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Uribe y Duque: sepultureros del Estado Social de Derecho

La Constitución Política de 1991 ha sido derogada y no por las vías del derecho, esto es, a través de una asamblea nacional constituyente, sino a través de las vías de hecho, es decir, de facto y por un sector del país político absolutamente contrario y enemigo abiertamente declarado de su espíritu. Los derechos y garantías ciudadanas han sido proscritos y con ellos el Estado Social de Derecho ha sido aniquilado y sustituido por el Estado Antisocial de Hecho.

Ya había ocurrido con la Constitución de Rionegro, de corte liberal y progresista, que no satisfizo y antes amenazó, aunque con distintos protagonistas, privilegios de sectores de religiosos, de terratenientes, militares y miembros del partido conservador. La revolucionaria Constitución de 1863 originó una reacción y guerras propiciadas desde los sectores reaccionarios y retardatarios quienes a través de una combinación de difamación, miedo y violencia lograron imponer su modelo de sociedad y de estado en 1886.

Con la derogación en ese entonces de la constitución de mediados del siglo XIX se reimplantó, como ahora, la pena de muerte hasta casi la segunda mitad del siglo XX y se impuso una visión de estado y de sociedad centralista, clerical, autoritaria y tan proclive al mantenimiento del statu quo que logró con no más de 70 reformas superficiales y apelando cada vez que lo consideró necesario a prácticas violentas, sobrevivir durante poco más de un siglo.

A este modelo de estado y de sociedad caduco y anacrónico se opuso la progresista Constitución Política de 1991, que volvió a colocar al ciudadano y no a Dios como centro de la preocupación y del accionar del estado y de sus agentes, dentro del claro objetivo de concreción de un ideal de justicia social, que de nuevo generó prevenciones y miedos entre la minoría privilegiada del país.

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Y si bien el tiro de gracia a la  Constitucióndel 91 se da bajo el gobierno del deleznable presidente impuesto por esa mezcla entre Núñez y el “monstruo”  Gómez Castro que es Álvaro Uribe Vélez, lo cierto es que la reacción y los intentos por desfigurar a la carta de navegación promulgada el 4 de julio de 1991 comenzaron desde bien temprano, pues la misma al no abordar el tema económico, como ha debido hacerlo, nació a la vida pública con una contradicción que desde su nacimiento la condenaba: la incompatibilidad entre el ideal de realizar un estado en el que lo social y no lo normativo fuese primero y un modelo económico neoliberal que apuntaba en una dirección absolutamente contraria.

En concordancia con ese espíritu neoliberal privatizador y despojador de derechos, poco antes de la promulgación de la Carta del 91 ya la ley 50/90 cercenaba garantías a los trabajadores. Poco después de empezar a existir también otras normas como la ley 100/93 y la ley 142/94 apostaban por la consolidación de un estado que se desprendiera de sus responsabilidades y las dejara en manos de privados, con una concepción en la que no existen derechos sino negocios, cuyo único objetivo válido es el lucro aun a costas de sacrificar intereses de los ciudadanos.

Probablemente como producto de esa lucidez que tuvo en sus últimos años para identificar y confrontar al “régimen mafioso” que se apoderó de la política y a través de ésta del Estado, fue que Álvaro Gómez Hurtado de manera visionaria, pero infortunadamente incomprendida, planteó desde el carácter omnímodo de la constituyente que fuera esta y no el congreso quien se encargara de desarrollar legislativamente la carta política de 1991.

Inexplicablemente Gómez Hurtado no fue entendido ni escuchado y las consecuencias perfectamente predecibles del escenario que visionó   se materializaron. Entregarle para su desarrollo la Carta Política del 91 a un congreso integrado por los políticos del “régimen mafioso” resultó siendo el equivalente de colocar bajo la tutela y protección de Herodes al niño Jesús. Al mejor estilo paramilitar la Constitución de 1991 empezó a ser rápida y furiosamente desmembrada por los herederos ideológicos de quienes hicieron la Constitución de 1886.

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En los últimos 30 años la moribunda Constitución de 1991 no se ha aplicado como debería haberse hecho y su espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han deformado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia más de 52 modificaciones de fondo (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

Ahora con las medidas adoptadas por el uribismo (usando al gobierno de Duque) como las de proscribir los derechos y libertades de reunirse, a movilizarse,  a pensar, a participar y expresarse,  el acta de defunción está firmada. Como cuándo un familiar se apaga lentamente ante nuestros ojos o perece, nos negamos a aceptar una realidad evidente: La Constitución y con ella el Estado Social de Derecho, habían logrado sobrevivir maltrechos durante casi 30 años, pero como muchos de los jóvenes de nuestro país, ahora sí han sido definitivamente asesinados. Y aunque los aliados verdes del uribismo se opongan, hay que desde el poder constituyente abordar la confección, como en Chile, de una nueva constitución en los que no haya temas vedados ni privilegios y privilegiados intocables

Colombia: Estado Antisocial de Hecho

Los constituyentes de 1991; los ex magistrados de la primera Corte Constitucional (de la Honorable) que aún sobreviven y los demócratas del país deberían convocarse para defender la Constitución vigente y para hacer una denuncia ante la comunidad internacional de derechos humanos. La razón: En Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, la Carta Política y de derechos ha sido derogada de facto.

