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Fecode: bajo ataque en redes por la alianza uribismo – “centro”

Por: Alberto Ortiz Saldarriaga (Twitter @OrtizSAlberto) miembro de Acción Ética Docente (Publicado originalmente en el Diario LA LIBERTAD)

Lo que no han logrado a través del desprestigio que intentan construir contra los educadores oficiales desde sus medios y obsecuentes comunicadores e influenciadores de bolsillo, e incluso desde quienes han trascendido ese papel de sicariato moral para pasar al material, el establecimiento quiere ahora hacerlo usando como punta de lanza o arma al COVID-19.

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Pandemia y virtualidad dejan al desnudo la educación

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En Colombia es impensable, por “cuestión de perfiles”, que un docente dirija el Ministerio de Justicia o cualquier otra cartera. Ello refleja el desprecio que la élite dirigente siente por la educación y los educadores. Lo que si no resulta absurdo, y antes es mirado con naturalidad, es que cualquiera, sin saber nada de pedagogía o ser maestro, pueda ser nombrado al frente del Ministerio de Educación Nacional.

De hecho, durante los últimos 30 años, es decir, desde solo un poco antes de la Constitución de 1991, catorce (14) ministros de educación ha conocido el país de los cuales siete (7) fueron abogados, 3 economistas, 2 periodistas, 1 sociólogo y la última 1 ingeniera industrial. Por ello no ha de extrañar a nadie las serias deficiencias en nuestro sistema educativo, de las que se culpa injustificadamente al más débil, esto es, al maestro.

La educación no ha sido dirigida, ha sido digerida, que no es lo mismo. El orden de las letras y una sola vocal marcan la gran diferencia entre los vocablos dirigir y digerir y todos sabemos perfectamente que proceso orgánico sucede a la digestión. El presupuesto de la educación ha sido literalmente tragado por el peor de los monstruos del país y así, como muchas otras cosas, ha quedado evidenciado con el coronavirus.

La infraestructura escolar no es la adecuada; los estudiantes carecen de equipos de cómputo y del “lujo” de la conectividad y en ese panorama desolador, que evidencia porque somos uno de los países más desiguales del mundo, se tiene el descaro o la desfachatez de exigir a maestros y maestras que “salven la patria” y que salgan con las uñas a hacer milagros como el de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público educativo, cuanto tal responsabilidad y deber es exclusivamente del Estado y de los gobernantes.

Desde los fríos escritorios, los burócratas y tecnócratas a los que jamás les ha importado de verdad la educación del pueblo, mayoritariamente pobre, y a los que nunca les ha interesado para nada crear, por ejemplo, un sistema de radio escolar o de televisión pública para la difusión y promoción de contenidos de educación y cultura, intentan pensar cómo actuar dentro de la crisis frente a un tema que nunca les ha cabido en la cabeza.

La improvisación y la irresponsabilidad es tal, que sin vacuna y sin un tratamiento efectivo ya la ministra se atreve a hablar de estar mirando protocolos para el retorno a la presencialidad, sin contemplar que el tamaño de los salones y el hacinamiento no permitan el distanciamiento social, más si favorezcan la propagación de la pandemia.

Lo peor de todo, es que debajo del ministerio, en una especie de escala de depredadores, los encargados de las secretarías de educación, escogidos bajo el mismo criterio no objetivo de selección y emulando la fábula de la “hormiga maestra infeliz” (https://bit.ly/358IHUR) están siempre dispuestos a obedecer y en tal sentido emiten todo tipo de pronunciamientos y directrices, igual de confusos, que no consultan para nada la realidad de los espacios escolares, pero que tienen el objetivo de ejercer presión indebida, con características de acoso laboral, sobre los maestros.

