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Colombia: una cruenta y cada vez menos disfrazada Dictadura

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Diez (10) millones de colombianos, si es que en realidad existieron, o los que pensaron que daba lo mismo votar por Petro que por Duque o los que decidieron no tomar partido y votar en blanco o irse a ver ballenas mientras el monstruo del autoritarismo regresaba, o quizás la Registraduría y un sistema electoral hecho para convalidar el fraude, son los directos responsables del regreso del uribismo al poder y de la transición de Colombia de una democracia imperfecta a una dictadura o a un régimen absolutista de corte feudal.

En la “democracia más estable de América” no fue necesario el acceso de los militares al poder, a través de un golpe, para que el autoritarismo y la arbitrariedad se instauraran. La Constitución ha sido proscrita de hecho – que no en derecho- y ahora rige en su lugar los apartes de la ley 1801 del 2016 que interpretativa y discrecionalmente los miembros de la policía del gobierno siente que le resultan útiles para imponerse y realizarse haciendo lo que mejor saben y les satisface hacer: golpear.

En esa sustitución, o mejor destitución, de las vías de derecho por las vías de hecho, las detenciones proceden sin delito y sin orden emitida desde el poder judicial. Un nuevo “poder público” ha emergido, el poder policial que sostiene al débil e impopular poder ejecutivo, que a su vez controla al poder legislativo y amedrenta al poder judicial. Los asiste en su perversión el poder mediático que calla, oculta o tergiversa la verdad para beneplácito de sus dueños, que son a su vez quienes tras bambalinas mueven los hilos de todas las restantes marionetas, en el país que insiste en creer ingenuamente que posee un solo títere.

El derecho a la vida es mirado con desprecio, mientras se justifica la muerte de todo lo considerado oposición. La igualdad es subversiva. Desde la posición de los privilegiados discriminadores se mira con desprecio el término fraternidad. La intimidad cede paso a las chuzadas de líneas y a la incautación y revisión de celulares. El libre desarrollo de la personalidad se considera inmoral. La esclavitud y la servidumbre intentan restaurarse a través de “reformas laborales”. Se volvió imposible no ser molestado por tener convicciones o creencias diferentes a las del gobierno y la libertad de cultos solo es válida para las sectas afines y defensoras de las hogueras y de lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen.

Pero no sólo eso, expresar y difundir el pensamiento y las opiniones e informar y recibir información también son considerados graves crímenes en el uribato. En la Colombia de Uribe y Duque, la libertad puede ser restringida sin orden judicial y circular libremente, reunirse y manifestarse pacíficamente, asociarse y ejercer control del poder político está prohibido y puede castigarse con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de un grupo como el ESMAD que tiene (al igual que el agente 007 de las películas) derecho para maltratar y matar ciudadanos impunemente.

Los postulados de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que son los de la Ilustración, el liberalismo y la burguesía al igual que los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 han sido llevados a la hoguera como Colombia ha vuelto a ser llevada a una especie de neo medioevo donde el autoritarismo, la fe, el dogma y las ejecuciones están al orden del día como mecanismo de contención frente a la herejía de quienes levantan su voz.

La Constitución de 1991 ha sido derogada y solo estamos a la espera de que se prohíba su porte y se ordene llevarla a las plazas públicas para que la policía vierta sobre ellas gasolina y las incinere con propósitos purificadores y de extinción de todo signo de subversión en el país donde reclamar democracia se volvió subversivo.

Lo de Bermeo: El nuevo capítulo de la venganza implacable del Fiscal contra “Santrich”

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Sus más radicales opositores y críticos no dudan en calificar al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como un hombre sin escrúpulos para el que el fin justifica en todos los casos el empleo de cualquier medio a su alcance.

Los cuestionamientos al Fiscal General de la Nación van desde su habilidad para intrigar, hasta su “capacidad” camaleónica para estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo.

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No de otra manera se entiende que a pesar de su proximidad y admiración hacia Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical, lo hubiese apadrinado y avalado ante el alto gobierno para ser Fiscal y que Juan Manuel Santos se hubiese decidido por él a sabiendas que representaba la peor de las opciones posibles frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.

El poder real de Martínez Neira, sin embargo, no se halla en el ámbito de lo político sino en el poder económico que mueve tras bambalinas los hilos de políticos aparentemente opuestos pero con poderosos financiadores en común: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht.

Mucho antes de que el país al unísono solicitara por decoro la renuncia de un fiscal que está impedido para actuar como investigador e investigado, Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC, tuvo el arrojo de cuestionar, en tres duros y directos tuits, al Fiscal por encubrimiento de empresas que financiaron el paramilitarismo.

https://twitter.com/JSantrich_FARC/status/781057248856576000?s=19

https://twitter.com/JSantrich_FARC/status/781058250460524548?s=19

https://twitter.com/JSantrich_FARC/status/781059234335232000?s=19

A partir de allí la respuesta de quién usa su cargo para amenazar y golpear a quienes cometan la osadía de ponerlo en entredicho no se hizo esperar. Tiempo después, sobrevino la acusación de que Santrich era narcotraficante, la privación de su libertad con complicidad de los grandes medios afines al mismo poder económico y politico corruptos con los que se impedía que el exguerrillero accediera a sus curul en el congreso y, además, se pretendía aniquilarlo políticamente y destruir los Acuerdos de Paz.

