaluación encuentran su razón de ser en lo concreto (el ser) y no por ejemplo en la abstracción numérica con la que, con grandes cargas de subjetividad, pretende evaluarse al ser. Así muchos piensen lo contrario, el sujeto, el cognoscente, es más importante que lo cognoscible.

Ojalá en algún momento la evaluación vuelva a ser conceptualizada con propósitos más diagnóstico que sancionatorio o, por qué no, que pueda ser abolida de tal forma que docentes y estudiantes puedan centrarse en enseñar y aprender, que es lo trascendente y no en las notas que son algo accidental. En la antigua Grecia ninguno de los que asistían a la Academia o al Liceo lo hacían pensando en una remuneración numérica (nota)

Tomado de Facebook. Autor Alberto Ortiz Saldarriaga

¿Ahora ocultarán los muertos por Covid 19?

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El 6 de abril la presión social impidió que el presidente se jugara su carta: El mal llamado “aislamiento inteligente”. Sin la evidencia fáctica no pudo hacer lo que a partir del 27 de abril y con la cómplice colaboración de los grandes medios masivos de comunicación hará: Levantar gradualmente el confinamiento y, aún con el peligro del virus en las calles para las personas, mandar a los pobres a trabajar para que los ricos no pierdan más dinero. Estos, cómo es obvio, supervisarán el experimento a la distancia y sin correr riesgo alguno.

Hasta ahora, lo que ha venido ocurriendo es una preparacion psicológica de la gente para que pierda el miedo y salga. La evidencia sigue siendo pobre. El retraso en la infornación y el subregistro son impresionantes y altos. Contagios y muertes ocurridos y de los que la gente se informa sólo son oficializados días después e incluso hay pruebas de fallecidos no reportados qué se practican postmortem.

A pesar de que se han descentralizado los analisis y que el número de pruebas diarias aplicadas y analizadas que se usan para los infornes diarios debería crecer, paradójicamente decrecen y con ello (y obvio que con la ayuda de una prensa dependiente que nada cuestiona y sirve solo de caja de resonancia) se vende una falsa sensación de seguridad y de que se está controlando la situación que no es más que un sofisma y una manipulación.

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Al mejor estilo del bachiller Macías, la “jugadita” no es aplanar la curva como se ha intentado en todo el mundo, practicando pruebas, detectando, aislando y tratando para evitar nuevos contagios, sino disminuyendo alterando la información para minimizar artificialmente las cifras reales. Y si son capaces de ocultar los contagiados y de retrasar deliberadamente el informarnos quienes han fallecido no nos quepa duda que sí los casos y las muertes se disparan, tratando de salvar intereses económicos antes que vidas, nos van a ocultar los muertos.

Los hospitales los manejan ellos. Las EPS que recibieron adelantadamente millonarios recursos que se embolsillaron también se sumarán a la ronda de la complicidad y ni qué decir de las entidades que deben registrar las defunciones. Todos los certificados establecerán como causas de las muertes por coronavirus “paro cardiorespiratorio” y así, a costa de quién sabe cuantas muertes que se ocultarán como ya se ocultaron miles de asesinatos, se perderán en el “tape tape” en los que los gobiernos colombianos son expertos a nivel mundial.

Ya ayer (14 de abril) el Minsalud, antes que Duque (7:29 PM) preparando el terreno habló de “aplanamiento de la curva de contagios” y de flexibilización del “aislamiento preventivo”

Sólo un poco después (8:09 PM) el propio presidente insistió en el “Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente” pues según él “muchos colombianos tienen que salir de sus casas por trabajo o para hacer diligencias” y este tipo de mensajes de optimismo infundado irán creciendo hasta, por la vía de la repeticón constante, convencernos de que es seguro (sin serlo) retornar a la “normalidad”.

Aquí no queda más que la construcción de una aplicación alimentada por una gran RED DE INFORMACIÓN CIUDADANA que, con participación esencial de médicos, enfermeras, familiares y vecinos, ayude a documentar y visibilizar los casos de contagio y de muertes que se produzcan y que devele día a día las cifras reales que el gobierno querrá ocultar y enterrar para no asumir responsabilidades sobre su irresponsabilidad mayúscula. Por cada colombiano que fallezca el gobierno deberá responder

¿Es Venezuela en verdad un narcoestado?

