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Uribe y Duque: sepultureros del Estado Social de Derecho

La Constitución Política de 1991 ha sido derogada y no por las vías del derecho, esto es, a través de una asamblea nacional constituyente, sino a través de las vías de hecho, es decir, de facto y por un sector del país político absolutamente contrario y enemigo abiertamente declarado de su espíritu. Los derechos y garantías ciudadanas han sido proscritos y con ellos el Estado Social de Derecho ha sido aniquilado y sustituido por el Estado Antisocial de Hecho.

Ya había ocurrido con la Constitución de Rionegro, de corte liberal y progresista, que no satisfizo y antes amenazó, aunque con distintos protagonistas, privilegios de sectores de religiosos, de terratenientes, militares y miembros del partido conservador. La revolucionaria Constitución de 1863 originó una reacción y guerras propiciadas desde los sectores reaccionarios y retardatarios quienes a través de una combinación de difamación, miedo y violencia lograron imponer su modelo de sociedad y de estado en 1886.

Con la derogación en ese entonces de la constitución de mediados del siglo XIX se reimplantó, como ahora, la pena de muerte hasta casi la segunda mitad del siglo XX y se impuso una visión de estado y de sociedad centralista, clerical, autoritaria y tan proclive al mantenimiento del statu quo que logró con no más de 70 reformas superficiales y apelando cada vez que lo consideró necesario a prácticas violentas, sobrevivir durante poco más de un siglo.

A este modelo de estado y de sociedad caduco y anacrónico se opuso la progresista Constitución Política de 1991, que volvió a colocar al ciudadano y no a Dios como centro de la preocupación y del accionar del estado y de sus agentes, dentro del claro objetivo de concreción de un ideal de justicia social, que de nuevo generó prevenciones y miedos entre la minoría privilegiada del país.

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Y si bien el tiro de gracia a la  Constitucióndel 91 se da bajo el gobierno del deleznable presidente impuesto por esa mezcla entre Núñez y el “monstruo”  Gómez Castro que es Álvaro Uribe Vélez, lo cierto es que la reacción y los intentos por desfigurar a la carta de navegación promulgada el 4 de julio de 1991 comenzaron desde bien temprano, pues la misma al no abordar el tema económico, como ha debido hacerlo, nació a la vida pública con una contradicción que desde su nacimiento la condenaba: la incompatibilidad entre el ideal de realizar un estado en el que lo social y no lo normativo fuese primero y un modelo económico neoliberal que apuntaba en una dirección absolutamente contraria.

En concordancia con ese espíritu neoliberal privatizador y despojador de derechos, poco antes de la promulgación de la Carta del 91 ya la ley 50/90 cercenaba garantías a los trabajadores. Poco después de empezar a existir también otras normas como la ley 100/93 y la ley 142/94 apostaban por la consolidación de un estado que se desprendiera de sus responsabilidades y las dejara en manos de privados, con una concepción en la que no existen derechos sino negocios, cuyo único objetivo válido es el lucro aun a costas de sacrificar intereses de los ciudadanos.

Probablemente como producto de esa lucidez que tuvo en sus últimos años para identificar y confrontar al “régimen mafioso” que se apoderó de la política y a través de ésta del Estado, fue que Álvaro Gómez Hurtado de manera visionaria, pero infortunadamente incomprendida, planteó desde el carácter omnímodo de la constituyente que fuera esta y no el congreso quien se encargara de desarrollar legislativamente la carta política de 1991.

Inexplicablemente Gómez Hurtado no fue entendido ni escuchado y las consecuencias perfectamente predecibles del escenario que visionó   se materializaron. Entregarle para su desarrollo la Carta Política del 91 a un congreso integrado por los políticos del “régimen mafioso” resultó siendo el equivalente de colocar bajo la tutela y protección de Herodes al niño Jesús. Al mejor estilo paramilitar la Constitución de 1991 empezó a ser rápida y furiosamente desmembrada por los herederos ideológicos de quienes hicieron la Constitución de 1886.

