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Duque le declaró la guerra a los jóvenes: La policía volvió a causar grave daño a estudiante

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Anoche un estudiante de décimo semestre de trabajo social de Unimonserrate e identificado como Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, fue herido de gravedad por un proyectil del ESMAD en uno de sus ojos. Otros cinco estudiantes, por lo menos, también fueron objeto de una criminal agresión en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Reunirse, expresarse, movilizarse y opinar ya no son derechos fundamentales en Colombia. El presidente Iván Duque ha decidido proscribirlos de hecho y a través de su policía política ha decidido declararles la guerra a los jóvenes y declararlos objetivo militar. Su delito: no compartir su forma de gobernar.

Caminar solo en Bogotá es ahora mucho más peligroso que antes. Caminar acompañado es exponerse a que aparezca la policía a secuestrar y torturar en carros particulares o a que el ESMAD dispare a matar o a dejar ciegos a los muchachos sobre la base de una nueva figura jurídica: la presunción de culpabilidad.

El asesinato de Dilan Cruz y el posterior espaldarazo de Duque al ESMAD, elogiándolos frente a las cámaras y diciendo que se sentía orgulloso de su accionar, sumado a la impunidad con la que se ha cobijado al autor material de la muerte del joven estudiante de bachillerato y la complicidad en si silencio de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría se han constituido en autorización para dañar jóvenes. En la dictadura policial hay licencia abierta para matar y torturar.

La policía ya no actúa dentro de una lógica disuasiva y/o persuasiva sino destructiva. Qué no haya disturbios o alteración del orden público no es garantía de que el uso excesivo de la fuerza no aparezca. Igual disparan gases o balas, detienen y hacen lo que les plazca, al margen de lo que el marco jurídico indique. Ya la policía sin pudor alguno hace “pescas milagrosas” y “falsos positivos” copiando el modus operandi de guerrilla y el ejército. Saben que internamente pueden hacer lo que quieran con la complicidad desde el silencio de la comunidad internacional de DDHH.

Al asesino de Dilan solo le falta culpar a Dios

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Miente sin ningún pudor. Cambia a su acomodo las versiones sobre lo sucedido. Utiliza los medios para hacerse pasar por víctima cuando en realidad es un victimario y, con cada declaración que da, en contravía del material fílmico que obra como prueba en su contra, ofende la inteligencia de los colombianos y la memoria de Dilan a quien no tiene inconvenientes en revictimizar.

Lo cierto es que al capitán del ESMAD, Manuel Cubillos Rodríguez, lo único que le falta es culpar a Dios para auto exonerarse de lo que no fue un tiro de desgracia (accidente) sino un auténtico tiro de gracia (asesinato) dirigido hacia la humanidad de Dilan y no hacía ningún grupo de encapuchados violentos que según él ejercían un ataque violento, solo existente en su perturbada imaginación, pues ninguno de los vídeos los registra.

Para volver a refutar las mentiras de Cubillos Rodríguez con evidencias, presentamos de nuevo el registro fílmico que demuestra la falsedad de lo afirmado por el capitán. Iniciamos con nuevo y revelador video, tomado desde la parte alta de un edificio (otro ángulo) en donde se demuestra que no había ningún grupo de agresivos encapuchados a espaldas de Dilan agrediendo a los antimotines y que el ESMAD jamás intentó auxiliar al joven herido de muerte.

Video 1
Se observa: “personas que se cubren sus rostros” para evitar la acción de los gases (1), pero NO “lanzan elementos contundentes” (2). NO hay “nuevo peligro inminente” (3). El capitán, se infiere que estimulado por el “dele, a quien sea, dele, dele, dele, dele” del comandante de la Regional Movil Antidisturbios 1 y responsable del operativo del ESMAD in situ, Mayor Jhon Alexander Socha Ayala (4) toma la “decisión de disparar una munición de impacto CONTRA los agresores” (5). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(6), ni se evidencia que se “reportó a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”(7). NO fue un accidente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON.

