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Militares: Antes que voto estas son algunas de las reformas necesarias y urgentes

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El uribismo, en medio de su irreversible proceso de decadencia y de las inocultables cifras de reprobación de Iván Duque, ha echado mano, desesperadamente, de una propuesta chavista: posibilitar la participación política, entiéndase voto, a los militares. En otras palabras darles un carácter deliberante.

La medida es a todas luces oportunista y busca que sea bajo la promoción del discurso sobre la existencia de un enemigo interno en los cuarteles y desde el principio de obediencia garantizar que el uribismo no muera. Sin embargo, nada se dice de las verdaderas reformas que esperan los miembros del estamento militar.

Para mencionar sólo algunas de las reformas urgentes que nunca se han implementado por parte de sectores que han sido gobierno y han tenido un congreso a favor, más no voluntad para pensar en quienes les sirven, empecemos por hablar de un sistema de salud que colapsó, que solo es medianamente bueno para algunos miembros de la oficialidad, pero bastante deficiente para suboficiales, los soldados rasos y sus núcleos familiares.

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También salarial y prestacionalmente ocurre algo similar. Quienes más arriesgan sus vidas por los colombianos son quienes menos devengan y a quienes menos garantías y derechos se les reconocen a nivel de legislación por los honorables “padres” de la patria.

Pero la desigualdad arranca desde el mismo proceso de incorporación. Hay que democratizar el ingreso y romper toda barrera que impida la profesionalización y la promoción. Quienes deben prestar servicios a la patria deben estar exentos de cualquier tipo de pago o gastos para su ingreso tanto en las fuerzas militares como en los cuerpos policiales.

Cualquier joven, indistintamente a su estrato u origen social, que tenga vocación militar debería poder ingresar sin que ello le ocasione costo alguno. Debería igualmente posibilitarse su promoción en términos de estudios y de ascenso dentro de la fuerza, de tal manera que quién ingrese en el nivel más bajo no tenga restricciones para acceder (ascender) a los diferentes rangos de la suboficialidad y la oficialidad y para que ocurra igual a los suboficiales a quienes (como en un sistemas de castas) se les impide institucionalmente acceder al selecto y exclusivo rango de quienes dan órdenes y toman decisiones operacionales.

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Ojalá los militares reflexionen y no se dejen instrumentalizar como pretenden quienes solo de discurso, pero no en las acciones concretas, dicen valorar la defensa que de los intereses que de los poderosos, y no verdaderamente de la nación, hacen quienes reciben órdenes y de verdad exponen a diario sus vidas. Que la inteligencia no sucumba ante la demagogia y el oportunismo.

El coronel no tiene quien le enseñe (A propósito de un derecho de peticion)

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No es Macondo ni parte del realismo mágico de García Márquez. En efecto, sucedió en Colombia. Al coronel del ejército y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, Darío Fernando Cardona Castrillón, se le ocurrió hacerle un derecho de petición al líder social de Bojayá (Chocó) Leyner Palacios, a todas luces absurdo.

Molesto por una entrevista que el dirigente de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) concedió el pasado 6 de enero a Noticias Uno, donde Palacios no se explicaba como el ejército no había visto a los cerca de 300 paramilitares que desde el 31 de diciembre hicieron presencia en la zona del Atrato medio chocoano, el coronel creyó que lo acertado o conveniente era, como autoridad, presentar un derecho de petición a un ciudadano.

El requerimiento insta a Palacios, en caso de estar insinuando que existe convivencia o complicidad entre las fuerzas militares y las paramilitares, a que suministre “nombre o apellidos de los miembros de la fuerza pública, el lugar y la fecha en la que se cometieron tales ilícitos, a fin de iniciar las respectivas investigaciones”. También le solicitó informar “qué tipo de personas” son las que han hecho presencia en la zona y hacer una relación de las ONG que han denunciado la presencia de grupos armados organizados y ante qué entidades de control han formulado las denuncias.

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Autoridades en la materia como el ex magistrado de la Corte Constitucional y docente universitario, José Gregorio Hernández Galindo, expresaron a través de tuiter su asombro y extrañeza frente a esta utilización sui generis e irregular del derecho fundamental de petición instituido por el constituyente del 91, aunque poco después, probablemente frente a las respuestas no fundamentadas y groseras de partidarios del uribismo, el jurista se vio obligado a borrar su trino.

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La salida en falso del coronel del ejército tiene más como propósito intimidar al líder social para evitar nuevos pronunciamientos que comprometan por omisión la actuación del ejército, que recabar de verdad información de quién no es autoridad pública ni está investido de facultades de investigación y mucho menos de adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia, arrogándose lo que es de responsabilidad exclusiva del Estado y de sus organismos de defensa y seguridad.

La petición que el coronel Darío Fernando Cardona Castrillón le hizo a Leyner Palacios debería redireccionarla hacia sí mismo o en su defecto hacia el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI) y a sus batallones de ciberinteligencia (BACIB) o en su defecto al Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (CACIM) y su Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI) cuya función debería ser obtener información sobre actores armados que amenazan la seguridad nacional y no interceptar y espiar comunicaciones a magistrados, periodistas y políticos como ha quedado en evidencia que lo hacían tras ser salpicados en el nuevo escándalo de chuzadas recientemente denunciado a la opinión pública por revista Semana.

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El coronel no tiene quien le enseñe no es una obra inédita de nuestro Nobel de literatura próxima a ser publicada de manera postuma. Es más bien la radiografía descarnada de unas fuerzas militares que requieren otro tipo de formación y pasar por la universidad para no caer en situaciones tan penosas como en las que se ha visto comprometido nuestro ejército recientemente.

Enrique “mago” Zapateiro: el nuevo pacificador “positivo” del ejército

ENEKn94WwAAy_vl.jpgEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.

Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de “defensa del país” al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de “estabilizar las regiones de Colombia” siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: “Dar a algo estabilidad” de acuerdo a la RAE.

Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de “pacificador” al estilo del español Pablo Morillo?

Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.

Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el “mago” Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.