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Docente responde enérgicamente a columna de Germán Vargas Llera en EL TIEMPO

Una durísima respuesta pública motivó la columna del jefe del partido Cambio Radical, GERMÁN VARGAS LLERAS luego de que a través del Diario EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto arremetiera contra FECODE y los educadores a través de una columna que tituló: “Recuperar la Educación Pública”.

Transcribimos la respuesta tomada del muro de Facebook de su autor, el educador ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA

Doctor
GERMÁN VARGAS LLERAS
Político y candidato presidencial de oficio

Respetado señor.

Pregunta usted desde su columna del diario capitalino EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto ¿Qué razones poderosas mueven a FECODE para oponerse a la presencialidad? cuestionamiento que como un simple educador de base, y no como vocero o representante de FECODE o de alguna de sus filiales, quisiera entrar a responderle de manera pública. De antemano presento excusas si me excedo en la extensión de la respuesta, pero lo considero pertinente y necesario.

Sea lo primero entonces aclararle: los docentes no nos oponemos a la presencialidad como usted de manera simplista e imagino que malintencionada lo afirma. Nos oponemos, eso sí, a un retorno a instituciones cuya infraestructura no ofrece condiciones mínimas de bioseguridad y que por obvias razones no otorgan garantías para la vida y la salud a docentes, estudiantes y padres de familia.

La razón poderosa detrás de una oposición razonada es entonces nada más y nada menos que de rango constitucional y fundamental. Y es que juramos, al momento de tomar posesión formal de nuestros cargos, acatar y cumplir una constitución que establece el derecho a la vida como valor fundante de nuestro maltrecho (por ustedes, los políticos de profesión) estado social de derecho.

Aunque usted, intencionadamente lo olvide, el artículo 4 Superior señala que la constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre esta y normas de rango inferior (como la Resolución 777 y la Directiva Ministerial 05) debe aplicarse prevalentemente la norma superior. Adicionalmente en su artículo 6, nuestra carta de navegación señala que los servidores públicos “son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes… y por omisión… en el ejercicio de sus funciones”.

De una vez me permito aclararle, que de “omisión… en el ejercicio de… funciones” públicas no puede, como sería su deseo, sindicársenos pues a pesar del gobierno y de sectores políticos oportunistas como el suyo, que siempre han degustado y pelechado de las mieles del poder, hemos seguido trabajando virtualmente hasta donde las herramientas, infraestructura y conectividad que el gobierno debería garantizar -y no de ahora- lo han permitido.

Pero antes de recordarle responsabilidades, si de buscar culpables se trata, permítame como docente y  no como abogado (que no lo soy) seguirlo ilustrando sobre las normas de índole, supralegal en las que se fundamenta nuestro disenso frente a preceptivas de rango inferior que amenazan la vida y que su partido avala y aplaude.

El artículo 49 constitucional, por ejemplo, coloca como deber de todas las personas, y los docentes lo somos aunque a usted desde su arribismo, elitismo y clasismo le genere incomodidad reconocerlo, “el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”, lo que haya perfecta concordancia con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 95 de la misma norma al fijarnos como obligación a los ciudadanos responder con “acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Pero como quiera que usted podría alegar un conflicto entre los derechos a la salud y la vida y el derecho fundamental a la educación presencial, (del que no habla la Carta Política del 91 en su artículo 67), debo advertirle que tal situación la dirimió el propio constituyente del 91 al establecer en el artículo 44 Superior una categorización en la que figuran como derechos fundamentales de nuestros niños en su orden: la vida (1), la integridad física (2), la salud y la seguridad social (3) y, apenas en un octavo escalón, la educación y la cultura.

Aclarado lo anterior, debo expresarle que lo que sin duda si resulta “inaceptable” y una auténtica “desfachatez” es que sean precisamente personas como usted, que ostentó la condición de senador desde el 20 julio de 1994 hasta junio de 2008, de ministro de despacho, de vicepresidente y líder indiscutido de un partido que ha hecho parte de mayorías con peso político y capacidad de decisión, no sea quien empiece primero, y como correspondería, haciendo un mea culpa por omisiones que explican que la infraestructura escolar y hospitalaria, desnudadas por la pandemia, sean lo que lamentablemente son, cuando ni los docentes ni FECODE son quienes han gobernado y legislado en Colombia.

