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Internet para Estudiar: Viabilidad y posibilidades de financiación

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Este martes 21 de abril está proyectada una twiteraton desde las 8 de la mañana para desde la promoción del hastag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento -por la pandemia que afecta al mundo- obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.

Sin embargo desde ACCIÓN ÉTICA DOCENTE los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).

Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes: los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3) en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.

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Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.

Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.

En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir, que si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (Artículo 75 Constitucional).

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Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el Internet para Estudiar; con la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B (inicio del año escolar durante el segundo semestre) queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: “… quiero profundizar en la consigna de Internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico”.

Propuesta tomada de la página de Facebook del Colectivo Magisterial Acción Ética Docente

Estudiantes: Ojo con hacerle el juego a la extrema derecha y ‘dar papaya’ cayendo en provocaciones

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Gustavo Petro denunció la infiltración, con fines de desprestigio y estigmatización, de la protesta estudiantil, tras deplorables hechos de agresión contra la fuerza pública de los que dieron cuenta los medios y las redes sociales.

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Hoy, tomados no se sabe por quién, circulan en redes sociales varios vídeos en donde encapuchados preparan bombas incendiarias, curiosamente reivindicándose como parte de una estructura del ELN llamada Jaime Bateman Cayón, lo que automáticamente lleva a más de un uribista a hablar de la refundación del M-19 y a sindicar irresponsablemente a Petro como gestor de este proceso.

Lo ocurrido, amarrado al acto provocador, incitador y calculado del presidente Ivan Duque de recibir en Palacio a figuras de la farándula mientras no atiende a los estudiantes y a los profesores de las universidades públicas (luego de varias semanas de paro) es significativo.

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Se está buscando a través de agentes externos desencausar la legítima protesta social y llevar a los estudiantes a la radicalización, para deslegitimar social y mediáticamente una justa causa y generar artificialmente en la opinión pública la noción de que los estudiantes constituyen esa suerte de peligro y “enemigo interno” que debe ser desarropado por la sociedad para ser enfrentado represivamente.

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Es sospechoso y a ello debería cerrársele el paso por parte de los propios estudiantes, caer en este juego perverso y planificado. Ayer en Barranquilla, por ejemplo, la asistencia mermó significativamente en la marcha y resultó evidente que existía la intencionalidad tanto de la fuerza pública como de algunos manifestantes a provocar desmanes.

No de otra manera se entiende la invitación del mayor Óscar Rueda a que los carros transitaran sin importar que sobre la vía habían manifestantes. También la actitud de personas indeterminadas dentro de los marchantes, de conducir la manifestación hasta la vía 40 con calle 72 para bloquear esta arteria e imposibilitar el tráfico de trabajadores que a esa hora se dirigían a sus lugares de trabajo o a sus hogares luego de una agotadora jornada de trabajo.

Sin lugar a dudas, mantener una toma de una vía con tan escaso personal y en una zona donde cerrados los 3 accesos el espacio se convertía en una especie de trampa o auto emboscada sin escapatoria, fue un acto absolutamente irracional e irresponsable.

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De estudiantes golpeados, heridos, muertos y desaparecidos está llena la historia de este país sin que ello haya generado cambio y transformación alguna, más allá de alejar por miedo a la gente de participar y protestar democráticamente. El país requiere de jóvenes vivos y participantes en la definición de los asuntos públicos y no de mártires que se autoinmolen sin ningún tipo de sentido práctico, político o ideológico.

Habría que revisar qué objetivos de fondo y quiénes estaban detrás de propiciar enfrentamientos. Lo cierto es que cualquier estudiante mínimamente formado políticamente sabría que suplantar a las masas sin pensar consecuencias de las acciones que se emprenden, es un acto demencial que parecería más inspirado en quienes desean que corra sangre y no en que haya soluciones concretas a las demandas planteadas al gobierno.

A los estudiantes habría que pedirles lo que no es exigible a los miembros de la fuerza publica: Más inteligencia y racionalidad y menos emocionalidad. Debe prevalecer la sinapsis sobre la emisión de altas dosis de adrenalina y testosterona. La fuerza de la razón debe anteponerse a la razón de la fuerza. Los estudiantes deben ser más cerebrales y menos viscerales. En otras palabras, menos primarios al pensar y al actuar, porque sin lugar a dudas el país va a requerir a corto, mediano y largo plazo de su presencia en la reformulación del rumbo de la nación.

Taparse la cara y tirar una piedra siempre será más sencillo que pensar y producir ideas que anticipen los movimientos del jugador contrario y lo pongan en jaque mate.

Sexo en los salones: verdades y mentiras de una reciente sentencia judicial

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Los colombianos tenemos un grave problema: No nos gusta leer. Los libros no están entre nuestros “artículos” de primera necesidad y las redes sociales han sustituido hasta la lectura de la prensa.

Más grave aún, en la lectura de las noticias, con la intermediación de las redes, creemos que con el solo ejercicio de leer el titular nos es suficiente para estar “informados” y obviamos que muchos de los titulares están diseñados solo para llamar la atención y generar ‘clics’ y ‘me gusta’ y, además, que escasas veces guardan relación con el contenido mismo de la noticia.

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Por ello somos cada vez más una sociedad descriteriada y manipulable, que no busca ni atiende a razones y qué se guía por emociones (muy primarias por cierto) con las que nos creemos con la autoridad de emitir “juicios” y “opiniones” sobre los más diversos temas.

El caso más reciente que ilustra lo antes dicho,, es el del fallo de la Corte que ha llevado a más de un desprevenido “lector” a dar por cierto, que esa alta corporación de justicia avaló el sexo de estudiantes en las aulas de clase, situación frente a la que muchos salen a rasgarse las vestiduras y muy seguramente, si alguien los convocara a marchar, hasta lo harían y sin saber ni por qué caminan y gritan desaforadamente.

Lo cierto sobre las noticias, memes y caricaturas que circulan en las redes es que se trata de una errada interpretación de una decisión judicial plasmada en un (por no llamarlo amarillista) muy mal titular de prensa que las redes se encargaron de multiplicar.

Aunque los medios no se toman el trabajo de indagar a fondo, la Corte puso reparos fue a la no gradualidad y a la desproporción en la medida adoptada por el colegio frente a una evidente falta disciplinaria.

Lo que ha cuestionado el máximo tribunal constitucional del país, es que el colegio optó por lo punitivo en lugar de lo formativo y se excedió en la medida adoptada, lo que comporta o resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso que asiste a todo ciudadano, sea adulto o no y ejercite o no su vida sexual.

Además, no hay que olvidar que es un fallo en sede de revisión de tutela, por lo tanto, lo decidido (la ratio decidendi) no tiene efectos erga omnes (para todos el mundo) sino solo efectos inter partes. Es decir, solo tiene efectos vinculantes (obligatorios)) para los accionantes (afectados con una expulsión) y para la parte accionada (colegio).

En ningún caso, puede pues interpretarse que la Corte Constitucional legalizó el sexo en las aulas o dejó tal conducta al margen de ser sancionada, eso sí, con observancia plena de las garantías que tiene todo ciudadano. La Corte ordenó el reintegro de los expulsados, pero para que su proceso se reabra y se tenga en cuenta lo que no se tuvo: atenuantes y derechos, porque toda persona tiene derecho a ser juzgado justamente.