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En los últimos 30 años la moribunda Constitución de 1991 no se ha aplicado como debería haberse hecho y su espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han deformado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia más de 52 modificaciones de fondo (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

Ahora con las medidas adoptadas por el uribismo (usando al gobierno de Duque) como las de proscribir los derechos y libertades de reunirse, a movilizarse,  a pensar, a participar y expresarse,  el acta de defunción está firmada. Como cuándo un familiar se apaga lentamente ante nuestros ojos o perece, nos negamos a aceptar una realidad evidente: La Constitución y con ella el Estado Social de Derecho, habían logrado sobrevivir maltrechos durante casi 30 años, pero como muchos de los jóvenes de nuestro país, ahora sí han sido definitivamente asesinados. Y aunque los aliados verdes del uribismo se opongan, hay que desde el poder constituyente abordar la confección, como en Chile, de una nueva constitución en los que no haya temas vedados ni privilegios y privilegiados intocables

¿Saqueos? No culpemos a los venezolanos

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Lamentablemente las acciones sociales concretas del gobierno que brindarán confianza y tranquilidad a la población más vulnerable del país no existen o llegan tardíamente: ni garantías plenas de no despido y de no interrupción de salarios, ni orden presidencial de cesación de pagos de arriendos, servicios públicos y créditos y, mucho menos, garantía alguna de provisión de alimentos para quienes carecen de empleo formal y deben, si o si, proveerse sus alimentos en la guerra del día a día.

Entre este último grupo hay millones de colombianos pero también un grupo nada despreciable ni menos importante de venezolanos. A estos últimos ligeramente se les sindica de iniciar saqueos y, aunque sin justificar de ninguna manera el delito, hay que hacer el ejercicio de intentar entenderlos en su desespero. No están aquí porque quieran. Lo están por la crisis de su país. Una crisis que en gran parte es expresión de una conspiración internacional en la que el actual gobierno de Colombia se apuntó del lado de los intereses norteamericanos, que no son los nuestros.

El uribismo, concretamente, se colocó del lado del bloqueo, saboteo y destrucción de la economía del vecino país, con propósitos de derrocar su gobierno y, no solo eso, a través de la penetración de sus medios afines, principalmente de televisión, ayudaron a imponer entre los venezolanos la matriz mediática y/o sensación de naufragio de su país, además de promocionarles o venderles la idea que frente a su personal infierno, Colombia era una especie de destino ideal o de tierra prometida donde fluía leche y miel.

Obviamente les mintieron, con la misma habilidad con que le han mentido a los colombianos hasta llevarlos al punto de votar y elegir al menos adecuado y capacitado de los candidatos presidenciales. Colombia no es un paraíso. Es un estado fallido que no ha sido capaz durante décadas de ni siquiera solucionar a sus connacionales temas vitales como empleo formal bien remunerado, vivienda, servicios médicos de calidad, educación y cobertura universal de servicios públicos con gratuidad, como si los tienen los venezolanos en su país. Los sacaron de su tierra bajo la promesa de que no volverían a sufrir carencias de alimentos y no están dispuestos a volver a sufrir y vivir la peor de sus pesadillas. Los instrumentalizaron para infundir miedo antes de las elecciones presidenciales pero luego los echaron al olvido.

El último censo, llevado a cabo recientemente, debería haber servido para proporcionarle al gobierno información y así tomar decisiones en situaciones de crisis. Para saber quiénes son los colombianos que sobreviven en la precariedad y que si no salen a la calle no comen. Hoy esa información sería clave para atender desde el Estado a quienes de verdad lo necesitan, a los desempleados y a los habitantes de calle, por ejemplo o para, en ausencia y/o reconocimiento de los gobernantes de su falta de interés por los más pobres (solo los banqueros y empresarios parecen interesarles), lograr suplir necesidades desde la solidaridad de la gente y desde la participación de la fuerza pública en tareas de distribución de alimentos.

