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Carlos Russi y María Fernanda Pérez fueron secuestrados y torturados por la MEBOG

 

IMG_20191211_122348El general Hoover Penilla podrá intentar minimizarlo y justificarlo hablando de susceptibilidad o sensibilidad, lo cierto es que el procedimiento de los hombres bajo su mando no está para ser encubierto sino investigado y sancionado, a no ser que ello se evite porque investigar pueda develar que actuaban en cumplimiento de órdenes de sus superiores y no a su arbitrio.

Lo ocurrido en la noche del 10 de diciembre en Bogotá, no es grave. Es gravísimo. Revela que se retienen personas al azar (pesca milagrosa); que estás se escogen aleatoriamente y que, sin oponer resistencia, se abusa y se hace uso excesivo de la fuerza sin que los procedimientos se enmarquen en lo que Penilla concibe erradamente como “Estado de Derecho”.

Los vídeos de lo sucedido con María Fernanda Pérez y Carlos Russi, quienes en dos lugares diferentes fueron subidos por la fuerza a carros particulares es diciente. Lo es mucho más su testimonio de lo ocurrido. Fueron víctimas de una mezcla de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” que gracias a que fueron documentados en videos no terminaron en un delito peor.

Sin embargo, si hubo un concurso de delitos y la policía lo sabe. Por eso, y apartándose otra vez del procedimiento, agentes de uniforme y encubiertos visitaron la casa de Carlos Russi en una especie de notificación de que saben dónde vive y de advertencia de que debe guardar silencio y evitar presentar denuncias. Intimidación en el buen sentido de la palabra.

Saben, si ya ahora sí se tomaron el trabajo de leer la Constitución y las leyes que juraron cumplir y respetar, que violentaron el artículo 28 Superior que se encuentra en perfecta concordancia con los artículos 297 del Código de Procedimiento Penal y 174 y 176 del Código Penal.

Más grave aún, ya deben saber que la conducta de todos quiénes participaron en el “operativo” enmarca en el punible de secuestro simple toda vez que hubo retención y privación ilegal de la libertad (Artículo 168 Código Penal) en concurso con tortura (artículo 178 Código Penal) al haber inflingido a personas “sufrimientos… físicos o psíquicos, con el fin de… castigarla por un acto… que se sospeche que ha cometido o de intimidarla”

Lo más grave es que frente a la gravedad de los hechos Procuraduría no haya tomado la determinación de suspensión de los implicados y los entes encargados de determinar responsabilidades penales la medida de privación de la libertad a quienes constituyen un peligro para la sociedad. General Penilla el delito debe ser siempre cuestionado y perseguido. Eso no afecta sino que fortalece el Estado Social de Derecho y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la dictadura Policial y la apelación por parte de su institución a las vías de hecho sobre las de derecho. Preocupese por dar institucionalmente un buen y no un mal ejemplo

“Pesca milagrosa”, “falsos positivos” y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las “pescas milagrosas” (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de “falsos positivos” para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.

Caso del soldado César Andrés Mena: ¿Expresión de racismo del ejército y la policía?

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El acceso al rango de oficial de las fuerzas militares y de policía en Colombia está desde hace bastante tiempo seriamente limitado por razones económicas, de género y raciales. Quién no dispone de dinero, es mujer o negro tiene limitadísimas posibilidades de ascenso en la dirección de instituciones excluyentes y por tanto antidemocráticas como las mencionadas. Los pobres, las mujeres y los negros son “valorados” institucionalmente solo en tanto obedecen órdenes y se dejan instrumentalizar.

Sin embargo, a raíz del paro nacional que se adelanta en el país desde el pasado 22 de noviembre han surgido desde abajo voces disonantes. En redes sociales se conocieron dos casos de miembros del ejército que a través de vídeo manifestaron su apoyo a la protesta social.

Incluso de uno de ellos, Brandon Cely Páez, se conoció que tras la difusión de su video se habría “suicidado” sin que medicina legal o fiscalía hayan esclarecido las circunstancias de su muerte.

Del otro, Juan Sebastian Mendieta Herrera, no se ha vuelto a conocer nada tras expresar serías y fuertes críticas al gobierno y a la fuerza pública.

No obstante, y paradójicamente, el soldado del que no se conoció video previo de respaldo al paro, fue del afrodescendiente
Cesar Andrés Mena Zúñiga, quién en redes se ha vuelto famoso tras ser arrestado por parte de la policía y frente a sus compañeros y superiores.

La orden supuestamente impartida por el Juzgado 28 Penal Militar y ejecutada por la policía se hizo al mejor estilo de un show mediático que quienes filmaron filtraron con propósitos ejemplarizantes y marcadamente racistas y violatorio de los artículos 172 y 183 del Código Penal Militar. Se ensañaron contra el soldado raso y más por el hecho del color de su piel en un procedimiento donde se evidencia que se vulneraron varios derechos fundamentales al momento de su captura.

Aparentemente la razón de la captura es el incumplimiento de una orden impartida por sus superiores lo que tipifican como desobediencia a la luz del artículo 96 de la ley 1407 de 2010 y podría significarle al militar pena de prisión de entre 2 y 3 años.

Cuando se debate el caso del asesinato de Dylan Mauricio Cruz Medina a manos de un agente del ESMAD que cumplía órdenes de disparar de parte de sus superiores, la discusión jurídica gira en torno a si para los militares y miembros de la policía no aplica el artículo 18 Superior que garantiza que nadie sea “obligado a actuar contra su conciencia”, objeción que, siendo la Constitución norma de normas, no puede estar por debajo de normas de rango legal como o de obediencia ciega como la ley 1407 de 2010.