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Docentes responden a Mineducación cuestionando Directiva 11

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En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González,  el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.

En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo,  como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad,  lo que,  desde el sentir de los maestros y maestras,  sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.

Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes,  quienes anuncian que no renunciarán,  como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán  acciones legales en la jurisdicción nacional y,  de ser necesario,  presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.

Atento saludo.

Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.

En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.

Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.

Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.

Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.

No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.

Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).

Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.

En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.

Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.

Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.

Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).

En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.

Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.

Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.

Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

¿Hasta cuando el ESMAD actuará impunemente en Colombia?

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Que se hayan dado a conocer, van por lo menos cuatro estudiantes que han recibido impactos de proyectiles en sus rostros por parte de miembros del ESMAD, en acciones que han comprometido sus vidas y hasta sus ojos. Algunos han quedado desfigurados como en el caso de un jóven que participaba en una protesta antitaurina en la capital del país.

Este tipo de comportamientos criminales no es aislado, incluso en alguna ocasión reciente, también en Bogotá, un mecánico que regresaba a su casa y accidentalmente pasaba por una protesta en la que no participaba fue impactado en la nuca por un proyectil de gas lacrimógeno que lo mató, como lo lograron demostrar sus familiares con vídeos de cámaras de seguridad del sector. Nadie respondió.

Indagando sobre orígenes de este cuerpo policial, nos encontramos con la sorpresa de que el llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD fue creado por el retardatario y reaccionario ex presidente conservador Andrés Pastrana Arango en 1999, con un carácter transitorio como el de tantas otras cosas en el país que gracias a nuestra amnesia y conformidad se volvieron permanentes (Ejemplo: el 4 por mil)

Cómo su nombre lo indica el ESMAD debería actuar en casos de disturbios para contener y no para, a través de policías infiltrados en la protesta social, generar disturbios y reprimir violenta y desmedidamente a los manifestantes. No obstante, es esto y muchas cosas aún peores las que hace, al punto de ser llamado y reconocido en las barriadas como
Escuadrón de Sicópatas Para Maltratar y Asesinar Disparando.

Y es que en los procesos de selección y adiestramiento que efectúa la Policía Nacional de Colombia pareciera ser que los criterios de escogencia fueran: No pensar (1), obedecer ciegamente (2), ser altos en relación con el promedio de estatura del país (3), carecer de escrúpulos y sentimientos al momento de actuar (4) y/o, más grave aún, no pasar una prueba psicológica de empatía y demostrar en la misma frialdad, inconmovilidad ante el dolor y sufrimiento ajenos y esa especie de gozo al infligir dolor a otro característico de los sádicos y psicópatas(5).

Ninguna persona en estado mental normal, se sobreentiende, debería experimentar placer en el dañar y lastimar a sus semejantes. Por ello, con las actuaciones del ESMAD surgen necesariamente varios interrogantes que deberían estar en el centro de la discusión publica:

¿Vivimos los colombianos en democracia o en dictadura? ¿La democracia se reduce al acto de votar o pueden los ciudadanos participar en las decisiones que los afectan? ¿Está garantizada o proscrita y criminalizada la protesta social? ¿Pueden los ciudadanos reunirse, asociarse, movilizarse y expresarse o les está prohibido y/o vedado? ¿Están las autoridades instituidas para garantizar la vida de los ciudadanos o para atentar contra la misma como valor supremo? ¿Existen o no existen límites para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y de sus agentes?

Esta última pregunta cobra vital preponderancia si se tiene en cuenta que la fuerza debería solo ser utilizada en caso de oposición o agresión a la fuerza policial y solo con propósitos de neutralización y reducción, lo que no legítima una práctica ya común en Colombia en procesos policiales en donde aún en estado de indefensión o de sometimiento continúa usándose con brutalidad la fuerza, sin que se censuren o castiguen ejemplarizantemente este tipo de procedimientos arbitrarios e ilegales.

Sería conveniente, aún después de logrados acuerdos con los estudiantes y de levantado el paro que estos adelantan, que en nombre de la sangre derramada por Esteban Mosquera, Juan Sebastian, Keiry y tantos otros estudiantes más que murieron o fueron lesionados gravemente a manos del ESMAD se abriera el debate sobre cuál es el tipo de policía que requieren y se merecen los colombianos en épocas de postconflicto.

