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Desendeudar y que los bancos respondan con sus utilidades

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¿Humanidad o Utilidad? ¿vida o negocios? El coronavirus, a partir de la parálisis de la producción por ausencia del factor humano develó que el capital, las fabricas y las máquinas, por si solos, no generan riqueza y que solo la fuerza de trabajo es quién la posibilita. Sin la participación de millones de asalariados no solo se frena la producción de bienes sino también la generacion de riqueza. Es el trabajo humano y/o el trabajador y no el capital en sí mismo quién genera riqueza.

Pero la crisis también planteó a la sociedad en su conjunto un dilema ¿Qué debe primar o prevalecer, el derecho a la vida de millones, a través de medidas como el confinamiento obligatorio, garantizando a los medios necesarios para sobrevivir, o el derecho a la ganancia de sectores más pequeños de la población (empresarios) sobre la base de que estos expongan a la muerte a sus empleados haciéndolos ir a laborar? Constitucionalmente este dilema está resuelto. El intereses particular debe ceder ante el interés general.

Los países que optaron por la opción contraria (economía/vida) fracasaron estruendosamente en la contención del virus, demostrando que el “yo no paro, yo produzco”, que un sector minoritario propagandizó en Colombia no aplica como posibilidad de supervivencia del género humano. La humanidad es más importante que la utilidad y la vida está por encima de los negocios y de la economia por una razón sencilla: sin vida no hay ni producción ni consumo.

Se plantea luego entonces otra disyuntiva. ¿Quiénes asumen los costos de la crisis en el plano economico? En esta etapa histórica en la que el conjunto de la sociedad pierde, lo correcto es que los mayores sacrificios los afronten los que mayores posibilidades tienen para hacerlo. Los que disponen y han acumulado en el tiempo grandes utilidades deben aportar antes que los que no disponen de nada para dar.

La vía de los empréstitos (endeudar a empresarios y personas naturales con los bancos) para afrontar la crisis solo representa a lo mucho, un aplazamiento de sus efectos; un fortalecimiento aparente de quienes prestan y un mayor empobrecimiento y disminución de la capacidad de responder de los acreedores, con lo que ello puede significar en términos de una mayor contracción de la economía sí còmo consecuencia de la recesión todo desemboca en una cesación de pagos de las obligaciones.

Por ello coincidimos con el senador Gustavo Petro en qué la vía no es endeudar sino desendeudar. Quitar cargas. La cesación de pagos de acreencias o deudas (1); de servicos públicos (2) y de arriendos (3) a los empresarios del sector privado puede liberarles recursos para mantener empleos y salarios. Los trabajadores, más allá de verse beneficiados por vía de la estabilidad en sus empleos y en sus ingresos para sobrevivir (1), sí se les hace extensiva, la cesación de iguales obligaciones pueden liberar recursos que les permitan mantener su confinamiento en condiciones de dignidad (2) y ejercer, en la medida de sus posibilidades, la solidaridad con quienes están condenados al subempleo y el desempleo (3).

Sin embargo, surge de la politica de exoneración de pagos un aparente problema y una pregunta. Sí el arrendador que no recibe arriendo, compensa no pagando deudas y servicios y, a su vez, si las empresas de servicios públicos dejan de pagar deudas, la afectación e impacto será para la banca. Entonces de manera pedagógica preguntamos: ¿Puede y tiene la banca cómo asumir tan alto costo?

La respuesta es sí. De los ultimos 21 años solo en 1.999 y 2.000 la banca afrontó una crisis en la que tuvo pérdidas y en la que el Estado y la sociedad concurrieron solidariamente en su ayuda. Desde 2001 hasta 2019, es decir, durante 19 años, el sector financiero ha tenido ganancias por 175 billones de pesos y bien podria hacer, por una vez, un sacrificio y retribuir en parte algo a los colombianos de lo que éstos le han ayudado a ganar.

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Pero aún, sí se pensara en responsabilidades compartidas, también las empresas de servicios publicos domiciliarios tanto del orden público como privado podrían de manera voluntaria u obligadamente sacrificar parte de sus multimillonarios ganancias en función de subsidiar a los colombianos total o parcialmente en las tarifas que les cobran. Sí ambos sectores carecen de la grandeza y de la solidaridad y responsabilidad social que las circunstancias ameritan una buena opción por contemplar sería la nacionalización còmo lo ha planteado reiteradamente, respecto a la banca, el senador Armando Benedetti

Banqueros colombianos: voraces, rapaces y desalmados

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En 2015 la Asociacion Suiza de Banqueros (Swiss Bankers Association) sorprendió al mundo con una campaña de búsqueda por todo el mundo de titulares de cuentas bancarias inactivas por más de 60 años. Ello, con el propósito de devolverle a sus legítimos dueños o a sus herederos los ahorros y los intereses generados por estos. A ello los obligaba una ley del gobierno suizo a cuyas cuentas, precisamente, estaban destinados a ir esos recursos sin aparentes dueños.

