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Ya nos habían derrotado

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Nos derrotaron desde antes de que nos percatáramos de nuestra derrota. Nos derrotaron desde antes de la aprobación de la reforma tributaria. Nos derrotaron desde cuando los medios, de manera casi imperceptible aconductaron y encausaron por donde quisieron el derecho a la legítima protesta.

Estábamos derrotados desde cuándo nos dijeron, al mejor estilo de la Urbanidad de Carreño, que nos era permitido y que no nos era lícito hacer. Desde que nos inculcaron que era más reprochable un grafiti, un vidrio partido o una fachada destruida, es decir, lo reparable, que una vida, una posibilidad de volver a caminar o un ojo destruidos por el ESMAD, es decir, lo irreparable.

Nos derrotaron desde que nos vendieron cosas inexistentes como la humanidad de la policía o de los miembros del ESMAD, que si no tienen reparo alguno en dudar de nuestra humanidad cuando salen dispuestos, en acatamiento de órdenes o por sádico placer, a destruirnos. Nos derrotaron desde que nos convencieron que el garrote se enfrenta con amabilidad, sonrisas y flores o que a la irracionalidad entiende de razones.

Nos empezaron a derrotar desde que nos sembraron la desesperanza y el miedo. Desde que hicieron parte de nuestro ADN el “hagan lo que hagan nada va a cambiar” o desde que nos convencieron y nos infundieron un miedo injustificado sobre la posibilidad de convocar al pueblo a decidir directamente su futuro en una Asamblea Nacional Constituyente.

Nos derrotaron desde que nos pusieron a repetir frases estériles como “resistencia” o “sin violencia”. Nos derrotaron en nuestras propias cabezas y no en la calle. Nos derrotaron en nuestra incapacidad para apagarlos y no oírlos, verlos, leerlos y reproducir su mensaje domesticador. Nos derrotaron desde que estuvimos a la defensiva y no a la ofensiva. Nos domesticaron y desde entonces ya estábamos derrotados.

¿De quién es la culpa si se aprueba la terrible Reforma tributaria de Duque y qué hacer?

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Se aproxima, muy seguramente, la aprobación en la cámara alta de la reforma tributaria de Duque por parte de los partidos políticos a los que poco o nada les importan los intereses de los sectores populares, entiéndase, Centro Democrático, Partido Conservador, los “Cristianos”, Cambio Radical y el Partido de la U.

Las consecuencias para los más vulnerables y la clase media serán sin lugar a duda devastadores y afectarán el bolsillo de millones. No se puede sin embargo perder de vista que tales efectos indeseados son a su vez consecuencia de la adopción de malas decisiones tomadas en el pasado reciente, por esos mismos sectores de la población, a la hora de elegir.

Los ciudadanos, así como han despertado de su letargo y salen a las calles a protestar, en algún momento deberán entender que la soberanía y/o poder del que gozan (la mayoría de las veces sin percatarse de ello) no se transfiere o endosa por plata o por favores a cualquiera. Los jóvenes, primera línea de la protesta deben aprender aún más esta lección. Son sus mesas las que menos sufragios suelen registrar porque las elecciones se efectúan los domingos y en su lógica todo puede postergarse menos la rumba del sábado y el desenguayabe del día después.

La composición del Senado, donde se decide la suerte de la reforma no permite ser optimista: 19 representantes del Centro Democrático,14 del Partido Conservador, 6 “Cristianos” (para los que lo menos importante es la doctrina de Cristo y su opción por los pobres), 16 de Cambio Radical y 14 del Partido de la U, más 1 “indígena” sin sentido de identidad cultural y de clase y 1 Judas de los Decentes para una mayoría de 71 que aceitada con mermelada actúa como una efectiva aplanadora sobre el pobre pueblo.

Mientras, quienes pueden hacer oposición son solo, si acaso, 21 o 35 senadores, siempre que Cesar Gaviria no emita una señal contraria y de último momento si lo llaman y le ofrecen algo llamativo desde Palacio.

Si la reforma se aprueba, quienes se manifiestan en la calle deberán necesariamente cambiar la forma de enfrentar su lucha y sus objetivos. Deberán proponerse la revocatoria del mandato del presidente y del período de Senado y Cámara, pero como ello no es posible a la luz de la Constitución vigente, deberán plantearse la posibilidad de reasumir su poder soberano y hacer las transformaciones que sean necesarias desde una Asamblea Nacional Constituyente.

El paro por decreto

received_560104554547618.jpegVeintitrés (23) días de Paro, los objetivos alcanzados no han sido muchos, acaso la objeción del Artículo 44 del Presupuesto General de la Nación, los trece puntos del pliego de exigencias siguen siendo inobservados por parte de quienes detentan el poder en Colombia. 