Es muy fácil desde la comodidad, desde los privilegios y desde imaginar que todos los colegios del país tienen una infraestructura similar a la de los países del primer mundo o a la de colegios tipo Nueva Granada o Los Nogales de Bogotá, salir -para no perder la costumbre de dar coscorrones y matonear- a atacar una vez más a los maestros como ya lo hizo cuando sin ninguna prueba e irresponsablemente cuestionó nuestra ética insinuando ante Darío Arismendi, en mayo de 2018, que como jurados electorales podíamos actuar deshonestamente.

Creo además, y a propósito de ética, decencia y honestidad, que es usted el que está en deuda con la sociedad y debe suministrar explicaciones por recoger y avalar desde su partido a personajes de dudosa reputación de los que la justicia y los medios han dado ya suficiente cuenta. En educación, desde donde sabemos que la mejor forma de educar y de liderar es el ejemplo, aún nos preguntamos ¿Por qué en toda la legislatura pasada y ostentando su partido la presidencia del senado, usted nunca cuestionó que este cuerpo colegiado, con mejores condiciones de bioseguridad que la de las escuelas públicas de Colombia no sesionara presencial y no virtualmente?

Sería muy pertinente, que usted, que cuestiona mediáticamente los paros que los educadores adelantamos, entre otras razones solicitando inversión en educación y denunciando la precaria infraestructura escolar, que el país político y la élite enquistada que se apropió del poder no alcanza a conocer desde su burbuja de cristal y su mundo rosa, respondiera por sus ejecutorias. ¿Dónde estaba usted como congresista mientras los actos legislativos 01/01 y 04/07 cercenaban los recursos de educación y salud para trasladarlos a la banca y a la guerra? ¿Dónde estuvo para ejercer control político mientras durante 27 años los gobiernos pasaban sin crear el Sistema Nacional de Educación Masiva de que trata el artículo 45 de la ley 115 de 1994, y luego derogaba el artículo 102 de la misma ley?

Los impactos sobre la educación no los genera la pandemia sino el virus de la corrupción contra el que usted nunca se pronuncia. La salud mental y física de los niños y los servicios de nutrición, protección y seguimiento del crecimiento y desarrollo han estado seriamente comprometidos desde hace bastante tiempo en territorios donde sus aliados y caciques electorales dominan alcaldías y gobernaciones desde hace décadas, por lo que carece de autoridad moral para rasgarse las vestiduras.

Le recuerdo igualmente, que las cifras de trabajo infantil han aumentado como resultado de la deserción escolar que genera la incapacidad del gobierno del que usted hace parte para proporcionarles a los niños y jóvenes herramientas tecnológicas y conectividad gratuita y, también, como fruto de la insensibilidad e incapacidad de bancadas como la suya para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas y evitar el despido de los padres de nuestros estudiantes; sin pasar por alto la negación de una renta básica, nada de lo cuál a ustedes los conmueve.

Debo clarificarle también, que mientras aún se nos considere ciudadanos y estén vigentes los artículos 86 y 40 (numeral 6) de la Constitución que usted desearía en su fuero interno que se derogara para reemplazarla por un legalizado estado antisocial de hecho, a los docentes, como sujetos, y no siervos, nos asiste el derecho de “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución” y a los gobernantes el de actuar dentro de principios de autonomía, así se les amenace desde el totalitarismo con sanciones ejemplares que los envíen a sus casas en forma permanente, contrariando la carta de derechos de la OEA y sentencias de la CIDH.