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La irresponsabilidad de ordenar enviar guías y talleres impresos a estudiantes y de que estos las devuelvan para una evaluación que por lo menos en esta época debería quedar proscrita, es un ejemplo de lo que no se debe hacer para la bioseguridad de maestros, estudiantes, familias y sociedad en general en opinión de los epidemiólogos. Sin embargo, es su manera de encubrir la precariedad económica de miles de familias pauperizadas por el sistema.

En la hegemonía de lo absurdo y para la ejecución de lo ilógico, el poder se vale e instrumentaliza a aquellos rectores y coordinadores, que así lo permiten, y con un perfil que no va más allá del de ser sombríos personajes sin claridad conceptual y con enormes necesidades insatisfechas de poder, reconocimiento y figuración, aún a costa de su propia dignidad y de la salud física y psicológica de los maestros y maestras a su cargo. Afortunadamente aún muchísimos no han sido contagiados por el virus letal de la deshumanización mientras otros muchos si se han vuelto Malinches modernos.

Si de por sí, la profesión docente es una de las que más soporta presión y de las que más desgaste e incidencia en lo físico y psicológico experimenta, con la pandemia se están colocando sobre los hombros de los docentes cargas excesivas que estos transfieren a los estudiantes y familias, agregando mayor inestabilidad emocional de la ya existente a una comunidad educativa que puede llegar a experimentar peligrosos niveles de trastornos. Lo menos aconsejable y responsable, dicen abiertamente psicólogos y psiquiatras, es atiborrar de tareas a maestros, estudiantes y padres traspasando los límites de lo inteligente.

Da algo de nostalgia recordar, que hubo un tiempo en la educación en que rectores y coordinadores veían a los docentes como pares al lado de los cuáles luchaban por la obtención de reivindicaciones comunes. Después y hasta hoy, con la metamorfosis que generó el manejo de presupuesto por los rectores, a quienes en una hábil jugada del poder imperante les inculcaron que eran “gerentes”, la autopercepción y la percepción del maestro para algunos directivos docentes ha cambiado de manera drástica y triste.

Lamentablemente el sector específico de directivos de la educación al que específicamente aludimos, al colocarse como obedientes e incondicionales ejecutores de las políticas que contra los maestros se diseñan desde el ministerio y las secretarías, los hace auto percibirse como una casta superior en tanto a los maestros se les mira como simples inferiores o subalternos merecedores de ser maltratados y explotados hasta límites insospechados.

Si se concreta la idea que varios importantes políticos tradicionales vienen vendiéndole al gobierno para que la dirección económica de todos los planteles educativos pasen a manos de administradores públicos, ajenos a la educación, se afectará a todos y probablemente será tarde para readquirir el tan necesario sentido de pertenencia o la llamada conciencia para sí de la que habla el marxismo. Divide y reinarás señalaba un aforismo que los maltratadores inmediatos de los maestros al parecer no conocen.

Mientras tanto los mismos de siempre seguirán digiriendo los recursos de la educación con lo que cobran más sentido las palabras de Zubiría en el sentido que lo que más requieren desaprender los maestros hoy es a obedecer. Si no se hace, la burocracia y tecnocracia terminarán convirtiendo a la educación y a los educadores, en términos garciamarquianos, en aquello que el coronel contestó a su esposa que comerían.

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Duque: ¡Irresponsable e inepto!

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No hay aún certeza sobre si los 10 millones de electores existen o si la cifra real de sus votantes fue inflada por el software de la registraduría. Tampoco sobre cuál fue la real incidencia de los turbios dineros del ‘Ñeñe’ Hernández en la elección presidencial.

No obstante, lo cierto es que Colombia requirió de la peor de las circunstancias y crisis para darse cuenta que Iván Duque era la peor de las opciones posibles para presidente. Cada decisión que adopta demuestra su absoluta falta de liderazgo y de experiencia para capitanear a Colombia en las turbulentas aguas del coronavirus. Estamos a punto de un naufragio irremediable y sin precedentes. Quizás peor que el que propició su padre al no adoptar a tiempo las medidas necesarias para evitar la tragedia de Armero.

