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Docentes responden a Mineducación cuestionando Directiva 11

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En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González,  el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.

En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo,  como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad,  lo que,  desde el sentir de los maestros y maestras,  sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.

Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes,  quienes anuncian que no renunciarán,  como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán  acciones legales en la jurisdicción nacional y,  de ser necesario,  presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.

Atento saludo.

Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.

En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.

Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.

Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.

Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.

No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.

Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).

Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.

En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.

Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.

Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.

Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).

En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.

Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.

Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.

Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

Reacción a desmonte del ESMAD: Águilas verdes amenazan a FECODE y filiales

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En un comunicado de dos páginas aparentemente de autoría de las Águilas Negras, Comando Central Colombia, esta organización delictiva que ha adquirido un inusitado auge durante el actual gobierno, profirió en las últimas horas amenazas contra la dirección de FECODE y contra los directivos de sus sindicatos filiales en el país.

En lo que calificaron en su comunicado como “diciembre negro” y ufanándose de su demostrada “capacidad de aniquilamiento” la organización criminal habló de “hacer limpieza de estos falsos líderes sociales y sindicalistas”, señalando a renglón seguido “… apoyamos al ESMAD, no permitiremos su desmonte un hecho sin precedentes en la historia de este país…”.

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Lo curioso de esta amenaza es que surge precisa y “coincidencialmente” en momentos cuando el presidente Iván Duque ha anunciado el fortalecimiento de este cuestionado cuerpo policial que en el pasado paro asesinó al estudiante Dilan Cruz, dejó sin poder caminar al también estudiante Duván Villegas y ocasionó pérdida de sus ojos a varios jóvenes universitarios.

En la amenaza se consigna además que “…los directivos de la criminal organización FECODE, guerrilleros, promotores y financiadores del paro 21N SERAN ELIMINADOS Y NO POR ODIO, ES POR JUSTICIA, para que los hijos de esta sociedad no sigan siendo adoctrinados, pero igual ocurrirá con los dirigentes de los sindicatos del MAGISTERIO en las regiones… e incluso los petristas serán asesinados…”.

Llama la atención que la matriz de opinión sobre adoctrinamiento de los estudiantes por parte de los docentes ha sido en el pasado utilizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por varios de sus copartidarios del Centro Democrático, al punto que el máximo dirigente de este grupo político habló incluso en un trino el 20 de febrero de 2919 de “soluciones que no sean sanciones legales”.

¿Se referiría el expresidente a asesinatos aplazados de los que habló el 17 de julio de 2018 ?

Desvirtuámos con vídeos la versión mentirosa del asesino de Dilan Cruz

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Son 4 oficiales de la policía, sin rostro, los responsables inmediatos, pero no únicos, del asesinato del estudiante Dilan Cruz: El comandante del ESMAD, coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes (1); el subcomandante de la MEBOG, Javier Martín Gámez (2); el comandante de la Regional Móvil Antidisturbio 1 y comandante del dispositivo del ESMAD in situ, mayor Jhon Alexánder Socha Ayala (3) y el capitán (4) cuya identidad (con la complicidad de los grandes medios, de la propia policía, la fiscalía y la procuraduría) hoy se mantiene en secreto con propósitos de encubrimiento e impunidad.

De quien accionó la escopeta calibre 12, contra todo protocolo y a escasos 10 metros del estudiante solo se conoce, hasta hoy, que no es un policía raso y sin formación sino un capitán, que tiene 15 años de servicio y casí dos centenares de procedimientos en el ESMAD y, además, que revictimiza la memoria de Dilan al mentir sin ningún honor ni pudor en las declaraciones que ha dado sobre los motivos de su crimen.

Con material probatorio (videos) desvirtuaremos la temeridad con la que declara incurriendo, para agravar su situación, en el punible de fraude procesal (artículo 453) al pretender inducir a error a un servidor público para obtener sentencia contraria a la ley, en este caso absolutoria.

Frente al evento específico donde resulta herido de muerte Dilan Cruz el oficial a quien llamaremos capitán misterio o capitán impunidad declara lo siguiente:

1. “Al pasar la carrera quinta, se incrementa el lanzamiento de objetos contundentes contra el Esmad. En esos momentos, frente a nosotros se produce una explosión. De inmediato se lanzan gases, ya que los agresores se encuentran a poca distancia…”

ON: Frente a tal declaración hay que precisar lo siguiente: 1. Dilan no cae en la carrera quinta sino en la carrera cuarta, es decir a 180 metros, por lo que de haber existido lanzamiento de objetos contundentes no puede sindicársele.

2. “… Avanzamos unos metros más en medio de las agresiones, somos atacados desde los costados y, al acercarnos a la intersección de la calle 19 con carrera cuarta, observo cómo varias personas que se cubren sus rostros lanzan elementos contundentes…”

ON: En los vídeos no se observa ataque alguno desde los costados. Las personas que se cubren los rostros lo hacen para protegerse de la acción de los gases lacrimógenos que lanza la policía. En ningún momento se observa el lanzamiento de elementos contundentes que puedan representar peligro frente a los elementos de protección corporal que usan los efectivos del ESMAD quienes caminan sin ningún contratiempo u oposición.

3 “… ante el incremento en la agresión y la detección de este nuevo peligro inminente, tomo la decisión de disparar una munición de impacto contra los agresores, al instante se observa que una persona cae al suelo…”

ON: Los videos permiten constatar que no es real el incremento en la agresión y que la aludida “detección de… peligro inminente” no corresponde a una apreciación objetiva sino subjetiva de quién, como bien lo reconoce, decide (estimulado por el “dele papi, dele a quien sea dele” del comandante del dispositivo del ESMAD in situ, mayor Jhon Alexánder Socha Ayala) “disparar una munición de impacto contra los agresores”, disparo que efectúa a menos de 10 metros contra Dilan, cuyo único pecado fue tomar en sus manos una cápsula de gas lacrimógeno, arrojarla a un carril diferente al donde marchaba el ESMAD y dar la espalda para correr.

