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Uribe: el pirómano de twitter que dirige fusiles contra indígenas y ciudadanía de Cali

De nuevo las órdenes genocidas fueron acatadas al pie de la letra. Twitter le creyó a Uribe Vélez que había sido un error inintencionado el estigmatizar y colocar bajo la mira al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) al “confundir” su bandera roja y verde, en un automóvil, con la rojinegra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Eran las 9:26 AM del 5 de mayo de 2021 cuando desde su cuenta que twitter Uribe lanzó una directriz velada a policías, militares y “civiles” armados (paramilitares) para que estos entendieran que los indígenas habían sido marcados como blanco legítimo u objetivo militar estratégico en función de quebrar la moral de los ciudadanos de Cali que no residen ni cuentan con los privilegios de la élite racista, violenta y excluyente del Sur

Y aunque, quizás advertido o conocedor de lo que sobrevendría en Cali, en términos de violencia para los indígenas integrantes de la Minga, Uribe intentó mostrar su trino como una equivocación que,  exculpándose, atribuyó según sus propias palabras a “algunos de mis ayudantes”,  todo su odio ya había sido dirigido y el daño era irreversible como lo constataron los ataques a bala de los que fueron objeto los pueblos originarios del Cauca en los días subsiguientes.

Poco antes, esta especie de personaje siniestro trazador de la violencia y de la muerte había ya direccionado otros lineamientos violentos a través de Twitter que se cumplieron al pie de la letra, como cuando por ejemplo el 30 de abril a las 8:51 AM instigó a policías y soldados a “utilizar sus armas” de lo que a la ligera catalogó como “acción criminal del terrorismo vandálico”. La respuesta obediente a esta especie de licencia para matar no se hizo esperar y aún hoy no se detiene.

La incitación a la respuesta violenta que hoy desde todo el mundo y desde organizaciones de Derechos Humanos se cuestiona y condena se reiteró cuando de nuevo bajo la complicidad de Twitter el 3 de mayo a las 11:06 AM Uribe equiparó la legítima protesta social con lo que él denominó “terrorismo más grande de lo imaginado” y orientó que había que “Resistir Revolución Molecular Disipada”, lo que equivale a una criminalizando de la protesta y a un llamado a combatir piedras con los fusiles de unas Fuerzas Armadas a las que llamó a “fortalecer” para no “anular su accionar legítimo”.

No contento con azuzar a policías y militares y buscando escalar el conflicto y enfrentar a civiles protestantes contra “civiles” armados, el mismo 3 de mayo pero a las 8:11 de la noche Uribe volvió a trinar “advirtiendo”, antes de que efectivamente ocurriera, que entre residentes del exclusivo sector de Ciudad Jardín podrían presentarse una reorganización paramilitar, cuando habló de “Reacciones armadas… por hechos vandálicos y por bloqueos de movilizaciones… que puede generalizar la acción privada… que Colombia había superado con el desmonte paramilitar”

En ese mismo día (3 de mayo), pero un poco más tarde (9:12 PM) el expresidiario Uribe volvió a insistir en el tema de los “civiles armados”, señalando que la “criminalidad no puede derrotar a nuestras instituciones ni destruir a nuestro sector privado” y arengando a la “cooperación… efectiva de ciudadanía sin armas con las Fuerzas Armadas institucionales.”

Casi que de manera automática, o más bien concertada, la comunidad del barrio al que aludió Uribe hizo una manifestación resguardada por la policía en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde amenazaron con quemar el claustro de formación superior (1); una de las damas de la alta sociedad agredió a una estudiante que la filmaba con un palo de Golf sin que la policía interviniera ni la capturara (2) y dónde un presunto edil del Centro Democrático de nombre Carlos Andrés Betancourt amenazó con 25 mil armas, amenaza que se ha concretado en las últimas horas con disparos efectuados por civiles desde carros de alta gama contra los integrantes de la Minga demostrando que los ricos también matan.