La mesa que está en conversaciones con el presidente Iván Duque aún no ha podido ni siquiera tener un nombre, mientras que el Comité Nacional de Paro propone que sea una mesa de negociación, el Gobierno Nacional aconseja una “mesa de trabajo”, hasta el día de hoy ni se negocia ni se trabaja.

La falta de discusión, de dirección política y articulación entre los distintos sectores ha desencadenado en un paro, con excepción de Bogotá, caótico y sin horizonte claro.

Las condiciones objetivas de desocupación laboral, informalidad, aumento de los costos de vida, etc., acompañadas de las iniciativas legislativas por parte del ejecutivo, denominadas ‘el paquetazo de Duque’, son un verdadero ataque a la Colombia más pobre.

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Entre tales iniciativas gubernamentales se encuentran la reforma tributaria (ley de crecimiento económico) que exonera de responsabilidad tributaria a las grandes empresas en sumas que llegan a los 9 billones de pesos; la reforma laboral que pretendía contratar por horas y reducir el salario mínimo a un 75% para jóvenes menores de 25 años; el holding financiero decretado por Duque en medio del descontento (el cual se constituye en una privatización encubierta de las empresas estatales vinculadas al sector financiero)y la reforma pensional que busca convertir a Colpensiones en un fondo privado.

Todo ello, debería crear un panorama idóneo de agitación y propaganda que tenga como objetivo la unidad del movimiento obrero, campesino, estudiantil y de aquellos sectores que se verán golpeados con la aprobación de estas reformas en torno a una única plataforma de lucha.

Sin embargo en éste escenario las fuerzas vivas y activas de la clase trabajadora se quedan huérfanas en su autonomía, mientras los sindicatos de oficio y los partidos políticos representantes de ésta clase no logran comprender el papel y la responsabilidad que deben cumplir en el direccionamiento de las masas que se movilizan con entusiasmo y energía, que no obstante, ante la falta de un programa, de propaganda y educación, se van desmovilizando y perdiendo el entusiasmo y la energía, al no encontrar soluciones a sus necesidades más urgentes.

¿Cómo dominar las inmensas fuerzas desencadenadas por la movilización?

La dominación efectiva de todas las fuerzas desencadenadas dependerá de la capacidad política y educativa de los elementos mejores y más preparados de los sectores sociales que han salido a manifestar su descontento en las calles de las grandes ciudades. De darle forma y disciplina permanente a las energías desordenadas, a través de un programa construido y estructurado por ellos mismos.

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Hay que alimentar la acción con procesos de discusión política, de propaganda y difusión de las reivindicaciones obreras, estudiantiles, profesorales, y de todos aquellos sectores deprimidos y marginados producto de las políticas económicas neoliberales implementadas desde comienzos de siglo.

Mientras en Bogotá, las organizaciones y personas no organizadas realizan plantones en las inmediaciones del edificio en el que se estaba discutiendo el aumento del Salario Mínimo Legal Vigente 2020, y al siguiente día expresan su rechazo en la Plaza de Bolívar a la muy segura aprobación de la Reforma Tributaria por parte del Congreso de la República, los sindicatos regionales y municipales, parecieran estar esperando que la CUT y FECODE decreten una jornada de paro de 24 o 48 horas para convocar a sus asociados que, digámoslo claro, poco sentido de la responsabilidad tienen al no ser capaces de entender y dimensionar el papel de los sindicatos en el marco de una disputa tan exigente como la actual, además de la relación con las masas.

Ello ha provocado que la clase obrera en su orfandad desconfíe del discurso sindical al no contemplarlo como emanación de las condiciones materiales por las cuales atraviesa y se desenvuelve.

¿Cómo soldar el presente con el porvenir, satisfaciendo las necesidades urgentes del presente y trabajando útilmente para crear y anticipar el porvenir?

Hay un país nuevo, potencialmente hablando, pero que aún no conoce otro mundo que el existente y le es inconcebible uno distinto, y cada vez es más notable la contradicción entre los sectores que conforman ese nuevo país y el mundo que les corresponde vivir.

En la medida que se piensa y realiza el nuevo mundo, es necesario infundir vida nueva y energía en los espacios que van surgiendo democráticamente. No obstante, la realización del nuevo mundo tardará años, ante la timidez de la nueva formación social y económica, y la resistencia a perecer perpetrada por los representantes del viejo y moribundo mundo.

Este período tendrá que ser de enérgica construcción. En miras al 2022, la lucha debe agudizarse, transitar de la confrontación espontánea a la disputa por el poder político con un programa común; he aquí la importancia de los propagandistas y agitadores que divulguen las propuestas generales de una candidatura alternativa.

Con el fortalecimiento de la democracia popular y obrera, no liberal burguesa, podremos ir tejiendo el porvenir como una idea-movimiento que vive en el presente.