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El presidente de Colombia ha esgrimido entre las razones para no aceptar la ayuda ofrecida por Venezuela -a nivel de equipamiento para diagnosticar el coronavirus- el estigma del narcotráfico que Estados Unidos enarboló contra Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores.  Sin embargo, sin ningún pudor ni reparo Duque no sacó a relucir los mismos argumentos de pretendida moral ni rechazó ni antes ni mucho menos después de su elección la ayuda que le brindara el narcotraficante Ñeñe Hernández, asistente en primera fila a su ceremonia de posesión.

Es pertinente por tanto determinar si le asisten razones al presidente de Colombia no solo para despreciar la ayuda que podría significar salvar vidas de sus connacionales con base en las acusaciones de narcotráfico a su homólogo, sino también para facilitar desde su territorio y bajo los aplausos públicos de su Ministro de Defensa, una intervención militar norteamericana en Venezuela que, sin permiso del Senado o en su defecto del Consejo de Estado, violentaría no solo el artículo 173 Constitucional (numerales 4 y 5) sino también el artículo 9 Superior en lo que tiene que ver con “el respeto a la autodeterminación de los pueblos y… el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.”

Sin embargo ¿Qué tan cierta resulta la afirmación de que Venezuela es un narcoestado? “Los datos de monitoreo del tráfico de drogas del gobierno de EE. UU… sugieren que Venezuela no es un país de tránsito primario para la cocaína con destino a EE. UU…” como lo corrobora la información que provee la
Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) que para el Departamento de Defensa constituye la mejor fuente autorizada disponible de alta confianza para estimar el flujo conocido de drogas ilícitas.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) revela fundamentándose precisamente en datos recientes de la CCDB que “210 toneladas… de cocaína pasaron por Venezuela en 2018. En comparación, el Departamento de Estado informa que más de seis veces más cocaína (1.400 toneladas métricas) pasaron por Guatemala el mismo año” lo que revela la poca importancia de Venezuela en el tráfico de narcóticos. También se clarifica, que cerca “del 90 por ciento de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y el Pacífico… (y) no a través de los mares del Caribe Oriental de Venezuela”.

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Las cifras además muestran, que entre 2012 y 2017 mientras la producción de cocaína en Colombia crecía en un 269% pasando de 918 a 2478 toneladas, su tránsito a través de Venezuela disminuía porcentualmente de 159 (17% de la producción colombiana de 2012) a 249 toneladas (10% de la producción colombiana en 2017), cifra esta última que si se compara con la de 2018 para el país bolivariano representa una disminución de 39 toneladas (15%) y marca no un crecimiento sino un decrecimiento de la participación de Venezuela en el proceso de exportación (y no de producción) del alcaloide.

Contrario a lo que se afirma como pretexto para agredir mediáticamente a Venezuela y fondear una flota amenazante frente a sus costas a manera de un eficaz sofisma de distracción frente a la delicada situación que atraviesa la sociedad norteamericana con la pandemia del coronavirus, “según los datos de CCDB, la cantidad de cocaína que fluye a través de Venezuela cayó… de 2017 a 2018, y parecía continuar disminuyendo ligeramente hasta mediados de 2019”.

Sobre las acusaciones que Estados Unidos hace sobre el gobierno de Venezuela, una autoridad en la materia como el italiano Giuseppe Arlacchi, también conocido como Pino Arlacchi, quién es reconocido por sus estudios sobre la mafia y quien fuera Director General de la Oficina de Naciones Unidas en Viena y Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC u ODCCP) trinó en los siguientes términos:

Lo que queda en claro es quec acusar a Venezuela de ser un narcoestado es simplemente una excusa del tipo de la esgrimida por Estados Unidos cuando en 2003 sindicó a Irak de poseer armas de destrucción masiva como  justificación para invadirlo, eliminar a un gobernante incómodo para los intereses norteamericanos como Saddam Hussein y así apoderarse del gran botín que constituían las riquezas energéticas de ese país.

Puede leer el informe completo de WOLA desde el siguiente enlace:

https://www.wola.org/analysis/beyond-the-narco-state-narrative-what-u-s-drug-trade-monitoring-data-says-about-venezuela

¿Duque declarará guerra a Venezuela pasando por encima del Senado?