No obstante, salvo para el sector financiero y empresarial, no hay respuestas a tiempo de parte del gobierno. Ni siquiera hoy hay certezas, por la forma irregular y desordenado del proceso de migración, de cuántos extranjeros sobreviven al igual que los colombianos, con ingresos no superiores a 10 mil pesos diarios, con los que deben suplirse techo y comida de manera infrahumana. Fracasó el gobierno. La crisis lo desnudó en su inhumanidad e indiferencia. Los más pobres no son victimarios, son víctimas de años de corrupción que contribuyó a que se robaran todo, hasta los sueños y esperanzas de la gente. Si alguna culpa les cabe, esta se encuentra en la venta de sus conciencias y de sus votos por menos de $34 pesos diarios durante 1460 días (4 años).

Radiografía extensa de la élite enferma y criminal que nos gobierna

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Lo nuevo emerge de lo viejo y de manera rara vez no violenta lo sepulta. Un ejemplo emblemático lo constituye la revolución francesa como superación de un orden caduco y el surgimiento de uno novedoso: el de la ilustración y la burguesía.

Quienes ejecutan cambios de este tipo que significan evolución pueden ser llamados revolucionarios. Son revolucionarios los franceses que lucharon contra el absolutismo y por la instauración de la república y también los americanos que lo hicieron contra España con los mismos propósitos (libertad, igualdad, fraternidad). La concepción política de estos últimos podría calificarse también como liberal o progresista.

A la par de estos, la oposición al cambio con pretensiones de frenar y/o impedir lo nuevo o emergente y de mantener el statu quo o garantizar la inmovilidad de la sociedad puede llamarse reacción y quienes la defienden pueden denominarse sectores retardatarios y/o reaccionarios .

Su actitud riñe con la libertad y pretende básicamente conservar y/o preservar a como de lugar y evitando que perezca lo anacrónico. Por ello, la concepción política de estos últimos podría calificarse también como clerical y conservadora.

En Colombia a pesar de la Constitución de 1991 de corte liberal y progresista y opuesta a la conservadora Constitución de 1886 no ha sido posible el desarrollo de un modelo de Estado que favorezca a las mayorías y no a las minorías ultraconservadoras y reaccionarias que para perpetuarse en el poder han apelado siempre a la misma estrategia: Desprestigiar y mostrar cómo auténticos demonios a quienes no lo son.

De la misma manera como a Petro se le sataniza hoy acusándolo de ateo y hereje se hizo con Gaitán en su momento. Lamentablemente los colombianos desconocen su propia historia y la repiten una y otra vez, casi que de manera masoquista.

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Por eso, lo que queda de la Constitución de 1991 después de más de 50 reformas en 28 años, se ha convertido en letra muerta. Lo del Constituyente del 91 es un intento de modernización de país y de transito de formas estatales de características premodernas y con altos rasgos de autoritaritarismo, sustentadas en lo religioso y con el objetivo de justificar casi de manera medieval la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, hacia un país moderno, laico, que reivindica las libertades (liberal) y la democracia y cuyo cometido en lo económico es sentar las bases para el desarrollo de un verdadero capitalismo.

Sin embargo tal tránsito ha encontrado la férrea oposición de los sectores reaccionarios que defienden lo caduco. Su política de “atravesarse en la vía” ejemplifica la tendencia natural de lo viejo a no desaparecer, a no perecer y no abrir espacio a lo nuevo, sino a resistir y a reaccionar intentando devolver todo a su estado anterior como una especie de cáncer que hace metástasis una y otra vez.

En Colombia nos gobierna un sector minoritario con estas últimas características y en mayo de 2018 los electores, pudiendo optar entre iniciar el verdadero desarrollo de la Constitución vigente (impulsando lo social), o en su defecto dar un salto al pasado, prefirieron esto último. De esta forma accedió al gobierno un sector ultra retardatario extremo (el uribismo) al que ni siquiera le resulta suficiente retrotraer el país a las guerras superadas y a la Constitución de 1886.

Nos gobierna un sector de la sociedad que siente que aún la democracia es peligrosa, revolucionaria y por lo tanto digna de ser, junto a sus promotores, perseguida y proscrita. Un sector al que el Estado Social de Derecho les parece una aberración y una concesión inadmisible que los iguala como élite al resto de ciudadanos, a quienes conciben solo como vulgo o una plebe amorfa con una única misión en la vida: servirles y enriquecerlos.