Estudiantes: Ojo con hacerle el juego a la extrema derecha y ‘dar papaya’ cayendo en provocaciones

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Gustavo Petro denunció la infiltración, con fines de desprestigio y estigmatización, de la protesta estudiantil, tras deplorables hechos de agresión contra la fuerza pública de los que dieron cuenta los medios y las redes sociales.

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Hoy, tomados no se sabe por quién, circulan en redes sociales varios vídeos en donde encapuchados preparan bombas incendiarias, curiosamente reivindicándose como parte de una estructura del ELN llamada Jaime Bateman Cayón, lo que automáticamente lleva a más de un uribista a hablar de la refundación del M-19 y a sindicar irresponsablemente a Petro como gestor de este proceso.

Lo ocurrido, amarrado al acto provocador, incitador y calculado del presidente Ivan Duque de recibir en Palacio a figuras de la farándula mientras no atiende a los estudiantes y a los profesores de las universidades públicas (luego de varias semanas de paro) es significativo.

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Se está buscando a través de agentes externos desencausar la legítima protesta social y llevar a los estudiantes a la radicalización, para deslegitimar social y mediáticamente una justa causa y generar artificialmente en la opinión pública la noción de que los estudiantes constituyen esa suerte de peligro y “enemigo interno” que debe ser desarropado por la sociedad para ser enfrentado represivamente.

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Es sospechoso y a ello debería cerrársele el paso por parte de los propios estudiantes, caer en este juego perverso y planificado. Ayer en Barranquilla, por ejemplo, la asistencia mermó significativamente en la marcha y resultó evidente que existía la intencionalidad tanto de la fuerza pública como de algunos manifestantes a provocar desmanes.

No de otra manera se entiende la invitación del mayor Óscar Rueda a que los carros transitaran sin importar que sobre la vía habían manifestantes. También la actitud de personas indeterminadas dentro de los marchantes, de conducir la manifestación hasta la vía 40 con calle 72 para bloquear esta arteria e imposibilitar el tráfico de trabajadores que a esa hora se dirigían a sus lugares de trabajo o a sus hogares luego de una agotadora jornada de trabajo.

Sin lugar a dudas, mantener una toma de una vía con tan escaso personal y en una zona donde cerrados los 3 accesos el espacio se convertía en una especie de trampa o auto emboscada sin escapatoria, fue un acto absolutamente irracional e irresponsable.

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De estudiantes golpeados, heridos, muertos y desaparecidos está llena la historia de este país sin que ello haya generado cambio y transformación alguna, más allá de alejar por miedo a la gente de participar y protestar democráticamente. El país requiere de jóvenes vivos y participantes en la definición de los asuntos públicos y no de mártires que se autoinmolen sin ningún tipo de sentido práctico, político o ideológico.

Habría que revisar qué objetivos de fondo y quiénes estaban detrás de propiciar enfrentamientos. Lo cierto es que cualquier estudiante mínimamente formado políticamente sabría que suplantar a las masas sin pensar consecuencias de las acciones que se emprenden, es un acto demencial que parecería más inspirado en quienes desean que corra sangre y no en que haya soluciones concretas a las demandas planteadas al gobierno.

A los estudiantes habría que pedirles lo que no es exigible a los miembros de la fuerza publica: Más inteligencia y racionalidad y menos emocionalidad. Debe prevalecer la sinapsis sobre la emisión de altas dosis de adrenalina y testosterona. La fuerza de la razón debe anteponerse a la razón de la fuerza. Los estudiantes deben ser más cerebrales y menos viscerales. En otras palabras, menos primarios al pensar y al actuar, porque sin lugar a dudas el país va a requerir a corto, mediano y largo plazo de su presencia en la reformulación del rumbo de la nación.

Taparse la cara y tirar una piedra siempre será más sencillo que pensar y producir ideas que anticipen los movimientos del jugador contrario y lo pongan en jaque mate.

Sexo en los salones: verdades y mentiras de una reciente sentencia judicial

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Los colombianos tenemos un grave problema: No nos gusta leer. Los libros no están entre nuestros “artículos” de primera necesidad y las redes sociales han sustituido hasta la lectura de la prensa.