Para su información el asunto del retorno a la presencialidad -y no porque manipuláramos el virus para que se generaran nuevas variantes tan peligrosas como Delta- no pasa ya solo por un proceso de vacunación, puesto ya en jaque en los países del primer mundo con mayores porcentajes de inmunización que el nuestro. Tampoco de su pobre concepto de bioseguridad escolar que desconoce, al igual que el gobierno, la transmisión por aerosoles y aspectos inexistentes en nuestras aulas como ventilación, renovación, filtración del aire y mediciones de CO2 para detectar cuando el oxígeno en recintos cerrados está viciado y representa un mayor riesgo de contagio.

Finalmente imagino que cuando usted habla de que lo que queremos es “arrodillar al Gobierno para obtener” prebendas y aumentos salariales, lo hace como una especie de mecanismo de proyección desde la experiencia y las prácticas deleznables que suelen usar los políticos para acceder a ministerios y pasar de la noche a la mañana de posturas críticas a aprobar proyectos a pupitrazos y a formar parte del ejecutivo.

De lo que se trata entonces Dr. Vargas Lleras, más que de “recuperar la educación pública”, es de recuperar el país y la política para la decencia y la ética, propósito en el que sus prácticas históricas dan cuenta de no estar interesado. Espero haya valido la pena sacar este tiempo valioso para, de manera desinteresada, demostrarle que los docentes, en todos los espacios, siempre estamos en la disposición de educar.

Atentamente,

Lic. ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA
Miembro Colectivo Acción Ética Docente

Clases y educación gratuita para inquisidores de maestros

Tomado del muro de Facebook del educador Alberto Ortiz Saldarriaga

Hace pocos días, a instancias de la cuenta en tuiter de la congresista María Rosario Guerra de la Espriella se colocó en la mira y bajo escrutinio y juicios no fundamentados la labor de una docente de Cali a la que se cuestiona por un taller en el que indagaba a sus estudiantes sobre los asesinatos injustificados de civiles por militares a los que eufemísticamente se ha llamado, pretendiendo exculpar a sus responsabilidades, “falsos positivos”.

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Escuelas si son fuente de contagio de COVID-19 de acuerdo a Bélgica

Bélgica es uno de los primeros países del mundo que tomó una decisión en lo concerniente a la reapertura de los centros educativos. Lo hizo muy probablemente guiado por uno o más de los tantos mitos que se han construido en torno a las formas de propagación del COVID: La baja probabilidad de contagio en los niños (1) y, consecuentemente, la teoría en virtud de la cual las escuelas no son por tanto un espacio de propagación del virus (2).

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Bioseguridad escolar: el peligro de los protocolos inservibles y el simplismo oficial

Escrito por el educador Alberto Ortiz Saldarriaga (Twitter @OrtizSAlberto)

Ni siquiera el incremento de las cifras de contagios en los últimos días tiene el carácter persuasivo frente a quienes desde posiciones de poder inmerecido insisten, desde su irracionalidad y posiciones no fundamentadas, en presionar un retorno no seguro a las aulas por parte de los maestros y estudiantes instrumentalizando a los directivos docentes.

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Aerosoles: el enemigo hasta ahora subestimado en el contagio del COVID

José Luis Jiménez es un respetado científico español y profesor de la Universidad de Colorado (EU) a quien la OMS y la mayoría de gobiernos del mundo ha debido prestarle desde hace meses mayor atención por sus valiosas observaciones en torno al papel de los aerosoles en la propagación del COVID-19.

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Alternancia: cuando priman los negocios y los maestros se vuelven fichas sacrificables

Solo fichas desechables o sacrificables. Así se concibe la vida de los docentes desde el ministerio de educación, desde sus leales alfiles en las secretarías de educación y desde sectores de algunas organizaciones sindicales,  que aunque de palabras critican, de boca le hacen el juego y el favor de la legitimación al establecimiento.

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Docentes responden a Mineducación cuestionando Directiva 11

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En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González,  el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.

En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo,  como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad,  lo que,  desde el sentir de los maestros y maestras,  sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.

Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes,  quienes anuncian que no renunciarán,  como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán  acciones legales en la jurisdicción nacional y,  de ser necesario,  presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.