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Cómo si Colombia no tuviera ya suficientes problemas, al parecer, Iván Duque Márquez, ha decidido de manera unilateral e irresponsable jugar, y esta vez no con un inofensivo balón como acostumbra hacerlo cuando decide usar la cabeza, sino con la posibilidad real y cierta de una guerra con Venezuela.

Actuando como un auténtico dictador y aprovechándose de la coyuntura que vive el país, Duque habría decidido desconocer la Constitución en su artículo 173, numerales 4 y 5, y, pasando por encima de la autorización que debe darle el Senado de la República, hacerle el juego a Donald Trump y permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, lo que, de producirse una agresión, puede ser interpretado además, y con razón, como una auténtica declaratoria de guerra.

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¿Pero qué puede pasar por la cabeza de un presidente para en plena pandemia prestarse a la locura de una guerra contra una nación hermana que se sabría cómo comienza pero no cómo termina? Quizás la idea sea congraciarse con Trump o salvar el propio pellejo pues, aún cuando bajo la excusa de la lucha frontal contra el narcotráfico es que se amenaza a Maduro, lo cierto es que la inteligencia norteamericana sabe de sobra, y por información satelital, de dónde en verdad sale la cocaína de Suramérica y quienes son los que hoy controlan el negocio que en otro tiempo dirigió Pablo Escobar.

Lo cierto es que ya, de producirse un ataque norteamericano contra Venezuela, esta interpretaría que Colombia participó del mismo, tras los vídeos que (ciertos o no) muestran desembarcos de tropas helitransportados y el sobrevuelo de aeronaves en Cúcuta y Riohacha, además del reconocimiento de altos mandos militares que ya admitieron la realización de ejercicios conjuntos (navales) y de prácticas de efectivos del ejército supuestamente de unidades militares antinarcóticos en Cúcuta, cuando el epicentro de producción, procesamiento y distribución de narcóticos no es precisamente el oriente (entiéndase la frontera con Venezuela) sino el occidente del país.

Cómo participe directo o como distractor, lo cierto es que las Fuerzas Armadas deberían mantenerse al margen de cualquier intención bélica del gobierno estadounidense contra Venezuela y que, además, debería emitirse un pronunciamiento del gobierno colombiano desestimando y rechazando cualquier procedimiento militar en la región 

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Sobre esta auténtica locura hay que acotar, que aún sí una operación militar contra Maduro resultase exitosa y rápida, como seguramente se lo han prometido a Duque, nada garantizaría que no exista una respuesta de la FANB que podría ocasionar serios daños a infraestructura estratégica en Colombia, pues ya de hace tiempo dirigentes venezolanos han manifestado tener establecidos blancos que dejarían a nuestra nación sin infraestructura básica en términos de puentes, puertos, aeropuertos, acueductos y plantas de generación de energía eléctrica.

A más de lo anterior y de acuerdo a experiencias cercanas como las de Irak y Libia, el derrocamiento de Maduro generaría caos e inestabilidad en el vecino país y probablemente un multiplicado flujo migratorio que haría inviable nuestra economía y dificultaría aún más un control efectivo de una pandemia que ni el propio Estados Unidos ha logrado controlar en su territorio.

Interceptaciones al narcotraficante ´Ñeñe´ Hernández destapan compra de votos para Duque por orden de Uribe

`Ñeñe´ también dice en sus conversaciones que se robó el dinero destinado a la compra de votos para Germán Vargas Lleras en Valledupar. “Cien y pico de millones”, asegura. 

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Por GONZALO GUILLÉN para @lanuevaprensaco (Publicamos mientras nuestros colegas subsanan inconvenientes con servidor)

Una investigación de la Fiscalía General de Colombia, abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla atribuido al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ´Ñeñe´, captó circunstancialmente conversaciones de este en las que dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe.

1Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales.

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´Ñeñe´ Hernández fue asesinado en mayo pasado en Uberaba, estado de Mina Gerais (Brasil), en circunstancias imprecisas que han sido presentadas como un intento de robo. ´Ñeñe´, de acuerdo con autoridades colombianas y de Estados Unidos, era socio del narcotraficante y asesino Marcos Figueroa, hoy preso en Colombia y en juicio. Una vez se conoció la muerte de ¨Ñeñe´, Uribe Vélez fue el primero en Colombia en deplorar el hecho.

