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70 mil millones perdidos: vandalismo con impunidad garantizada

Bibiana Rincón Luque, quien funge como actual secretaria de educación es simplemente la ficha que Karen Abudinen, pariente cercana de Christian Daes, puso al frente del millonario presupuesto de esa secretaría para poder seguir manejándola a control remoto tras su promoción a cargos del nivel nacional de manos del charismo-uribismo.

No hay un contrato ni ningún movimiento que se haga en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que no cuente previamente con el aval o autorización de la Ministra de las TICs, Karen Abudinen Abuchaibe.

Por eso si Karen Abudinen renuncia al Ministerio de las TICs, probablemente desde la experiencia adquirida en Bogotá quizás le sea ofrecido el administrar el proyecto de los árboles del billón de pesos de Jaime Pumarejo o simplemente  aterrizará otra vez en la Secretaría de Educación de Barranquilla, entre vítores y aplausos de sus amigos rectores y docentes.

Y es que mientras fue secretaria de educación de Barranquilla, con base en un comportamiento más propio de una recreacionista que de una funcionaria pública, Abudinen logró ganarse a punta de abrazos, besos y selfies a muchos rectores, maestros y maestras, que hoy asombrados descubren, que ser simpático no necesariamente es sinónimo de ser honesto.

Sin lugar a equívocos, Karen podrá encontrar en Barranquilla la tranquilidad para hacer y deshacer a sus anchas que no pudo encontrar en Bogotá y tener la absoluta certeza que los medios de Barranquilla si callarán para no perder posibilidades de pautas con la Alcaldía, Energía Solar y Tecnoglass.

El escándalo en que está envuelta la ministra es de tal magnitud que la prensa del interior, con todo y sus afinidades ideológicas con el uribismo, no ha podido dejar de reseñar todo el entramado de corrupción, que, de tener vergüenza, ya debería haber llevado a la Ministra a dimitir de su cargo.

Y es que mientras el país padecía y lloraba los muertos ocasionados por el COVID-19, otros muy seguramente vieron en la conectividad de los niños de las zonas más apartadas y pobres de Colombia una oportunidad de negocios por 2 billones de pesos que podía dejar dividendos importantes para financiar campañas a congreso, presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Y aunque con total desparpajo y desvergüenza lo niegue, todos los hilos de una forma u otra conducen hacia la Ministra como explicaremos a continuación:

En plena adjudicación de la licitación, en diciembre 2 de 2020, se descubrió que el abogado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES INRED) era Camilo Ernesto Valencia Suescún, quien era simultáneamente asesor jurídico especializado contratado por el FONTIC y adscrito al despacho de la ministra Abudinen y con un contrato de asesoría con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El escándalo ante tal conflicto de intereses llevó a que el lunes 7 de diciembre la ministra se viera forzada a la suspensión del proceso de licitación pero solo por dos días, pues el miércoles 9 de diciembre el proceso de adjudicación se retomó como si nada hubiese pasado.

Entre los 10 consorcios o uniones temporales participantes, en las que tenían representación 25 empresas, una particularmente, por su falta absoluta de experiencia en el objeto de contratación, llamó la atención: la Unión Temporal Centros Poblados, la que además no acreditaba capacidad ni técnica ni financiera lo que poco importó a la Ministra Abudinen.

Del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados hace parte, con un 35% de participación, la empresa Intec de la Costa SAS con domicilio en la ciudad de origen de la ministra (Barranquilla) y dedicada a la construcción de infraestructura vial y ferroviaria y a la fabricación de muebles, firma esta que en 2018 se vio envuelta en un caso de corrupción por un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar.

Finalmente y contra toda lógica y pronóstico el 50%, del contrato de 2.1 billones de pesos (1,07 billones) le fue adjudicado a la UT Centros Poblados, adjudicación que Abudinen respaldó ante medios afirmando que todo estaría bien y que los niños tendrían su conexión a internet.

De esta forma, Centros Poblados adquirió contractualmente la obligación de instalación de 7.277 centros digitales en la región B, integrada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Frente a los notorios incumplimientos del cronograma acordado puesto de presente en que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 solo se había ejecutado un 1% del contrato, se conoció que, a pesar del incumplimiento, a Centros Poblados se le había girado en febrero 10 de 2021 un anticipo del 7% del valor del contrato, es decir, unos 70.243 millones de pesos y se les había autorizado otro pago por 21 mil millones que el escándalo logró aguantar.

En pleno proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de lo pactado, una nueva situación anómala surgió cuando salió a relucir que las 3 pólizas o garantías bancarias (2020-1156-01002 – 2020-1156-01001 – 2020-1156-01003) que presentó la UT Centros Poblados para firmar el contrato y presuntamente adquiridas con el Banco Itau (por un valor de casi 146 mil millones) eran falsas,  situación que forzó al Ministerio a iniciar un proceso de caducidad del contrato 1043 de 2020 que concluyó en julio.

Curiosa y convenientemente ni el ministerio, ni la empresa especializada contratada por ese despacho (SES COLOMBIA) para revisar documentos y pólizas se percataron del gol que les estaba haciendo Centros Poblados con el propósito de garantizar su jugoso desembolso.

De los poco más de 70 mil millones girados al contratista incumplido, trascendió que a mediados del presente año un 82% (58 mil millones) fueron girados a una fiducia en Estados Unidos (Nouvo Security) mientras que el restante 18% (12 mil millones) fueron girados a la empresa INSELSA de Barranquilla.

Como corolario de la situación, quien representa jurídicamente los intereses de Centros Poblados es Jorge Pino Ricci, abogado de la Universidad Externado, especializado en derecho administrativo y conocido por su amistad con los primos Nule, tristemente famosos por escándalos de corrupción en Bogotá; por ser uno de ellos hermano de Katia Nule Marino, esposa de Alejandro Char, quien como alcalde los premió adjudicando a la empresa SIT Barranquilla el recaudo del hoy paralizado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla Transmetro, mientras la ciudad desenfrenada celebraba carnavales. Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule es uno de los socios de SIT Barranquilla.

Pero Pino Ricci, en defensa de Centros Poblados, señaló ante medios, que las pólizas las adquirieron de buena fe a través de un intermediario de nombre Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, contratado por INTEC de la Costa, y representante legal de CM Construcciones.

Curiosamente, esta última persona tuvo como su abogado en 2017 a Felipe De Viveros Arciniegas, quien es, desde 2018, alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura del MinTic y junto al ex viceministro de conectividad, Iván Mantilla, fue quien estructuró los pliegos de la licitación en la que se perdieron 70 mil millones.

Curioso, en un país tan, todos los caminos parecieran coincidir hacia el despacho de Karen Abudinen. Por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”, los rectores y docentes de Barranquilla deberían escoger mejor a sus “amistades”.

https://youtube.com/shorts/YUw5YUi36V0?feature=share

 

 

Internet para Estudiar: Viabilidad y posibilidades de financiación

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Este martes 21 de abril está proyectada una twiteraton desde las 8 de la mañana para desde la promoción del hastag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento -por la pandemia que afecta al mundo- obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.

Sin embargo desde ACCIÓN ÉTICA DOCENTE los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).

Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes: los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3) en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.

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Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.

Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.

En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir, que si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (Artículo 75 Constitucional).

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Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el Internet para Estudiar; con la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B (inicio del año escolar durante el segundo semestre) queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: “… quiero profundizar en la consigna de Internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico”.

Propuesta tomada de la página de Facebook del Colectivo Magisterial Acción Ética Docente