Esto, una autentica lección de honorabilidad y ética en lo publicó y lo privado, es impensable en el gobierno de Colombia y en Asobancaria. El primero, ni siquiera ha sido capaz de dar cuentas en décadas, sobre el paradero de las inmensas fortunas y bienes decomisados al narcotráfico o del destino de los recursos por ventas de bienes y activos públicos (privatización). Los segundos, carecen de sensibilidad y solidaridad y solo los caracteriza su voracidad y sus prácticas rapaces con los màs débiles.

Los colombianos, hace más de medio siglo, al igual que los ahorradores suizos, podían colocar dinero en los bancos bajo la certeza o a sabiendas de que, sin importar el tiempo transcurrido, encontrarían el monto y los intereses sobre lo ahorrado en sus cuentas. Hoy, por el contrario, se ha normalizado que sí alguien deposita 1 millón de pesos en un banco, al cabo de un tiempo encuentra que sus recursos disminuyen hasta desaparecer, como por la acción de un agujero negro o más bien de un ladrón que goza del poder suficiente para cubrirse de inmunidad, o quizás de impunidad.

Así se enriquecen los bancos y por ende sus dueños. Recaudando, administrando y especulando en el mercado con el dinero de las pensiones de millares de ciudadanos. También prestándoles a éstos su propio dinero (su ahorro) con altísimas tasas de interés y, paradójicamente, pagando cifras exiguas o bajísimos intereses a sus cuentahabientes y/o depositarios por los recursos, que tras su captación, también les sirven para hacer negocios y obtener altísimas ganancias.

Pero más allá de ello, también extraen la sangre de los ahorradores con las cuotas de manejo por tarjetas de crédito, débito y cuentas de ahorro; con cobros o más bien penalizaciones por consulta de saldo y retiros en cajeros automáticos, para no mencionar los costos por transferencias bancarias, por pagos a terceros vía internet o por consignaciones nacionales.

Pero la miserableza de los banqueros colombianos no da tregua ni siquiera en épocas de coronavirus. Detras de los supuestos alivios financieros a sus acreedores, los banqueros no ven nada diferente a posibilidades de nuevos negocios mediante estrategias engañosas. El hombre más rico del país, el banquero Luís Carlos Sarmiento Angulo, ofrece donar 80.000 millones de pesos a sabiendas de que ello le representa una exención tributaria por 130.000 millones. Como quién dice, nunca pierde y siempre gana.

Lo de Sarmiento puede parecer además un acto de extrema generosidad para los incautos. Sin embargo, sí se tiene en cuenta que el banquero era para la revista Forbes uno de los hombres más ricos del mundo en 2019 (puesto 129), con una fortuna de U$ 10.800 millónes de dólares (43.200 millónes de millónes y/o 43.2 billones), se entiende que mas que solidario es un ser calculador, mezquino y tacaño, incapaz de donar siquiera un 1℅ de su riqueza (432.000 millónes). Su donación solo fue de un 0,185% de su fortuna que es ese mismo valor multiplicado por 540.

Nada más en 2019 las ganancias de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera fueron de 21.5 billones de pesos, lo que a diciembre 31 de 2019 representaba en dólares 6.576 millones, cifra nada despreciable para los que ahora le dan la espalda al país que hace 21 años les tendió la mano.

 

Decreto 444: ¿La nueva ley del Embudo? Duque legisla para banqueros

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En la nomenclatura el decreto presidencial de marzo 21 que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias  (FOME) no debió llevar el número 444 sino el 666 por lo diabólico de sus intenciones: sustraer recursos de las pensiones y no precisamente para atender necesidades del sector salud o para auxiliar a los sectores más vulnerables y afectados económicamente con la crisis del coronavirus, sino para llenar los bolsillos de los poderosísimos banqueros que financiaron la campaña del hoy presidente.

