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¿Cómo es posible? Amenazan a Leyner Palacio en las ‘narices’ del Ejército

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Es inaudito. Los miembros del Ejército llegaron tardía, vergonzosa y convenientemente a Bojayá pero llegaron. Luego dan un parte de que no encontraron a los 300 paramilitares en el territorio al que estos últimos arribaron a infundir terror. Casi inmediatamente y para acrecentar la vergüenza de la institución castrense, se produce una grave amenaza de muerte contra el líder social Leyner Palacio.

Inconcebiblemente en la Colombia gobernada por el uribismo están proscritos todos los derechos humanos y los encargados constitucionalmente para garantizar la protección del derecho fundamental a la vida sencillamente se hacen los de la vista gorda, mientras a unos los amenazan y a otros los matan uno por uno, por la comisión de un «delito» que solo existe en las mentes de la extrema derecha colombiana: no pensar como ellos.

La diferencia en Colombia está proscrita y aunque también lo está en el papel la pena de muerte, en la práctica está instaurada (en medio de la impunidad) la muerte sin pena y el permanente desplazamiento forzado de las y los líderes sociales.

Si al interior de las fuerzas militares aún quedara algún vestigio del honor militar se sabría que lo que acaban de hacer los paramilitares, al entregarle 2 horas para irse al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y líder afrocolombiano de Bojayá (so pena de ser asesinado), más que una afrenta contra Palacio lo es contra la propia legitimidad del Ejército Colombiano y para su imagen, bastante maltrecha a nivel internacional a raíz de la vergüenza de las ejecuciones extrajudiciales.

El mensaje es claro: O los militares están implicados en lo ocurrido en Bojayá o les han dado a entender que entre las filas paramilitares no infunden el más mínimo grado de respeto. Ambas posibilidades son igualmente graves.

Lo ocurrido no pasará desapercibido. Leyner Palacio, con un grupo de víctimas, estuvo postulado al Premio Nobel de Paz en 2016 y en 2017 fue galardonado con el premio Mundial al Pluralismo. Su «crimen» es impulsar el “Esclarecimiento de la Verdad sobre el Daño al Territorio”, en razón de lo cual asumió la responsabilidad de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Infortunadamente pareciera que a algunos miembros del gobierno y del partido de gobierno no les interesara la verdad. La impresión que dan, es que los amenaza y lacera porque expone su real talante antidemocrático, arbitrario y criminal.

Enrique «mago» Zapateiro: el nuevo pacificador «positivo» del ejército

ENEKn94WwAAy_vl.jpgEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.

Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de «defensa del país» al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de «estabilizar las regiones de Colombia» siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: «Dar a algo estabilidad» de acuerdo a la RAE.

Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de «pacificador» al estilo del español Pablo Morillo?

Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.

Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el «mago» Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.

Dabeiba: Nuevas fosas comunes en el reinado del ‘señor de las sombras’

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Hay quienes con sus manos untadas de tierra siembran hortalizas, verduras, frutas, legumbres y su trabajo no es suficientemente valorado. De hecho, son muchas veces menospreciados, víctimas de despojo, de desplazamiento, de muerte y de la cruenta guerra que ha vivido Colombia y que los ha privado de sus tierras para engrosar las propiedades y el número de hectáreas de sus verdugos. A ellos nuestro homenaje.

Hay otros que con sus manos sucias de sangre siembran cuerpos inocentes de quienes no tuvieron iguales oportunidades en la vida y su trabajo repugnante si es valorado. De hecho, son muchas veces elogiados como héroes y algunos hasta alcanzan los más altos cargos de honor a los que pueda aspirar un ciudadano en nuestro país. A ellos nuestro repudio.

Son las cosas que ocurren en una sociedad con los valores invertidos como Colombia. Los que contribuyen con la vida son perseguidos y los que contribuyen con el horror y la muerte son venerados y exaltados reforzando y/o exacerbando su capacidad de escalar y continuar haciendo daño.

El horror que ha salido a la luz pública con el descubrimiento de una nueva fosa común en Antioquía, gracias a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, no tiene nombre. Sin embargo, no genera todo el repudio que debería hacia sus causantes en virtud de que una parte importante de la sociedad colombiana ha sido inmunizada contra el crimen y aún miran a los criminales como salvadores.