Tal élite, sobre la instrumentalización de la “nueva fe” (la de las iglesias evangélicas), paradójicamente nacidas y fortalecidas a partir de la libertad de cultos que una visión progresista instauró en la constitución del 91, sataniza a todo lo que les resulta contrario y a quienes amenazan heréticamente sus privilegios y propiedades (en términos de millares de hectáreas acumuladas mediante el despojo violento).

Igual proceden, con quienes despiertan sus miedos de pérdida de privilegios y cuestionan su pretendida e infundada superioridad racial. A estos quisieran azotarlos o eliminarlos encendiendo, como en la inquisición, hogueras para exterminar “pecadores” que no son otra cosa que los líderes sociales que reclaman derechos en nuestros tiempos.

Desde esta suerte de supremacismo prefieren la autocracia sobre la democracia, pues igual que en el medioevo están convencidos de haber sido designados por el mismísimo Dios (teocracia) para gobernar y subordinar (destruir) a la naturaleza y al resto de mortales inferiores y sin alma. Al fin y al cabo sus antepasados consideraban de manera similar a indígenas y negros.

Desde su disociación mental, en la que fungen como grandes hacendados blancos que se sirven de formas hispánicas de esclavismo, desearían vivir en la América preindependentista y por tanto sueñan con unas relaciones de pleitesía, subordinación y resignación servil del que les trabaja, en las que los salarios en dinero desaparecieran.

Sueñan con que se reinstauraran las contraprestaciones por trabajo en especie, de tal suerte que quienes ejercieran los trabajos fuertes les agradecieran por dominarlos y azotarlos a cambio de permitirles un pequeño espacio para pernoctar, un poco de agua y un poco de las sobras de su comida ostentosa.

No son demócratas. Son defensores de una estructura piramidal en la que desearían que se les concibiera como una nobleza inaccesible y que se soporta a su vez sobre un neo estamento religioso (evangélico) y uno militar parasitario, que se conforman y extasían con recoger lo que los de sangre azul dejan caer desde sus mesas. En la base de la pirámide sueñan con tener una enorme masa de ignorantes que, como ya se ha dicho, les rindan reverencia y se inclinen a su paso sin la posibilidad siquiera de mirarlos a los ojos.

Por eso reniegan de Bolívar. Por su legado de libertad, igualdad y fraternidad, no sólo en teoría, sino en su practica sin hipocresías. No le perdonan su “mal ejemplo” de liberar a sus esclavos y de llamar madre a la negra que asumió su crianza.

Reflexiones de Gustavo Petro sobre la movilización ciudadana

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En un hilo de twitter, el senador Gustavo Petro hizo una serie de reflexiones sobre la movilización ciudadana que bien merecen por lo pertinentes ser recogidas, analizadas y discutidas de manera pública por las ciudadanías. Estas son sus reflexiones:

“El comité del paro siguiendo la costumbre sindical creyó que se trataba de rechazar unas políticas anunciadas por gremios o por funcionarios públicos.

La gente en la calle lo está por realidades que ya vive. La gente está en la calle porque ya descubrió que sus ahorros en fondos privados no le darán pensión, que los servicios de salud no mejorarán, los jóvenes en la calle saben que no hay universidad pública para ellos.

La clase media sabe ya que no tendrá estabilidad laboral. A la gente ya le quitaron la opción de la Paz que llenaba de esperanza. No son amenazas futuras, son realidades actuales y vividas que la gente rechaza y la lleva a la movilización.

Por eso la agenda de peticiones cambia sustancialmente. No es el rechazo a un holding futuro. Es la petición de cambios de leyes existentes desde hace décadas que vulneran derechos fundamentales.

Cuando la gente quiere pensión hablamos de una reforma a la ley 100. Cuando la gente quiere estabilidad laboral hablamos de una reforma a la ley 50 y el fin del contrato civil y de corto plazo que reemplaza el contrato laboral.

Cuando hablamos de educación superior pública y gratuita para todos, hablamos de la reforma a la ley 30.
Cuando hablamos de la Paz, hablamos del respeto a los acuerdos ya firmados y de la continuación de la negociación con el ELN.