Atento saludo.

Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.

En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.

Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.

Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.

Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.

No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.

Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).

Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.

En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.

Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.

Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.

Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).

En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.

Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.

Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.

Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

Pandemia y virtualidad dejan al desnudo la educación

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En Colombia es impensable, por “cuestión de perfiles”, que un docente dirija el Ministerio de Justicia o cualquier otra cartera. Ello refleja el desprecio que la élite dirigente siente por la educación y los educadores. Lo que si no resulta absurdo, y antes es mirado con naturalidad, es que cualquiera, sin saber nada de pedagogía o ser maestro, pueda ser nombrado al frente del Ministerio de Educación Nacional.

De hecho, durante los últimos 30 años, es decir, desde solo un poco antes de la Constitución de 1991, catorce (14) ministros de educación ha conocido el país de los cuales siete (7) fueron abogados, 3 economistas, 2 periodistas, 1 sociólogo y la última 1 ingeniera industrial. Por ello no ha de extrañar a nadie las serias deficiencias en nuestro sistema educativo, de las que se culpa injustificadamente al más débil, esto es, al maestro.

La educación no ha sido dirigida, ha sido digerida, que no es lo mismo. El orden de las letras y una sola vocal marcan la gran diferencia entre los vocablos dirigir y digerir y todos sabemos perfectamente que proceso orgánico sucede a la digestión. El presupuesto de la educación ha sido literalmente tragado por el peor de los monstruos del país y así, como muchas otras cosas, ha quedado evidenciado con el coronavirus.

La infraestructura escolar no es la adecuada; los estudiantes carecen de equipos de cómputo y del “lujo” de la conectividad y en ese panorama desolador, que evidencia porque somos uno de los países más desiguales del mundo, se tiene el descaro o la desfachatez de exigir a maestros y maestras que “salven la patria” y que salgan con las uñas a hacer milagros como el de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público educativo, cuanto tal responsabilidad y deber es exclusivamente del Estado y de los gobernantes.

Desde los fríos escritorios, los burócratas y tecnócratas a los que jamás les ha importado de verdad la educación del pueblo, mayoritariamente pobre, y a los que nunca les ha interesado para nada crear, por ejemplo, un sistema de radio escolar o de televisión pública para la difusión y promoción de contenidos de educación y cultura, intentan pensar cómo actuar dentro de la crisis frente a un tema que nunca les ha cabido en la cabeza.

La improvisación y la irresponsabilidad es tal, que sin vacuna y sin un tratamiento efectivo ya la ministra se atreve a hablar de estar mirando protocolos para el retorno a la presencialidad, sin contemplar que el tamaño de los salones y el hacinamiento no permitan el distanciamiento social, más si favorezcan la propagación de la pandemia.

Lo peor de todo, es que debajo del ministerio, en una especie de escala de depredadores, los encargados de las secretarías de educación, escogidos bajo el mismo criterio no objetivo de selección y emulando la fábula de la “hormiga maestra infeliz” (https://bit.ly/358IHUR) están siempre dispuestos a obedecer y en tal sentido emiten todo tipo de pronunciamientos y directrices, igual de confusos, que no consultan para nada la realidad de los espacios escolares, pero que tienen el objetivo de ejercer presión indebida, con características de acoso laboral, sobre los maestros.

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La irresponsabilidad de ordenar enviar guías y talleres impresos a estudiantes y de que estos las devuelvan para una evaluación que por lo menos en esta época debería quedar proscrita, es un ejemplo de lo que no se debe hacer para la bioseguridad de maestros, estudiantes, familias y sociedad en general en opinión de los epidemiólogos. Sin embargo, es su manera de encubrir la precariedad económica de miles de familias pauperizadas por el sistema.