A pesar de la presionada disculpa que Uribe debió ofrecer al CRIC, en la noche de ese mismo 5 de mayo (9:32 PM) volvió a demandar “autoridad contra los violentos” (realmente autoritarismo) llamando a no confundir “protesta social legítima con vándalo-terrorismo”, lo que volvió a dejar en evidencia su intencionalidad macabra de colocar una lápida sobre los manifestantes, habida cuenta las características radicales, fanáticas y violentas de quienes se identifican con la opción política guerrerista y violenta del Centro Democrático.

Pero como a si toda su narrativa violenta e incendiaria no le hubiesen bastado los ataques contra los indígenas perpetrados en la noche del sábado y antes le hubiese disgustado la respuesta pacífica y efectiva de la Guardia capturando a los responsables, Uribe este domingo 9 de mayo volvió a la carga con mayores niveles de beligerancia e intolerancia cuando a las 6:42 AM y tras episodios donde en video se ve a civiles atacando a los indígenas a bala con la complicidad y protección de policías, justificó la violencia paramilitar trinando sobre el “derecho de los colombianos a vivir sin bloqueos y sin violencia” como “no…  negociable” y solo conquistable con mayores dosis de “AUTORIDAD” administrada a través de las balas.

Y como para despejar dudas de que sus trinos se refieren o van dirigidos específicamente contra integrantes de la comunidad indígena del Cauca, el mismo 9 de mayo sobre las 11:07 AM Uribe trinó que “cualquier persona puede ir a Cali; pero es inadmisible que lleguen a promover violencia, saqueos y bloqueos que afectan la salud, a los ciudadanos y a sus bienes…” en clara alusión e invitación a expulsar por cualquier miedo o miedo, vivos o muertos, a los indígenas caucanos.

Dentro de su apología a la violencia ejercida contra población especialmente protegida y como justificante para la misma,  a las 3:05 de nuevo volvió a arremeter colocando a los victimarios de armas automáticas como víctimas, sin serlo, al mentir y señalar que “ciudadanos (que) se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos”, y solicitando a los hombres armados bajo su mando que “desmonten bloqueos…”.

La prueba reina del malintencionado y criminal ensañamiento de Uribe Vélez y de sus hombres contra las comunidades indígenas está dado, además por dos videos compartidos este domingo desde su trinchera de Twitter, uno de los cuales, el de las 5:13 PM, señala a los indígenas de “bandoleros que han llegado a reforzar el vandalismo interno” y sobre los que demanda ejercer, una vez más “autoridad” (autoritarismo).

Dos horas después (7:15 PM) Uribe, único responsable de los ataques y muertes que se produzcan entre los indígenas a manos de policías, ejército y sus civiles ricos armados (paramilitares), quienes expresan a la perfección sus tesis aporofóbicas y de odio de la clase pudiente hacia los parias de la sociedad,  volvió a trinar para infundir o inocular más odio hacia quienes despectiva y racistamente tildó de “hordas de terroristas que han invadido la ciudad (Cali)”

Una recopilación de videos muestra las acciones armadas de la élite caleña, indetectable como los paramilitares, para unas autoridades a las que no les interesa individualizarlos y ponerlos a disposición de la justicia

Uribe el “PARAnoico” y su “revolución molecular disipada”

Psiquiátricamente resulta un tanto complejo caracterizar a Uribe. Por momentos pareciera padecer una especie de disociación psicótica que lo hace perder contacto con la realidad y en otros momentos adopta comportamientos propios de una suerte de paranoia,  en las que son prevalentes ideas absurdas y obsesivas y temores infundados y sin sustento en el mundo real.