Después de eso, sin pudor, se produjo el reconocimiento de que no existían las pruebas que el Fiscal había cacareado a los cuatro vientos y ahora, que se avisoraba una probable liberación, desde la Fiscalía se ha recurrido a un nuevo escándalo distractor que tiene todas las connotaciones de otro falso positivo.

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Y es que a nadie le cabe en la cabeza, que un Fiscal de la JEP como Carlos Bermeo, con vínculos y fotos con el presidente Duque y que un ex parlamentario condenado por parapolítica y muy cercano al expresdente Uribe, como Luis Alberto Gil, puedan concertarse para supuestamente conspirar contra la extradición de Seuxis Hernández, quién al interior de las FARC fue conocido bajo el seudónimo de Jesús Santrich, nombre con el que el guerrillero quiso rendir homenaje a su amigo, un pintor y estudiante de la Universidad del Atlántico, asesinado por agentes del desaparecido DAS.

Los asesinos de Petro: Los homicidas de siempre

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Al “Régimen”, como lo llamara Álvaro Gómez Hurtado, no le genera temor ni asco dar la orden para que alguien apriete un gatillo y les “quite un problema de encima”. Ya lo hicieron en el pasado lejano y cercano con hombres como Sucre, Uribe Uribe, Gaitán, Galán, Pizarro, Jaramillo Ossa, Pardo Leal y hasta con el propio hijo de Laureano Gómez.

No obstante, recuerdan el 9 de abril de 1948, sienten miedo de las consecuencias de la opción del magnicidio y optan, esta vez (en la era de los medios digitales y de la inmediatez de la información) por métodos más quirúrgicos y sutiles de “eliminación del contrario” que permitan invisibilizar ante el mundo su “talante* criminal y su histórica ausencia de principios y de ética en el manejo de lo público.

Por ello, el régimen visible, el político, con los recursos y el enorme poder económico y mediático del régimen invisible, el de los dueños del país, esos que manejan con fajos de billetes y tras bambalinas los hilos del verdadero poder, alinean a sus sicarios morales para disparar difamación y calumnia desde los medios y crear una enorme cortina mediática que distraiga al país nacional (como lo llamaba Gaitán) y esconda y minimice al máximo su podredumbre, corrupción y decadencia moral.

En ese contexto los Nassar, Morales, Arizmendi y las Quinn, Gurisatti, Dávila y Hernández, reforzados por los Fajardo y las López que les hacen eco, al lado de tinterillos que alcanzaron su momento de celebridad defendiendo narcotraficantes y paramilitares, salen al unísono a diseminar veneno, odio y dudas sobre quién siempre ha combatido la corrupción con hechos y no con palabras, tratando (a falta de argumentos) de llevar al contradictor limpio a su terreno, es decir, al fango y al lodazal donde saben que nadie los puede superar.

El “escándalo” de Petro es quizás el más perfecto y elaborado plan donde se hace uso no de uno sino de por lo menos nueve principios del manual de propaganda nazi. Aquí aplica  la famosa frase de: “calumnia, que de la calumnia algo queda”. Saben  que una mentira repetida muchas veces puede terminar adquiriendo una fuerza de “verdad” sin que necesariamente deje de ser solo una mentira.

Como nunca antes, se han combinado de manera tan perfecta y en su orden los principios segundo, primero, tercero, cuarto, sexto, octavo, séptimo, noveno y undécimo de la propaganda de la Alemania de Hitler, diseñados por Joseph Goebbels para engañar y manipular multitudes.

Han centrado su accionar en un único individuo por atacar (principios de simplificación y del método de contagio); han respondido al ataque con ataque y proyectando sobre el adversario sus propios defectos para distraer (principio de transposición); han magnificado y satanizado un hecho simple y hasta cotidiano como el de recibir y contar dinero en algo “tenebroso” e inadmisible, sin que como lo ha dicho el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, haya delito que perseguir más si destrucción de la presunción constitucional de inocencia (principio de exageración y desfiguración).

Se han unido para repetir la mentira y hacerla artificialmente creíble (principio de orquestación); han atacado desde aparentes múltiples flancos y de manera gradual o dosificada (principio de la verosimilitud); se han valido de múltiples y simultáneas teorías de sindicación que hacen dificultoso proporcionar una sola y oportuna respuesta (principio de renovación); han ignorado, invisibilizado y minimizado las respuestas a las acusaciones (principio de silenciación) y con base en todo lo anterior han intentado construir una matriz mediática que socave y/o mine la credibilidad y la esperanza de la gente y haga creer al mayor número de personas posibles que “todos los políticos son iguales de corruptos y no hay nada que se pueda hacer” (principio de unanimidad).

Saben que cabalgan sobre una sociedad inculta donde el chisme crece como caldo de cultivo y desde donde la “práctica del teléfono roto” aumenta, tergiversa y agrava el ya de por si malintencionado mensaje inicial.

Si a cualquier aspirante el concejo le preguntaran para qué le sirven 20 millones de pesos, luego de sonreír le diría que solo para garantizar 100 taxis con los que no movilizaría más de 5.000 electores en un día. Pregúntele que haría con los 50 billones que la corrupción le cuesta al país o con los cuantiosos sobornos de Odebrecht y, seguramente, frotándose las manos le respondería: “aspirar a la casa de Nariño”.