Video 2
Es otro ángulo. Otra toma. Se observa que casi llegando a la 4ta, sin oposición (1) sin ataques desde los costados (2), sin explosiones, a no ser que se confundan como tales el ruido de los cacerolazos (3), sin peligro inminente para los miembros del ESMAD o de los transeúntes que caminan a lado y lado (4) el capitán decide disparar contra “agresores” que no lo agreden. Dispara de frente sabiendo, como oficial experimentado, la letalidad de su disparo a tan corta distancia (5). No fue un ACCIDENTE (6). Disparó a matar no a dispersar (7). Hizo uso ilegítimo de la fuerza (8). No le importó el herido (9) ni trató de auxiliarlo (10). A Dilan lo asesinaron.

Video 3
Al grupo de Dilan le lanzan una granada de gas (1). Dilan la recoge y la lanza al carril contrario a aquel donde se movilizaba el ESMAD (2). Ello prueba que no tenía y/o existía intención en él de lesionar y/o dañar a los miembros de Escuadrón Antidisturbios (3). Su acción fue defensiva y no ofensiva (4). Inocentemente da la espalda y corre (5) para ser cobardemente asesinado a mansalva, con premeditación y alevosía.

Video 4
Hay personas que caminan por los andenes sin peligro (1). Personas en el separador se identifican como prensa (2). Es mentira que a los miembros del ESMAD les “lanzan elementos contundentes” (3). NO hay agresión y menos “incremento en la agresión” (4). NO existe un “nuevo peligro inminente” (5). El asesino de Dilan dispara de frente y a corta distancia a un joven que da la espalda y corre (6). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(7). El ESMAD asume una posición impasible y negligente frente a su víctima (8). El capitán que asesinó a Dilan miente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON

Video 5
Otro ángulo. Un video tomado desde la carrera cuarta muestra el momento exacto en que Dilan es impactado por la espalda luego de defensivamente devolver una cápsula de gas lacrimógeno al carril opuesto a donde marchaba el ESMAD, lo que prueba inexistencia de intencionalidad de daño hacia los policías

Video 6
La Personera Esmeralda Caro Gómez recrimina, se presupone que al agresor, por incumplir protocolos, pasar por encima de los delegados del Ministerio Público y no advertir a los manifestantes sobre la intención del ESMAD de intervenir

Video 7
Noticias Uno controvierte la primera versión del capitán Cubillos Rodríguez

Video 8
Noticias Uno demuestra que Dilan no corría agachado y que el disparo no se hizo a sus piernas

Video 9
Noticias Uno vuelve a desvirtuar la nueva versión dada por el capitán del ESMAD que le disparó a Dilan Cruz

Carlos Russi y María Fernanda Pérez fueron secuestrados y torturados por la MEBOG

 

IMG_20191211_122348El general Hoover Penilla podrá intentar minimizarlo y justificarlo hablando de susceptibilidad o sensibilidad, lo cierto es que el procedimiento de los hombres bajo su mando no está para ser encubierto sino investigado y sancionado, a no ser que ello se evite porque investigar pueda develar que actuaban en cumplimiento de órdenes de sus superiores y no a su arbitrio.

Lo ocurrido en la noche del 10 de diciembre en Bogotá, no es grave. Es gravísimo. Revela que se retienen personas al azar (pesca milagrosa); que estás se escogen aleatoriamente y que, sin oponer resistencia, se abusa y se hace uso excesivo de la fuerza sin que los procedimientos se enmarquen en lo que Penilla concibe erradamente como “Estado de Derecho”.

Los vídeos de lo sucedido con María Fernanda Pérez y Carlos Russi, quienes en dos lugares diferentes fueron subidos por la fuerza a carros particulares es diciente. Lo es mucho más su testimonio de lo ocurrido. Fueron víctimas de una mezcla de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” que gracias a que fueron documentados en videos no terminaron en un delito peor.

Sin embargo, si hubo un concurso de delitos y la policía lo sabe. Por eso, y apartándose otra vez del procedimiento, agentes de uniforme y encubiertos visitaron la casa de Carlos Russi en una especie de notificación de que saben dónde vive y de advertencia de que debe guardar silencio y evitar presentar denuncias. Intimidación en el buen sentido de la palabra.

Saben, si ya ahora sí se tomaron el trabajo de leer la Constitución y las leyes que juraron cumplir y respetar, que violentaron el artículo 28 Superior que se encuentra en perfecta concordancia con los artículos 297 del Código de Procedimiento Penal y 174 y 176 del Código Penal.