Se ha perdido la empatía hacia las víctimas. Las que perecieron y las que aún muertas caminan en vida. Y es que detrás de cada inocente que fue reclutado con mentiras para ser alejado de su entorno familiar bajo promesas de trabajo y luego uniformado y asesinado, hay cientos y miles de familias que también fueron asesinads en vida y que viven en la tristeza y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres amados y cómo y por qué fueron asesinados.

«Falsos positivos» es un eufemismo maldito acuñado por los asesinos y los medios a su servicio para minimizar la magnitud de sus crimenes que incluyen desaparición forzada y asesinato cobarde de seres humanos en condición de absoluta indefensión, con propósitos tan ruines como la obtención de recompensas (permisos, dinero, ascensos) o desfigurar la realidad encumbrando a auténticos psicópatas y monstruos despreciables como héroes y salvadores nacionales.

Tal es la inversión de valores que se ha gestado, que contraria a toda lógica. La política de la muerte, que se fundamenta en el odio, la venganza y la corrupción, es decir, en todo aquello que representa lo opuesto o contrario a las enseñanzas y doctrina de Cristo, en Colombia es respaldado por los «pastores cristianos» y sus rebaños engañados. La sal en Colombia también se corrompió. Se envileció. El amor se enfrió.

La película «Silencio en el Paraíso» ilustra perfectamente esta temática (Ver)

 

Carlos Russi y María Fernanda Pérez fueron secuestrados y torturados por la MEBOG

 

IMG_20191211_122348El general Hoover Penilla podrá intentar minimizarlo y justificarlo hablando de susceptibilidad o sensibilidad, lo cierto es que el procedimiento de los hombres bajo su mando no está para ser encubierto sino investigado y sancionado, a no ser que ello se evite porque investigar pueda develar que actuaban en cumplimiento de órdenes de sus superiores y no a su arbitrio.

Lo ocurrido en la noche del 10 de diciembre en Bogotá, no es grave. Es gravísimo. Revela que se retienen personas al azar (pesca milagrosa); que estás se escogen aleatoriamente y que, sin oponer resistencia, se abusa y se hace uso excesivo de la fuerza sin que los procedimientos se enmarquen en lo que Penilla concibe erradamente como «Estado de Derecho».

Los vídeos de lo sucedido con María Fernanda Pérez y Carlos Russi, quienes en dos lugares diferentes fueron subidos por la fuerza a carros particulares es diciente. Lo es mucho más su testimonio de lo ocurrido. Fueron víctimas de una mezcla de «pesca milagrosa» con «falsos positivos» que gracias a que fueron documentados en videos no terminaron en un delito peor.

Sin embargo, si hubo un concurso de delitos y la policía lo sabe. Por eso, y apartándose otra vez del procedimiento, agentes de uniforme y encubiertos visitaron la casa de Carlos Russi en una especie de notificación de que saben dónde vive y de advertencia de que debe guardar silencio y evitar presentar denuncias. Intimidación en el buen sentido de la palabra.

Saben, si ya ahora sí se tomaron el trabajo de leer la Constitución y las leyes que juraron cumplir y respetar, que violentaron el artículo 28 Superior que se encuentra en perfecta concordancia con los artículos 297 del Código de Procedimiento Penal y 174 y 176 del Código Penal.

Más grave aún, ya deben saber que la conducta de todos quiénes participaron en el «operativo» enmarca en el punible de secuestro simple toda vez que hubo retención y privación ilegal de la libertad (Artículo 168 Código Penal) en concurso con tortura (artículo 178 Código Penal) al haber inflingido a personas «sufrimientos… físicos o psíquicos, con el fin de… castigarla por un acto… que se sospeche que ha cometido o de intimidarla»

Lo más grave es que frente a la gravedad de los hechos Procuraduría no haya tomado la determinación de suspensión de los implicados y los entes encargados de determinar responsabilidades penales la medida de privación de la libertad a quienes constituyen un peligro para la sociedad. General Penilla el delito debe ser siempre cuestionado y perseguido. Eso no afecta sino que fortalece el Estado Social de Derecho y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la dictadura Policial y la apelación por parte de su institución a las vías de hecho sobre las de derecho. Preocupese por dar institucionalmente un buen y no un mal ejemplo

«Pesca milagrosa», «falsos positivos» y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las «pescas milagrosas» (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de «pesca milagrosa» con «falsos positivos» y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de «falsos positivos» para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.