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Los bienes del difunto narcotraficante ´Ñeñe´ Hernández, valorados por la DIJIN en más de dos millones de millones de pesos colombianos, fueron incautados en junio pasado y entraron en un proceso de extinción del dominio.

Los materiales probatorios de fraude electoral están entre miles de llamadas intervenidas por petición de la Fiscalía General de la Nación en el caso del homicidio, pero nunca han sido judicializados respecto de la compra de votos, a pesar de que fueron examinadas y separados por analistas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, que reposan en poder de este periodista.

`Ñeñe´ Hernández fue uno de los principales invitados de Iván Duque en los actos de posesión del 7 de agosto de 2018. Tuvo una silla con mejor ubicación que los magistrados de las altas cortes. La estrecha amistad de ese narcotraficante con Iván Duque fue documentada por el periodista Julián Martínez en su programa en línea Revelados.

Por otra parte, en una de las grabaciones de las conversaciones se oye cuando ´Ñeñe´ revela que también robó dineros que eran para comprarle votos en la costa norte a Germán Vargas Lleras en la primera vuelta y, al parecer, los destinó a comprárselos a Duque en la segunda vuelta electoral.

En efecto, en conversación con una persona llamada “Priscilla”, el narcotraficante `Ñeñe´, dice:

“Póngale Cuidado, nosotros en las pasadas nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas en estas otras no la vamos a tener, ¿usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos qué hubiera pasado en el Valle [Valledupar]?”.

En las conversaciones de `Ñeñe` Hernández con Priscilla dejan saber que son más de mil millones de pesos lo concerniente a una entrega de dinero y él explica que es el encargado de conseguir empresarios para comprometerlos con la compra de votos para Iván Duque. Esos mil millones de pesos Priscilla, al parecer, los recibió de alguien llamado Mauricio.

4Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales.

Las grabaciones de la DIJIN para la Fiscalía General también pusieron al descubierto que un fiscal, llamado Ricardo Bejarano Beltrán, se mantenía en contacto con `Ñeñe´ Hernández, le avisaba sobre las diligencias reservadas que la Fiscalía adelantaba en su contra y le advertía también cuándo sus comunicaciones estaban intervenidas. Bejarano Beltrán tiene 26 investigaciones penales en la propia Fiscalía General por delitos como Prevaricato por acción, contra la administración pública, amenazas, lesiones personales, contra la integridad moral y cohecho. Todos los casos se encuentran congelados.

5Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales.

El caso del homicidio en el que aparecieron circunstancialmente las pruebas sobre compra de votos para Iván Duque se refiere a la muerte de Óscar Rodríguez, un joven a quien sicarios confundieron con su padre, el sastre Carlos Rodríguez Gómez, quien acababa de regresar a Colombia al cabo de pagar una pena por lavado de activos en Estados Unidos.

Rodríguez Gómez le cobró a ´Ñeñe´ una vieja deuda de $1.000 millones y, para no pagársela, decidió asesinarlo con sicarios de su socio Marcos Figueroa. Pero los asesinos lo confundieron con el hijo.

“Me equivoqué porque el papá del pelao iba siempre en ese carro y ese día cambió (…); por esa equivocación no me pagaron la vuelta, solo me dieron los viáticos, me dieron de anticipo $3 millones en Bogotá, una semana antes de llegar acá [Barranquilla]”, declaró el sicario confeso Diego Acuña.

El abogado de la parte civil en el caso del joven asesinado, el penalista Miguel Ángel del Río, en diálogo con La Nueva Prensa, expresó su seguridad de que el caso está paralizado y ha sido entorpecido debido a los altos intereses criminales que existen alrededor de ´Ñeñe´ Hernández y sus relaciones políticas corruptas:

“Para este abogado las presentes grabaciones materializan por una parte, la ilegitimidad de este gobierno que se valió de un hampón para ganar las elecciones presidenciales en la guajira. Y, por otra parte, legitiman la razones por las cuales el proceso por el asesinato de Óscar Eduardo Rodriguez, que involucraban al Ñeñe hernandez y Marquitos Figueroa, no ha encontrado justicia y la desnudan la connivencia entre el fiscal Ricardo Bejarano y el ñeñe Hernandez en dicha actuación penal”.