En la hegemonía de lo absurdo y para la ejecución de lo ilógico, el poder se vale e instrumentaliza a aquellos rectores y coordinadores, que así lo permiten, y con un perfil que no va más allá del de ser sombríos personajes sin claridad conceptual y con enormes necesidades insatisfechas de poder, reconocimiento y figuración, aún a costa de su propia dignidad y de la salud física y psicológica de los maestros y maestras a su cargo. Afortunadamente aún muchísimos no han sido contagiados por el virus letal de la deshumanización mientras otros muchos si se han vuelto Malinches modernos.

Si de por sí, la profesión docente es una de las que más soporta presión y de las que más desgaste e incidencia en lo físico y psicológico experimenta, con la pandemia se están colocando sobre los hombros de los docentes cargas excesivas que estos transfieren a los estudiantes y familias, agregando mayor inestabilidad emocional de la ya existente a una comunidad educativa que puede llegar a experimentar peligrosos niveles de trastornos. Lo menos aconsejable y responsable, dicen abiertamente psicólogos y psiquiatras, es atiborrar de tareas a maestros, estudiantes y padres traspasando los límites de lo inteligente.

Da algo de nostalgia recordar, que hubo un tiempo en la educación en que rectores y coordinadores veían a los docentes como pares al lado de los cuáles luchaban por la obtención de reivindicaciones comunes. Después y hasta hoy, con la metamorfosis que generó el manejo de presupuesto por los rectores, a quienes en una hábil jugada del poder imperante les inculcaron que eran “gerentes”, la autopercepción y la percepción del maestro para algunos directivos docentes ha cambiado de manera drástica y triste.

Lamentablemente el sector específico de directivos de la educación al que específicamente aludimos, al colocarse como obedientes e incondicionales ejecutores de las políticas que contra los maestros se diseñan desde el ministerio y las secretarías, los hace auto percibirse como una casta superior en tanto a los maestros se les mira como simples inferiores o subalternos merecedores de ser maltratados y explotados hasta límites insospechados.

Si se concreta la idea que varios importantes políticos tradicionales vienen vendiéndole al gobierno para que la dirección económica de todos los planteles educativos pasen a manos de administradores públicos, ajenos a la educación, se afectará a todos y probablemente será tarde para readquirir el tan necesario sentido de pertenencia o la llamada conciencia para sí de la que habla el marxismo. Divide y reinarás señalaba un aforismo que los maltratadores inmediatos de los maestros al parecer no conocen.

Mientras tanto los mismos de siempre seguirán digiriendo los recursos de la educación con lo que cobran más sentido las palabras de Zubiría en el sentido que lo que más requieren desaprender los maestros hoy es a obedecer. Si no se hace, la burocracia y tecnocracia terminarán convirtiendo a la educación y a los educadores, en términos garciamarquianos, en aquello que el coronel contestó a su esposa que comerían.

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Trabajo presencial expone a docentes a contagiarse con coronavirus

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A través de una nueva carta dirigida al Presidente de la República, el Colectivo Magisterial Acción Ética Docente sentó su posición frente a la suspensión de clases decretada por el ejecutivo, advirtiendo que la obligación para los docentes de seguir concurriendo a sus sitios habituales de trabajo es altamente riesgosa e innecesaria.

Frente a la rápida propagación en el país del coronavirus, Acción Ética Docente expresó que esta exposición se da en doble vía. Se presenta para la salud y vida de los docentes, pero también, y desde el punto de vista jurídico, para quienes dan la orden de trabajar presencialmente. Según se desprende del pronunciamiento, mientras los docentes se exponen a enfermarse, sus inmediatos superiores se exponen a ser demandados y a responder disciplinaria, civil y penalmente por las probables afectaciones a la salud y vida del personal a su cargo.

Para los docentes es claro, que desde la expedición de la Ley 1221 de julio 16 de 2008, de la Circular 018 del 10 de marzo de 2020 (expedida por Minsalud) y de la Directiva Presidencial 02 de marzo 12 de 2020  existen mecanismos para el desarrollo del trabajo empleando tecnologías de la información y las comunicaciones que bien pueden autorizarse e implementarse en lugar del trabajo presencial. No obstante, ya frente al caso concreto de desarrollar clases virtuales por parte de los estudiantes el tema se vuelve complejo dado que muchos niños y jóvenes en el país están al margen de herramientas tecnológicas y de conectividad en la actualidad.