Ya la televisión alemana hace sorna de la desautorización que hizo de los alcaldes que, ante su falta de iniciativa, adoptaron medidas urgentes para evitar la propagación del virus en sus territorios. Su incapacidad le impide pensar menos en la economía que en la salud de los habitantes del país que a tumbos e improvisaciones intenta dirigir. Su ego, igualmente le imposibilita aceptar que otros piensen y adopten decisiones antes que el.

Sus decisiones tardías, como por ejemplo la de cerrar los aeropuertos a los vuelos internacionales le ha costado bastante al país. Las primeras infecciones provinieron de personas que llegaron del exterior y de personas que estuvieron en contacto con las mismas. Ingresaron por aeropuertos concesionados en los que ni los operadores privados ni las autoridades sanitarias tomaron medidas serías de control en las primeras semanas.

El colmo de sus errores inexcusables fue convocar una reunión presencial de alcaldes y gobernadores de todo el país, en Casa de Nariño, habiéndola podido desarrollar de manera virtual. No le dio su inteligencia para preveer, ni obtuvo información de los organismos del Estado que dirige de que uno de esos alcaldes venía del exterior y había hecho tránsito aeroportuario en España. Hoy el alcalde de Popayán es positivo para coronavirus y no se sabe si el propio presidente y otros alcaldes y gobernadores sean portadores asintomáticos del virus.

Lo que vive Colombia es una amenaza real y las amenazas reales no se afrontan con simulacros como el que se le permitió y autorizó a la alcalde de Bogotá. Con este tipo de medidas solo se envía un mensaje a la ciudadanía que no aporta nada para tomar conciencia de la gravedad real de la situación. De hecho, muchos bogotanos salieron de la ciudad con mayor afectación, quiera Dios que no, a diseminar el virus.

La mayor amenaza para Colombia no es el coronavirus: Es la inexistencia de la autoridad presidencial y la ausencia de medidas de fondo como el confinamiento inmediato de todos los ciudadanos del país para minimizar la propagación del virus y el consecuente colapso de un sistema de salud privatizado que no está preparado tecnológicamente para afrontar la embestida brutal del virus. La impotencia e indignación contra el presidente ya son evidentes en redes sociales

El coronavirus reveló todo lo injusto y perverso del sistema actual

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La pandemia ha desnudado en toda su dimensión las miserias del modo de producción y sistema político que se impuso definitivamente tras la revolución Francesa. Sus valores iniciales de igualdad, fraternidad y libertad han sido sustituidos por prácticas deleznables como el individualismo, el egoísmo y la insolidaridad.

Bajo la atrocidad y voracidad de los postulados del neoliberalismo, intencionadamente, se empequeñeció al estado para evitar que este acuda y actúe en defensa de los más débiles y, por esa vía, garantizar que se impongan exclusivamente la lógica y los intereses de ganancia, a cualquier precio, de los poderosos.

En el lenguaje de estos últimos no existen términos como reciprocidad y empatía. Solo existe el propósito único de acumulación desmedida de ganancias, sin importar los medios de que se valgan para obtenerlas ni a quienes destruyan en su proposito. El cada vez más atrofiado estado solo existe en tanto su aparato represivo es útil para garantizar los privilegios de unos pocos. No existe para auxiliar económicamente al débil o para garantizar, por ejemplo, la salud de las mayorías. Existe para respaldar a los negociantes y a sus negocios rentables.

Los grandes industriales y comerciantes son incapaces de tomar la decisión de, por quince días o un mes, parar la producción, sin cesar pagos de salarios, para facilitar el confinamiento y la provisión de alimentos, con el objetivo de salvar vidas. Salvo los pequeños empresarios (y en su ayuda debería acudir también el estado), los grandes podrían hacerlo. Podrían en razón de la emergencia humanitaria hacerlo como lo hicieron ya una vez en la segunda mitad del siglo XX para derrocar a un gobernante.