Más grave aún, en la lectura de las noticias, con la intermediación de las redes, creemos que con el solo ejercicio de leer el titular nos es suficiente para estar “informados” y obviamos que muchos de los titulares están diseñados solo para llamar la atención y generar ‘clics’ y ‘me gusta’ y, además, que escasas veces guardan relación con el contenido mismo de la noticia.

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Por ello somos cada vez más una sociedad descriteriada y manipulable, que no busca ni atiende a razones y qué se guía por emociones (muy primarias por cierto) con las que nos creemos con la autoridad de emitir “juicios” y “opiniones” sobre los más diversos temas.

El caso más reciente que ilustra lo antes dicho,, es el del fallo de la Corte que ha llevado a más de un desprevenido “lector” a dar por cierto, que esa alta corporación de justicia avaló el sexo de estudiantes en las aulas de clase, situación frente a la que muchos salen a rasgarse las vestiduras y muy seguramente, si alguien los convocara a marchar, hasta lo harían y sin saber ni por qué caminan y gritan desaforadamente.

Lo cierto sobre las noticias, memes y caricaturas que circulan en las redes es que se trata de una errada interpretación de una decisión judicial plasmada en un (por no llamarlo amarillista) muy mal titular de prensa que las redes se encargaron de multiplicar.

Aunque los medios no se toman el trabajo de indagar a fondo, la Corte puso reparos fue a la no gradualidad y a la desproporción en la medida adoptada por el colegio frente a una evidente falta disciplinaria.

Lo que ha cuestionado el máximo tribunal constitucional del país, es que el colegio optó por lo punitivo en lugar de lo formativo y se excedió en la medida adoptada, lo que comporta o resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso que asiste a todo ciudadano, sea adulto o no y ejercite o no su vida sexual.

Además, no hay que olvidar que es un fallo en sede de revisión de tutela, por lo tanto, lo decidido (la ratio decidendi) no tiene efectos erga omnes (para todos el mundo) sino solo efectos inter partes. Es decir, solo tiene efectos vinculantes (obligatorios)) para los accionantes (afectados con una expulsión) y para la parte accionada (colegio).

En ningún caso, puede pues interpretarse que la Corte Constitucional legalizó el sexo en las aulas o dejó tal conducta al margen de ser sancionada, eso sí, con observancia plena de las garantías que tiene todo ciudadano. La Corte ordenó el reintegro de los expulsados, pero para que su proceso se reabra y se tenga en cuenta lo que no se tuvo: atenuantes y derechos, porque toda persona tiene derecho a ser juzgado justamente.

Garantizar educación superior gratuita a todos los jovenes: ¿Es Presupuestalmente posible?

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A raíz de la propuesta de Gustavo Petro de garantizar educación universitaria pública y gratuita se han suscitado dudas entre escépticos y opositores políticos del candidato que sostienen que tal propuesta sería presupuestalmente imposible de materializar.

En la perspectiva de aportar elementos a la discusión presentamos algunas posibles fuentes de financiación para esta propuesta que encaja dentro de lo que debería garantizarse a los ciudadanos en un Estado Social de Derecho. Veamos como la propuesta podría ser viable:

1. Revirtiendo las reformas constitucionales mediante las cuáles en 2001 se modificaron los artículos 356 y 357 constitucionales cercenándole un volumen importante de recursos a la educación y a la salud públicas.

Dentro de este escenario, habría que retomar la fórmula de cálculo instituida por el constituyente del 91 para el sector social dentro del marco de una constitución que caracterizó al nuestro como un estado que privilegia el gasto en lo social.

Cómo se recordará el acto legislativo 01 de 2001 generó, de manera transitoria, una reforma constitucional que creó el Sistema General de Participaciones y por dónde por vías de la fórmula de cálculo de las transferencias a los entes territoriales se redujo porcentualmente y en favor de la banca los recursos para salud y educación. Posteriormente el gobierno de Uribe a través del acto legislativo 03 de 2007, en lugar de retrotraer la fórmula de cálculo a su estado inicial, volvió la reforma permanente en favor ya no del sector financiero sino del gasto de guerra.