Según se desprende del texto del pronunciamiento, los docentes no comparten que se les otorgue un trato diferenciado y que su salud y sus vidas y la de sus núcleos familiares importen menos que la de sus estudiantes. Tampoco comparten que se hable de adelantar vacaciones pues ello podría mandar un mensaje equívoco sobre la necesidad real de que tanto estudiantes como docentes permanezcan en sus casas y adoptando medidas de precaución.

Consultamos con un abogado quién sobre el particular nos dijo que las medidas sanitarias deberían ser de rigurosa observancia para la totalidad de los ciudadanos, salvo para quienes hagan parte de la misión médica, acotando que así lo dispone el artículo 368 del Código Penal colombiano el cual reza:

“Artículo 368. Violacion de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.”

El texto completo del nuevo pronunciamiento de ACCIÓN ÉTICA DOCENTE es el siguiente:

A

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente
República de Colombia
E.        S.        D.

Atento saludo.

Referencia: Pronunciamiento frente a decisión de suspensión de clases

El Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE saluda y recibe con agrado la medida excepcional y de protección a la salud pública adoptada por su despacho en la tarde de este domingo, en el sentido de suspender clases a partir de este lunes 16 de marzo, respuesta que de una forma u otra atiende a posiciones y solicitudes elevadas a través de las redes sociales por los ciudadanos y a la solicitud formal que en el mismo sentido radicáramos en el día de ayer ante Ud. en nombre de los intereses de los docentes, de nuestros estudiantes, de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto.

Advertimos no obstante, que en procura de la salud de los educadores, en conexidad con el derecho fundamental a la vida de los mismos, no debe obligarse al personal docente a correr los  riesgos que significan movilizarse y congregarse en los espacios escolares durante dos semanas (Marzo 16 – Marzo 27)  para la preparación de “planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas”.

Desde la expedición de la Ley 1221 de julio 16 de 2008 y más aún con la Circular 018 del 10 de marzo de 2020 (expedida por Minsalud) y la Directiva Presidencial 02 de marzo 12 de 2020  existen mecanismos para el desarrollo del trabajo empleando tecnologías de la información y las comunicaciones que bien pueden autorizarse e implementarse en los retos que el presente nos plantea.

Si aún a pesar de lo anterior, se insiste en el trabajo presencial en lugar del virtual, para el caso de los docentes, las autoridades del orden central, departamental y municipal deben dejarlo sentado a través de un acto administrativo, de tal suerte que si se llegare a comprometer la salud y la vida de cualesquiera de los miembros del cuerpo de educadores en el país, como consecuencia de la persistencia en el trabajo presencial de los docentes, se puedan determinar responsabilidades y responsables en el plano disciplinario, penal y civil por parte de quienes sufran afectación siguiendo órdenes de sus superiores.

Diferimos igualmente, y así lo dejamos sentado, que se opte por la fórmula de adelantar vacaciones en los días comprendidos entre el 30 de marzo y el 20 de abril (4 semanas), en el entendido en que a una emergencia nacional no puede otorgársele tal carácter haciendo nugatoria la posibilidad real para el cuerpo docente de disfrutar de este período bajo el espíritu y en los términos en los que fue concebido por el legislador.

Además, consideramos, que es aventurado e irresponsable y crea expectativas irreales el pensar de manera demasiado optimista y apresurada, que el país pueda superar la delicada situación que hoy afronta en tiempos en los que ni siquiera países del primer mundo han podido lograrlo.

Insistimos en nuestra posición y petición para que el Gobierno bajo su dirección avance en el proceso de proveer a las escuelas, y por intermedio de ella a los estudiantes, de herramientas tecnológicas y de conectividad y de plataformas para el desarrollo de la educación virtual que a partir de ahora permitan afrontar la ocurrencia de situaciones similares en el futuro. Además, es importante que se avance en términos de optimización de la infraestructura escolar, posibilitando que cada espacio escolar al que acudan nuestros niños y niñas cuente con la dotación sanitaria adecuada y suficiente y con el presupuesto para la provisión de insumos (como el jabón) fundamentales en la prevención de enfermedades.