Con la norma, que también podría perfectamente llamarse la nueva ley del embudo, el gobierno demuestra que su prioridad son los poderosos y su economía y no la salud y la vida en condiciones de dignidad de millones de colombianos pobres, sin empleo formal, sin un salario fijo, sin ahorros, sin vivienda y que no pueden cumplir, por ejemplo, con las medidas de confinamiento obligatorio en razón a que su subsistencia depende del rebusque o día a día.

A pesar de que el pasado 15 de marzo, en una noticia que prácticamente pasó desapercibida para los colombianos, el Banco de la República a través de su gerente, Juan José Echeverría, había anunciado que el emisor pondría a disposición de las entidades financieras recursos en el orden de los 17 billones de pesos para atender situaciones de iliquidez en favor de la banca, la nueva medida presidencial vuelve a centrar su atención en auxiliar al sector cuyas utilidades en los últimos años han sido billonarias, pese a lo cual, en tiempos de crisis, no han adoptado decisiones solidarias que beneficien a sus cuentahabientes y acreedores.

Cómo se recordará, en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) la banca en el país afrontó una seria crisis que llevó al gobierno a lanzarle un salvavidas e incluso a aprobar una reforma a la Constitución del 91 a través de un acto legislativo que recortó las transferencias a las entidades territoriales para educación, salud y saneamiento básico, con lo que las perdidas del sector financiero fueron socializadas y/o asumidas por todos los colombianos, sin que desde entonces el sector financiero haya tenido un acto de reciprocidad con el país.

La medida de Duque que destina varios billones al FOME, ha sido duramente cuestionada en tanto utiliza, entre otros, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), lo que significaría que los costos derivados de atender la emergencia por la incidencia del coronavirus, se estarían financiando con recursos de los más débiles (pensionados) beneficiando a los más fuertes (banqueros) a quienes se les otorgaría un mayor flujo de recursos y de liquidez en desmedro de los entes territoriales.

Según el artículo 4 del Decreto 444 los recursos del FOME “se podrán usar para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos”, entre otras formas mediante “operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores” (numeral 3) y para “proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional” (numeral 5), aclarando en el artículo 9 que “el apoyo de liquidez… únicamente será destinado a solventar las necesidades sociales y económicas del sector empresarial”

Al corte de la medida salió en redes sociales el economista y líder progresista Gustavo Petro quién entre otras cosas señaló: ¿Por qué le preocupa al presidente la liquidez de los bancos? Porque se sigue priorizando la economía sobre la vida. La economía se paraliza y entrará en recesión en el mundo, pero hoy, eso no es lo más importante. Duque quiere financiar empresas, Estado y personas con crédito”.

Pero Petro Urrego no se quedó solo en la crítica, propositívamente señaló: “¿De donde puede salir el dinero para financiar la emergencia? Por decreto de conmoción se puede poner un tributo con destinación específica al patrimonio por ejemplo (1). Se puede dejar de pagar deuda externa si se hace con otros muchos países (2). Se puede usar reservas internacionales (3)”.

El excandidato presidencial y hoy senador también expresó: “El problema no es solo que se quiera usar dinero que no es de los entes territoriales sino de los pensionados para financiar la emergencia. Se quiere financiar es endeudando más a las personas, a las empresas y al Estado, y ese si es el negocio que quieren hacer los bancos. Endeudar más a la gente, a las empresas y al Estado, a través del confinamiento y el tratamiento de la pandemia solo sería envenenar más la economía. Por eso he propuesto lo contrario, congelar pago de deudas, arriendos y pago estatal de servicios públicos.”

También el senador del partido de la U, Armando Benedetti, fue fuerte y pidió incluso la nacionalización de los bancos a través de su cuenta de twitter

Lo de Bermeo: El nuevo capítulo de la venganza implacable del Fiscal contra “Santrich”

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Sus más radicales opositores y críticos no dudan en calificar al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como un hombre sin escrúpulos para el que el fin justifica en todos los casos el empleo de cualquier medio a su alcance.

Los cuestionamientos al Fiscal General de la Nación van desde su habilidad para intrigar, hasta su “capacidad” camaleónica para estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo.

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No de otra manera se entiende que a pesar de su proximidad y admiración hacia Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical, lo hubiese apadrinado y avalado ante el alto gobierno para ser Fiscal y que Juan Manuel Santos se hubiese decidido por él a sabiendas que representaba la peor de las opciones posibles frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.

El poder real de Martínez Neira, sin embargo, no se halla en el ámbito de lo político sino en el poder económico que mueve tras bambalinas los hilos de políticos aparentemente opuestos pero con poderosos financiadores en común: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht.

