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Duque le declaró la guerra a los jóvenes: La policía volvió a causar grave daño a estudiante

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Anoche un estudiante de décimo semestre de trabajo social de Unimonserrate e identificado como Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, fue herido de gravedad por un proyectil del ESMAD en uno de sus ojos. Otros cinco estudiantes, por lo menos, también fueron objeto de una criminal agresión en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Reunirse, expresarse, movilizarse y opinar ya no son derechos fundamentales en Colombia. El presidente Iván Duque ha decidido proscribirlos de hecho y a través de su policía política ha decidido declararles la guerra a los jóvenes y declararlos objetivo militar. Su delito: no compartir su forma de gobernar.

Caminar solo en Bogotá es ahora mucho más peligroso que antes. Caminar acompañado es exponerse a que aparezca la policía a secuestrar y torturar en carros particulares o a que el ESMAD dispare a matar o a dejar ciegos a los muchachos sobre la base de una nueva figura jurídica: la presunción de culpabilidad.

El asesinato de Dilan Cruz y el posterior espaldarazo de Duque al ESMAD, elogiándolos frente a las cámaras y diciendo que se sentía orgulloso de su accionar, sumado a la impunidad con la que se ha cobijado al autor material de la muerte del joven estudiante de bachillerato y la complicidad en si silencio de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría se han constituido en autorización para dañar jóvenes. En la dictadura policial hay licencia abierta para matar y torturar.

La policía ya no actúa dentro de una lógica disuasiva y/o persuasiva sino destructiva. Qué no haya disturbios o alteración del orden público no es garantía de que el uso excesivo de la fuerza no aparezca. Igual disparan gases o balas, detienen y hacen lo que les plazca, al margen de lo que el marco jurídico indique. Ya la policía sin pudor alguno hace “pescas milagrosas” y “falsos positivos” copiando el modus operandi de guerrilla y el ejército. Saben que internamente pueden hacer lo que quieran con la complicidad desde el silencio de la comunidad internacional de DDHH.

Infiltrar, desprestigiar y deslegitimar para justificar agresión brutal: La agenda del gobierno frente a la protesta social

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La guardia indígena capturó y entregó a la Defensoría del Pueblo a 3 integrantes de la fuerza pública infiltrados en su protesta quienes portaban una granada de fragmentación. No obstante, ningún medio de comunicación lo reseñó. Prefieren en sus titulares mostrar a los indígenas como victimarios antes que como víctimas de un despojo y de una agresión que comenzó hace siglos y que no para por parte de quienes sustituyeron a los españoles en el ejercicio del poder.

Desde la lógica del gobierno, vale muchísimo menos una bala que implementar reformas y financiar el bienestar social de los ciudadanos. Pero como echar bala y atemorizar a la población para que no exija sus derechos y guarde silencio no resulta tan sencillo como lo era hace varias décadas, les toca hacer un trabajo previo que los justifique ante el mundo.

La protesta social en Colombia por órdenes de presidentes, ministros y altos mandos policiales y militares se infiltra para generar desmanes que son convenientemente transmitidos por los medios afines al poder con propósito de desprestigio y de la necesaria deslegitimación que justifique la represión, es decir, el empleo de los gases, de las balas (de goma y de plomo) y de explosivos contra los más pobres y vulnerables.

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Cuando ello no ofrece resultados se implementa la también despreciable práctica de asesinatos sistemáticos de líderes sociales por parte de una bien estructurada organización con presencia en todo el territorio nacional, cuyos miembros y mandos, convenientemente, nunca son identificados, judicializados y mucho menos combatidos por los organismos de seguridad del estado, que ni siquiera se experimentan vergüenza frente al genocidio e impunidad.

De esa lógica perversa es hoy víctima la minga indígena, pero también lo han sido las protestas de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, los estudiantes, los trabajadores y todo aquel que no haga parte del círculo exclusivo de las élites que nos gobiernan.

Hay videos del ejército disparando en la zona, pero se culpa a los indígenas de ser los autores de la lamentable muerte del agente de policía Boris Alexánder Benítez Leclerc, por presunto disparo de proyectil de arma de fuego (18 de marzo). Como si hubiesen estado a la espera de la tragedia, inmediatamente sobrevienen las declaraciones del Ministro de Guerra Guillermo Botero (19 de marzo) hablando de infiltración, igual a como ya lo había en el Congreso de Confecamaras en Cartagena en septiembre 13 de 2018.

El mismo 19 de marzo el propio presidente, sin la rigurosidad de una investigación sería que lo corrobore, sale a reafirmar la tesis de los infiltrados.

Un día después (20 de marzo), curiosamente en concordancia, el cuestionado “periodista” Herbin Hoyos Medina publica una foto falsa de una mujer de facciones indígenas con fusil y camuflado y horas después el expresidente Uribe a través de un trino y un vídeo criminaliza la protesta social

Solo 24 horas más tarde (21 de marzo) una explosión en Dagua mató a ocho guardas indígenas luego de que al parecer alguien lanzara un artefacto explosivo que podría asemejarse al que le encontró la guardia indígena a los 3 militares infiltrados.

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