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¡Renuncie Ministro Botero! Usted pretendió encubrir un crimen

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La muerte de Dimar Torres no se produjo en medio de un forcejeo y de un acto de legitima defensa de la tropa como precipitada e irresponsablenente salió a declararlo y a justificarlo el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras los hechos ocurridos en la región del Catatumbo.

Un video inicial captado por los habitantes de la zona y que muestra a miembros del ejército sudados y nerviosos fue el primer indicio que dio cuenta de que la versión oficial de los hechos no correspondía con lo realmente sucedido.

Posteriormente comenzaron a circular las versiones de que el cuerpo presentaba evidentes señales de tortura que desmentían la versión del cabo involucrado, recogida con tintes de encubrimiento por el Ministro Botero. Al parecer, y según versiones no confirmadas, antes del asesinato, el excombatiente de las FARC habría sido violado y castrado.

Pero más allá de la denuncia de la comunidad, que trascendió internacionalmente a través de redes sociales, lo que sin duda obligó al Estado a reconocer el crimen perpetrado por miembros del Ejército Nacional fue un segundo vídeo en el que se aprecian imágenes dantescas de cómo.quedo el cadáver tras el supuesto forcejeo y el intento de desaparición del mismo por miembros de la fuerza pública

La confirmación de lo realmente sucedido llegó a través de las palabras que con el valor y el honor que le faltaron al Ministro de Defensa, pronunció frente a la comunidad el Brigadier General, Diego Luis Villegas Muñoz, quien públicamente se lamentó y pidió perdón por el asesinato de Dimar Torres Arevalo a manos de unidades bajo su mando, al tiempo que recalcó que ese tipo de hechos lamentables no podían volver a repetirse.

No obstante, queda la duda sobre en cuántos otros de los asesinatos de ex combatientes de las FARC y de líderes sociales pudieran estar involucrados miembros de la fuerza pública, obligada a proteger a todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna naturaleza, en sus vidas, honra y bienes.

Infiltrar, desprestigiar y deslegitimar para justificar agresión brutal: La agenda del gobierno frente a la protesta social

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La guardia indígena capturó y entregó a la Defensoría del Pueblo a 3 integrantes de la fuerza pública infiltrados en su protesta quienes portaban una granada de fragmentación. No obstante, ningún medio de comunicación lo reseñó. Prefieren en sus titulares mostrar a los indígenas como victimarios antes que como víctimas de un despojo y de una agresión que comenzó hace siglos y que no para por parte de quienes sustituyeron a los españoles en el ejercicio del poder.

Desde la lógica del gobierno, vale muchísimo menos una bala que implementar reformas y financiar el bienestar social de los ciudadanos. Pero como echar bala y atemorizar a la población para que no exija sus derechos y guarde silencio no resulta tan sencillo como lo era hace varias décadas, les toca hacer un trabajo previo que los justifique ante el mundo.

La protesta social en Colombia por órdenes de presidentes, ministros y altos mandos policiales y militares se infiltra para generar desmanes que son convenientemente transmitidos por los medios afines al poder con propósito de desprestigio y de la necesaria deslegitimación que justifique la represión, es decir, el empleo de los gases, de las balas (de goma y de plomo) y de explosivos contra los más pobres y vulnerables.

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Cuando ello no ofrece resultados se implementa la también despreciable práctica de asesinatos sistemáticos de líderes sociales por parte de una bien estructurada organización con presencia en todo el territorio nacional, cuyos miembros y mandos, convenientemente, nunca son identificados, judicializados y mucho menos combatidos por los organismos de seguridad del estado, que ni siquiera se experimentan vergüenza frente al genocidio e impunidad.

De esa lógica perversa es hoy víctima la minga indígena, pero también lo han sido las protestas de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, los estudiantes, los trabajadores y todo aquel que no haga parte del círculo exclusivo de las élites que nos gobiernan.

Hay videos del ejército disparando en la zona, pero se culpa a los indígenas de ser los autores de la lamentable muerte del agente de policía Boris Alexánder Benítez Leclerc, por presunto disparo de proyectil de arma de fuego (18 de marzo). Como si hubiesen estado a la espera de la tragedia, inmediatamente sobrevienen las declaraciones del Ministro de Guerra Guillermo Botero (19 de marzo) hablando de infiltración, igual a como ya lo había en el Congreso de Confecamaras en Cartagena en septiembre 13 de 2018.

El mismo 19 de marzo el propio presidente, sin la rigurosidad de una investigación sería que lo corrobore, sale a reafirmar la tesis de los infiltrados.

Un día después (20 de marzo), curiosamente en concordancia, el cuestionado «periodista» Herbin Hoyos Medina publica una foto falsa de una mujer de facciones indígenas con fusil y camuflado y horas después el expresidente Uribe a través de un trino y un vídeo criminaliza la protesta social

Solo 24 horas más tarde (21 de marzo) una explosión en Dagua mató a ocho guardas indígenas luego de que al parecer alguien lanzara un artefacto explosivo que podría asemejarse al que le encontró la guardia indígena a los 3 militares infiltrados.

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