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Colombia: Estado Antisocial de Hecho

Los constituyentes de 1991; los ex magistrados de la primera Corte Constitucional (de la Honorable) que aún sobreviven y los demócratas del país deberían convocarse para defender la Constitución vigente y para hacer una denuncia ante la comunidad internacional de derechos humanos. La razón: En Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, la Carta Política y de derechos ha sido derogada de facto.

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Locura: Matar o apresar a Maduro

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Quién lo creyera! Estados Unidos acogiendo tesis insurgentes combina todas las formas de lucha contra Maduro. Con la participación de Guaidó y no creemos que sin que lo supiera Iván Duque, estructura un plan de provisión de un arsenal despachado desde Barranquilla para matar a Maduro. Al mismo tiempo, el Fiscal General norteamericano, como en el salvaje viejo oeste, ofrece una millonaria recompensa por la captura del mandatario venezolano. Ambos planes tienen en común algo: el afán de Estados Unidos de salir de Maduro a como de lugar para apoderarse del país suramericano y de sus riquezas. Al mejor estilo de Maquiavelo el fin justifica el uso de todos los medios.

En el segundo de los casos (la recompensa) se demuestra algo más: La mirada de las autoridades norteamericanas es selectiva. Muy de acuerdo a sus interés estrategicos. Se acusa a Maduro de liderar el «Cartel de los Soles», pero nada se dice de los líderes de otra organización delictiva que conspira para enviar cocaína a los Estados Unidos: El cartel del Dorado; denominado así tras las denuncias de exportación de cocaína desde el principal aeropuerto de Colombia. De acuerdo a datos del propio gobierno norteamericano divulgados por el director de @wola_org, señor Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) la mayor parte de la cocaína que llega a USA proviene de Colombia

Y es que con la venia de las autoridades norteamericanas, y desde el balance costo-beneficio todo pareciera indicar que los estadounidenses tienen un racero diferente para el tratamiento de los narcotraficantes. Persiguen a los que no son «amigos», pero permiten que desde su aliado estratégico en la región si se exporte droga, sin tomar cartas en el asunto. De lo anterior han salido ya a la luz pública denuncias muy graves sobre las que ni la embajada ni nadie se pronuncia.

La primera en la que Richard Maok Riaño denunció los supuestos nexos entre Álvaro Uribe y el Chapo Guzmán para exportar cocaina usando como plataforma de exportación el aeropuerto El Dorado, operación que, según se dijo, contó con la colaboración del Director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente. La segunda, sobre el descubrimiento de un laboratorio de cocaína, hallado curiosamente en la finca del propio Sanclemente quién funge como actual embajador de Colombia ante Uruguay. La tercera, el siniestro en centroamérica de una avioneta de matrícula HK 5075 de la empresa Activar Uno que salió del propio Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín cargada de cocaína.

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Sobre el intento de Magnicidio y el arsenal decomisado, que vincula a Guaidó y compromete al Mayor General en retiro del ejército venezolano, Cliver Alcalá, emergen muchas dudas, no obstante, el intento del oficial retirado por desvincular de la conspiración criminal de la que se confiesa parte al gobierno colombiano. ¿De donde llegaron las armas a Barranquilla? ¿Por que Barranquilla? ¿Por que las autoridades, no han capturado a Alcalá y que hay de cierto en lo que señaló en entrevista para WRadio, en el sentido de que reside en Barranquilla con conocimiento del presidente Duque y de las autoridades colombianas? ¿Qué tan creíble es que Guaidó conociera del plan criminal y Duque lo desconociera a pesar de su evidente cercanía?

Lo cierto es que para nadie han sido secretos los nexos entre Guaidó y paramilitares colombianos. Tampoco entre estos últimos y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y bajo la dirección del oriundo de Santa Marta y hoy condenado, Jorge Noguera Cotes, siendo este quién llevó a la Dirección Nacional de Inteligencia de ese cuestionado organismo, a su amigo personal, el también magdalenense, Giancarlo Auque De Silvestri (condenado y prófugo por tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque). Auque De Silvestri, curiosamente figura, en la red social Facebook, como uno de los varios amigos personales del también cienaguero, Jorge Alberto Molinares Duque, persona en cuyo poder cayó el arsenal.