¿Atentado suicida u otro falso positivo?

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La pregunta del día en Colombia es: ¿Estamos frente a un ataque suicida sin precedentes en la historia del país, o frente a un nuevo caso de falso positivo?. La duda crece tras el calificativo de mentiroso que el periodista Gonzalo Guillen le otorgó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez a raíz de la hipótesis que este último tejiera sobre la pérdida de la mano derecha del acusado y consultas que muestran que este era reservista del ejército y no tenía antecedentes penales.

Jose Aldemar Rojas Rodriguez era en vida el nombre del supuesto terrorista del ELN que el Fiscal se apresuró a responsabilizar como la persona que conducía el vehículo de placas LAF 565 que ingresó a la Escuela de Policía General Santander y detonó una carga explosiva que acabó, lamentablenente, con la vida de varios cadetes. No obstante fotografías y vídeos muestran que ingresó como perro por su casa a la escuela y que pasó en medio de formaciones de cerca de 150 policías sin mostrar interés de inmolarse y ocasionar una mayor cantidad de víctimas ¿Ingresó acaso engañado y el vehículo fue detonado convenientemente mediante control remoto?

https://youtu.be/Y qwnfmmvcfp8

A partir de la información que ha venido conociéndose (fotos, vídeos, consultas) y de la rápida sindicación a Rojas Rodriguez y al capturado Ricardo Andrés Carvajal Salgar emergen serias dudas entre la opinión pública en torno a si en este caso no se estará cocinando un nuevo falso positivo en que unos inocentes son sacrificados y otros cumplen el papel de chivos espiatorios de las autoridades.

Las sospechas y desconfianza aumentan frente al reciente anunciado atentado contra el presidente Duque que quedó en nada y en el que un supuesto ciudadano venezolano comisionado para atentar contra el mandatario terminó siendo en realidad colombiano y, además, la segunda supuesta muerte de alias «guacho» de quien no se han publicado aún las pruebas dactiloscópicas que ratifiquen su muerte.

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El Ministro de defensa Guillermo Botero señaló que Aldemar Rojas Rodriguez era militante del ELN en cuyas filas era conocido como ‘El Mocho Kiko’, quien hacia parte de esa organización guerrillera desde 1994 y era un reconocido explosivista, actividad en la que se aseguró que perdió su mano derecha. No obstante, y luego de la presentación de su registro civil ante los medios, Gonzalo Guillén no dudó como ya se dijo en desenmascarar al fiscal pues en ese documento aparece que carecía de ese miembro desde su nacimiento.

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A las dudas sobre la responsabilidad de Jose Aldemar Rojas Rodriguez se suman ahora dos hechos significativos. El primero, que el supuesto miembro de la guerrilla del ELN aparezca ahora como miembro de la reserva del ejército nacional con libreta de primera categoría. La segunda, que siendo un «reconocido explosivista» no le figuren antecedentes judiciales registrados en la policía nacional ni hubiera orden de captura alguna emitida en su contra.

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Una tercera duda se desprende de la consulta de la cédula del sindicado en el Registro Único Nacional de Tránsito donde aparece que la fecha de su inscripción en el RUNT es apenas el 5 de febrero de 2018 muy a pesar de una discapacidad de nacimiento que lo limita para conducir.

Por último, llama poderosamente la atención que la consulta sobre el Nissan Patrol modelo 1993 de placas LAF 565, color plateado, número de serie WGY60121364, de motor TB42085716 y con licencia de tránsito 10016071455 haya sido expedida no en zonas con presencia e influencia del ELN sino por la Secretaria de Tránsito de Bello, Antioquía.