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El ejército llegó tarde a Bojayá: La historia se repite como tragedia

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Igual que en las épocas en que los paramilitares llegaban, masacraban y hasta jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas, el Ejército Nacional, bajo la conducción del general Enrique ‘Mago’ Zapateiro llegó tarde a Bojayá. Bastante tarde. Cuarenta y ocho (48) horas después, para ser exactos, como si les hubiesen otorgado a 300 asesinos el tiempo suficiente para difuminarse. Cómo si las cacareadas Fuerzas de Despliegue Rápido FUDRA fueren tan solo un chiste.

Cuando se trata de estudiantes, campesinos, indígenas o trabajadores que se manifiestan todo funciona con la perfección de un reloj para la represión. Cuando se trata del accionar de paramilitares todo se daña y nada funciona, muy convenientemente, sin que ni siquiera experimenten vergüenza. De hecho, ya ni se sonrojan frente a la evidencia de complicidades que revisten la forma de omisión en el cumplimiento de deberes.

La inteligencia militar deja de existir. Las fuentes humanas y tecnológicas fallan. Los drones se quedan sin pilas. Los aviones fantasmas (tripulados o no) no pueden desafiar la ley de la gravedad. Los infrarojos y los aparatos detectores de calor no funcionan. La cooperación estadounidense a través de detección de sus satélites sufre interferencias. Las tropas no se pueden helitransportar. La FAC y el Ejército sienten repentinamente que es éticamente incorrecto bombardear y las tropas pierden sus visores nocturnos y sufren de ceguera, como si a los paramilitares los comandara una especie de Eliseo y se reeditara la historia bíblica de 2da Reyes 6:18.

“La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa” decía, como si proféticamente mirara hacia Colombia, Marx. Los 8 años de la seguridad democrática son nuestra tragedia y el gobierno y/o más bien desgobierno de Duque la más ruin y miserable de todas las farsas, bajo un ropaje que patrocina el pillaje y el retorno de los señores de la muerte. Todo bajo la dirección de Él. El gran Ministro Ejecutor a cuyos pies Pablo Morillo sería un insignificante enano.

Arrancó la “estabilización” con 300 paras pasándole cuentas a Bojayá

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Cómo si lo vivido en mayo de 2002 cuando más de un centenar de sus habitantes murió refugiada en una iglesia tras la explosión de un cilindro bomba arrojado por las FARC, Bojayá (Chocó) ha vuelto a ser noticia, esta vez por la incursión al mediodía del 31 de diciembre de 300 paramilitares, sin que se perciba un accionar preventivo y no reactivo de las fuerzas militares.

Bien podría afirmarse que era previsible lo ocurrido bajo un gobierno en que los grupos paramilitares se han reactivado y se dan el lujo de movilizar grandes cantidades de efectivos sin que la fuerza pública, convenientemente y como en el pasado tenebroso de Colombia, se percate de su presencia. Del accionar del nuevo comandante del ejército, General, Enrique ‘Mago’ Zapateiro, habían dudas que han empezado a ser despejadas: Ya, los paras y no el ausente ejército comenzaron a “estabilizar las regiones de Colombia” a punta de terror y prometiendo plomo.

En este escenario, la escogencia de Bojayá no es gratuita. Es simbólica y aleccionadora. A sus habitantes se les cobra el SI al plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016 donde de 2074 votantes un 95,8% (1987) se expresaron afirmativamente en las urnas y solo un 4,2% (87 personas) lo hicieron siguiendo los dictámenes y deseos del uribismo.

Pero no sólo eso. Están pasándole factura a sus habitantes por los resultados de las presidenciales en donde Petro se impuso en primera vuelta sobre Duque por 847 votos (50%) contra 242 (14,28%) y casi triplicó su votación para derrotarlo en segunda vuelta por 1494 votos (72,20%) contra 532 (25,71%).

Los datos de la incursión paramilitar atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, dan cuenta de que arrancó por la zona de Pogue (Atrato medio) donde en sus dos mesas Petro arrasó con Duque en primera y segunda vuelta presidencial sacándole una ventaja bastante considerable y vergonzosa: 140 votos contra 1 en primera vuelta y 194 votos contra 0 en segunda vuelta.