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Podrían socializar con el país una parte insignificante de sus jugosas ganancias de décadas, de la misma manera en que el país nacional les ha tendido la mano cuando el gobierno ha decidido socializar sus pérdidas a través de más y mayores impuestos, que se descargan sobre las espaldas de los débiles, o a través de exenciones tributarias que no han tenido otro sentido que disminuir sus costos de producción y/o, como se nos ha vendido, reducir sus egresos para aumentar sus ingresos, sobre el compromiso nunca cumplido de generar más empleo.

Sobresalta e indigna que el estado y el gobierno, que representa a la clase social minoritaria que ostenta el poder, hayan destruido la salud pública para convertírla en otro jugoso negocio que se les sirve a la carta. De ahí la incapacidad de un sistema de salud en manos privadas para asumir la responsabilidad de brindar atención de calidad a los millones de ciudadanos que, paradójicamente y siendo los que más tributan y contribuyen, son también los que más necesitan hoy hospitales dotados con toda la tecnología posible.

Los colombianos no creíamos que fuera a ser tan necesario, como ahora, que la salud fuera un derecho fundamental y no otro perverso negocio que genera ganancias sobre la base de negarles servicios y atención de calidad a la gente.

En todo este panorama desolador y apocalíptico estamos por fin, y a golpes, aprendiendo a entender que en el capitalismo no hay lugar para sentimientos y mucho menos para tener corazón. Al uno y al otro lo sustituyen las carteras y los billetes. Estamos entendiendo, por ejemplo, que
el desabastecimiento de Venezuela (más allá de la explicación del saboteo y el bloqueo económicos) hace parte de la lógica inhumana del mercado en la que incluso la Constitución, contrariando a Kelsen, queda por debajo de sus leyes de oferta y demanda.

Desaparecieron el alcohol, los antibacteriales y 9 millones de tapabocas necesarios para afrontar la crisis sanitaria y humanitaria, sencillamente porque ante la caída del peso frente al dólar (devaluación), quienes los tenían en su poder, decidieron que era más rentable, monetariamente hablando, exportarlos que realizarlos sin acaparamiento y sobrecostos en el mercado interno. Ello, obvio, con la complicidad de funcionarios del Estado a los que debieron “untar” para que miraran hacia otro lado mientras hacían su nauseabunda transacción.

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También aquel discurso de que éramos uno de los países más desiguales del mundo hoy deja de ser retórica y adquiere contenido apreciable en la situación de millones de compatriotas que están en la encrucijada de no poder confinarse porque la pobreza no se los permite. Un millón de personas sin agua potable es una cifra diciente; ancianos mayores de 70 años trabajando en las calles por la incapacidad del gobierno y del sistema de garantizarles una pensión es otra dura y triste realidad. Además, millones deambulan por las calles a la espera de que los empresarios generen empleo formal. Los “nadie” como los llamaba Eduardo Galeano, deben, si o si, arriesgarse a salir a las calles para batirse contra el virus o contra la posibilidad de morirse de hambre por la falta de empleo y la insolidaridad del estado y de los poderosos a los que este les sirve.

Tan es cierto esto último que el gobierno en lugar de legislar en función de favorecer a la población más vulnerable frente a la pandemia, lo hizo primeramente pensando en los poderosos. Las primeras medidas que adoptó el gobierno de Duque no estuvieron encaminadas a proteger y a favorecer a la población sino que fueron en favor de los dueños de las empresas de aviación y de los hoteles.

Hace apenas 4 días, el
Banco de la República puso a disposición de las entidades financieras, entiéndase de los “pobres” banqueros, recursos hasta por 17 billones de pesos, en caso de que estas requieran atender situaciones de iliquidez. ¿Cuantos subsidios de alimentación pueden proveerse a los pobres y cuántos hospitales y camas de UCI podrían construirse con 17 billones? Sin embargo a nadie le importan los desvalidos y débiles del sistema. Ni siquiera visionados como potenciales compradores que no sobrevirán a la ineficiencia e inhumanidad del sistema.