¿Narcoestado? Hablemos de Ituango, La Macarena y Guasca

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Cualquier observador desprevenido no encontraría nada en común entre tres espacios geográficos de Colombia distantes entre si como Ituango (Antioquía), La Macarena (Meta) y Guasca (Cundinamarca). Sin embargo, los tres puntos tienen varios denominadores en común: Ausencia deliberada u orientada de la presencia del estado; inoperancia de la justicia, control impune del territorio por parte la mafia y extensión avanzada de las áreas donde reina la economía ilegal y los grupos al margen (o quizás bajo el amparo) de la ley.

Lo de Ituango pareciera una narración propia del realismo mágico de García Márquez. Historias de abusos del poderoso hacia el débil que se repiten sin que nadie intervenga para evitarlo. Amenazas, desplazamiento y muerte con propósitos de apoderamiento del territorio para colocarlo al servicio de una mafia que cada vez se devela más como el verdadero poder y gobierno en el país.

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No hay justicia para las 800 personas de más de 300 familias desplazados forzadamente de veredas cercanas al casco urbano de Ituango a manos presuntamente de estructuras armadas indestructibles y con la capacidad de renovarse y hacerse invisibles para las autoridades de la Séptima División del Ejército Nacional. Convenientemente entre las familias desplazadas se cuenta un número nada despreciable de desmovilizados de las FARC
del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR “Roman Ruiz”.

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En la Macarena ocurre otro tanto. Cómo si se creyese que el país nacional es estúpido y no piensa, se atribuye un incendio cerca a Caño Cristales a disidencias de las FARC bajo la expectativa de que los ciudadanos creamos que la guerrilla va a prenderle fuego a los árboles que los protegen y les sirven de camuflaje natural para no ser detectados y sobrevivir a los bombardeos.

En el fondo lo que allí ocurre es parecido a lo del Amazonas. Por la vía del fuego se expande la frontera que permite la explotación de la tierra en actividades que pueden ir desde la ganadería extensiva hasta cultivos de palma africana o coca. Los favorecidos son de nuevo los intereses de poderosos en detrimento de los más débiles, llámese campesinos, colonos o comunidades con arraigo en el territorio.

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Ligada a la explotación del territorio con fines de narcotráfico, a solo 64 kilómetros del Aeropuerto El Dorado de Bogotá y obligados por la información y presión de una agencia norteamericana fue allanada la finca del embajador del uribismo ante Uruguay donde funcionaba un moderno laboratorio para el procesamiento de cocaína con fines de exportación.

Fernando Sanclemente Alzate, a más de ser uno de los propietarios de la finca cocainera localizada en el municipio de Guasca (Cundinamarca) fue mencionado bajo el alias de Velero 1 en las revelaciones que recientemente hizo públicas el exagente del CTI Richar Maok Riaño sobre la exportación de cocaína por el Aeropuerto El Dorado para el Cartel de Sinaloa y en la que habría estado involucrado el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando el hoy embajador dirigía la Aeronáutica Civil.

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Cómo para borrar toda prueba, el laboratorio ubicado en zona rural de Guasca (vereda Mariano Ospina) fue quemado y a la fecha ni el presidente ni ninguna otra autoridad se han pronunciado sobre el caso, como si se deseara bajar el perfil de la situación y esperar que este nuevo episodio vergonzoso se olvide para conveniencia de los poderosos intereses y personajes que estarían detrás del rentable negocio.

Por lo pronto quedan varios interrogantes en el ambiente. ¿Cómo y de dónde salieron los precursores químicos utilizados en el laboratorio y restringidos por la Unidad Nacional de Estupefacientes? ¿Cómo y con complicidad de quién podían movilizarse por carreteras de Cundinamarca y Bogotá cerca de 2 toneladas mensuales de cocaína?

ONU Derechos Humanos: Colombia un peligro PARA defensores

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A través de un pronunciamiento, la oficina de ONU Derechos Humanos Colombia señaló su profunda preocupación al advertir que por lo menos 107 activistas fueron asesinados en Colombia durante 2019 y que tal cifra podría incluso incrementarse a 120 pues están en proceso de verificación 13 casos más.

Previo y posterior al más reciente relevo presidencial los asesinatos de Defensores de Derechos Humanos se habían intensificado en Colombia, al punto que 115 de estos fueron cometidos en 2018 lo que muestra que no se trata de hechos aislados sino de un proceso sistemático y orquestado que no ha contado nunca con la reprobación y condena de sectores políticos como el Centro Democrático y de acciones eficaces del gobierno.