Más grave aún, ya deben saber que la conducta de todos quiénes participaron en el “operativo” enmarca en el punible de secuestro simple toda vez que hubo retención y privación ilegal de la libertad (Artículo 168 Código Penal) en concurso con tortura (artículo 178 Código Penal) al haber inflingido a personas “sufrimientos… físicos o psíquicos, con el fin de… castigarla por un acto… que se sospeche que ha cometido o de intimidarla”

Lo más grave es que frente a la gravedad de los hechos Procuraduría no haya tomado la determinación de suspensión de los implicados y los entes encargados de determinar responsabilidades penales la medida de privación de la libertad a quienes constituyen un peligro para la sociedad. General Penilla el delito debe ser siempre cuestionado y perseguido. Eso no afecta sino que fortalece el Estado Social de Derecho y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la dictadura Policial y la apelación por parte de su institución a las vías de hecho sobre las de derecho. Preocupese por dar institucionalmente un buen y no un mal ejemplo

Colombia: una cruenta y cada vez menos disfrazada Dictadura

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Diez (10) millones de colombianos, si es que en realidad existieron, o los que pensaron que daba lo mismo votar por Petro que por Duque o los que decidieron no tomar partido y votar en blanco o irse a ver ballenas mientras el monstruo del autoritarismo regresaba, o quizás la Registraduría y un sistema electoral hecho para convalidar el fraude, son los directos responsables del regreso del uribismo al poder y de la transición de Colombia de una democracia imperfecta a una dictadura o a un régimen absolutista de corte feudal.

En la “democracia más estable de América” no fue necesario el acceso de los militares al poder, a través de un golpe, para que el autoritarismo y la arbitrariedad se instauraran. La Constitución ha sido proscrita de hecho – que no en derecho- y ahora rige en su lugar los apartes de la ley 1801 del 2016 que interpretativa y discrecionalmente los miembros de la policía del gobierno siente que le resultan útiles para imponerse y realizarse haciendo lo que mejor saben y les satisface hacer: golpear.

En esa sustitución, o mejor destitución, de las vías de derecho por las vías de hecho, las detenciones proceden sin delito y sin orden emitida desde el poder judicial. Un nuevo “poder público” ha emergido, el poder policial que sostiene al débil e impopular poder ejecutivo, que a su vez controla al poder legislativo y amedrenta al poder judicial. Los asiste en su perversión el poder mediático que calla, oculta o tergiversa la verdad para beneplácito de sus dueños, que son a su vez quienes tras bambalinas mueven los hilos de todas las restantes marionetas, en el país que insiste en creer ingenuamente que posee un solo títere.

El derecho a la vida es mirado con desprecio, mientras se justifica la muerte de todo lo considerado oposición. La igualdad es subversiva. Desde la posición de los privilegiados discriminadores se mira con desprecio el término fraternidad. La intimidad cede paso a las chuzadas de líneas y a la incautación y revisión de celulares. El libre desarrollo de la personalidad se considera inmoral. La esclavitud y la servidumbre intentan restaurarse a través de “reformas laborales”. Se volvió imposible no ser molestado por tener convicciones o creencias diferentes a las del gobierno y la libertad de cultos solo es válida para las sectas afines y defensoras de las hogueras y de lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen.

Pero no sólo eso, expresar y difundir el pensamiento y las opiniones e informar y recibir información también son considerados graves crímenes en el uribato. En la Colombia de Uribe y Duque, la libertad puede ser restringida sin orden judicial y circular libremente, reunirse y manifestarse pacíficamente, asociarse y ejercer control del poder político está prohibido y puede castigarse con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de un grupo como el ESMAD que tiene (al igual que el agente 007 de las películas) derecho para maltratar y matar ciudadanos impunemente.

Los postulados de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que son los de la Ilustración, el liberalismo y la burguesía al igual que los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 han sido llevados a la hoguera como Colombia ha vuelto a ser llevada a una especie de neo medioevo donde el autoritarismo, la fe, el dogma y las ejecuciones están al orden del día como mecanismo de contención frente a la herejía de quienes levantan su voz.

La Constitución de 1991 ha sido derogada y solo estamos a la espera de que se prohíba su porte y se ordene llevarla a las plazas públicas para que la policía vierta sobre ellas gasolina y las incinere con propósitos purificadores y de extinción de todo signo de subversión en el país donde reclamar democracia se volvió subversivo.

