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¿Cómo es posible? Amenazan a Leyner Palacio en las ‘narices’ del Ejército

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Es inaudito. Los miembros del Ejército llegaron tardía, vergonzosa y convenientemente a Bojayá pero llegaron. Luego dan un parte de que no encontraron a los 300 paramilitares en el territorio al que estos últimos arribaron a infundir terror. Casi inmediatamente y para acrecentar la vergüenza de la institución castrense, se produce una grave amenaza de muerte contra el líder social Leyner Palacio.

Inconcebiblemente en la Colombia gobernada por el uribismo están proscritos todos los derechos humanos y los encargados constitucionalmente para garantizar la protección del derecho fundamental a la vida sencillamente se hacen los de la vista gorda, mientras a unos los amenazan y a otros los matan uno por uno, por la comisión de un “delito” que solo existe en las mentes de la extrema derecha colombiana: no pensar como ellos.

La diferencia en Colombia está proscrita y aunque también lo está en el papel la pena de muerte, en la práctica está instaurada (en medio de la impunidad) la muerte sin pena y el permanente desplazamiento forzado de las y los líderes sociales.

Si al interior de las fuerzas militares aún quedara algún vestigio del honor militar se sabría que lo que acaban de hacer los paramilitares, al entregarle 2 horas para irse al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y líder afrocolombiano de Bojayá (so pena de ser asesinado), más que una afrenta contra Palacio lo es contra la propia legitimidad del Ejército Colombiano y para su imagen, bastante maltrecha a nivel internacional a raíz de la vergüenza de las ejecuciones extrajudiciales.

El mensaje es claro: O los militares están implicados en lo ocurrido en Bojayá o les han dado a entender que entre las filas paramilitares no infunden el más mínimo grado de respeto. Ambas posibilidades son igualmente graves.

Lo ocurrido no pasará desapercibido. Leyner Palacio, con un grupo de víctimas, estuvo postulado al Premio Nobel de Paz en 2016 y en 2017 fue galardonado con el premio Mundial al Pluralismo. Su “crimen” es impulsar el “Esclarecimiento de la Verdad sobre el Daño al Territorio”, en razón de lo cual asumió la responsabilidad de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Infortunadamente pareciera que a algunos miembros del gobierno y del partido de gobierno no les interesara la verdad. La impresión que dan, es que los amenaza y lacera porque expone su real talante antidemocrático, arbitrario y criminal.

Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los “falsos positivos”.

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?