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Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los «falsos positivos».

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?

Las elecciones arrancaron bajo indicios de fraude en el Atlántico

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Sin condiciones para el ejercicio ciudadano y partidista de poder ejercer control sobre el proceso electoral y sobre los escrutinios, se declararon desde anoche las miembros de la campaña PETRO Presidente en el Atlántico, quienes insistieron en denunciar el proceder anómalo de funcionarios de la Registraduría en el Departamento.

«Borraron de las bases de datos los nombres de los testigos electorales que con suficiente tiempo se habían acreditado y, con base en ello, entregaron un número insignificante de credenciales, lo que no puede interpretarse más que como una manera de torpedear la transparencia del proceso electoral y un intento por ocultar quién sabe qué», sostuvo uno de los líderes.

Para los denunciantes,
queda en evidencia que lo reiteradamente denunciado desde la campaña en la última semana, al advertir sobre un fraude en curso, «no era un rumor como pretendió mostrarse y desestimarse desde la Registraduría, desde algunos partidos políticos y desde el propio ejecutivo».

Los afectados además sostuvieron: «No hay garantías para el desarrollo del proceso y ni la Procuraduría, ni la Fiscalía se pronuncian. Antes por el contrario, desde la propia presidencia se cohonesta y se avalan las cosas extrañas que suceden al interior del ente electoral, lo que da a entender que no hay imparcialidad y que es desde el propio gobierno desde donde se orquesta lo que está ocurriendo».

En la denuncia que hacen los miembros de la Colombia Humana se afirna que «frente a lo que está sucediendo no queda opción diferente a presentar las denuncias ante instancias y organismos internacionales y ante la prensa internacional, toda vez que ni veedores de la comunidad internacional fueron invitados, en número suficiente, a presenciar y seguir el proceso electoral. «En el país no hay ante quien denunciar y si se denunciar nadie hace nada» puntualizaron.

Las personas afectadas también señalaron, que «lo lamentable de todo esto, es que Colombia queda ante la comunidad internacional como un estado fallido y coptado por la corrupción, en el que no hay condiciones para el ejercicio de la política y donde el derecho a ser elegido se circunscribe solo a los mismos de siempre, sin ningún tipo de posibilidad de alternatividad en el ejercicio del gobierno y del poder».

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Finalmente uno de los miembros de la campaña que solicitó reserva de su nombre por razones de seguridad aseveró: «Aquí no se eliminó en verdad la exclusión que significaba el bipartidismo. Aquí lo que se hizo fue segmentar y generar un mayor número de divisores del poder para dar la apariencia de un pluralismo que solo le garantiza condiciones para participar a los mismos de siempre».