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Brecha educativa: Otra advertencia del año pasado en que no nos quisieron escuchar

Por: Alberto Ortiz Saldarriaga

El pasado 1 de abril a través de la página web del medio independiente telatiroplena.com se publicaron parcialmente apartes del análisis de resultados de las pruebas Saber 11 (2020) efectuado por el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. En dicho estudio se concluye, como declaró el Dr. Jorge Valencia Cobo este martes en Emisora Atlántico al periodista Jorge Cura Amar (Clic aquí para leer nota), que la pandemia y la desigualdad en el acceso a tecnología y conectividad, acrecentaron la denominada brecha educativa.

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Pandemia y virtualidad dejan al desnudo la educación

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En Colombia es impensable, por “cuestión de perfiles”, que un docente dirija el Ministerio de Justicia o cualquier otra cartera. Ello refleja el desprecio que la élite dirigente siente por la educación y los educadores. Lo que si no resulta absurdo, y antes es mirado con naturalidad, es que cualquiera, sin saber nada de pedagogía o ser maestro, pueda ser nombrado al frente del Ministerio de Educación Nacional.

De hecho, durante los últimos 30 años, es decir, desde solo un poco antes de la Constitución de 1991, catorce (14) ministros de educación ha conocido el país de los cuales siete (7) fueron abogados, 3 economistas, 2 periodistas, 1 sociólogo y la última 1 ingeniera industrial. Por ello no ha de extrañar a nadie las serias deficiencias en nuestro sistema educativo, de las que se culpa injustificadamente al más débil, esto es, al maestro.

La educación no ha sido dirigida, ha sido digerida, que no es lo mismo. El orden de las letras y una sola vocal marcan la gran diferencia entre los vocablos dirigir y digerir y todos sabemos perfectamente que proceso orgánico sucede a la digestión. El presupuesto de la educación ha sido literalmente tragado por el peor de los monstruos del país y así, como muchas otras cosas, ha quedado evidenciado con el coronavirus.

La infraestructura escolar no es la adecuada; los estudiantes carecen de equipos de cómputo y del “lujo” de la conectividad y en ese panorama desolador, que evidencia porque somos uno de los países más desiguales del mundo, se tiene el descaro o la desfachatez de exigir a maestros y maestras que “salven la patria” y que salgan con las uñas a hacer milagros como el de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público educativo, cuanto tal responsabilidad y deber es exclusivamente del Estado y de los gobernantes.

Desde los fríos escritorios, los burócratas y tecnócratas a los que jamás les ha importado de verdad la educación del pueblo, mayoritariamente pobre, y a los que nunca les ha interesado para nada crear, por ejemplo, un sistema de radio escolar o de televisión pública para la difusión y promoción de contenidos de educación y cultura, intentan pensar cómo actuar dentro de la crisis frente a un tema que nunca les ha cabido en la cabeza.

La improvisación y la irresponsabilidad es tal, que sin vacuna y sin un tratamiento efectivo ya la ministra se atreve a hablar de estar mirando protocolos para el retorno a la presencialidad, sin contemplar que el tamaño de los salones y el hacinamiento no permitan el distanciamiento social, más si favorezcan la propagación de la pandemia.

Lo peor de todo, es que debajo del ministerio, en una especie de escala de depredadores, los encargados de las secretarías de educación, escogidos bajo el mismo criterio no objetivo de selección y emulando la fábula de la “hormiga maestra infeliz” (https://bit.ly/358IHUR) están siempre dispuestos a obedecer y en tal sentido emiten todo tipo de pronunciamientos y directrices, igual de confusos, que no consultan para nada la realidad de los espacios escolares, pero que tienen el objetivo de ejercer presión indebida, con características de acoso laboral, sobre los maestros.

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La irresponsabilidad de ordenar enviar guías y talleres impresos a estudiantes y de que estos las devuelvan para una evaluación que por lo menos en esta época debería quedar proscrita, es un ejemplo de lo que no se debe hacer para la bioseguridad de maestros, estudiantes, familias y sociedad en general en opinión de los epidemiólogos. Sin embargo, es su manera de encubrir la precariedad económica de miles de familias pauperizadas por el sistema.

En la hegemonía de lo absurdo y para la ejecución de lo ilógico, el poder se vale e instrumentaliza a aquellos rectores y coordinadores, que así lo permiten, y con un perfil que no va más allá del de ser sombríos personajes sin claridad conceptual y con enormes necesidades insatisfechas de poder, reconocimiento y figuración, aún a costa de su propia dignidad y de la salud física y psicológica de los maestros y maestras a su cargo. Afortunadamente aún muchísimos no han sido contagiados por el virus letal de la deshumanización mientras otros muchos si se han vuelto Malinches modernos.

Si de por sí, la profesión docente es una de las que más soporta presión y de las que más desgaste e incidencia en lo físico y psicológico experimenta, con la pandemia se están colocando sobre los hombros de los docentes cargas excesivas que estos transfieren a los estudiantes y familias, agregando mayor inestabilidad emocional de la ya existente a una comunidad educativa que puede llegar a experimentar peligrosos niveles de trastornos. Lo menos aconsejable y responsable, dicen abiertamente psicólogos y psiquiatras, es atiborrar de tareas a maestros, estudiantes y padres traspasando los límites de lo inteligente.

Da algo de nostalgia recordar, que hubo un tiempo en la educación en que rectores y coordinadores veían a los docentes como pares al lado de los cuáles luchaban por la obtención de reivindicaciones comunes. Después y hasta hoy, con la metamorfosis que generó el manejo de presupuesto por los rectores, a quienes en una hábil jugada del poder imperante les inculcaron que eran “gerentes”, la autopercepción y la percepción del maestro para algunos directivos docentes ha cambiado de manera drástica y triste.

Lamentablemente el sector específico de directivos de la educación al que específicamente aludimos, al colocarse como obedientes e incondicionales ejecutores de las políticas que contra los maestros se diseñan desde el ministerio y las secretarías, los hace auto percibirse como una casta superior en tanto a los maestros se les mira como simples inferiores o subalternos merecedores de ser maltratados y explotados hasta límites insospechados.

Si se concreta la idea que varios importantes políticos tradicionales vienen vendiéndole al gobierno para que la dirección económica de todos los planteles educativos pasen a manos de administradores públicos, ajenos a la educación, se afectará a todos y probablemente será tarde para readquirir el tan necesario sentido de pertenencia o la llamada conciencia para sí de la que habla el marxismo. Divide y reinarás señalaba un aforismo que los maltratadores inmediatos de los maestros al parecer no conocen.

Mientras tanto los mismos de siempre seguirán digiriendo los recursos de la educación con lo que cobran más sentido las palabras de Zubiría en el sentido que lo que más requieren desaprender los maestros hoy es a obedecer. Si no se hace, la burocracia y tecnocracia terminarán convirtiendo a la educación y a los educadores, en términos garciamarquianos, en aquello que el coronel contestó a su esposa que comerían.

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Internet para Estudiar: Viabilidad y posibilidades de financiación

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Este martes 21 de abril está proyectada una twiteraton desde las 8 de la mañana para desde la promoción del hastag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento -por la pandemia que afecta al mundo- obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.

Sin embargo desde ACCIÓN ÉTICA DOCENTE los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).

Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes: los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3) en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.

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Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.

Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.

En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir, que si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (Artículo 75 Constitucional).

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Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el Internet para Estudiar; con la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B (inicio del año escolar durante el segundo semestre) queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: “… quiero profundizar en la consigna de Internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico”.

Propuesta tomada de la página de Facebook del Colectivo Magisterial Acción Ética Docente