Y el problema no es exclusivo de Colombia. Italia y Serbia han sido abandonadas a su suerte por la Unión Europea y su socio Estados Unidos. Solo China y Cuba aparecen en el escenario mundial dándonos ejemplarizantes lecciones de solidaridad. No puede seguir colocándose la economía y el capital por encima de la vida. Algún día como dice el himno de la alegría “los hombres volverán a ser hermanos”.

Arrancó la “estabilización” con 300 paras pasándole cuentas a Bojayá

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Cómo si lo vivido en mayo de 2002 cuando más de un centenar de sus habitantes murió refugiada en una iglesia tras la explosión de un cilindro bomba arrojado por las FARC, Bojayá (Chocó) ha vuelto a ser noticia, esta vez por la incursión al mediodía del 31 de diciembre de 300 paramilitares, sin que se perciba un accionar preventivo y no reactivo de las fuerzas militares.

Bien podría afirmarse que era previsible lo ocurrido bajo un gobierno en que los grupos paramilitares se han reactivado y se dan el lujo de movilizar grandes cantidades de efectivos sin que la fuerza pública, convenientemente y como en el pasado tenebroso de Colombia, se percate de su presencia. Del accionar del nuevo comandante del ejército, General, Enrique ‘Mago’ Zapateiro, habían dudas que han empezado a ser despejadas: Ya, los paras y no el ausente ejército comenzaron a “estabilizar las regiones de Colombia” a punta de terror y prometiendo plomo.

En este escenario, la escogencia de Bojayá no es gratuita. Es simbólica y aleccionadora. A sus habitantes se les cobra el SI al plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016 donde de 2074 votantes un 95,8% (1987) se expresaron afirmativamente en las urnas y solo un 4,2% (87 personas) lo hicieron siguiendo los dictámenes y deseos del uribismo.

Pero no sólo eso. Están pasándole factura a sus habitantes por los resultados de las presidenciales en donde Petro se impuso en primera vuelta sobre Duque por 847 votos (50%) contra 242 (14,28%) y casi triplicó su votación para derrotarlo en segunda vuelta por 1494 votos (72,20%) contra 532 (25,71%).

Los datos de la incursión paramilitar atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, dan cuenta de que arrancó por la zona de Pogue (Atrato medio) donde en sus dos mesas Petro arrasó con Duque en primera y segunda vuelta presidencial sacándole una ventaja bastante considerable y vergonzosa: 140 votos contra 1 en primera vuelta y 194 votos contra 0 en segunda vuelta.

Si algo ocurre en Bojayá la única responsabilidad recaerá sobre el gobierno y su ejército. Desde los documentos Santa Fe I y II (elaborados por la CIA como manual de actuación para América Latina y trabajado como doctrina de seguridad en la Escuela de las Américas) se conoce que el paramilitarismo es una forma paralela de actuación estatal que considera ‘enemigo interno’ a cualquier persona que se aparte de lo que quiere el establecimiento y/o ‘piense diferente’ y que para minimizar las consecuencias por condenas por violación de derechos humanos el Estado recurre a personal ajeno a la institucionalidad para hacerle el trabajo sucio.

Enrique “mago” Zapateiro: el nuevo pacificador “positivo” del ejército

ENEKn94WwAAy_vl.jpgEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.

Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de “defensa del país” al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de “estabilizar las regiones de Colombia” siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: “Dar a algo estabilidad” de acuerdo a la RAE.

Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de “pacificador” al estilo del español Pablo Morillo?

Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.

Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el “mago” Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.

