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Colombia: Estado Antisocial de Hecho

Los constituyentes de 1991; los ex magistrados de la primera Corte Constitucional (de la Honorable) que aún sobreviven y los demócratas del país deberían convocarse para defender la Constitución vigente y para hacer una denuncia ante la comunidad internacional de derechos humanos. La razón: En Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, la Carta Política y de derechos ha sido derogada de facto.

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Comisión Interamericana advierte a Colombia sobre represión y uso desmedido de la fuerza en protestas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en un pronunciamiento hecho desde Washington este 2 de diciembre expresó su preocupación “por actos de represión registrados por parte de agentes del Estado colombiano… en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre”. Al mismo tiempo la Comisión urgió al Estado colombiano “a profundizar el diálogo efectivo e inclusivo requerido para abordar las demandas legítimas de la población, y garantizar el derecho a la protesta de acuerdo a los estándares interamericanos.”

De acuerdo con la CIDH mientras las “jornadas se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas… ese organismo fue informado “sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes, y actos de violencia”.

De acuerdo con el balance de que dispone la Comisión, “entre los días 21 y 24 de noviembre un aproximado de 25 personas habrían sido heridas y habría 831 casos de retenciones de ciudadanos y ciudadanas…”. Además de lo anterior, la represión y el uso desmedido de la fuerza trajo como resultado que el joven Dylan Cruz fuera “impactado en la cabeza” como consecuencia de lo cual “falleció el 25 de noviembre”.

En su pronunciamiento la CIDH, adicionalmente, recordó “que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica” y que “los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas.”

Como es de dominio público, la
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa como órgano consultivo de la misma y cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tiene a la luz de los mismos el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

Asociación Americana de Juristas condena muerte y represión oficial en Colombia

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Mientras Iván Duque orondo se pavonea entre miembros del ESMAD de la policía dándoles un espaldarazo a sus acciones desmedidas en el control del orden público y en la represión y criminalización de la protesta social dentro de una lógica que cercena derechos fundamentales y visiona a los ciudadanos como peligrosos enemigos internos, surgen pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional.

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En las últimas horas por ejemplo se conoció la declaración de la Asociación Americana de Juristas en la que no solo se repudió el asesinato del joven estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina, quién fue impactado por un proyectil no convencional el pasado 19 de diciembre a raíz de la cual se produjo su deceso el 25 del mismo mes, sino que se “condena a la escalada de persecución, violencia y asesinatos de estudiantes y participantes de las marchas en Colombia”.

En su evaluación la ONG consultora de la ONU en materia de derechos humanos señaló además que la “respuesta gubernamental a las movilizaciones ha sido una brutal represión, aplicando el terrorismo social y psicológico con acciones desmedidas e ilegitimas a través del ESMAD… conocido como el Escuadrón de la Muerte de la Policía; la militarización de ciudades; los allanamientos ilegales… las detenciones arbitrarias; los toques de queda, generando terror y estigmatizando el derecho a la protesta”.

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En un recuento histórico la AAJ hizo en su pronunciamiento un listado de algunos de “los crímenes del ESMAD, desde su creación en el 1999” indicando a renglón seguido que “ascienden a 87, incluidos asesinatos, mutilaciones, lesiones de invalidez, en total impunidad al no responder por ninguno de esos actos”.

Para la Asociación el crimen de “Dilan Cruz Medina, engrosa… los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, contra los estudiantes y crímenes de Estado que hasta ahora se mantienen impunes, entre otros: Norma Patricia Galeano, Universidad del Tolima (1994); Carlos Giovanni Blanco, Universidad Nacional (2001); Jaime Acosta, Universidad de Santander (2002); Nicolás Neira (15 años de edad, ocho agentes del ESMAD lo rodearon, lo golpearon y no lo soltaron hasta matarlo (1 de mayo de 2005); Johnny Silva Aranguren, Universidad del Valle, (2005); Oscar Salas, Universidad Distrital Bogotá (2006) y Miguel Ángel Barbosa, Universidad Distrital Bogotá (2016)”

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Aparte de lo anterior los juristas solicitaron “una investigación independiente para traer a la justicia a los autores materiales e intelectuales” de las violaciones a los derechos humanos, aparte de instar al gobierno Duque “a cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida de todos los colombianos y colombianas, particularmente los que lideran procesos sociales; así como tomar las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias”.

La Organización No Gubernamental insistió también en el “cese del hostigamiento y actividades de inteligencia contra las organizaciones no gubernamentales y las participantes en las protestas sociales” y exigió “una
inmediata formulación y aplicación de un Plan Nacional de protección de líderes”, además de sumarse a la “solicitud para desmantelar el ESMAD, responsable de asesinatos de manifestantes”

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Curiosamente y en contravía de las voces que se alzan nacional e internacionalmente contra el uso excesivo y desmedido de la fuerza, el estado colombiano ha anunciado la creación de cuerpos antidusturbios similares al ESMAD pero a cargo del ejército de Colombia lo que podría agravar la situación de incremento de crimenes de estado contra actores civiles en abierta violación al DIH.