Si algo ocurre en Bojayá la única responsabilidad recaerá sobre el gobierno y su ejército. Desde los documentos Santa Fe I y II (elaborados por la CIA como manual de actuación para América Latina y trabajado como doctrina de seguridad en la Escuela de las Américas) se conoce que el paramilitarismo es una forma paralela de actuación estatal que considera ‘enemigo interno’ a cualquier persona que se aparte de lo que quiere el establecimiento y/o ‘piense diferente’ y que para minimizar las consecuencias por condenas por violación de derechos humanos el Estado recurre a personal ajeno a la institucionalidad para hacerle el trabajo sucio.

Extranjeros: No visiten la Colombia uribista de los “asesinatos aplazados” y las muertes sin pena

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Colombia es un país hermoso, de paisajes únicos y con mucha gente buena, amable y hospitalaria, pero no todos son así. Hay una pequeña minoría empoderada y armada que tiene licencia para los peores de los crimenes que se puedan imaginar. Tal es lo que se esconde detrás del atroz crimen de la ambientalista Nathalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) o de la muerte de Lucy Villareal en Tumaco (Nariño). Por eso responsablemente le aconsejamos a los extranjeros que piensan en turismo: Por ahora, no visiten Colombia.

Colombia volvió a ser un país peligroso. Desde la nueva llegada del uribismo a la casa de Nariño se reactivaron las amenazas y las muertes. Los asesinatos aplazados de los que habló Álvaro Uribe Vélez el 17 de julio de 2018 volvieron cobijados por la impunidad que les garantiza el actual gobierno. En Colombia está proscrita constitucionalmente la pena de muerte pero se practica y permite la muerte sin pena.

Para el público ingenuo Uribe adelantó un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que tienen su génesis en las Convivir y en la Antioquía que tuvo por gobernador a Uribe Vélez. Sin embargo, quedaron estructuras en una suerte de hibernación. Asesinando de manera selectiva para no despertar sospechas y reacciones y listas para el momento en que pudieran volver a empezar a dejar su estela de sangre, con la seguridad de que lejos de ser combatidos por las fuerzas militares y de policía serían, como en épocas pretéritas, cobijados y auxiliados por estas.

La bandera más mentirosa del uribismo fue que con la política de seguridad democrática se podía volver a viajar por carretera sin temor a las “pescas milagrosas” de la guerrilla. Hoy son los sectores en armas afines al gobierno, los que detienen, encapuchan, torturan y asesinan en terrenos donde ellos imponen vedas para ciudadanos, que discrecionalmente pueden (a raíz del odio inoculado por el uribismo) ser asumidos como contrarios a la ideología del gobierno y ser asesinados por ello.

Cualquiera en cualquier parte puede ser una potencial o futura víctima. Hasta los extranjeros que bien podrían ser confundidos con integrantes de grupos antinarcóticos internacionales y desaparecer o aparecer muertos o mutilados por los únicos psicópatas en el mundo que se sienten respaldados por un gobierno. Todos los días asesinan y tras las exhaustivas investigaciones no hay individualización de autores intelectuales y materiales ni detenciones. No pasa nada. Absolutamente nada diferente a las sonrisas sádicas de los asesinos y sus cómplices.

Reacción a desmonte del ESMAD: Águilas verdes amenazan a FECODE y filiales

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En un comunicado de dos páginas aparentemente de autoría de las Águilas Negras, Comando Central Colombia, esta organización delictiva que ha adquirido un inusitado auge durante el actual gobierno, profirió en las últimas horas amenazas contra la dirección de FECODE y contra los directivos de sus sindicatos filiales en el país.

En lo que calificaron en su comunicado como “diciembre negro” y ufanándose de su demostrada “capacidad de aniquilamiento” la organización criminal habló de “hacer limpieza de estos falsos líderes sociales y sindicalistas”, señalando a renglón seguido “… apoyamos al ESMAD, no permitiremos su desmonte un hecho sin precedentes en la historia de este país…”.