Desvirtuámos con vídeos la versión mentirosa del asesino de Dilan Cruz

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Son 4 oficiales de la policía, sin rostro, los responsables inmediatos, pero no únicos, del asesinato del estudiante Dilan Cruz: El comandante del ESMAD, coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes (1); el subcomandante de la MEBOG, Javier Martín Gámez (2); el comandante de la Regional Móvil Antidisturbio 1 y comandante del dispositivo del ESMAD in situ, mayor Jhon Alexánder Socha Ayala (3) y el capitán (4) cuya identidad (con la complicidad de los grandes medios, de la propia policía, la fiscalía y la procuraduría) hoy se mantiene en secreto con propósitos de encubrimiento e impunidad.

De quien accionó la escopeta calibre 12, contra todo protocolo y a escasos 10 metros del estudiante solo se conoce, hasta hoy, que no es un policía raso y sin formación sino un capitán, que tiene 15 años de servicio y casí dos centenares de procedimientos en el ESMAD y, además, que revictimiza la memoria de Dilan al mentir sin ningún honor ni pudor en las declaraciones que ha dado sobre los motivos de su crimen.

Con material probatorio (videos) desvirtuaremos la temeridad con la que declara incurriendo, para agravar su situación, en el punible de fraude procesal (artículo 453) al pretender inducir a error a un servidor público para obtener sentencia contraria a la ley, en este caso absolutoria.

Frente al evento específico donde resulta herido de muerte Dilan Cruz el oficial a quien llamaremos capitán misterio o capitán impunidad declara lo siguiente:

1. “Al pasar la carrera quinta, se incrementa el lanzamiento de objetos contundentes contra el Esmad. En esos momentos, frente a nosotros se produce una explosión. De inmediato se lanzan gases, ya que los agresores se encuentran a poca distancia…”

ON: Frente a tal declaración hay que precisar lo siguiente: 1. Dilan no cae en la carrera quinta sino en la carrera cuarta, es decir a 180 metros, por lo que de haber existido lanzamiento de objetos contundentes no puede sindicársele.

2. “… Avanzamos unos metros más en medio de las agresiones, somos atacados desde los costados y, al acercarnos a la intersección de la calle 19 con carrera cuarta, observo cómo varias personas que se cubren sus rostros lanzan elementos contundentes…”

ON: En los vídeos no se observa ataque alguno desde los costados. Las personas que se cubren los rostros lo hacen para protegerse de la acción de los gases lacrimógenos que lanza la policía. En ningún momento se observa el lanzamiento de elementos contundentes que puedan representar peligro frente a los elementos de protección corporal que usan los efectivos del ESMAD quienes caminan sin ningún contratiempo u oposición.

3 “… ante el incremento en la agresión y la detección de este nuevo peligro inminente, tomo la decisión de disparar una munición de impacto contra los agresores, al instante se observa que una persona cae al suelo…”

ON: Los videos permiten constatar que no es real el incremento en la agresión y que la aludida “detección de… peligro inminente” no corresponde a una apreciación objetiva sino subjetiva de quién, como bien lo reconoce, decide (estimulado por el “dele papi, dele a quien sea dele” del comandante del dispositivo del ESMAD in situ, mayor Jhon Alexánder Socha Ayala) “disparar una munición de impacto contra los agresores”, disparo que efectúa a menos de 10 metros contra Dilan, cuyo único pecado fue tomar en sus manos una cápsula de gas lacrimógeno, arrojarla a un carril diferente al donde marchaba el ESMAD y dar la espalda para correr.

4. “… tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupan rápidamente impidiéndolo. Sin embargo, los primeros auxilios son brindados de forma inmediata por funcionarios de la Alcaldía, Personería Distrital y otros ciudadanos como socorristas de la Defensa Civil. Ante esta situación reporto a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”.

ON: En ningún momento los vídeos evidencian que los miembros del ESMAD se inmuten ante la persona herida y antes permanecen imposibles. Tampoco se evidencia que se solicite por radio servicio de ambulancia y si se hizo fue tardío por cuánto la asistencia medicalizada tardó más de 25 minutos en llegar al lugar de los acontecimientos.