¿A quién o a quienes convenía el atentado? Es la pregunta que Noticias Uno fórmula a uno de sus invitados y en cuyas respuestas existe coincidencia con otro video en donde un ex policía bumangués se cuestiona sobre quienes pueden ser los grandes beneficiados con las muertes de los policías

Los líderes sociales: ¿Objetivos en la lógica de los «buenos muertos» y el «asesinato aplazado»?

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El primero que implementó el macabro plan pistola en Colombia fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las victimas en su mayoría eran policias sin rango adscritos a la hoy denominada Policia Metropolitana del Valle del Aburrá -MEVAL- y oriundos de otras regiones del pais. De alli se copió el modelo de exterminio de los lideres sociales que hoy se implementa a lo largo y ancho del país y que deja entre otros los siguientes interrogantes:

¿Cuántos de los asesinatos han sido investigados y tienen a responsables materiales y autores intelectuales identificados y tras las rejas? ¿Si existen las denominadas Águilas Negras por qué los aparatos de inteligencia del Estado no han develado nada acerca de su estructura, integrantes y cabecillas? ¿Qué organización o institución dispone de la infraestructura y logística para operar impunemente en absolutamente toda la geografía nacional?

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Más allá de eestas incógnitas que debería haber despejado de tiempo atrás el propio Estado, lo cierto es que este nuevo genocidio que ha arrancado con fuerza en Colombia tras el inicio del proceso de paz y que sucede a los eufemisticamente denominados «falsos positivos» pareciera enmarcarse dentro de la lógica de que hay «buenos muertos» y por tanto asesinatos justificados que recaen curiosamente en quienes son permanentemente estigmatizados por la militancia del Centro Democrático como «bandidos», «mamertos», «guerrilleros», o «gente incómoda» para los poderosos intereses económicos y políticos de la dirigencia de ese sector político, vinculados a la tenencia de la tierra y a actividades como la ganadería.

Sin que existan los elementos probatorios para hacer sindicaciónes, lo cierto es que desde esta última agrupación política y desde su máximo dirigente no ha existido nunca un pronunciamiento contundente que invite a parar el odio y que condene la intolerancia y el que los conflictos y diferencias se diriman por la fuerza, con utilización de armas y con propósitos de exterminio o liquidación física de quién opina o piensa diferente.

Lejos de ello, se han vuelto tristemente célebres los constantes pronunciamientos intemperantes e incendiarios de María Fernanda Cabal, quien llegó incluso a cuestionar el papel del ejército señalando frente al mismo, palabras más, palabras menos, que era una fuerza letal cuyo propósito era entrar a matar, doctrina que explicaría la lógica espantosa con el que esta institución se involucró en los «falsos positivos» durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Precisamente en febrero de 2018 y siendo presidente Juan Manuel Santos, Uribe Vélez se pronunció contra el aumento de «Las muertes de líderes sociales», lo que convenientemente olvidó volver a hacer desde el 7 de agosto de 2018 cuando se posesionó Iván Duque en la presidencia sin que los asesinatos se detuvieran.

Apenas dos meses y 24 días después, el propio Uribe, al mejor estilo de Escobar Gaviria, acuñó el término «buen muerto» al referirse al asesinato de Carlos Areiza.

Para rematar sus desafortunadas declaraciones públicas sobre el tema, efectuadas a través de Twitter, poco antes de la posesión como presidente de Iván Duque, Álvaro Uribe al criticar que Juan Manuel Santos se ufanara de la «disminución del asesinato», señalando frente a lo mismo que lo único que hacía era dejar «el asesinato aplazado», con lo que daba a entender o anticipaba la reactivación de la muerte en Colombia

Ayúdanos a PARAR el GENOCIDIO copiando y tuiteando el siguiente texto:

@IntlCrimCourt @CourPenaleInt
@FATOU_BENSOUDA @Opinionoticias

ARRÊTEZ LE GÉNOCIDE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN COLOMBIE Finie l’impunité

STOP THE GENOCIDE of SOCIAL LEADERS in COLOMBIA. No more impunity

DETENGAN el GENOCIDIO de líderes sociales en Colombia. No más IMPUNIDAD

 

Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los «falsos positivos».

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?