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ONU Derechos Humanos: Colombia un peligro PARA defensores

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A través de un pronunciamiento, la oficina de ONU Derechos Humanos Colombia señaló su profunda preocupación al advertir que por lo menos 107 activistas fueron asesinados en Colombia durante 2019 y que tal cifra podría incluso incrementarse a 120 pues están en proceso de verificación 13 casos más.

Previo y posterior al más reciente relevo presidencial los asesinatos de Defensores de Derechos Humanos se habían intensificado en Colombia, al punto que 115 de estos fueron cometidos en 2018 lo que muestra que no se trata de hechos aislados sino de un proceso sistemático y orquestado que no ha contado nunca con la reprobación y condena de sectores políticos como el Centro Democrático y de acciones eficaces del gobierno.

Las cifras de asesinatos de defensores de Derechos Humanos casi se quintuplicaron en relación con las del periodo 1990-1995 (25 victimas) y se duplicaron con respecto al periodo 1996-2002 (54 victimas) año éste último a partir del cual más se estigmatizó y persiguió a promotores y defensores de derechos hasta alcanzarse las cifras históricas que ahora se presentan y que amenazan con mantenerse pues solo en enero de 2020 hay reportes de cerca de una decena de nuevos casos.

En su pronunciamiento ONU DDHH Colombia reiteró su llamado al gobierno colombiano para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales… investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones.”

Sobre este último aparte bien vale la pena recordar que ha sido precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez quién, desde su primer gobierno, más profusamente ha estigmatizado a los Defensores de Derechos Humanos, a los cuales ha acusado de tener vínculos y actuar al servicio del terrorismo,  volviéndolos blanco de fanáticos de extrema derecha y coloca prácticamente una lápida sobre sus hombros.

ONU Derechos Humanos Colombia dio a conocer que la mayoría de los crimenes de 2019 (89%) sucedieron en zonas rurales y en “municipios con economías ilícitas” y “con tasa(s) de pobreza por encima del promedio nacional” y que si “bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá)”, los atentados “se registraron en 25 departamentos diferentes”, lo que insinúa la existencia de una estructura criminal articulada y con incidencia y/o presencia sobre todo el territorio nacional.

Para la ONU los sectores con mayor vulnerabilidad y riesgo fueron “los pueblos indígenas y los afrocolombianos”, así como las “mujeres defensoras de derechos humanos”. Frente a esto, “la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras… es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia…”..

Llama poderosamente la atención, que las áreas geográficas más vulnerables sean precisamente aquellas copadas por “grupos criminales y… armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP”, fenómeno que se favoreció por la ausencia desde el “gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia” y de voluntad del Estado para hacer presencia, sumado a la omisión en “lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo”.

En los 15 primeros días del mes de enero se reportan ya la muertes de por lo menos 19 lideres sociales entre los que se cuentan Carlos Cardona, Cristian David Caicedo, Gloria Campo, Virginia Silva, Carlos Alfonso Quintero, Emilio Campaña, Mireya Hernández Guevara, Anuar Rojas Isaramá,
Oscar Quintero, Gentil Hernández, Henry Cuello, Amparo Guegia, Juan Pablo Dicué, Nelson Enrique Meneses, Tulio César Sandoval, Sergio Narváez, Jhon Fredy Álvarez, Jorge Luis Betancourt y Yaiber Alexander Quitumbo

Extranjeros: No visiten la Colombia uribista de los “asesinatos aplazados” y las muertes sin pena

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Colombia es un país hermoso, de paisajes únicos y con mucha gente buena, amable y hospitalaria, pero no todos son así. Hay una pequeña minoría empoderada y armada que tiene licencia para los peores de los crimenes que se puedan imaginar. Tal es lo que se esconde detrás del atroz crimen de la ambientalista Nathalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) o de la muerte de Lucy Villareal en Tumaco (Nariño). Por eso responsablemente le aconsejamos a los extranjeros que piensan en turismo: Por ahora, no visiten Colombia.

Colombia volvió a ser un país peligroso. Desde la nueva llegada del uribismo a la casa de Nariño se reactivaron las amenazas y las muertes. Los asesinatos aplazados de los que habló Álvaro Uribe Vélez el 17 de julio de 2018 volvieron cobijados por la impunidad que les garantiza el actual gobierno. En Colombia está proscrita constitucionalmente la pena de muerte pero se practica y permite la muerte sin pena.

Para el público ingenuo Uribe adelantó un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que tienen su génesis en las Convivir y en la Antioquía que tuvo por gobernador a Uribe Vélez. Sin embargo, quedaron estructuras en una suerte de hibernación. Asesinando de manera selectiva para no despertar sospechas y reacciones y listas para el momento en que pudieran volver a empezar a dejar su estela de sangre, con la seguridad de que lejos de ser combatidos por las fuerzas militares y de policía serían, como en épocas pretéritas, cobijados y auxiliados por estas.

La bandera más mentirosa del uribismo fue que con la política de seguridad democrática se podía volver a viajar por carretera sin temor a las “pescas milagrosas” de la guerrilla. Hoy son los sectores en armas afines al gobierno, los que detienen, encapuchan, torturan y asesinan en terrenos donde ellos imponen vedas para ciudadanos, que discrecionalmente pueden (a raíz del odio inoculado por el uribismo) ser asumidos como contrarios a la ideología del gobierno y ser asesinados por ello.

