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El respaldo de Uribe a la Corte Suprema de Justicia

Tras la decisión de privación de libertad, adoptada en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, los ataques irracionales de Álvaro Uribe Vélez y de su círculo cercano contra el alto tribunal de justicia, no han cesado ni un momento. Seguir leyendo El respaldo de Uribe a la Corte Suprema de Justicia

Asociación Americana de Juristas condena muerte y represión oficial en Colombia

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Mientras Iván Duque orondo se pavonea entre miembros del ESMAD de la policía dándoles un espaldarazo a sus acciones desmedidas en el control del orden público y en la represión y criminalización de la protesta social dentro de una lógica que cercena derechos fundamentales y visiona a los ciudadanos como peligrosos enemigos internos, surgen pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional.

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En las últimas horas por ejemplo se conoció la declaración de la Asociación Americana de Juristas en la que no solo se repudió el asesinato del joven estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina, quién fue impactado por un proyectil no convencional el pasado 19 de diciembre a raíz de la cual se produjo su deceso el 25 del mismo mes, sino que se “condena a la escalada de persecución, violencia y asesinatos de estudiantes y participantes de las marchas en Colombia”.

En su evaluación la ONG consultora de la ONU en materia de derechos humanos señaló además que la “respuesta gubernamental a las movilizaciones ha sido una brutal represión, aplicando el terrorismo social y psicológico con acciones desmedidas e ilegitimas a través del ESMAD… conocido como el Escuadrón de la Muerte de la Policía; la militarización de ciudades; los allanamientos ilegales… las detenciones arbitrarias; los toques de queda, generando terror y estigmatizando el derecho a la protesta”.

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En un recuento histórico la AAJ hizo en su pronunciamiento un listado de algunos de “los crímenes del ESMAD, desde su creación en el 1999” indicando a renglón seguido que “ascienden a 87, incluidos asesinatos, mutilaciones, lesiones de invalidez, en total impunidad al no responder por ninguno de esos actos”.

Para la Asociación el crimen de “Dilan Cruz Medina, engrosa… los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, contra los estudiantes y crímenes de Estado que hasta ahora se mantienen impunes, entre otros: Norma Patricia Galeano, Universidad del Tolima (1994); Carlos Giovanni Blanco, Universidad Nacional (2001); Jaime Acosta, Universidad de Santander (2002); Nicolás Neira (15 años de edad, ocho agentes del ESMAD lo rodearon, lo golpearon y no lo soltaron hasta matarlo (1 de mayo de 2005); Johnny Silva Aranguren, Universidad del Valle, (2005); Oscar Salas, Universidad Distrital Bogotá (2006) y Miguel Ángel Barbosa, Universidad Distrital Bogotá (2016)”

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Aparte de lo anterior los juristas solicitaron “una investigación independiente para traer a la justicia a los autores materiales e intelectuales” de las violaciones a los derechos humanos, aparte de instar al gobierno Duque “a cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida de todos los colombianos y colombianas, particularmente los que lideran procesos sociales; así como tomar las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias”.

La Organización No Gubernamental insistió también en el “cese del hostigamiento y actividades de inteligencia contra las organizaciones no gubernamentales y las participantes en las protestas sociales” y exigió “una
inmediata formulación y aplicación de un Plan Nacional de protección de líderes”, además de sumarse a la “solicitud para desmantelar el ESMAD, responsable de asesinatos de manifestantes”

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Curiosamente y en contravía de las voces que se alzan nacional e internacionalmente contra el uso excesivo y desmedido de la fuerza, el estado colombiano ha anunciado la creación de cuerpos antidusturbios similares al ESMAD pero a cargo del ejército de Colombia lo que podría agravar la situación de incremento de crimenes de estado contra actores civiles en abierta violación al DIH.

¡Renuncie Ministro Botero! Usted pretendió encubrir un crimen

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La muerte de Dimar Torres no se produjo en medio de un forcejeo y de un acto de legitima defensa de la tropa como precipitada e irresponsablenente salió a declararlo y a justificarlo el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras los hechos ocurridos en la región del Catatumbo.

Un video inicial captado por los habitantes de la zona y que muestra a miembros del ejército sudados y nerviosos fue el primer indicio que dio cuenta de que la versión oficial de los hechos no correspondía con lo realmente sucedido.

Posteriormente comenzaron a circular las versiones de que el cuerpo presentaba evidentes señales de tortura que desmentían la versión del cabo involucrado, recogida con tintes de encubrimiento por el Ministro Botero. Al parecer, y según versiones no confirmadas, antes del asesinato, el excombatiente de las FARC habría sido violado y castrado.