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Sea como sea, en épocas donde el coronavirus amenaza al mundo y dónde Estados Unidos es ya el principal foco de infección, es un acto de irresponsabilidad intentar apresar y mucho más matar a Maduro. Pareciera que los Estados Unidos no aprendieron de la experiencia en Irak y Libia. Mayor sería la irresponsabilidad de Colombia de prestar su territorio para atentar contra Maduro. Bien o mal, con apoyo de China, Rusia y Cuba, Maduro está afrontando hasta ahora bien la amenaza del coronavirus. Su muerte podría significar, como en Líbia, una situación de ingobernabilidad y de expansión sin control del virus cuyas principales víctimas serían los propios colombianos. Colombia insiste en destapar una caja de Pandora. En ese contexto de conspiración se explica quizás cambios como los del expresidente Andrés Pastrana Arango quién en un viraje inusitado de actitud ha solicitado dialogar con Venezuela.

ONU Derechos Humanos: Colombia un peligro PARA defensores

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A través de un pronunciamiento, la oficina de ONU Derechos Humanos Colombia señaló su profunda preocupación al advertir que por lo menos 107 activistas fueron asesinados en Colombia durante 2019 y que tal cifra podría incluso incrementarse a 120 pues están en proceso de verificación 13 casos más.

Previo y posterior al más reciente relevo presidencial los asesinatos de Defensores de Derechos Humanos se habían intensificado en Colombia, al punto que 115 de estos fueron cometidos en 2018 lo que muestra que no se trata de hechos aislados sino de un proceso sistemático y orquestado que no ha contado nunca con la reprobación y condena de sectores políticos como el Centro Democrático y de acciones eficaces del gobierno.

Las cifras de asesinatos de defensores de Derechos Humanos casi se quintuplicaron en relación con las del periodo 1990-1995 (25 victimas) y se duplicaron con respecto al periodo 1996-2002 (54 victimas) año éste último a partir del cual más se estigmatizó y persiguió a promotores y defensores de derechos hasta alcanzarse las cifras históricas que ahora se presentan y que amenazan con mantenerse pues solo en enero de 2020 hay reportes de cerca de una decena de nuevos casos.

En su pronunciamiento ONU DDHH Colombia reiteró su llamado al gobierno colombiano para que «realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales… investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones.»

Sobre este último aparte bien vale la pena recordar que ha sido precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez quién, desde su primer gobierno, más profusamente ha estigmatizado a los Defensores de Derechos Humanos, a los cuales ha acusado de tener vínculos y actuar al servicio del terrorismo,  volviéndolos blanco de fanáticos de extrema derecha y coloca prácticamente una lápida sobre sus hombros.

ONU Derechos Humanos Colombia dio a conocer que la mayoría de los crimenes de 2019 (89%) sucedieron en zonas rurales y en «municipios con economías ilícitas» y «con tasa(s) de pobreza por encima del promedio nacional» y que si «bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá)», los atentados «se registraron en 25 departamentos diferentes», lo que insinúa la existencia de una estructura criminal articulada y con incidencia y/o presencia sobre todo el territorio nacional.

Para la ONU los sectores con mayor vulnerabilidad y riesgo fueron «los pueblos indígenas y los afrocolombianos», así como las «mujeres defensoras de derechos humanos». Frente a esto, «la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras… es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia…»..

Llama poderosamente la atención, que las áreas geográficas más vulnerables sean precisamente aquellas copadas por «grupos criminales y… armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP», fenómeno que se favoreció por la ausencia desde el «gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia» y de voluntad del Estado para hacer presencia, sumado a la omisión en «lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo».

En los 15 primeros días del mes de enero se reportan ya la muertes de por lo menos 19 lideres sociales entre los que se cuentan Carlos Cardona, Cristian David Caicedo, Gloria Campo, Virginia Silva, Carlos Alfonso Quintero, Emilio Campaña, Mireya Hernández Guevara, Anuar Rojas Isaramá,
Oscar Quintero, Gentil Hernández, Henry Cuello, Amparo Guegia, Juan Pablo Dicué, Nelson Enrique Meneses, Tulio César Sandoval, Sergio Narváez, Jhon Fredy Álvarez, Jorge Luis Betancourt y Yaiber Alexander Quitumbo