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Uso de cadenas y látigos: ¿Para cuándo el Decreto?

Al uribismo nada lo sacia. Su voracidad y ruindad contra los derechos de los trabajadores en el país no tiene límites. Decreto tras decreto, norma tras norma, han venido desde hace 30 años arrasando uno a uno los derechos laborales en el país en función de favorecer y ayudar a enriquecer cada vez más a los empleadores, bajo la justificación y reiterada mentira de que cada medida busca atacar el desempleo y crear nuevos puestos de trabajo que en la práctica o en la realidad jamás se concretan.

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Radiografía extensa de la élite enferma y criminal que nos gobierna

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Lo nuevo emerge de lo viejo y de manera rara vez no violenta lo sepulta. Un ejemplo emblemático lo constituye la revolución francesa como superación de un orden caduco y el surgimiento de uno novedoso: el de la ilustración y la burguesía.

Quienes ejecutan cambios de este tipo que significan evolución pueden ser llamados revolucionarios. Son revolucionarios los franceses que lucharon contra el absolutismo y por la instauración de la república y también los americanos que lo hicieron contra España con los mismos propósitos (libertad, igualdad, fraternidad). La concepción política de estos últimos podría calificarse también como liberal o progresista.

A la par de estos, la oposición al cambio con pretensiones de frenar y/o impedir lo nuevo o emergente y de mantener el statu quo o garantizar la inmovilidad de la sociedad puede llamarse reacción y quienes la defienden pueden denominarse sectores retardatarios y/o reaccionarios .

Su actitud riñe con la libertad y pretende básicamente conservar y/o preservar a como de lugar y evitando que perezca lo anacrónico. Por ello, la concepción política de estos últimos podría calificarse también como clerical y conservadora.

En Colombia a pesar de la Constitución de 1991 de corte liberal y progresista y opuesta a la conservadora Constitución de 1886 no ha sido posible el desarrollo de un modelo de Estado que favorezca a las mayorías y no a las minorías ultraconservadoras y reaccionarias que para perpetuarse en el poder han apelado siempre a la misma estrategia: Desprestigiar y mostrar cómo auténticos demonios a quienes no lo son.

De la misma manera como a Petro se le sataniza hoy acusándolo de ateo y hereje se hizo con Gaitán en su momento. Lamentablemente los colombianos desconocen su propia historia y la repiten una y otra vez, casi que de manera masoquista.

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Por eso, lo que queda de la Constitución de 1991 después de más de 50 reformas en 28 años, se ha convertido en letra muerta. Lo del Constituyente del 91 es un intento de modernización de país y de transito de formas estatales de características premodernas y con altos rasgos de autoritaritarismo, sustentadas en lo religioso y con el objetivo de justificar casi de manera medieval la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, hacia un país moderno, laico, que reivindica las libertades (liberal) y la democracia y cuyo cometido en lo económico es sentar las bases para el desarrollo de un verdadero capitalismo.

Sin embargo tal tránsito ha encontrado la férrea oposición de los sectores reaccionarios que defienden lo caduco. Su política de “atravesarse en la vía” ejemplifica la tendencia natural de lo viejo a no desaparecer, a no perecer y no abrir espacio a lo nuevo, sino a resistir y a reaccionar intentando devolver todo a su estado anterior como una especie de cáncer que hace metástasis una y otra vez.

En Colombia nos gobierna un sector minoritario con estas últimas características y en mayo de 2018 los electores, pudiendo optar entre iniciar el verdadero desarrollo de la Constitución vigente (impulsando lo social), o en su defecto dar un salto al pasado, prefirieron esto último. De esta forma accedió al gobierno un sector ultra retardatario extremo (el uribismo) al que ni siquiera le resulta suficiente retrotraer el país a las guerras superadas y a la Constitución de 1886.

Nos gobierna un sector de la sociedad que siente que aún la democracia es peligrosa, revolucionaria y por lo tanto digna de ser, junto a sus promotores, perseguida y proscrita. Un sector al que el Estado Social de Derecho les parece una aberración y una concesión inadmisible que los iguala como élite al resto de ciudadanos, a quienes conciben solo como vulgo o una plebe amorfa con una única misión en la vida: servirles y enriquecerlos.