La invitación es a no retroceder, a seguir resistiendo. Y, sobre todo, a darle forma orgánica al proceso de movilización y descontento actual, es decir, dándole valor histórico real a través de una prolongación en el tiempo más allá de lo que pueda alcanzarse en el presente inmediato.

¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!

Infiltrar, desprestigiar y deslegitimar para justificar agresión brutal: La agenda del gobierno frente a la protesta social

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La guardia indígena capturó y entregó a la Defensoría del Pueblo a 3 integrantes de la fuerza pública infiltrados en su protesta quienes portaban una granada de fragmentación. No obstante, ningún medio de comunicación lo reseñó. Prefieren en sus titulares mostrar a los indígenas como victimarios antes que como víctimas de un despojo y de una agresión que comenzó hace siglos y que no para por parte de quienes sustituyeron a los españoles en el ejercicio del poder.

Desde la lógica del gobierno, vale muchísimo menos una bala que implementar reformas y financiar el bienestar social de los ciudadanos. Pero como echar bala y atemorizar a la población para que no exija sus derechos y guarde silencio no resulta tan sencillo como lo era hace varias décadas, les toca hacer un trabajo previo que los justifique ante el mundo.

La protesta social en Colombia por órdenes de presidentes, ministros y altos mandos policiales y militares se infiltra para generar desmanes que son convenientemente transmitidos por los medios afines al poder con propósito de desprestigio y de la necesaria deslegitimación que justifique la represión, es decir, el empleo de los gases, de las balas (de goma y de plomo) y de explosivos contra los más pobres y vulnerables.

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Cuando ello no ofrece resultados se implementa la también despreciable práctica de asesinatos sistemáticos de líderes sociales por parte de una bien estructurada organización con presencia en todo el territorio nacional, cuyos miembros y mandos, convenientemente, nunca son identificados, judicializados y mucho menos combatidos por los organismos de seguridad del estado, que ni siquiera se experimentan vergüenza frente al genocidio e impunidad.

De esa lógica perversa es hoy víctima la minga indígena, pero también lo han sido las protestas de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, los estudiantes, los trabajadores y todo aquel que no haga parte del círculo exclusivo de las élites que nos gobiernan.

Hay videos del ejército disparando en la zona, pero se culpa a los indígenas de ser los autores de la lamentable muerte del agente de policía Boris Alexánder Benítez Leclerc, por presunto disparo de proyectil de arma de fuego (18 de marzo). Como si hubiesen estado a la espera de la tragedia, inmediatamente sobrevienen las declaraciones del Ministro de Guerra Guillermo Botero (19 de marzo) hablando de infiltración, igual a como ya lo había en el Congreso de Confecamaras en Cartagena en septiembre 13 de 2018.

El mismo 19 de marzo el propio presidente, sin la rigurosidad de una investigación sería que lo corrobore, sale a reafirmar la tesis de los infiltrados.

Un día después (20 de marzo), curiosamente en concordancia, el cuestionado “periodista” Herbin Hoyos Medina publica una foto falsa de una mujer de facciones indígenas con fusil y camuflado y horas después el expresidente Uribe a través de un trino y un vídeo criminaliza la protesta social

Solo 24 horas más tarde (21 de marzo) una explosión en Dagua mató a ocho guardas indígenas luego de que al parecer alguien lanzara un artefacto explosivo que podría asemejarse al que le encontró la guardia indígena a los 3 militares infiltrados.

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Estudiantes: Ojo con hacerle el juego a la extrema derecha y ‘dar papaya’ cayendo en provocaciones

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Gustavo Petro denunció la infiltración, con fines de desprestigio y estigmatización, de la protesta estudiantil, tras deplorables hechos de agresión contra la fuerza pública de los que dieron cuenta los medios y las redes sociales.

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Hoy, tomados no se sabe por quién, circulan en redes sociales varios vídeos en donde encapuchados preparan bombas incendiarias, curiosamente reivindicándose como parte de una estructura del ELN llamada Jaime Bateman Cayón, lo que automáticamente lleva a más de un uribista a hablar de la refundación del M-19 y a sindicar irresponsablemente a Petro como gestor de este proceso.

Lo ocurrido, amarrado al acto provocador, incitador y calculado del presidente Ivan Duque de recibir en Palacio a figuras de la farándula mientras no atiende a los estudiantes y a los profesores de las universidades públicas (luego de varias semanas de paro) es significativo.

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Se está buscando a través de agentes externos desencausar la legítima protesta social y llevar a los estudiantes a la radicalización, para deslegitimar social y mediáticamente una justa causa y generar artificialmente en la opinión pública la noción de que los estudiantes constituyen esa suerte de peligro y “enemigo interno” que debe ser desarropado por la sociedad para ser enfrentado represivamente.