La agenda que la gente pide en las calles es una superación de las leyes neoliberales que conculcaron los derechos de la gente desde finales del siglo XX, que contrarreformaron la Constitucion del 91. Es volver al espíritu democrático y progresista del constituyente del 91.

Esto es mucho más ambicioso políticamente que el pliego sindical. Por eso hay que evitar un fracaso. Si la gente se desilusiona por una conducción del movimiento llevada a formulas sindicales tradicionales y fragmentadas, lo que vendrá es apatía y la ofensiva de extrema derecha

El movimiento debe escalar el año entrante en todas las áreas urbanas sumadas a la nueva agenda agraria de protección al campesinado y el paro agrario. Los comités de paro deben conformarse con delegaciones elegidas por asambleas territorio por territorio.

O Duque negocia la superación del neoliberalismo en Colombia y restablece la garantía de derechos que ordenó la Constitución del 91, o la ciudadanía la impondrá, como en Bolivia, en las urnas electorales que definirán el poder en Colombia”

Aquí el trino

¿No es necesaria hoy una Asamblea Nacional Constituyente?

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Muchos afirman que no es necesaria la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente pues lo que se debe hacer no es hacer una nueva Constitución o modificar la vigente, sino aplicar la del 91. Pierden de vista un pequeño detalle: En 28 años no se ha aplicado cómo se debería la Constitución actual. De hecho, su Espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han desfigurado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia 52 modificaciones (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

La intención del Constituyente del 91 fue buena: Sentar las bases para la construcción de un Estado Social de Derecho, es decir, de un modelo de organización en los que tanto el Estado como el derecho se colocan al servicio de lo social, esto es, de las reivindicaciones de los ciudadanos y no al contrario.

Sin embargo, los Constituyentes del 91 cometieron un grave error al no escuchar a Álvaro Gómez Hurtado cuando quiso abrir la discusión sobre el carácter de omnímoda de la Asamblea, esto es, su poder absoluto y sin límites para acometer en el tiempo que fuera necesario los cambios estructurales y/o de fondo que el país requería para dejar atrás el régimen mafioso que en Colombia había coptado casi todo, incluida la política.

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En lugar de ello los constituyentes del 91 optaron por dejar el desarrollo y/o la reglamentación de la reciente constitución en manos de la misma clase política tradicional agrupada en el congreso. Craso error que a manera simbólica podría equipararse a algo así como entregarle un hijo recién nacido a Herodes para que lo cuidara y fortaleciera.

La reglamentación de la norma marco, en manos de los 6 o 7 congresos que sobrevinieron, no se hizo o se hizo al acomodo de los poderosos de siempre. De esa forma el Estado Social de Derecho se redujo a una declaración formal que jamás encontró correspondencia con el sentir de los intérpretes de otro modelo de organización opuesto: El Estado Antisocial de Hecho (Neoliberal)

Tal modelo, contrario al aprobado en el texto constitucional de 1991, se expresa, por ejemplo, en la reforma a los artículos 356 y 357 para raponearle recursos a la educación y a lo social y destinarlos a la guerra o a los banqueros o las sucesivas y lesivas reformas laborales que nada tienen que ver con lo consignado en el artículo 53 Superior.

Pero más allá de lo anterior y por razones hasta entendibles hubo temas vedados para los constituyentes y para la Constitución del 91. Por ejemplo, no se abordó el tema económico en aspectos tan puntuales y relevantes como la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra y otros más, aún hoy bastantes sensibles. Esos temas y la recuperación de gran parte del sentido (espíritu) perdido de la Constitución de 1991 bien valdría la pena que sean retomados, profundizados y blindados en un nuevo proceso constituyente.

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La clase política actual y el congreso han dado ya muestras suficientes y fehacientes de no querer autoregularse y transformarse. También de no legislar para el país nacional (no político) sino para intereses mezquinos del minoritario país político. Han demostrado que no les interesa en lo más mínimo y como poder constituido lo que diga, sienta y piense el poder que los constituye o constituyente primario y mucho menos auscultarlo.