Verdad y mentiras de Duque y el uribismo sobre “más salarios”

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Como se ha vuelto ya común en el presidente Duque, al pronunciarse públicamente sobre el último incremento salarial fijado mediante el Decreto 2360 de diciembre de 2019, ha vuelto a incurrir en imprecisiones. Frente a cámaras y eufórico Duque expresó lo siguiente:

“Hoy podemos ver que en estos casi dos primeros años de gobierno hemos tenido los mayores aumentos reales del salario mínimo en casi tres décadas en Colombia. Ahí está la evidencia, ahí está la estadística pero sobre todo ahí está el corazón y el compromiso que tenemos con las comunidades de nuestro país”.

Pues bien, remitiéndonos estrictamente a la evidencia y a la estadística puede afirmarse que Duque recurre a verdades a medias. Habla en plural de “mayores aumentos reales del salario” cuando solo el pírrico aumento de $49.687 pesos de 2020 ($1656 pesos por día) cumple con esta condición y solo sobrepasando en $1425 el aumento decretado por Santos a través del Decreto 2209/16 ($48.262). Su otro aumento no cumple esa condición al situarse solo en $46.874 pesos en relación con el salario de 2018 ($781.242).

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Ahora bien, si se analizan las declaraciones de Duque desde la diferencia entre el ajuste efectuado y el IPC causado en el año anterior tampoco es cierta su afirmación. Entre el IPC de 2018 (2,87%) y el porcentaje de incremento de 2019 (6%) hay una diferencia de 3,13%. Por su parte, entre el IPC calculado de 2019 (3,88%) y el porcentaje de incremento de 2020 (6%) hay una diferencia positiva de 2,12% que tampoco supera el 5,82% existente entre el IPC de 1990 (31,89%) y el porcentaje decretado de aumento para 1991 (26,07%).

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También hay que decir que el aparente 3,13% de más que se incrementó el salario con relación al IPC (2018) en 2019 y el 2,12% de más en relación con el IPC (2019) para el 2020 surge de certificaciones que expide una institución que depende del gobierno como el DANE y que por tanto -sin la libertad e independencia necesarias- falsea la información estadística actuando como juez y parte. En Colombia, en términos reales el salario no se incrementó en un 6% para 2020 sino en un 2,12% por encima del IPC.

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Desde cuándo se determinó como política de gobierno bajar la inflación a un dígito, ha venido utilizándose como un poderoso instrumento de depreciación del valor adquisitivo de los salarios el certificar índices de precios al consumidor que no se corresponden con la realidad para incrementar en valores de solo una cifra los incrementos salariales.

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De Duque, como instrumento de Uribe, es esperable todo en términos de una política de pérdida de valor real de los salarios en detrimento de los trabajadores y en beneficio de los empresarios. De hecho, a pesar de que populistamente el hoy senador y expresidente se presenta como un falso benefactor de los trabajadores no hay que olvidar que durante sus 8 años de gobierno se presentaron los más irrisorios aumentos del mínimo, los que no sobrepasaron el 9,07% para un pobre promedio de 1,13% por año.

 

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Solo $1.656 pesos por día: Un mínimo miserable como el gobierno

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Por Decreto el gobierno Duque decidió fijar en un 6% el incremento del salario mínimo para 2.020 situándolo en $ 877.802°° pesos, es decir, solo $ 49.686°° pesos más que el salario de 2019 que se situó en $ 828.116°°. Lo anterior significa que el incremento por día será de tan solo $1.656 ($ 207 hora) lo que es insuficiente hasta para sufragar un pasaje.

Lo anterior significa un duro golpe para las esperanzas de mejoramiento de calidad de vida de millones de colombianos a los que ya el gobierno había incrementado significativamente impuestos a través de la impopular reforma tributaria recientemente aprobada en el congreso y pendiente solo de la sanción presidencial.

Ya nos habían derrotado

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Nos derrotaron desde antes de que nos percatáramos de nuestra derrota. Nos derrotaron desde antes de la aprobación de la reforma tributaria. Nos derrotaron desde cuando los medios, de manera casi imperceptible aconductaron y encausaron por donde quisieron el derecho a la legítima protesta.