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Es sospechoso y a ello debería cerrársele el paso por parte de los propios estudiantes, caer en este juego perverso y planificado. Ayer en Barranquilla, por ejemplo, la asistencia mermó significativamente en la marcha y resultó evidente que existía la intencionalidad tanto de la fuerza pública como de algunos manifestantes a provocar desmanes.

No de otra manera se entiende la invitación del mayor Óscar Rueda a que los carros transitaran sin importar que sobre la vía habían manifestantes. También la actitud de personas indeterminadas dentro de los marchantes, de conducir la manifestación hasta la vía 40 con calle 72 para bloquear esta arteria e imposibilitar el tráfico de trabajadores que a esa hora se dirigían a sus lugares de trabajo o a sus hogares luego de una agotadora jornada de trabajo.

Sin lugar a dudas, mantener una toma de una vía con tan escaso personal y en una zona donde cerrados los 3 accesos el espacio se convertía en una especie de trampa o auto emboscada sin escapatoria, fue un acto absolutamente irracional e irresponsable.

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De estudiantes golpeados, heridos, muertos y desaparecidos está llena la historia de este país sin que ello haya generado cambio y transformación alguna, más allá de alejar por miedo a la gente de participar y protestar democráticamente. El país requiere de jóvenes vivos y participantes en la definición de los asuntos públicos y no de mártires que se autoinmolen sin ningún tipo de sentido práctico, político o ideológico.

Habría que revisar qué objetivos de fondo y quiénes estaban detrás de propiciar enfrentamientos. Lo cierto es que cualquier estudiante mínimamente formado políticamente sabría que suplantar a las masas sin pensar consecuencias de las acciones que se emprenden, es un acto demencial que parecería más inspirado en quienes desean que corra sangre y no en que haya soluciones concretas a las demandas planteadas al gobierno.

A los estudiantes habría que pedirles lo que no es exigible a los miembros de la fuerza publica: Más inteligencia y racionalidad y menos emocionalidad. Debe prevalecer la sinapsis sobre la emisión de altas dosis de adrenalina y testosterona. La fuerza de la razón debe anteponerse a la razón de la fuerza. Los estudiantes deben ser más cerebrales y menos viscerales. En otras palabras, menos primarios al pensar y al actuar, porque sin lugar a dudas el país va a requerir a corto, mediano y largo plazo de su presencia en la reformulación del rumbo de la nación.

Taparse la cara y tirar una piedra siempre será más sencillo que pensar y producir ideas que anticipen los movimientos del jugador contrario y lo pongan en jaque mate.

¿Sicariato moral de parte de un ministro?

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Quizás no haya nada más grave y peligroso en una sociedad que la intemperancia o, como diría un amigo, la incontinencia verbal. El peligro, como es obvio pensarlo, se incrementa en niveles superlativos cuando el intemperante es precisamente uno de quienes deberían dar ejemplo de civilidad y tramitación inteligente de los conflictos.

El ministro de defensa, Guillermo Botero, habló sobre la protesta social y no pudieron ser más desafortunadas sus declaraciones. Se esperaría algo diametralmente diferente de quién, por su cargo, debería estar llamado a pensar que su deber esencial debe ser la protección de la vida, honra y bienes de todos los colombianos, sin excepción.

Sin embargo, su pronunciamiento, que tuvo el propósito de deslegitimar la protesta social y a sus actores (los líderes sociales) al ligar las motivaciones de la misma no a problemas estructurales (como por ejemplo la ausencia histórica del Estado) sino a propósitos y “financiación de mafias”, colocó una lápida en quienes ya vienen siendo objeto selectivo de persecución y aniquilamiento sistemático.

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Debería ser un principio de sindéresis, que ningún alto dignatario del estado incurriera en la ‘tentación’ de declarar a los medios haciendo generalizaciones a priori y por tanto sindicaciones irresponsables y sin sustento probatorio.

En Colombia ha hecho carrera, a fuerza de durísimas y dolorosas experiencias, la frase de que a los perpetradores de crimenes, anteceden los sicarios morales. Estos últimos a través de herramientas deleznables como la injuria y la calumnia preparan el terreno para que nadie se extrañe de la muerte de quienes son abatidos por siniestras organizaciones de la muerte.

Incluso, a veces la labor de los sicarios morales no termina con la legitimación o el otorgamiento de un “pretexto perfecto” para la ejecución de la víctima. Incluso se revictimiza apelando a expresiones como la tristemente célebre frase de “buen muerto”, empleada por quien ocupó la más alta dignidad pública.

Ojalá las declaraciones de Botero no contribuyan a exacerbar la muerte de los líderes sociales, por vía de envalentonar a los sicarios materiales para actuar.

El país nacional agradecería más del ministro y del gobierno que en lugar de hablar antes de pensar, se desarticulen los escuadrones de la muerte que han hecho de Colombia una zona franca sicarial.