Las cifras de asesinatos de defensores de Derechos Humanos casi se quintuplicaron en relación con las del periodo 1990-1995 (25 victimas) y se duplicaron con respecto al periodo 1996-2002 (54 victimas) año éste último a partir del cual más se estigmatizó y persiguió a promotores y defensores de derechos hasta alcanzarse las cifras históricas que ahora se presentan y que amenazan con mantenerse pues solo en enero de 2020 hay reportes de cerca de una decena de nuevos casos.

En su pronunciamiento ONU DDHH Colombia reiteró su llamado al gobierno colombiano para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales… investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones.”

Sobre este último aparte bien vale la pena recordar que ha sido precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez quién, desde su primer gobierno, más profusamente ha estigmatizado a los Defensores de Derechos Humanos, a los cuales ha acusado de tener vínculos y actuar al servicio del terrorismo,  volviéndolos blanco de fanáticos de extrema derecha y coloca prácticamente una lápida sobre sus hombros.

ONU Derechos Humanos Colombia dio a conocer que la mayoría de los crimenes de 2019 (89%) sucedieron en zonas rurales y en “municipios con economías ilícitas” y “con tasa(s) de pobreza por encima del promedio nacional” y que si “bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá)”, los atentados “se registraron en 25 departamentos diferentes”, lo que insinúa la existencia de una estructura criminal articulada y con incidencia y/o presencia sobre todo el territorio nacional.

Para la ONU los sectores con mayor vulnerabilidad y riesgo fueron “los pueblos indígenas y los afrocolombianos”, así como las “mujeres defensoras de derechos humanos”. Frente a esto, “la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras… es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia…”..

Llama poderosamente la atención, que las áreas geográficas más vulnerables sean precisamente aquellas copadas por “grupos criminales y… armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP”, fenómeno que se favoreció por la ausencia desde el “gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia” y de voluntad del Estado para hacer presencia, sumado a la omisión en “lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo”.

En los 15 primeros días del mes de enero se reportan ya la muertes de por lo menos 19 lideres sociales entre los que se cuentan Carlos Cardona, Cristian David Caicedo, Gloria Campo, Virginia Silva, Carlos Alfonso Quintero, Emilio Campaña, Mireya Hernández Guevara, Anuar Rojas Isaramá,
Oscar Quintero, Gentil Hernández, Henry Cuello, Amparo Guegia, Juan Pablo Dicué, Nelson Enrique Meneses, Tulio César Sandoval, Sergio Narváez, Jhon Fredy Álvarez, Jorge Luis Betancourt y Yaiber Alexander Quitumbo

Nuestro empresariado paramilitar

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Hay diferentes tipos de sicarios y de paramilitares. Los que aprietan el gatillo y los que desde la comodidad y los lujos de sus oficinas y residencias financian e instigan, desde la promoción previa del odio, el asesinato. Los últimos son incluso más peligrosos y deszlenables que los primeros. Son determinadores del derramamiento de sangre en nuestro país. Auténticos sicarios morales.

En Colombia, no dudamos, deben existir aún empresarios para los que la honorabilidad no ha pasado a ser un ideal en desuso. Lamentablemente, a la par de estos, hay otros cuyo referente de actuación es la tesis de Maquiavélo que señala que el fin (en este caso preservar y acrecentar sus privilegios a como de lugar) justifica el aniquilamiento físico de todo aquel que enarbole los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, propios no del “comunismo”, como desde su estupidez lo conciben, sino de la revolución francesa.

El trino del empresario Mario Hernández, en donde iguala a líderes sociales y terroristas y que puede llegar a justificar y alentar el exterminio sistemático de los primeros en su país, perfectamente ejemplifica al empresariado con serios transtornos, que ve enemigos por aniquilar donde no existen y que a la manera de los psicópatas pareciera disfrutar lo que para algunos de sus compatriotas constituye dolor y llanto. El empresario, ya senil, olvidó que su padre fue perseguido por los chulavitas y ahora piensa como chulavita.

https://twitter.com/marioherzam/status/1213578314759200768?s=19

En la Colombia de la degradación y la ignominia, este tipo de pronunciamientos que deberían concitar a toda la sociedad a cerrar filas en torno a la defensa del valor supremo de la vida, no genera ningún tipo de sanción social. Nos hemos insensibilizado y deshumanizado tanto, como consecuencia de los horrores de la guerra, que este tipo de situaciones que se han vuelto cotidianas nos parecen hasta normales.

