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Desnudando a Uribe y sus cómplices políticos en la miserable reforma tributaria

Si Alberto Carrasquilla Barrera hace parte del gobierno de Iván Duque es a instancias y casi hasta podría decirse que por imposición de Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre de su entera confianza. Lo nombró en 2002 como viceministro de Hacienda y desde el 9 de junio de 2003 lo llevó al cargo de Ministro de esa misma cartera, dónde se  desempeñó hasta el 2007. Seguir leyendo Desnudando a Uribe y sus cómplices políticos en la miserable reforma tributaria

¿Ley para regular y esconder la desigualdad e inconformidad social en lugar de superarla?

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Juan Diego Gómez Jiménez es el senador del partido Conservador salido de lo más recalcitrante de la gran caverna paisa a quien se le ocurrió la “genial idea” de -en lugar de legislar para superar la desigualdad que genera inconformidad y protestas en el país- presentar un proyecto de ley para regular (realmente esconder) o proscribir a través del terror, toda forma de protesta social.

Con todos los visos de arbitrariedad típicos de su partido y una marcada inconstitucionalidad de salida, el proyecto de ley estatutaria persigue minimizar o acallar las voces que se alzan contra las medidas impopulares que adopta un gobierno, un congreso y unos partidos políticos con imágenes negativas o desfavorables ante la ciudadanía del 78%, 84% y 86% (Fuente: YanHaas)

El texto que según se anunció
será radicado en las próximas horas en el Congreso establece entre otras cosas la prohibición de cubrirse el rostro, lo cual en la mayoría de los casos hacen los participantes para protegerse de la acción de los gases y para evitar ser fotografiados, en un país en el que como se recordará, han habido recientemente cientos de opositores al gobierno asesinados y dónde los miembros del extinto DAS vendían fotografías e información de inteligencia que le facilitaba a los paramilitares perpetrar sus crimenes.

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Mientras la fuerza pública actúa, cómo se ha denunciado sin identificación visible que les facilita actuar con impunidad, quienes convoquen y marchen deben exponerse a que los identifiquen y a volverse un blanco más fácil para sus potenciales asesinos.

Del mismo modo se establece la prohibición, solo para los manifestantes, de usar elementos que puedan atentar contra la integridad física de otras personas y la veda de circular en espacios próximos a puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes catalogados como patrimonio cultural. Además, los manifestantes tampoco podrán expresarse a través de grafitis.

Cómo si los escándalos en los que ha estado incurso el ESMAD y que ha costado la vida de varias decenas de manifestantes no fueran suficientes, la ley autorizaría a la policía, el esmad y al ejército a usar pistolas taser lo que podría generar decesos en personas a las que no se les haya, por ejemplo, detectado insuficiencias cardíacas o que hayan sido previamente mojadas por las tanquetas. Tal disposición reviviría la polémica propuesta del hoy Embajador, Francisco Santos, de electrocutar a los manifestantes.

De resultar ilesos, quienes protesten podrían afrontar desde sanciones económicas  (5 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes) que engrosarían las arcas de la corrupción, hasta otras sanciones consistentes en prestar servicio social; pedir perdón público (abdicar de sus ideas); participar en campañas educativas; desarrollar limpieza de calles y bienes públicos afectados y perder beneficios educativos (Icetex, becas)