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Lo curioso de esta amenaza es que surge precisa y “coincidencialmente” en momentos cuando el presidente Iván Duque ha anunciado el fortalecimiento de este cuestionado cuerpo policial que en el pasado paro asesinó al estudiante Dilan Cruz, dejó sin poder caminar al también estudiante Duván Villegas y ocasionó pérdida de sus ojos a varios jóvenes universitarios.

En la amenaza se consigna además que “…los directivos de la criminal organización FECODE, guerrilleros, promotores y financiadores del paro 21N SERAN ELIMINADOS Y NO POR ODIO, ES POR JUSTICIA, para que los hijos de esta sociedad no sigan siendo adoctrinados, pero igual ocurrirá con los dirigentes de los sindicatos del MAGISTERIO en las regiones… e incluso los petristas serán asesinados…”.

Llama la atención que la matriz de opinión sobre adoctrinamiento de los estudiantes por parte de los docentes ha sido en el pasado utilizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por varios de sus copartidarios del Centro Democrático, al punto que el máximo dirigente de este grupo político habló incluso en un trino el 20 de febrero de 2919 de “soluciones que no sean sanciones legales”.

¿Se referiría el expresidente a asesinatos aplazados de los que habló el 17 de julio de 2018 ?

Dabeiba: Nuevas fosas comunes en el reinado del ‘señor de las sombras’

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Hay quienes con sus manos untadas de tierra siembran hortalizas, verduras, frutas, legumbres y su trabajo no es suficientemente valorado. De hecho, son muchas veces menospreciados, víctimas de despojo, de desplazamiento, de muerte y de la cruenta guerra que ha vivido Colombia y que los ha privado de sus tierras para engrosar las propiedades y el número de hectáreas de sus verdugos. A ellos nuestro homenaje.

Hay otros que con sus manos sucias de sangre siembran cuerpos inocentes de quienes no tuvieron iguales oportunidades en la vida y su trabajo repugnante si es valorado. De hecho, son muchas veces elogiados como héroes y algunos hasta alcanzan los más altos cargos de honor a los que pueda aspirar un ciudadano en nuestro país. A ellos nuestro repudio.

Son las cosas que ocurren en una sociedad con los valores invertidos como Colombia. Los que contribuyen con la vida son perseguidos y los que contribuyen con el horror y la muerte son venerados y exaltados reforzando y/o exacerbando su capacidad de escalar y continuar haciendo daño.

El horror que ha salido a la luz pública con el descubrimiento de una nueva fosa común en Antioquía, gracias a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, no tiene nombre. Sin embargo, no genera todo el repudio que debería hacia sus causantes en virtud de que una parte importante de la sociedad colombiana ha sido inmunizada contra el crimen y aún miran a los criminales como salvadores.

Se ha perdido la empatía hacia las víctimas. Las que perecieron y las que aún muertas caminan en vida. Y es que detrás de cada inocente que fue reclutado con mentiras para ser alejado de su entorno familiar bajo promesas de trabajo y luego uniformado y asesinado, hay cientos y miles de familias que también fueron asesinads en vida y que viven en la tristeza y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres amados y cómo y por qué fueron asesinados.

“Falsos positivos” es un eufemismo maldito acuñado por los asesinos y los medios a su servicio para minimizar la magnitud de sus crimenes que incluyen desaparición forzada y asesinato cobarde de seres humanos en condición de absoluta indefensión, con propósitos tan ruines como la obtención de recompensas (permisos, dinero, ascensos) o desfigurar la realidad encumbrando a auténticos psicópatas y monstruos despreciables como héroes y salvadores nacionales.