En Envigado (Antioquía) un contratista que talaba árboles usó la misma lógica y forma de concebir a los líderes sociales de Hernández para amenazar a quienes se oponían al ecocidio. La Colombia tenebrosa de mentalidad paramilitar emerge cada vez más con mayor desvergüenza y envalentonada por el uribismo en distintos sectores de la geografía nacional.

Ya no es solo el caso de los ganaderos, banqueros, comerciantes e industriales que desde la penumbra financiaban e impartían órdenes de limpieza social a paramilitares y escuadrones de la muerte para preservar a como diera lugar y en la lógica del ‘todo se vale’ sus propiedades e intereses. Ya cualquiera sin ruborizarse expone sus más bajos instintos y le da rienda suelta a todo el veneno y el desequilibrio que alimenta sus enfermas almas. Pablo Escobar y Uribe han borrado casi todo vestigio de humanidad.

¿Cómo es posible? Amenazan a Leyner Palacio en las ‘narices’ del Ejército

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Es inaudito. Los miembros del Ejército llegaron tardía, vergonzosa y convenientemente a Bojayá pero llegaron. Luego dan un parte de que no encontraron a los 300 paramilitares en el territorio al que estos últimos arribaron a infundir terror. Casi inmediatamente y para acrecentar la vergüenza de la institución castrense, se produce una grave amenaza de muerte contra el líder social Leyner Palacio.

Inconcebiblemente en la Colombia gobernada por el uribismo están proscritos todos los derechos humanos y los encargados constitucionalmente para garantizar la protección del derecho fundamental a la vida sencillamente se hacen los de la vista gorda, mientras a unos los amenazan y a otros los matan uno por uno, por la comisión de un “delito” que solo existe en las mentes de la extrema derecha colombiana: no pensar como ellos.

La diferencia en Colombia está proscrita y aunque también lo está en el papel la pena de muerte, en la práctica está instaurada (en medio de la impunidad) la muerte sin pena y el permanente desplazamiento forzado de las y los líderes sociales.

Si al interior de las fuerzas militares aún quedara algún vestigio del honor militar se sabría que lo que acaban de hacer los paramilitares, al entregarle 2 horas para irse al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y líder afrocolombiano de Bojayá (so pena de ser asesinado), más que una afrenta contra Palacio lo es contra la propia legitimidad del Ejército Colombiano y para su imagen, bastante maltrecha a nivel internacional a raíz de la vergüenza de las ejecuciones extrajudiciales.

El mensaje es claro: O los militares están implicados en lo ocurrido en Bojayá o les han dado a entender que entre las filas paramilitares no infunden el más mínimo grado de respeto. Ambas posibilidades son igualmente graves.

Lo ocurrido no pasará desapercibido. Leyner Palacio, con un grupo de víctimas, estuvo postulado al Premio Nobel de Paz en 2016 y en 2017 fue galardonado con el premio Mundial al Pluralismo. Su “crimen” es impulsar el “Esclarecimiento de la Verdad sobre el Daño al Territorio”, en razón de lo cual asumió la responsabilidad de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Infortunadamente pareciera que a algunos miembros del gobierno y del partido de gobierno no les interesara la verdad. La impresión que dan, es que los amenaza y lacera porque expone su real talante antidemocrático, arbitrario y criminal.

DEA, Uribe, paramilitares, pastores y narcos mexicanos: Las revelaciones de Hacker Fiscalía

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El ex agente del CTI de la Fiscalía, Richard Maok Riaño Botina, más conocido como Hacker Fiscalía (quién valientemente denunció la infiltración y los nexos entre paramilitarismo y política en Colombia) en una entrevista a través de su canal de Youtube, hizo revelaciones inéditas que vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a otras personas con carteles mexicanos para la exportación de más de 10 mil kilos de cocaína entre 2006 y 2010.

En un relato de cerca de 45 minutos que coloca en entredicho a la Agencia Antidrogas norteamericana y a la política contra el narcotráfico del gobierno estadounidense, el Director Nacional de Seguridad de Air Cargo Lines, cuyo nombre se omitió por razones de seguridad, narró y develó los nombres de quiénes estarían involucrados en una conspiración internacional con fines de narcotráfico.