Finalmente, advertimos que siempre que las organizaciones sindicales no respondan prevalentemente en la salvaguarda de los intereses y derechos del magisterio, como organización de base y parte del poder constituyente, nos pronunciaremos y orientaremos las acciones de denuncia y jurídicas que sean necesarias y pertinentes para la defensa de nuestros derechos e intereses.

En este caso específico, nos reservamos el derecho, y así lo anunciamos, de accionar en el entendido de que la salud y la vida de los docentes y de sus núcleos familiares son tan valiosas e importantes como la de cualquier ciudadano. No hay vidas de primera y vidas de segunda importancia, hay vidas y la vida es sagrada.

COLECTIVO MAGISTERIAL ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

Solicitan al presidente suspender clases por coronavirus

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A través de una bien sustentada carta, radicada electrónicamente ante la presidencia de la República, el Colectivo Magisterial Acción Ética Docente, cuestionó algunas de las medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional, solicitó por responsabilidad suspender clases en colegios y universidades y propuso la adopción de medidas como el incremento del rango mínimo de consumo y/o mínimo vital de agua para facilitar y propiciar medidas como el lavado de manos.

Transcribimos a continuación los apartes de la carta difundida y conocida a través de redes sociales en la tarde de este sábado.

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Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente
República de Colombia

Referencia: Solicitudes de integrantes del gremio docente frente al coronavirus y la suspensión de actividades escolares

Reciba Ud. de parte del COLECTIVO MAGISTERIAL ACCIÓN ÉTICA DOCENTE un respetuoso saludo.

Sea lo primero decir, que aplaudimos que el gobierno haya adoptado medidas excepcionales para la contención de la expansión del coronavirus en el país. Entre tales medidas, recordamos, se encuentra la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y con fundamento en ella, la prohibición de eventos públicos de más de 500 personas, medida en cuyo cumplimiento las autoridades locales de salud, a partir de los 3:00 PM del jueves 12 de marzo, deben actuar para su estricto cumplimiento.

No obstante, tal medida, aunque necesaria, desde nuestro punto de vista se torna insuficiente y da para formular a Su Excelencia, como educadores y como ciudadanos, por lo menos las siguientes dos preguntas:

1. ¿Hay evidencia científica que respalde su medida y permita hacer diferenciación entre el impacto del virus, en términos de su propagación, en eventos y/o sitios públicos y/o abiertos y eventos y/o sitios cerrados, como por ejemplo los sistemas de transporte masivo o los recintos de una universidad o colegio?

2. ¿Existe soporte investigativo que permita determinar que el virus actúa selectivamente y/o se inhibe de hacerlo y/o se reducen sus posibilidades de propagación o que es menos contagioso frente a núcleos de población de 499 o menos personas?

De ser afirmativa la respuesta frente a los anteriores interrogantes, rogaríamos a Ud. hacer públicos tal tipo de evidencias que, valga decir, serían la única causal de exclusión de responsabilidad frente a un trato diferenciado en las medidas adoptadas, tratamiento diferenciado que desde una perspectiva relacional y comparativa, inherente a todo juicio de igualdad, perdería toda justificación.

Dicho lo anterior, permítanos recordarle, que estadísticamente la población mayor tiene un más alto grado de riesgo de contraer el coronavirus y de experimentar complicaciones serias en su salud. Dentro de esta población se encuentran los docentes del país, quienes a diario y en recintos cerrados están en relación directa con un número plural de potenciales portadores del virus, algunos incluso asintomáticos.