Pero más allá de la denuncia de la comunidad, que trascendió internacionalmente a través de redes sociales, lo que sin duda obligó al Estado a reconocer el crimen perpetrado por miembros del Ejército Nacional fue un segundo vídeo en el que se aprecian imágenes dantescas de cómo.quedo el cadáver tras el supuesto forcejeo y el intento de desaparición del mismo por miembros de la fuerza pública

La confirmación de lo realmente sucedido llegó a través de las palabras que con el valor y el honor que le faltaron al Ministro de Defensa, pronunció frente a la comunidad el Brigadier General, Diego Luis Villegas Muñoz, quien públicamente se lamentó y pidió perdón por el asesinato de Dimar Torres Arevalo a manos de unidades bajo su mando, al tiempo que recalcó que ese tipo de hechos lamentables no podían volver a repetirse.

No obstante, queda la duda sobre en cuántos otros de los asesinatos de ex combatientes de las FARC y de líderes sociales pudieran estar involucrados miembros de la fuerza pública, obligada a proteger a todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna naturaleza, en sus vidas, honra y bienes.

Los líderes sociales: ¿Objetivos en la lógica de los “buenos muertos” y el “asesinato aplazado”?

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El primero que implementó el macabro plan pistola en Colombia fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las victimas en su mayoría eran policias sin rango adscritos a la hoy denominada Policia Metropolitana del Valle del Aburrá -MEVAL- y oriundos de otras regiones del pais. De alli se copió el modelo de exterminio de los lideres sociales que hoy se implementa a lo largo y ancho del país y que deja entre otros los siguientes interrogantes:

¿Cuántos de los asesinatos han sido investigados y tienen a responsables materiales y autores intelectuales identificados y tras las rejas? ¿Si existen las denominadas Águilas Negras por qué los aparatos de inteligencia del Estado no han develado nada acerca de su estructura, integrantes y cabecillas? ¿Qué organización o institución dispone de la infraestructura y logística para operar impunemente en absolutamente toda la geografía nacional?

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Más allá de eestas incógnitas que debería haber despejado de tiempo atrás el propio Estado, lo cierto es que este nuevo genocidio que ha arrancado con fuerza en Colombia tras el inicio del proceso de paz y que sucede a los eufemisticamente denominados “falsos positivos” pareciera enmarcarse dentro de la lógica de que hay “buenos muertos” y por tanto asesinatos justificados que recaen curiosamente en quienes son permanentemente estigmatizados por la militancia del Centro Democrático como “bandidos”, “mamertos”, “guerrilleros”, o “gente incómoda” para los poderosos intereses económicos y políticos de la dirigencia de ese sector político, vinculados a la tenencia de la tierra y a actividades como la ganadería.

Sin que existan los elementos probatorios para hacer sindicaciónes, lo cierto es que desde esta última agrupación política y desde su máximo dirigente no ha existido nunca un pronunciamiento contundente que invite a parar el odio y que condene la intolerancia y el que los conflictos y diferencias se diriman por la fuerza, con utilización de armas y con propósitos de exterminio o liquidación física de quién opina o piensa diferente.

Lejos de ello, se han vuelto tristemente célebres los constantes pronunciamientos intemperantes e incendiarios de María Fernanda Cabal, quien llegó incluso a cuestionar el papel del ejército señalando frente al mismo, palabras más, palabras menos, que era una fuerza letal cuyo propósito era entrar a matar, doctrina que explicaría la lógica espantosa con el que esta institución se involucró en los “falsos positivos” durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente en febrero de 2018 y siendo presidente Juan Manuel Santos, Uribe Vélez se pronunció contra el aumento de “Las muertes de líderes sociales”, lo que convenientemente olvidó volver a hacer desde el 7 de agosto de 2018 cuando se posesionó Iván Duque en la presidencia sin que los asesinatos se detuvieran.

Apenas dos meses y 24 días después, el propio Uribe, al mejor estilo de Escobar Gaviria, acuñó el término “buen muerto” al referirse al asesinato de Carlos Areiza.

Para rematar sus desafortunadas declaraciones públicas sobre el tema, efectuadas a través de Twitter, poco antes de la posesión como presidente de Iván Duque, Álvaro Uribe al criticar que Juan Manuel Santos se ufanara de la “disminución del asesinato”, señalando frente a lo mismo que lo único que hacía era dejar “el asesinato aplazado”, con lo que daba a entender o anticipaba la reactivación de la muerte en Colombia

Ayúdanos a PARAR el GENOCIDIO copiando y tuiteando el siguiente texto:

@IntlCrimCourt @CourPenaleInt
@FATOU_BENSOUDA @Opinionoticias

ARRÊTEZ LE GÉNOCIDE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN COLOMBIE Finie l’impunité

STOP THE GENOCIDE of SOCIAL LEADERS in COLOMBIA. No more impunity

DETENGAN el GENOCIDIO de líderes sociales en Colombia. No más IMPUNIDAD

 

Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los “falsos positivos”.

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?