Cualquiera en cualquier parte puede ser una potencial o futura víctima. Hasta los extranjeros que bien podrían ser confundidos con integrantes de grupos antinarcóticos internacionales y desaparecer o aparecer muertos o mutilados por los únicos psicópatas en el mundo que se sienten respaldados por un gobierno. Todos los días asesinan y tras las exhaustivas investigaciones no hay individualización de autores intelectuales y materiales ni detenciones. No pasa nada. Absolutamente nada diferente a las sonrisas sádicas de los asesinos y sus cómplices.

Duque le declaró la guerra a los jóvenes: La policía volvió a causar grave daño a estudiante

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Anoche un estudiante de décimo semestre de trabajo social de Unimonserrate e identificado como Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, fue herido de gravedad por un proyectil del ESMAD en uno de sus ojos. Otros cinco estudiantes, por lo menos, también fueron objeto de una criminal agresión en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Reunirse, expresarse, movilizarse y opinar ya no son derechos fundamentales en Colombia. El presidente Iván Duque ha decidido proscribirlos de hecho y a través de su policía política ha decidido declararles la guerra a los jóvenes y declararlos objetivo militar. Su delito: no compartir su forma de gobernar.

Caminar solo en Bogotá es ahora mucho más peligroso que antes. Caminar acompañado es exponerse a que aparezca la policía a secuestrar y torturar en carros particulares o a que el ESMAD dispare a matar o a dejar ciegos a los muchachos sobre la base de una nueva figura jurídica: la presunción de culpabilidad.

El asesinato de Dilan Cruz y el posterior espaldarazo de Duque al ESMAD, elogiándolos frente a las cámaras y diciendo que se sentía orgulloso de su accionar, sumado a la impunidad con la que se ha cobijado al autor material de la muerte del joven estudiante de bachillerato y la complicidad en si silencio de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría se han constituido en autorización para dañar jóvenes. En la dictadura policial hay licencia abierta para matar y torturar.

La policía ya no actúa dentro de una lógica disuasiva y/o persuasiva sino destructiva. Qué no haya disturbios o alteración del orden público no es garantía de que el uso excesivo de la fuerza no aparezca. Igual disparan gases o balas, detienen y hacen lo que les plazca, al margen de lo que el marco jurídico indique. Ya la policía sin pudor alguno hace “pescas milagrosas” y “falsos positivos” copiando el modus operandi de guerrilla y el ejército. Saben que internamente pueden hacer lo que quieran con la complicidad desde el silencio de la comunidad internacional de DDHH.

“Pesca milagrosa”, “falsos positivos” y disparos: ¿nuevo proceder de la policía?

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Colombia es tristemente reconocida en el escenario mundial por fenómenos como las “pescas milagrosas” (atribuidas a la guerrilla); los falsos positivos (atribuidos al ejército), la violación de los derechos humanos y las desapariciones forzadas (Estado).

Este último fenómeno constituye para las familias de las víctimas un calvario de por vida que los consume en la incertidumbre. En los países medianamente civilizados este tipo de casos, en donde las personas son subidas sin orden judicial en vehículos para luego no saberse más nada de ellas, no tienen ocurrencia.

Por ello, en medio de la conmemoración del 71 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprendió, a más de la manera brutal en que fueron reprimidas personas que se manifestaban en la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, un llamativo procedimiento de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que combina algo de “pesca milagrosa” con “falsos positivos” y que podría terminar desencadenando en desaparición forzada.

En videos que circularon a través de la red social Twitter, se puede observar un procedimiento irregular en la que por la fuerza obligan contra su voluntad a una mujer y a un hombre, que no son esposados y a quienes no se les leen los derechos, a introducirse en dos vehículos civiles de placas HCI-264 y OJX-134. Según se determinó el primero de los vehículos está adscrito a la Policía.

En el primero de los casos la mujer, que pedía despavorida auxilio por las ventanas del automotor, fue liberada sin que se conozca hasta ahora su identidad, motivos de su aprehensión y liberación exprés (quizás lo último gracias a la presión ciudadana), mientras que en el caso del hombre su identidad y paradero siguen siendo desconocidos.

Llama la atención que sobre este tipo de intervenciones a todas luces irregulares de la fuerza pública no exista un pronunciamiento del presidente o del comandante de la policía llamando a actuar a sus subordinados sin abusos y en el marco de la ley.

Este medio también conoció la denuncia de unas vecinas del barrio La Soledad de Bogotá que a través de vídeo documentaron el caso de jóvenes que fueron detenidos, sin razón aparente, por miembros motorizados de la policía en la noche del 10 de diciembre, en lo que podría, como ya se ha dicho, tratarse de una nueva modalidad de “falsos positivos” para mostrar a inocentes como capturados por vandalismo o degenerar en algo aún peor.

Incluso en un vídeo que también circuló en redes sociales (twitter) y cuya autenticidad aún no ha podido comprobarse, se ve a una persona de civil, cubriéndose con un casco y con un arma de largo alcance y a su lado a policías antidisturbios disparando en forma horizontal, presuntamente hacia manifestantes en un edificio que se insinúa podría ser de la Universidad Nacional.

Sobre estos graves casos no ha habido hasta ahora intervención, de oficio, de los entes encargados de establecer si existe en este tipo de procedimientos infracción a la normatividad penal y disciplinaria. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Procurador Carrillo, se preguntan mientras tanto los ciudadanos?

La criminalización y el tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia está pasando de castaño a oscuro y amerita ya un pronunciamiento de la comunidad internacional de derechos humanos, llamando al presidente Duque a que el Estado y sus agentes garanticen y no vulneren la protección de los derechos humanos de sus asociados.