EL TIEMPO narra además, que el encuentro entre el capitán agresor y la personera Esmeralda Caro Gómez, se dio antes del episodio de Dilan, lo que implicaría un mayor grado de responsabilidad toda vez que entonces estaría advertido que no podía disparar sin la intervención previa del Ministerio Público. No obstante, del vídeo se evidencia que cuando la representante de la Personería dialoga con el agente del ESMAD ya el tráfico está reestablecido lo que también implicaría que al disparar sin seguir protocolos estaría incurso en el publible de prevaricato por omisión.

Pero que sean los vídeos los de la agresión los que desmientan la versión que pretende justificar el asesinato de Dilan Mauricio Cruz Medina.

Video 1
Se observa: “personas que se cubren sus rostros” para evitar la acción de los gases (1), pero NO “lanzan elementos contundentes” (2). NO hay “incremento en la agresión” (3). NO hay “nuevo peligro inminente” (4). El capitán, se infiere que estimulado por el “dele, a quien sea, dele, dele, dele, dele” del comandante de la Regional Movil Antidisturbios 1 y responsable del operativo del ESMAD in situ, Mayor Jhon Alexander Socha Ayala (5) toma la “decisión de disparar una munición de impacto CONTRA los agresores” (6). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(7), ni se evidencia que se “reportó a la central de radio solicitando la presencia de una ambulancia”(8). NO fue un accidente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON

Video 2
Es otro ángulo. Otra toma. Se observa que casi llegando a la 4ta, sin oposición (1) sin ataques desde los costados (2), sin explosiones, a no ser que se confundan como tales el ruido de los cacerolazos (3), sin peligro inminente para los miembros del ESMAD o de los transeúntes que caminan a lado y lado (4) el capitán decide disparar a menos de 10 metros (5) contra agresores que no lo agreden. Dispara de frente sabiendo, como oficial experimentado, la letalidad de su disparo a tan corta distancia (6). No fue un ACCIDENTE (7). Disparó a matar no a dispersar (8). Hizo uso ilegítimo de la fuerza (9). No le importó el herido (10) ni trató de auxiliarlo (11). A Dilan lo asesinaron.

Video 3
Al grupo de Dilan le lanzan una granada de gas (1). La recoge y la lanza al carril contrario a aquel donde se movilizaba el ESMAD (2). Ello prueba que no tenía y/o existía intención en él de lesionar y/o dañar a los miembros de Escuadrón Antidisturbios (3). Su acción fue defensiva y no ofensiva (4). Inocentemente da la espalda y corre (5) y cobardemente es asesinado a mansalva, con premeditación y alevosía

Video 4
Hay personas que caminan por los andenes sin peligro (1). Personas en el separador se identifican como prensa (2). Es mentira que a los miembros del ESMAD les “lanzan elementos contundentes” (3). NO hay agresión y menos “incremento en la agresión” (4). NO existe un “nuevo peligro inminente” (5). El asesino de Dilan dispara de frente y a corta distancia a un joven que da la espalda y corre (6). NO es cierto el “tratamos de acercarnos para socorrerlo, pero las personas se agrupen rápidamente impidiéndolo”(7). El ESMAD asume una posición imposible y negligente frente a su víctima (8). El capitán que asesinó a Dilan miente. No hay justificación válida. Hay premeditación e intención de lesionar y no de dispersar. A Dilan lo MATARON

Video 5
Otro ángulo. Un video tomado desde la carrera cuarta muestra el momento exacto en que Dilan es impactado por la espalda luego de defensivamente devolver una cápsula de gas lacrimógeno al carril opuesto a donde marchaba el ESMAD, lo que prueba inexistencia de intencionalidad de daño hacia los policías

Asociación Americana de Juristas condena muerte y represión oficial en Colombia

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Mientras Iván Duque orondo se pavonea entre miembros del ESMAD de la policía dándoles un espaldarazo a sus acciones desmedidas en el control del orden público y en la represión y criminalización de la protesta social dentro de una lógica que cercena derechos fundamentales y visiona a los ciudadanos como peligrosos enemigos internos, surgen pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional.

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En las últimas horas por ejemplo se conoció la declaración de la Asociación Americana de Juristas en la que no solo se repudió el asesinato del joven estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina, quién fue impactado por un proyectil no convencional el pasado 19 de diciembre a raíz de la cual se produjo su deceso el 25 del mismo mes, sino que se “condena a la escalada de persecución, violencia y asesinatos de estudiantes y participantes de las marchas en Colombia”.