De hecho desprecian y le temen al poder primario. A tal punto, que a través de interpuestas personas hicieron firmar sobre mármol a un candidato presidencial como Gustavo Petro que se comprometía a no convocar al soberano para reasumir la soberanía que le es propia y que sólo delega temporalmente en representantes cuyo poder no es absoluto; mucho menos dentro de un modelo de democracia participativa y no representativa como la pre-constituyente.

¿Hasta cuando el ESMAD actuará impunemente en Colombia?

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Que se hayan dado a conocer, van por lo menos cuatro estudiantes que han recibido impactos de proyectiles en sus rostros por parte de miembros del ESMAD, en acciones que han comprometido sus vidas y hasta sus ojos. Algunos han quedado desfigurados como en el caso de un jóven que participaba en una protesta antitaurina en la capital del país.

Este tipo de comportamientos criminales no es aislado, incluso en alguna ocasión reciente, también en Bogotá, un mecánico que regresaba a su casa y accidentalmente pasaba por una protesta en la que no participaba fue impactado en la nuca por un proyectil de gas lacrimógeno que lo mató, como lo lograron demostrar sus familiares con vídeos de cámaras de seguridad del sector. Nadie respondió.

Indagando sobre orígenes de este cuerpo policial, nos encontramos con la sorpresa de que el llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD fue creado por el retardatario y reaccionario ex presidente conservador Andrés Pastrana Arango en 1999, con un carácter transitorio como el de tantas otras cosas en el país que gracias a nuestra amnesia y conformidad se volvieron permanentes (Ejemplo: el 4 por mil)

Cómo su nombre lo indica el ESMAD debería actuar en casos de disturbios para contener y no para, a través de policías infiltrados en la protesta social, generar disturbios y reprimir violenta y desmedidamente a los manifestantes. No obstante, es esto y muchas cosas aún peores las que hace, al punto de ser llamado y reconocido en las barriadas como
Escuadrón de Sicópatas Para Maltratar y Asesinar Disparando.

Y es que en los procesos de selección y adiestramiento que efectúa la Policía Nacional de Colombia pareciera ser que los criterios de escogencia fueran: No pensar (1), obedecer ciegamente (2), ser altos en relación con el promedio de estatura del país (3), carecer de escrúpulos y sentimientos al momento de actuar (4) y/o, más grave aún, no pasar una prueba psicológica de empatía y demostrar en la misma frialdad, inconmovilidad ante el dolor y sufrimiento ajenos y esa especie de gozo al infligir dolor a otro característico de los sádicos y psicópatas(5).

Ninguna persona en estado mental normal, se sobreentiende, debería experimentar placer en el dañar y lastimar a sus semejantes. Por ello, con las actuaciones del ESMAD surgen necesariamente varios interrogantes que deberían estar en el centro de la discusión publica:

¿Vivimos los colombianos en democracia o en dictadura? ¿La democracia se reduce al acto de votar o pueden los ciudadanos participar en las decisiones que los afectan? ¿Está garantizada o proscrita y criminalizada la protesta social? ¿Pueden los ciudadanos reunirse, asociarse, movilizarse y expresarse o les está prohibido y/o vedado? ¿Están las autoridades instituidas para garantizar la vida de los ciudadanos o para atentar contra la misma como valor supremo? ¿Existen o no existen límites para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y de sus agentes?

Esta última pregunta cobra vital preponderancia si se tiene en cuenta que la fuerza debería solo ser utilizada en caso de oposición o agresión a la fuerza policial y solo con propósitos de neutralización y reducción, lo que no legítima una práctica ya común en Colombia en procesos policiales en donde aún en estado de indefensión o de sometimiento continúa usándose con brutalidad la fuerza, sin que se censuren o castiguen ejemplarizantemente este tipo de procedimientos arbitrarios e ilegales.

Sería conveniente, aún después de logrados acuerdos con los estudiantes y de levantado el paro que estos adelantan, que en nombre de la sangre derramada por Esteban Mosquera, Juan Sebastian, Keiry y tantos otros estudiantes más que murieron o fueron lesionados gravemente a manos del ESMAD se abriera el debate sobre cuál es el tipo de policía que requieren y se merecen los colombianos en épocas de postconflicto.