Las graves acusaciones vinculan a Raúl Jiménez Villamil (alias ‘Inge’), dueño de Air Cargo Lines y preso en España por el delito de narcotráfico, de haber conseguido a través de la mediación de dos pastores “cristianos” identificados como Enrique Gómez (alias ‘Llorón o pastorcillo’) y otro de apellido Portella o Portela (alias ‘Egue’), la participación del entonces presidente Uribe Vélez para exportar a través del Aeropuerto El Dorado varias toneladas de cocaína con destino probable a Estados Unidos.

En ese propósito, señala el entrevistado, se le habría entregado una valiosa esmeralda a Uribe y 1 millón de dólares con los que presuntamente se compró la complicidad del Mayor de la Policía Antinarcóticos Luis León (conocido en la estructura por el remoquete de ‘tigre’) a quien se le habría pagado un soborno de U$ 300 mil y 2 tiquetes aéreos a Panamá, así como de los funcionarios de Aerocivil Fernando Sanclemente (alias ‘velero 1’) y Andrés Forero (alias ‘velero 2’).

De acuerdo al relato, los cargamentos de cocaína de propiedad de Raúl ‘Chapo’ Guzmán y de su socio y miembro del cartel de Sinaloa, Ismael ‘Mayo’ Zambada y en cuyo proceso de cargue habría estado presente el hijo del primero de los mencionados, habría involucrado además de los pastores referenciados, los colombianos Holber Cañón, alias ‘DJ’; Marco Barrera, alias ‘El Embolador’ (con arraigo en Fontibón); y paramilitares entre los que se menciona a los rastrojos, al clan del golfo y a alias mono Vides o ‘Vida’, a quien se le habrían entregado 10 pistolas 5,7 (mata policías) traídas desde México.

Para el transporte de la cocaína, a la que se referían como “libros”, en cerca de seis (6) viajes, se habría utilizado un avión DC8 de la empresa Air Postal Cargo de México de propiedad de Jesús Villegas Codallos, en embarques que eran coordinados por un mexicano al que llamaban Higuita o Mechudo y proceso del que conocía, sin hacer nada al respecto, un agente de la DEA de nombre Emir Abreu (2006).

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La denuncia llama poderosamente la atención pues en plena campaña presidencial el líder opositor Gustavo Petro advirtió sobre la toma del territorio con fines de narcotráfico de los carteles mexicanos como factor que agudizaría la violencia, mientras que el periodista Gonzalo Guillén, (@Heliodoptero en tuiter) ya había denunciado mucho antes que la cuñada de Álvaro Uribe, Dolly Cifuentes Villa, alias “La Meno” (esposa del fallecido Jaime Alberto Uribe Vélez), así como la hija de esta y sobrina del expresidente, Ana María Uribe Cifuentes, habían sido solicitadas en extradición sindicadas de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Ya antes, Uribe Vélez ha estado cuestionado por hechos como por ejemplo el haberse encontrado un helicóptero de matrícula HK 2704 X y de propiedad de Aerofotos Amórtegui Ltda, de la cual Alberto Uribe Sierra fue socio hasta su muerte (junio 1983), en el complejo cocalero de Tranquilandia (marzo de 1984). También alias ‘Popeye’ involucró a Uribe como facilitador, en su condición de Director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de la época, de la legalización de pistas y aeronaves utilizadas en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Además, el nombre del hoy senador por el Centro Democrático figura como número 82 en un listado que relaciona a colaboradores del narcotráfico, elaborado por Agencias de Inteligencia Norteamericanas en 1991 y que reposa y puede aún ser consultado en el National Security Archive (NSA) a través del enlace

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/

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Ahora es turno tanto de la justicia nacional como internacional investigar y corroborar estás muy delicadas y graves denuncias de las cuales lo que más llama poderosamente la atención es la participación de “pastores” cristianos, aunque de alguna manera estás tienen en común con el ex presidente que este también funge como una especie de ‘pastor’ y ‘salvador’ para los miembros de su propia y particular secta política.

El listado de narcos puede descargarse en formato PDF desde el siguiente enlace:

Haz clic para acceder a dia910923.pdf