2. Una segunda forma de financiación es ejerciendo controles más estrictos e imponiendo sanciones más fuertes contra la corrupción que le cuesta a los colombianos aproximadamente 50 billones de pesos al año, dineros suficientes para garantizar la financiación de lo social.

3. Una tercera forma es la de controlar y sancionar la evasión y la elusion de impuestos por parte de los grandes contribuyentes que también le representan al erario un importante faltante calculado en varios billones de pesos.

4. Una cuarta vía no sería subir impuestos sino ampliar las base de personas naturales y jurídicas sujetas de ser gravadas, de tal suerte que no solo se hagan exigibles los impuestos a los pequeños propietarios en las ciudades (como hoy ocurre por ejemplo con el impuesto predial), sino que también empiece a hacerse un inventario de la propiedad rural, sobre todo de la gran propiedad rural (latifundio), de tal suerte que esta parte de la sociedad (hasta hoy excluida de pago de impuesto predial) empiece también solidariamente a contribuir como lo hacen todos los habitantes de las zonas urbanas.

5. Otra importante fuente de recursos, para no hablar de revisión de las condiciones leoninas y desventajosas para el estado de los contratos de concesión y explotación de recursos naturales, es gravar las remesas de las ganancias que se giran al exterior por las multinacionales (como se estila en todos los países del mundo), con lo cual aún las multinacionales mantienen unos importantes márgenes de ganancia.

6. Si se moderniza el campo, por vías de una reforma rural y el uso maximizado de la tierra fértil, como lo propone también Petro, tal situación debe conducir a incrementar la producción de alimentos.

Con ello se logra no solo por vías de colocar la oferta por encima de la demanda bajar precios en el mercado interno, sino también producir excedentes que bien pueden ser procesados (industrialización) para su exportación, generando divisas (gravables) y nuevas industrias que entran a ampliar los recaudos sin necesidad de acudir a elevar los impuestos, que es la vía por la que todos los gobiernos han optado en todas las reformas tributarias implementadas en los últimos 30 años.

7. Si se consolida la paz con las FARC y se concretan acuerdos para la desmovilización del ELN y el sometimiento a la justicia de las BACRIM, sobre la base de verdad, de reparación, de no reincidencia en el delito y de entregar tierras adquiridas a través de la violencia, el gasto militar, que absorbe una importante parte del Presupuesto General de la Nación, puede reducirse paulatinamente y no sobre la reducción y/o retiro del personal ya activo sino sobre la reducción gradual del porcentaje de incorporación del nuevo personal, lo que liberaría importantísimos recursos que hoy se destinan al sector defensa.

8. Una industria que también podría crecer, a partir de lo anterior, en su oferta de servicios, y contribuir a ampliar la base gravable sin incremento de impuestos, es la industria hotelera. Ello, al volverse Colombia por su diversidad y por la existencia de condiciones para ser visitada un destino turístico y para el ecoturismo, lo que además genera también divisas.

Como también existe la errada percepción que un gobierno progresista podría generar inseguridad jurídica y que ello podría hacer que las multinacionales opten por irse del país, hay que decir, que aunque los contratos que ligan al estado con las multinacionales se han firmado en términos desventajosos para la Nación y podrian por tanto renegociarse, por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de confianza legítima, no necesariamente hay que desconocer los contratos ya existentes. Ello no significa, que los futuros no deban negociarse en mejores términos para un país que por razones de soberanía nacional tampoco está para regalar sus recursos naturales y el trabajo de sus connacionales al capital extranjero.

No obstante, la consolidación del proceso de paz con las FARC; los avances para la desmovilización definitiva del ELN y los procesos que puedan llevar al fin de las bandas criminales emergentes, debe propiciar un ambiente que haga favorable no solo la permanencia de capital extranjero, sino la llegada de nuevos inversionistas extranjeros.

Finalmente y como otra de las premisas falsas que ha hecho carrera a través de redes sociales, es que resulta muy díficil que se creen nuevas empresas en el país bajo un escenario de impuestos altos, hay que aclarar que la idea de elevación de impuestos solo es producto de la experiencia histórica que han dejado los gobiernos de derecha durante las últimas décadas, al optar siempre por incrementar impuestos en lugar de propiciar la riqueza y el empleo (en el agro y en la industria).