En su evaluación la ONG consultora de la ONU en materia de derechos humanos señaló además que la “respuesta gubernamental a las movilizaciones ha sido una brutal represión, aplicando el terrorismo social y psicológico con acciones desmedidas e ilegitimas a través del ESMAD… conocido como el Escuadrón de la Muerte de la Policía; la militarización de ciudades; los allanamientos ilegales… las detenciones arbitrarias; los toques de queda, generando terror y estigmatizando el derecho a la protesta”.

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En un recuento histórico la AAJ hizo en su pronunciamiento un listado de algunos de “los crímenes del ESMAD, desde su creación en el 1999” indicando a renglón seguido que “ascienden a 87, incluidos asesinatos, mutilaciones, lesiones de invalidez, en total impunidad al no responder por ninguno de esos actos”.

Para la Asociación el crimen de “Dilan Cruz Medina, engrosa… los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, contra los estudiantes y crímenes de Estado que hasta ahora se mantienen impunes, entre otros: Norma Patricia Galeano, Universidad del Tolima (1994); Carlos Giovanni Blanco, Universidad Nacional (2001); Jaime Acosta, Universidad de Santander (2002); Nicolás Neira (15 años de edad, ocho agentes del ESMAD lo rodearon, lo golpearon y no lo soltaron hasta matarlo (1 de mayo de 2005); Johnny Silva Aranguren, Universidad del Valle, (2005); Oscar Salas, Universidad Distrital Bogotá (2006) y Miguel Ángel Barbosa, Universidad Distrital Bogotá (2016)”

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Aparte de lo anterior los juristas solicitaron “una investigación independiente para traer a la justicia a los autores materiales e intelectuales” de las violaciones a los derechos humanos, aparte de instar al gobierno Duque “a cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida de todos los colombianos y colombianas, particularmente los que lideran procesos sociales; así como tomar las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias”.

La Organización No Gubernamental insistió también en el “cese del hostigamiento y actividades de inteligencia contra las organizaciones no gubernamentales y las participantes en las protestas sociales” y exigió “una
inmediata formulación y aplicación de un Plan Nacional de protección de líderes”, además de sumarse a la “solicitud para desmantelar el ESMAD, responsable de asesinatos de manifestantes”

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Curiosamente y en contravía de las voces que se alzan nacional e internacionalmente contra el uso excesivo y desmedido de la fuerza, el estado colombiano ha anunciado la creación de cuerpos antidusturbios similares al ESMAD pero a cargo del ejército de Colombia lo que podría agravar la situación de incremento de crimenes de estado contra actores civiles en abierta violación al DIH.

Los líderes sociales: ¿Objetivos en la lógica de los “buenos muertos” y el “asesinato aplazado”?

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El primero que implementó el macabro plan pistola en Colombia fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las victimas en su mayoría eran policias sin rango adscritos a la hoy denominada Policia Metropolitana del Valle del Aburrá -MEVAL- y oriundos de otras regiones del pais. De alli se copió el modelo de exterminio de los lideres sociales que hoy se implementa a lo largo y ancho del país y que deja entre otros los siguientes interrogantes:

¿Cuántos de los asesinatos han sido investigados y tienen a responsables materiales y autores intelectuales identificados y tras las rejas? ¿Si existen las denominadas Águilas Negras por qué los aparatos de inteligencia del Estado no han develado nada acerca de su estructura, integrantes y cabecillas? ¿Qué organización o institución dispone de la infraestructura y logística para operar impunemente en absolutamente toda la geografía nacional?

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Más allá de eestas incógnitas que debería haber despejado de tiempo atrás el propio Estado, lo cierto es que este nuevo genocidio que ha arrancado con fuerza en Colombia tras el inicio del proceso de paz y que sucede a los eufemisticamente denominados “falsos positivos” pareciera enmarcarse dentro de la lógica de que hay “buenos muertos” y por tanto asesinatos justificados que recaen curiosamente en quienes son permanentemente estigmatizados por la militancia del Centro Democrático como “bandidos”, “mamertos”, “guerrilleros”, o “gente incómoda” para los poderosos intereses económicos y políticos de la dirigencia de ese sector político, vinculados a la tenencia de la tierra y a actividades como la ganadería.