Tal élite, sobre la instrumentalización de la “nueva fe” (la de las iglesias evangélicas), paradójicamente nacidas y fortalecidas a partir de la libertad de cultos que una visión progresista instauró en la constitución del 91, sataniza a todo lo que les resulta contrario y a quienes amenazan heréticamente sus privilegios y propiedades (en términos de millares de hectáreas acumuladas mediante el despojo violento).

Igual proceden, con quienes despiertan sus miedos de pérdida de privilegios y cuestionan su pretendida e infundada superioridad racial. A estos quisieran azotarlos o eliminarlos encendiendo, como en la inquisición, hogueras para exterminar “pecadores” que no son otra cosa que los líderes sociales que reclaman derechos en nuestros tiempos.

Desde esta suerte de supremacismo prefieren la autocracia sobre la democracia, pues igual que en el medioevo están convencidos de haber sido designados por el mismísimo Dios (teocracia) para gobernar y subordinar (destruir) a la naturaleza y al resto de mortales inferiores y sin alma. Al fin y al cabo sus antepasados consideraban de manera similar a indígenas y negros.

Desde su disociación mental, en la que fungen como grandes hacendados blancos que se sirven de formas hispánicas de esclavismo, desearían vivir en la América preindependentista y por tanto sueñan con unas relaciones de pleitesía, subordinación y resignación servil del que les trabaja, en las que los salarios en dinero desaparecieran.

Sueñan con que se reinstauraran las contraprestaciones por trabajo en especie, de tal suerte que quienes ejercieran los trabajos fuertes les agradecieran por dominarlos y azotarlos a cambio de permitirles un pequeño espacio para pernoctar, un poco de agua y un poco de las sobras de su comida ostentosa.

No son demócratas. Son defensores de una estructura piramidal en la que desearían que se les concibiera como una nobleza inaccesible y que se soporta a su vez sobre un neo estamento religioso (evangélico) y uno militar parasitario, que se conforman y extasían con recoger lo que los de sangre azul dejan caer desde sus mesas. En la base de la pirámide sueñan con tener una enorme masa de ignorantes que, como ya se ha dicho, les rindan reverencia y se inclinen a su paso sin la posibilidad siquiera de mirarlos a los ojos.

Por eso reniegan de Bolívar. Por su legado de libertad, igualdad y fraternidad, no sólo en teoría, sino en su practica sin hipocresías. No le perdonan su “mal ejemplo” de liberar a sus esclavos y de llamar madre a la negra que asumió su crianza.

¿No es necesaria hoy una Asamblea Nacional Constituyente?

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Muchos afirman que no es necesaria la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente pues lo que se debe hacer no es hacer una nueva Constitución o modificar la vigente, sino aplicar la del 91. Pierden de vista un pequeño detalle: En 28 años no se ha aplicado cómo se debería la Constitución actual. De hecho, su Espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han desfigurado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia 52 modificaciones (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

La intención del Constituyente del 91 fue buena: Sentar las bases para la construcción de un Estado Social de Derecho, es decir, de un modelo de organización en los que tanto el Estado como el derecho se colocan al servicio de lo social, esto es, de las reivindicaciones de los ciudadanos y no al contrario.

Sin embargo, los Constituyentes del 91 cometieron un grave error al no escuchar a Álvaro Gómez Hurtado cuando quiso abrir la discusión sobre el carácter de omnímoda de la Asamblea, esto es, su poder absoluto y sin límites para acometer en el tiempo que fuera necesario los cambios estructurales y/o de fondo que el país requería para dejar atrás el régimen mafioso que en Colombia había coptado casi todo, incluida la política.

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En lugar de ello los constituyentes del 91 optaron por dejar el desarrollo y/o la reglamentación de la reciente constitución en manos de la misma clase política tradicional agrupada en el congreso. Craso error que a manera simbólica podría equipararse a algo así como entregarle un hijo recién nacido a Herodes para que lo cuidara y fortaleciera.

La reglamentación de la norma marco, en manos de los 6 o 7 congresos que sobrevinieron, no se hizo o se hizo al acomodo de los poderosos de siempre. De esa forma el Estado Social de Derecho se redujo a una declaración formal que jamás encontró correspondencia con el sentir de los intérpretes de otro modelo de organización opuesto: El Estado Antisocial de Hecho (Neoliberal)

Tal modelo, contrario al aprobado en el texto constitucional de 1991, se expresa, por ejemplo, en la reforma a los artículos 356 y 357 para raponearle recursos a la educación y a lo social y destinarlos a la guerra o a los banqueros o las sucesivas y lesivas reformas laborales que nada tienen que ver con lo consignado en el artículo 53 Superior.