Mucho antes de que el país al unísono solicitara por decoro la renuncia de un fiscal que está impedido para actuar como investigador e investigado, Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC, tuvo el arrojo de cuestionar, en tres duros y directos tuits, al Fiscal por encubrimiento de empresas que financiaron el paramilitarismo.

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A partir de allí la respuesta de quién usa su cargo para amenazar y golpear a quienes cometan la osadía de ponerlo en entredicho no se hizo esperar. Tiempo después, sobrevino la acusación de que Santrich era narcotraficante, la privación de su libertad con complicidad de los grandes medios afines al mismo poder económico y politico corruptos con los que se impedía que el exguerrillero accediera a sus curul en el congreso y, además, se pretendía aniquilarlo políticamente y destruir los Acuerdos de Paz.

Después de eso, sin pudor, se produjo el reconocimiento de que no existían las pruebas que el Fiscal había cacareado a los cuatro vientos y ahora, que se avisoraba una probable liberación, desde la Fiscalía se ha recurrido a un nuevo escándalo distractor que tiene todas las connotaciones de otro falso positivo.

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Y es que a nadie le cabe en la cabeza, que un Fiscal de la JEP como Carlos Bermeo, con vínculos y fotos con el presidente Duque y que un ex parlamentario condenado por parapolítica y muy cercano al expresdente Uribe, como Luis Alberto Gil, puedan concertarse para supuestamente conspirar contra la extradición de Seuxis Hernández, quién al interior de las FARC fue conocido bajo el seudónimo de Jesús Santrich, nombre con el que el guerrillero quiso rendir homenaje a su amigo, un pintor y estudiante de la Universidad del Atlántico, asesinado por agentes del desaparecido DAS.

Si yo fuera Luis Carlos Sarmiento Angulo

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Si yo fuera Luis Carlos Sarmiento Ángulo y no estuviese revestido de la inmensa soberbia que se desprende como consecuencia natural de ser uno de los hombres más ricos del país y de creerme dueño de la suerte y vida de sus habitantes, a los que percibo como cosas, seguramente me tomaría un momento para pensar.

Cuando digo pensar, no me refiero necesariamente a cranear como destruir mediática, moral y hasta físicamente a quienes se han atrevido a cuestionar un proceder empresarial bastante apartado de la ética, esa palabra que abogados como Néstor Humberto Martínez y Abelardo De la Espriella consideran tan inconveniente para propósitos como el negocio jurídico y el enriquecimiento a cualquier costa.

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Si yo fuera Luis Carlos Sarmiento Ángulo y presenciara el inicio del desplome del valor de las acciones de mis empresas en la bolsa y las incalculables perdidas económicas que de ello se derivan, no insistiría en hacer lo que hasta ahora he hecho: Encubrir a aliados torpes del mundo de la política y del derecho que con sus acciones han puesto en serio riesgo mi prestigio como empresario y mi capital, tanto a nivel nacional como internacional, colocándome con su precario cálculo político en el ojo del huracán.

Desistiría de la idea equivocada de tratar de destruir moralmente a esa suerte de personaje de gran incidencia sobre un porcentaje nada despreciable de la población a quien los suecos y estadounidenses denominan ombudsman.

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Muy por el contrario, en el ajedrez de la política, dejaría de proteger a quien no merece ser protegido y sacrificaría a algunas de mis fichas reemplazables y/o inconvenientes aliados para generar tranquilidad y estabilidad en el mercado y confianza en las instituciones y en nuestra democracia, lo que sin duda ayudaría a restaurar la confianza pública y a erradicar la idea que viene generalizándose peligrosamente de que la corrupción no es un fenómeno exclusivo del ámbito de lo público y de la política, sino también del mundo hasta ahora inatacado de la empresa privada.

Si yo fuera Luis Carlos Sarmiento Ángulo, trataría de no dar declaraciones impopulares como la de respaldar medidas tributarias contra la población pauperizada de mi país y, antes, así fuera fingidamente, tomaría prudente distancia del gobierno y trataría de enmendar (por no decir encubrir) mis responsabilidades siendo así fuese por el breve tiempo que demande el olvido un empresario con sentido y responsabilidad social:

Así sin duda revertiría mi creciente y dañina impopularidad, no controlable ya (desde la irrupción del poder de las redes sociales) a través de periódicos, revistas, canales, emisoras y periodistas a sueldo