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Carlos Russi y María Fernanda Pérez fueron secuestrados y torturados por la MEBOG

 

IMG_20191211_122348El general Hoover Penilla podrá intentar minimizarlo y justificarlo hablando de susceptibilidad o sensibilidad, lo cierto es que el procedimiento de los hombres bajo su mando no está para ser encubierto sino investigado y sancionado, a no ser que ello se evite porque investigar pueda develar que actuaban en cumplimiento de órdenes de sus superiores y no a su arbitrio.

Lo ocurrido en la noche del 10 de diciembre en Bogotá, no es grave. Es gravísimo. Revela que se retienen personas al azar (pesca milagrosa); que estás se escogen aleatoriamente y que, sin oponer resistencia, se abusa y se hace uso excesivo de la fuerza sin que los procedimientos se enmarquen en lo que Penilla concibe erradamente como «Estado de Derecho».

Los vídeos de lo sucedido con María Fernanda Pérez y Carlos Russi, quienes en dos lugares diferentes fueron subidos por la fuerza a carros particulares es diciente. Lo es mucho más su testimonio de lo ocurrido. Fueron víctimas de una mezcla de «pesca milagrosa» con «falsos positivos» que gracias a que fueron documentados en videos no terminaron en un delito peor.

Sin embargo, si hubo un concurso de delitos y la policía lo sabe. Por eso, y apartándose otra vez del procedimiento, agentes de uniforme y encubiertos visitaron la casa de Carlos Russi en una especie de notificación de que saben dónde vive y de advertencia de que debe guardar silencio y evitar presentar denuncias. Intimidación en el buen sentido de la palabra.

Saben, si ya ahora sí se tomaron el trabajo de leer la Constitución y las leyes que juraron cumplir y respetar, que violentaron el artículo 28 Superior que se encuentra en perfecta concordancia con los artículos 297 del Código de Procedimiento Penal y 174 y 176 del Código Penal.

Más grave aún, ya deben saber que la conducta de todos quiénes participaron en el «operativo» enmarca en el punible de secuestro simple toda vez que hubo retención y privación ilegal de la libertad (Artículo 168 Código Penal) en concurso con tortura (artículo 178 Código Penal) al haber inflingido a personas «sufrimientos… físicos o psíquicos, con el fin de… castigarla por un acto… que se sospeche que ha cometido o de intimidarla»

Lo más grave es que frente a la gravedad de los hechos Procuraduría no haya tomado la determinación de suspensión de los implicados y los entes encargados de determinar responsabilidades penales la medida de privación de la libertad a quienes constituyen un peligro para la sociedad. General Penilla el delito debe ser siempre cuestionado y perseguido. Eso no afecta sino que fortalece el Estado Social de Derecho y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la dictadura Policial y la apelación por parte de su institución a las vías de hecho sobre las de derecho. Preocupese por dar institucionalmente un buen y no un mal ejemplo

«Pesca milagrosa», «falsos positivos» y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las «pescas milagrosas» (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de «pesca milagrosa» con «falsos positivos» y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de «falsos positivos» para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.

Decisión del Consejo de Estado: Vías de Hecho en un Estado Antisocial de Hecho

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El Consejo de Estado siempre ha sido considerado en Colombia una Corporación conservadora en esencia, cuyos fallos y/o decisiones se orientan o guían en la línea de conservación del derecho, lo cual, desde el plano de lo estrictamente jurídico, es una postura de la que se puede disentir, pero respetable.

Sin embargo lo que ha ocurrido con la decisión adoptada en torno al caso de la curul de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, lleva al ciudadano de a pie a perder la confianza en las instituciones encargadas del servicio público de administración de justicia y a preguntarse ¿a quién le están haciendo favores los magistrados de ese alto tribunal?, ¿Qué motivaciones, distintas al derecho, orientan sus fallos?

Y es que las decisiones a las que los ciudadanos aspiran de quienes han sido investidos dentro del Estado para administrar justicia, se confía que estén revestidas de legalidad y no de ilegalidad. Que se ajusten al marco jurídico y no lo trasgredan arbitraria y groseramente. Cuando ello ocurre, se está ante una situación de vía de hecho, que aunque pueda adoptar la característica formal de sentencia judicial no alcanza a serlo, dado su carácter manifiestamente arbitrario y aún y pese el ropaje de decisión judicial no le permite convertirse en una auténtica vía de derecho.

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Romper el marco de interpretación para la adopción de una decisión y crear uno propio de conveniencia y para el momento, encaja y comporta una vía de hecho. Hubo un rasero para Martha Lucía Ramírez y otro para Ángela María Robledo. Se sindica a la segunda de doble militancia, cuando el segundo partido al que se dice que perteneció no ha existido ni ha sido reconocido jurídicamente, es decir, no existe y con ello el supuesto fáctico o la razón para la adopción de la decisión (ratio decidendi)

Para mayor aberración, de tajo, el Consejo de Estado ha dejado sin efectos jurídicos la ley 1909 de julio 9 de 2018 en su artículo 24, que es la norma que garantiza la curul a la fórmula vicepresidencial de quien no ganó la elección, lo que implica una intromisión en las decisiones del resorte exclusivo de la Corte Constitucional, en lo que respecta a la declaratoria de inexequibilidad de leyes o apartes específicos de la ley, lo que adicionalmente configura una suerte de «golpe de estado» al imperio de la Constitución y de la ley.

Con la decisión adoptada, Colombia se acerca peligrosamente a una dictadura velada en la que cada vez adquiere más sentido la definición que Álvaro Gómez Hurtado acuñó al llamar y calificar a nuestro sistema político como un «Régimen» coptado por la arbitrariedad y por la corrupción, afirmación y denuncia que a la postre le costó la vida.

Y es que el Estado Social de Derecho cada vez se desdibuja más, para que en su reemplazo emerja un vergonzoso Estado Antisocial de Hecho, donde no hay lugar a la oposición, ni garantías para su ejercicio y, mucho menos, derechos y justicia imparcial. Un régimen donde, abrazando las tesis de Maquiavelo, el fin justifica los medios; y quienes secuestraron el poder del Estado hacen con este lo que se les viene en gana sin ningún tipo de control y contrapeso.

No obstante, Ángela María Robledo debería intentar una acción de tutela, a ver si los magistrados de la actual Corte Constitucional, en sede de revisión y actuando como guardianes de la integridad y supremacía de la Constitución y del Estado Social de Derecho, colocan orden, declaran la vía de hecho y le restituyen sus derechos políticos. La esperanza es lo último que se pierde en la Colombia de la desesperanza.