Pero más allá de lo anterior y por razones hasta entendibles hubo temas vedados para los constituyentes y para la Constitución del 91. Por ejemplo, no se abordó el tema económico en aspectos tan puntuales y relevantes como la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra y otros más, aún hoy bastantes sensibles. Esos temas y la recuperación de gran parte del sentido (espíritu) perdido de la Constitución de 1991 bien valdría la pena que sean retomados, profundizados y blindados en un nuevo proceso constituyente.

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La clase política actual y el congreso han dado ya muestras suficientes y fehacientes de no querer autoregularse y transformarse. También de no legislar para el país nacional (no político) sino para intereses mezquinos del minoritario país político. Han demostrado que no les interesa en lo más mínimo y como poder constituido lo que diga, sienta y piense el poder que los constituye o constituyente primario y mucho menos auscultarlo.

De hecho desprecian y le temen al poder primario. A tal punto, que a través de interpuestas personas hicieron firmar sobre mármol a un candidato presidencial como Gustavo Petro que se comprometía a no convocar al soberano para reasumir la soberanía que le es propia y que sólo delega temporalmente en representantes cuyo poder no es absoluto; mucho menos dentro de un modelo de democracia participativa y no representativa como la pre-constituyente.

Decisión del Consejo de Estado: Vías de Hecho en un Estado Antisocial de Hecho

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El Consejo de Estado siempre ha sido considerado en Colombia una Corporación conservadora en esencia, cuyos fallos y/o decisiones se orientan o guían en la línea de conservación del derecho, lo cual, desde el plano de lo estrictamente jurídico, es una postura de la que se puede disentir, pero respetable.

Sin embargo lo que ha ocurrido con la decisión adoptada en torno al caso de la curul de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, lleva al ciudadano de a pie a perder la confianza en las instituciones encargadas del servicio público de administración de justicia y a preguntarse ¿a quién le están haciendo favores los magistrados de ese alto tribunal?, ¿Qué motivaciones, distintas al derecho, orientan sus fallos?

Y es que las decisiones a las que los ciudadanos aspiran de quienes han sido investidos dentro del Estado para administrar justicia, se confía que estén revestidas de legalidad y no de ilegalidad. Que se ajusten al marco jurídico y no lo trasgredan arbitraria y groseramente. Cuando ello ocurre, se está ante una situación de vía de hecho, que aunque pueda adoptar la característica formal de sentencia judicial no alcanza a serlo, dado su carácter manifiestamente arbitrario y aún y pese el ropaje de decisión judicial no le permite convertirse en una auténtica vía de derecho.

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Romper el marco de interpretación para la adopción de una decisión y crear uno propio de conveniencia y para el momento, encaja y comporta una vía de hecho. Hubo un rasero para Martha Lucía Ramírez y otro para Ángela María Robledo. Se sindica a la segunda de doble militancia, cuando el segundo partido al que se dice que perteneció no ha existido ni ha sido reconocido jurídicamente, es decir, no existe y con ello el supuesto fáctico o la razón para la adopción de la decisión (ratio decidendi)

Para mayor aberración, de tajo, el Consejo de Estado ha dejado sin efectos jurídicos la ley 1909 de julio 9 de 2018 en su artículo 24, que es la norma que garantiza la curul a la fórmula vicepresidencial de quien no ganó la elección, lo que implica una intromisión en las decisiones del resorte exclusivo de la Corte Constitucional, en lo que respecta a la declaratoria de inexequibilidad de leyes o apartes específicos de la ley, lo que adicionalmente configura una suerte de “golpe de estado” al imperio de la Constitución y de la ley.

Con la decisión adoptada, Colombia se acerca peligrosamente a una dictadura velada en la que cada vez adquiere más sentido la definición que Álvaro Gómez Hurtado acuñó al llamar y calificar a nuestro sistema político como un “Régimen” coptado por la arbitrariedad y por la corrupción, afirmación y denuncia que a la postre le costó la vida.

Y es que el Estado Social de Derecho cada vez se desdibuja más, para que en su reemplazo emerja un vergonzoso Estado Antisocial de Hecho, donde no hay lugar a la oposición, ni garantías para su ejercicio y, mucho menos, derechos y justicia imparcial. Un régimen donde, abrazando las tesis de Maquiavelo, el fin justifica los medios; y quienes secuestraron el poder del Estado hacen con este lo que se les viene en gana sin ningún tipo de control y contrapeso.

No obstante, Ángela María Robledo debería intentar una acción de tutela, a ver si los magistrados de la actual Corte Constitucional, en sede de revisión y actuando como guardianes de la integridad y supremacía de la Constitución y del Estado Social de Derecho, colocan orden, declaran la vía de hecho y le restituyen sus derechos políticos. La esperanza es lo último que se pierde en la Colombia de la desesperanza.