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Lo de Bermeo: El nuevo capítulo de la venganza implacable del Fiscal contra “Santrich”

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Sus más radicales opositores y críticos no dudan en calificar al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como un hombre sin escrúpulos para el que el fin justifica en todos los casos el empleo de cualquier medio a su alcance.

Los cuestionamientos al Fiscal General de la Nación van desde su habilidad para intrigar, hasta su “capacidad” camaleónica para estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo.

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No de otra manera se entiende que a pesar de su proximidad y admiración hacia Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical, lo hubiese apadrinado y avalado ante el alto gobierno para ser Fiscal y que Juan Manuel Santos se hubiese decidido por él a sabiendas que representaba la peor de las opciones posibles frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.

El poder real de Martínez Neira, sin embargo, no se halla en el ámbito de lo político sino en el poder económico que mueve tras bambalinas los hilos de políticos aparentemente opuestos pero con poderosos financiadores en común: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht.

Mucho antes de que el país al unísono solicitara por decoro la renuncia de un fiscal que está impedido para actuar como investigador e investigado, Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC, tuvo el arrojo de cuestionar, en tres duros y directos tuits, al Fiscal por encubrimiento de empresas que financiaron el paramilitarismo.

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A partir de allí la respuesta de quién usa su cargo para amenazar y golpear a quienes cometan la osadía de ponerlo en entredicho no se hizo esperar. Tiempo después, sobrevino la acusación de que Santrich era narcotraficante, la privación de su libertad con complicidad de los grandes medios afines al mismo poder económico y politico corruptos con los que se impedía que el exguerrillero accediera a sus curul en el congreso y, además, se pretendía aniquilarlo políticamente y destruir los Acuerdos de Paz.

Después de eso, sin pudor, se produjo el reconocimiento de que no existían las pruebas que el Fiscal había cacareado a los cuatro vientos y ahora, que se avisoraba una probable liberación, desde la Fiscalía se ha recurrido a un nuevo escándalo distractor que tiene todas las connotaciones de otro falso positivo.

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Y es que a nadie le cabe en la cabeza, que un Fiscal de la JEP como Carlos Bermeo, con vínculos y fotos con el presidente Duque y que un ex parlamentario condenado por parapolítica y muy cercano al expresdente Uribe, como Luis Alberto Gil, puedan concertarse para supuestamente conspirar contra la extradición de Seuxis Hernández, quién al interior de las FARC fue conocido bajo el seudónimo de Jesús Santrich, nombre con el que el guerrillero quiso rendir homenaje a su amigo, un pintor y estudiante de la Universidad del Atlántico, asesinado por agentes del desaparecido DAS.

Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los “falsos positivos”.

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?