Sin que existan los elementos probatorios para hacer sindicaciónes, lo cierto es que desde esta última agrupación política y desde su máximo dirigente no ha existido nunca un pronunciamiento contundente que invite a parar el odio y que condene la intolerancia y el que los conflictos y diferencias se diriman por la fuerza, con utilización de armas y con propósitos de exterminio o liquidación física de quién opina o piensa diferente.

Lejos de ello, se han vuelto tristemente célebres los constantes pronunciamientos intemperantes e incendiarios de María Fernanda Cabal, quien llegó incluso a cuestionar el papel del ejército señalando frente al mismo, palabras más, palabras menos, que era una fuerza letal cuyo propósito era entrar a matar, doctrina que explicaría la lógica espantosa con el que esta institución se involucró en los “falsos positivos” durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente en febrero de 2018 y siendo presidente Juan Manuel Santos, Uribe Vélez se pronunció contra el aumento de “Las muertes de líderes sociales”, lo que convenientemente olvidó volver a hacer desde el 7 de agosto de 2018 cuando se posesionó Iván Duque en la presidencia sin que los asesinatos se detuvieran.

Apenas dos meses y 24 días después, el propio Uribe, al mejor estilo de Escobar Gaviria, acuñó el término “buen muerto” al referirse al asesinato de Carlos Areiza.

Para rematar sus desafortunadas declaraciones públicas sobre el tema, efectuadas a través de Twitter, poco antes de la posesión como presidente de Iván Duque, Álvaro Uribe al criticar que Juan Manuel Santos se ufanara de la “disminución del asesinato”, señalando frente a lo mismo que lo único que hacía era dejar “el asesinato aplazado”, con lo que daba a entender o anticipaba la reactivación de la muerte en Colombia

Ayúdanos a PARAR el GENOCIDIO copiando y tuiteando el siguiente texto:

@IntlCrimCourt @CourPenaleInt
@FATOU_BENSOUDA @Opinionoticias

ARRÊTEZ LE GÉNOCIDE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN COLOMBIE Finie l’impunité

STOP THE GENOCIDE of SOCIAL LEADERS in COLOMBIA. No more impunity

DETENGAN el GENOCIDIO de líderes sociales en Colombia. No más IMPUNIDAD

 

Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los “falsos positivos”.

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?

Estudiantes: Ojo con hacerle el juego a la extrema derecha y ‘dar papaya’ cayendo en provocaciones

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Gustavo Petro denunció la infiltración, con fines de desprestigio y estigmatización, de la protesta estudiantil, tras deplorables hechos de agresión contra la fuerza pública de los que dieron cuenta los medios y las redes sociales.

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Hoy, tomados no se sabe por quién, circulan en redes sociales varios vídeos en donde encapuchados preparan bombas incendiarias, curiosamente reivindicándose como parte de una estructura del ELN llamada Jaime Bateman Cayón, lo que automáticamente lleva a más de un uribista a hablar de la refundación del M-19 y a sindicar irresponsablemente a Petro como gestor de este proceso.

Lo ocurrido, amarrado al acto provocador, incitador y calculado del presidente Ivan Duque de recibir en Palacio a figuras de la farándula mientras no atiende a los estudiantes y a los profesores de las universidades públicas (luego de varias semanas de paro) es significativo.

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Se está buscando a través de agentes externos desencausar la legítima protesta social y llevar a los estudiantes a la radicalización, para deslegitimar social y mediáticamente una justa causa y generar artificialmente en la opinión pública la noción de que los estudiantes constituyen esa suerte de peligro y “enemigo interno” que debe ser desarropado por la sociedad para ser enfrentado represivamente.

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Es sospechoso y a ello debería cerrársele el paso por parte de los propios estudiantes, caer en este juego perverso y planificado. Ayer en Barranquilla, por ejemplo, la asistencia mermó significativamente en la marcha y resultó evidente que existía la intencionalidad tanto de la fuerza pública como de algunos manifestantes a provocar desmanes.

No de otra manera se entiende la invitación del mayor Óscar Rueda a que los carros transitaran sin importar que sobre la vía habían manifestantes. También la actitud de personas indeterminadas dentro de los marchantes, de conducir la manifestación hasta la vía 40 con calle 72 para bloquear esta arteria e imposibilitar el tráfico de trabajadores que a esa hora se dirigían a sus lugares de trabajo o a sus hogares luego de una agotadora jornada de trabajo.