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Por tal circunstancia y actuando preventiva y no reactivamente, deberían adoptarse medidas excepcionales y urgentes como la suspensión inmediata de actividades académicas presenciales en colegios y universidades tal y como por ejemplo lo propuso responsablemente el pasado 13 de marzo a través de su cuenta de twitter el señor presidente del Concejo de Bogotá, Dr. Carlos Fernando Galán, y como ya había sido propuesto también por el senador y líder de la oposición, Gustavo Petro, justo un día antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte de su despacho.

Consideramos, que más allá de las diferencias políticas, el país entero espera expectante de sus gobernantes la grandeza suficiente para atender a todas las voces que desde distintas orillas proponen medidas sensatas en función de garantizar la vida de los ciudadanos, mandato constitucional prevalente al que Ud. se comprometió al juramentarse como presidente.

Créanos, a quienes a diario estamos en el espacio mismo de la escuela pública y contemplamos y sufrimos sus precariedades, que en muchas de las mismas, no existen condiciones higiénicas suficientes para, bajo condiciones excepcionales y de emergencia, persistir en mantener sus puertas abiertas al público.

Ha sido Su Señoría, quien acertadamente ha dicho que una de las medidas básicas de prevención es el lavado permanente de manos con agua y jabón, propósito este que es inalcanzable en un número bastante importante de instituciones públicas de educación, por el estado y/o inexistencia de baños; por déficit de lavamanos; por inexistencia de jabón y mucho más de antibacteriales y, peor aún, por la carencia de agua potable. Este panorama se ha vuelto crítico por los recortes presupuestales y el atraso de giros hacia las secretarías de educación y, por intermedio de estas, hacia las escuelas y colegios.

Valga además decir, que en el propósito loable de que los colombianos incrementen la frecuencia del hábito de lavarse las manos, el gobierno nacional debería además contemplar la posibilidad, de incrementar el rango mínimo de consumo y/o mínimo vital de este elemental líquido, como una medida de responsabilidad social, que favorezca a los colombianos más pobres y no se inhiban de seguir sus recomendaciones pensando en los incrementos de las tarifas y en que los pagos del servicio de acueducto, a la postre, deterioren aún más sus exiguos sueldos y sus condiciones materiales de vida.

Acertadamente en otro trino Carlos Fernando Galán señaló: “Los países que tomaron medidas drásticas cuando parecía exagerado han sido los que han logrado un mejor manejo del coronavirus, los que esperaron, han fallado. Llegó la hora de tomar medidas más contundentes. Será doloroso en el corto plazo pero mejor en el mediano y largo.”

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No nos asiste en la petición que le formulamos interés diferente al del bienestar de todos los colombianos. Tenga la certeza de que lo que menos deseamos es que sobre sus hombros recaigan responsabilidades por omisiones en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de salvaguardar la vida de todos los habitantes de la nación sin hacer diferenciaciones ni distinciones de ninguna índole entre los mismos.

No queremos que nuestra petición se preste, además, y así lo advertimos desde ya, para equívocos. Que nadie piense que no queremos trabajar. Nos anima el interés superior de salvaguardar nuestra salud y vida y la de nuestros estudiantes y padres. Si el gobierno provee a los estudiantes, que no dispongan de ellas, de las herramientas tecnológicas y de conectividad requeridas y a su vez dota a cada institución de plataformas digitales como Moodle, estamos en la mejor disposición de seguir adelantando nuestros procesos de manera virtual y sin interrupciones.

Finalmente le expresamos, frente a esta emergencia global, que nuestro deseo es que la historia lo recuerde a Ud. y a los señores alcaldes y gobernadores positivamente, para que sea el veredicto de la patria entera la que los premie y no los demande por ser inferiores al compromiso que le correspondió afrontar.

Atentamente,

COLECTIVO MAGISTERIAL ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA

FERNANDO ORTÍZ PALLARES

ALBERTO BALLESTAS ROCHA

HENRY GÓMEZ ZÁRATE

EDUARDO LÉMUS ARIZA

EMELID MORALES VELÁSQUEZ

VICTOR SIERRA GUTIÉRREZ

ARLYS GUTIÉRREZ SOLANO

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