Tal es la inversión de valores que se ha gestado, que contraria a toda lógica. La política de la muerte, que se fundamenta en el odio, la venganza y la corrupción, es decir, en todo aquello que representa lo opuesto o contrario a las enseñanzas y doctrina de Cristo, en Colombia es respaldado por los “pastores cristianos” y sus rebaños engañados. La sal en Colombia también se corrompió. Se envileció. El amor se enfrió.

La película “Silencio en el Paraíso” ilustra perfectamente esta temática (Ver)

 

Asociación Americana de Juristas condena muerte y represión oficial en Colombia

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Mientras Iván Duque orondo se pavonea entre miembros del ESMAD de la policía dándoles un espaldarazo a sus acciones desmedidas en el control del orden público y en la represión y criminalización de la protesta social dentro de una lógica que cercena derechos fundamentales y visiona a los ciudadanos como peligrosos enemigos internos, surgen pronunciamientos provenientes de la comunidad internacional.

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En las últimas horas por ejemplo se conoció la declaración de la Asociación Americana de Juristas en la que no solo se repudió el asesinato del joven estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina, quién fue impactado por un proyectil no convencional el pasado 19 de diciembre a raíz de la cual se produjo su deceso el 25 del mismo mes, sino que se “condena a la escalada de persecución, violencia y asesinatos de estudiantes y participantes de las marchas en Colombia”.

En su evaluación la ONG consultora de la ONU en materia de derechos humanos señaló además que la “respuesta gubernamental a las movilizaciones ha sido una brutal represión, aplicando el terrorismo social y psicológico con acciones desmedidas e ilegitimas a través del ESMAD… conocido como el Escuadrón de la Muerte de la Policía; la militarización de ciudades; los allanamientos ilegales… las detenciones arbitrarias; los toques de queda, generando terror y estigmatizando el derecho a la protesta”.

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En un recuento histórico la AAJ hizo en su pronunciamiento un listado de algunos de “los crímenes del ESMAD, desde su creación en el 1999” indicando a renglón seguido que “ascienden a 87, incluidos asesinatos, mutilaciones, lesiones de invalidez, en total impunidad al no responder por ninguno de esos actos”.

Para la Asociación el crimen de “Dilan Cruz Medina, engrosa… los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, contra los estudiantes y crímenes de Estado que hasta ahora se mantienen impunes, entre otros: Norma Patricia Galeano, Universidad del Tolima (1994); Carlos Giovanni Blanco, Universidad Nacional (2001); Jaime Acosta, Universidad de Santander (2002); Nicolás Neira (15 años de edad, ocho agentes del ESMAD lo rodearon, lo golpearon y no lo soltaron hasta matarlo (1 de mayo de 2005); Johnny Silva Aranguren, Universidad del Valle, (2005); Oscar Salas, Universidad Distrital Bogotá (2006) y Miguel Ángel Barbosa, Universidad Distrital Bogotá (2016)”

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Aparte de lo anterior los juristas solicitaron “una investigación independiente para traer a la justicia a los autores materiales e intelectuales” de las violaciones a los derechos humanos, aparte de instar al gobierno Duque “a cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida de todos los colombianos y colombianas, particularmente los que lideran procesos sociales; así como tomar las medidas necesarias para su protección física y la de sus familias”.

La Organización No Gubernamental insistió también en el “cese del hostigamiento y actividades de inteligencia contra las organizaciones no gubernamentales y las participantes en las protestas sociales” y exigió “una
inmediata formulación y aplicación de un Plan Nacional de protección de líderes”, además de sumarse a la “solicitud para desmantelar el ESMAD, responsable de asesinatos de manifestantes”

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Curiosamente y en contravía de las voces que se alzan nacional e internacionalmente contra el uso excesivo y desmedido de la fuerza, el estado colombiano ha anunciado la creación de cuerpos antidusturbios similares al ESMAD pero a cargo del ejército de Colombia lo que podría agravar la situación de incremento de crimenes de estado contra actores civiles en abierta violación al DIH.