Estábamos derrotados desde cuándo nos dijeron, al mejor estilo de la Urbanidad de Carreño, que nos era permitido y que no nos era lícito hacer. Desde que nos inculcaron que era más reprochable un grafiti, un vidrio partido o una fachada destruida, es decir, lo reparable, que una vida, una posibilidad de volver a caminar o un ojo destruidos por el ESMAD, es decir, lo irreparable.

Nos derrotaron desde que nos vendieron cosas inexistentes como la humanidad de la policía o de los miembros del ESMAD, que si no tienen reparo alguno en dudar de nuestra humanidad cuando salen dispuestos, en acatamiento de órdenes o por sádico placer, a destruirnos. Nos derrotaron desde que nos convencieron que el garrote se enfrenta con amabilidad, sonrisas y flores o que a la irracionalidad entiende de razones.

Nos empezaron a derrotar desde que nos sembraron la desesperanza y el miedo. Desde que hicieron parte de nuestro ADN el “hagan lo que hagan nada va a cambiar” o desde que nos convencieron y nos infundieron un miedo injustificado sobre la posibilidad de convocar al pueblo a decidir directamente su futuro en una Asamblea Nacional Constituyente.

Nos derrotaron desde que nos pusieron a repetir frases estériles como “resistencia” o “sin violencia”. Nos derrotaron en nuestras propias cabezas y no en la calle. Nos derrotaron en nuestra incapacidad para apagarlos y no oírlos, verlos, leerlos y reproducir su mensaje domesticador. Nos derrotaron desde que estuvimos a la defensiva y no a la ofensiva. Nos domesticaron y desde entonces ya estábamos derrotados.

Celebra Roboam Duque: Mientras Colombia dormía se aprobó la ley Hood Robin

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En medio de la penumbra de la noche y mientras el país dormía, la Cámara de Representantes aprovechó ?(como lo haría cualquier hábil ladrón) para aprobar la nefasta Reforma Tributaria o ley ‘Hood Robin’ que descarga del pago de impuestos a la minoría más rica del país y coloca tal peso sobre la clase media y las mayorías más pobres de Colombia.

Con 91 votos a favor y 44 en contra, sobre las 4:51 de la madrugada se decidió en el debate definitivo que empezó bien avanzada la noche del jueves, el futuro de una norma que ahora pasará a sanción presidencial y agravará, a partir del primero de enero, la situación económica de los colombianos.

La nueva ley, llamada de manera jocosa “Hood Robin” porque a diferencia del arquetipo de héroe inglés medieval le quita a los pobres para favorecer a los ricos, reemplazará a la Ley 1943 de 2018, también conocida como ley de los “inocentes colombianos” por hacer sido aprobada el 28 diciembre de 2018, norma esta última
que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-514/19.

Poco le importó al gobierno de Roboam Duque, que por cuenta de su iniciativa legal, marcadamente injusta, antipopular y absurda, durante casi un mes el pueblo colombiano rechazara en las calles, la norma que sustituía la llamada ley de financiamiento, muy a pesar de
la arremetida desproporcionada y violenta de la policía de gobierno que dejó entre los jóvenes un saldo de un muerto y varios heridos, entre ellos uno que perdió la posibilidad de caminar y otros que perdieron ojos por los disparos del ESMAD.

Curiosamente la norma que fue respaldada en el congreso por los sectores “cristianos” tiene muchos elementos de similitud con pasajes bíblicos que tratan sobre malas decisiones del pueblo de Israel (1era Samuel 8:5;18) que abrieron la posibilidad de que un joven inexoerto como Roboam fuera rey, y al serlo no escuchara ni al pueblo ni al consejo de los ancianos que le solicitaban disminuir el yugo y la carga, los cuales antes aumentó desconsideadamente (1era Reyes 12 – 2da Crónicas 10)