Sin lugar a dudas, mantener una toma de una vía con tan escaso personal y en una zona donde cerrados los 3 accesos el espacio se convertía en una especie de trampa o auto emboscada sin escapatoria, fue un acto absolutamente irracional e irresponsable.

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De estudiantes golpeados, heridos, muertos y desaparecidos está llena la historia de este país sin que ello haya generado cambio y transformación alguna, más allá de alejar por miedo a la gente de participar y protestar democráticamente. El país requiere de jóvenes vivos y participantes en la definición de los asuntos públicos y no de mártires que se autoinmolen sin ningún tipo de sentido práctico, político o ideológico.

Habría que revisar qué objetivos de fondo y quiénes estaban detrás de propiciar enfrentamientos. Lo cierto es que cualquier estudiante mínimamente formado políticamente sabría que suplantar a las masas sin pensar consecuencias de las acciones que se emprenden, es un acto demencial que parecería más inspirado en quienes desean que corra sangre y no en que haya soluciones concretas a las demandas planteadas al gobierno.

A los estudiantes habría que pedirles lo que no es exigible a los miembros de la fuerza publica: Más inteligencia y racionalidad y menos emocionalidad. Debe prevalecer la sinapsis sobre la emisión de altas dosis de adrenalina y testosterona. La fuerza de la razón debe anteponerse a la razón de la fuerza. Los estudiantes deben ser más cerebrales y menos viscerales. En otras palabras, menos primarios al pensar y al actuar, porque sin lugar a dudas el país va a requerir a corto, mediano y largo plazo de su presencia en la reformulación del rumbo de la nación.

Taparse la cara y tirar una piedra siempre será más sencillo que pensar y producir ideas que anticipen los movimientos del jugador contrario y lo pongan en jaque mate.

¿Sicariato moral de parte de un ministro?

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Quizás no haya nada más grave y peligroso en una sociedad que la intemperancia o, como diría un amigo, la incontinencia verbal. El peligro, como es obvio pensarlo, se incrementa en niveles superlativos cuando el intemperante es precisamente uno de quienes deberían dar ejemplo de civilidad y tramitación inteligente de los conflictos.

El ministro de defensa, Guillermo Botero, habló sobre la protesta social y no pudieron ser más desafortunadas sus declaraciones. Se esperaría algo diametralmente diferente de quién, por su cargo, debería estar llamado a pensar que su deber esencial debe ser la protección de la vida, honra y bienes de todos los colombianos, sin excepción.

Sin embargo, su pronunciamiento, que tuvo el propósito de deslegitimar la protesta social y a sus actores (los líderes sociales) al ligar las motivaciones de la misma no a problemas estructurales (como por ejemplo la ausencia histórica del Estado) sino a propósitos y “financiación de mafias”, colocó una lápida en quienes ya vienen siendo objeto selectivo de persecución y aniquilamiento sistemático.

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Debería ser un principio de sindéresis, que ningún alto dignatario del estado incurriera en la ‘tentación’ de declarar a los medios haciendo generalizaciones a priori y por tanto sindicaciones irresponsables y sin sustento probatorio.

En Colombia ha hecho carrera, a fuerza de durísimas y dolorosas experiencias, la frase de que a los perpetradores de crimenes, anteceden los sicarios morales. Estos últimos a través de herramientas deleznables como la injuria y la calumnia preparan el terreno para que nadie se extrañe de la muerte de quienes son abatidos por siniestras organizaciones de la muerte.

Incluso, a veces la labor de los sicarios morales no termina con la legitimación o el otorgamiento de un “pretexto perfecto” para la ejecución de la víctima. Incluso se revictimiza apelando a expresiones como la tristemente célebre frase de “buen muerto”, empleada por quien ocupó la más alta dignidad pública.

Ojalá las declaraciones de Botero no contribuyan a exacerbar la muerte de los líderes sociales, por vía de envalentonar a los sicarios materiales para actuar.

El país nacional agradecería más del ministro y del gobierno que en lugar de hablar antes de pensar, se desarticulen los escuadrones de la muerte que han hecho de Colombia una zona franca sicarial.