4. “… tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupan rápidamente impidiéndolo. Sin embargo, los primeros auxilios son brindados de forma inmediata por funcionarios de la Alcaldía, Personería Distrital y otros ciudadanos como socorristas de la Defensa Civil. Ante esta situación reporto a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”.

ON: En ningún momento los vídeos evidencian que los miembros del ESMAD se inmuten ante la persona herida y antes permanecen imposibles. Tampoco se evidencia que se solicite por radio servicio de ambulancia y si se hizo fue tardío por cuánto la asistencia medicalizada tardó más de 25 minutos en llegar al lugar de los acontecimientos.

EL TIEMPO narra además, que el encuentro entre el capitán agresor y la personera Esmeralda Caro Gómez, se dio antes del episodio de Dilan, lo que implicaría un mayor grado de responsabilidad toda vez que entonces estaría advertido que no podía disparar sin la intervención previa del Ministerio Público. No obstante, del vídeo se evidencia que cuando la representante de la Personería dialoga con el agente del ESMAD ya el tráfico está reestablecido lo que también implicaría que al disparar sin seguir protocolos estaría incurso en el publible de prevaricato por omisión.

Pero que sean los vídeos los de la agresión los que desmientan la versión que pretende justificar el asesinato de Dilan Mauricio Cruz Medina.

Video 1
Se observa: “personas que se cubren sus rostros” para evitar la acción de los gases (1), pero NO “lanzan elementos contundentes” (2). NO hay “incremento en la agresión” (3). NO hay “nuevo peligro inminente” (4). El capitán, se infiere que estimulado por el “dele, a quien sea, dele, dele, dele, dele” del comandante de la Regional Movil Antidisturbios 1 y responsable del operativo del ESMAD in situ, Mayor Jhon Alexander Socha Ayala (5) toma la “decisión de disparar una munición de impacto CONTRA los agresores” (6). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(7), ni se evidencia que se “reportó a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”(8). NO fue un accidente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON

Video 2
Es otro ángulo. Otra toma. Se observa que casi llegando a la 4ta, sin oposición (1) sin ataques desde los costados (2), sin explosiones, a no ser que se confundan como tales el ruido de los cacerolazos (3), sin peligro inminente para los miembros del ESMAD o de los transeúntes que caminan a lado y lado (4) el capitán decide disparar a menos de 10 metros (5) contra agresores que no lo agreden. Dispara de frente sabiendo, como oficial experimentado, la letalidad de su disparo a tan corta distancia (6). No fue un ACCIDENTE (7). Disparó a matar no a dispersar (8). Hizo uso ilegítimo de la fuerza (9). No le importó el herido (10) ni trató de auxiliarlo (11). A Dilan lo asesinaron.

Video 3
Al grupo de Dilan le lanzan una granada de gas (1). La recoge y la lanza al carril contrario a aquel donde se movilizaba el ESMAD (2). Ello prueba que no tenía y/o existía intención en él de lesionar y/o dañar a los miembros de Escuadrón Antidisturbios (3). Su acción fue defensiva y no ofensiva (4). Inocentemente da la espalda y corre (5) y cobardemente es asesinado a mansalva, con premeditación y alevosía

Video 4
Hay personas que caminan por los andenes sin peligro (1). Personas en el separador se identifican como prensa (2). Es mentira que a los miembros del ESMAD les “lanzan elementos contundentes” (3). NO hay agresión y menos “incremento en la agresión” (4). NO existe un “nuevo peligro inminente” (5). El asesino de Dilan dispara de frente y a corta distancia a un joven que da la espalda y corre (6). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(7). El ESMAD asume una posición imposible y negligente frente a su víctima (8). El capitán que asesinó a Dilan miente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON

Video 5
Otro ángulo. Un video tomado desde la carrera cuarta muestra el momento exacto en que Dilan es impactado por la espalda luego de defensivamente devolver una cápsula de gas lacrimógeno al carril opuesto a donde marchaba el ESMAD, lo que prueba inexistencia de intencionalidad de daño hacia los policías

Comisión Interamericana advierte a Colombia sobre represión y uso desmedido de la fuerza en protestas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en un pronunciamiento hecho desde Washington este 2 de diciembre expresó su preocupación “por actos de represión registrados por parte de agentes del Estado colombiano… en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre”. Al mismo tiempo la Comisión urgió al Estado colombiano “a profundizar el diálogo efectivo e inclusivo requerido para abordar las demandas legítimas de la población, y garantizar el derecho a la protesta de acuerdo a los estándares interamericanos.”

De acuerdo con la CIDH mientras las “jornadas se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas… ese organismo fue informado “sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes, y actos de violencia”.

De acuerdo con el balance de que dispone la Comisión, “entre los días 21 y 24 de noviembre un aproximado de 25 personas habrían sido heridas y habría 831 casos de retenciones de ciudadanos y ciudadanas…”. Además de lo anterior, la represión y el uso desmedido de la fuerza trajo como resultado que el joven Dylan Cruz fuera “impactado en la cabeza” como consecuencia de lo cual “falleció el 25 de noviembre”.

En su pronunciamiento la CIDH, adicionalmente, recordó “que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica” y que “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas.”

Como es de dominio público, la
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa como órgano consultivo de la misma y cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene a la luz de los mismos el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.