Fecode fue la más férrea y efectiva oposición en las calles a los procesos neoliberales de privatización de la educación pública en el país. Con todos los errores que puedan atribuírsele a la organización y a su dirigencia, es un referente de lucha de los trabajadores de la educación, que pese a haberse convertido en objetivo de la más cruenta campaña de desprestigio por parte de la recalcitrante derecha extrema del país, y sus medios, ha sobrevivido a toda suerte de embates.

Sin embargo, y quien lo creyera, el momento de mayor peligro y posibilidad de deslegitimación y destrucción de la organización sindical de los y las educadoras no es en los actuales momentos atribuible a la derecha externa y a sus medios sino, paradójicamente, a los sectores «más consecuentes» y más afines ideológicamente a un gobierno progresista como el actual.

Hoy se replica una de las peores crisis institucionales que erosionaron recientemente la credibilidad y legitimidad del sindicato frente a sus bases, cuando una parte del Comité Ejecutivo, haciendo uso de las redes sociales y sustituyendo los escenarios naturales para dirimir las contradicciones al interior de la organización sindical, evidenció la existencia de un FECODE partido y polarizado en torno a partidarios y detractores de la presidencia de Nelson Alarcón.

En esa ocasión como ahora, el Fiscal (hoy presidente) convertido en una especie de líder de oposición y vocero de la minoría sentó un precedente que casi que con unos mismos protagonistas hoy se repite: María Eugenia Londoño (Fiscal), Martha Alfonso y Edgar Romero, sumados a dos nuevos actores que reemplazan a Domingo Ayala (Miguel Pardo) y a Willian Velandia (Willy Carmona).

En ese entonces como ahora, anteponiendo intereses personales y grupales sobre los institucionales se recurrió al principio maquiavélico de que el fin (destruir públicamente al oponente o contradictor) justifica los medios y de degradación del debate conduciendolo a los niveles de un «todo se vale» que incorpora elementos de maniqueismo para demonizar y presentar a los contradictores como los malos y autopresentarse ante el magisterio como buenos que para generar solidaridad se autovictimizan.

La pugna de ese entonces que en el fondo escondía mezquinos intereses económicos, pues ninguno de los adalides de la moral y de los estatutos cuestionó la legitimidad de Alarcón como directivo para firmar cheques pocos meses antes, ocasionó una enorme lesión para la imagen de la Federación que costó incluso procesos sensibles de desafiliación de miembros de la base de la organización sindical, decepcionados de los dimes y diretes en que se convirtieron las redes sociales sin que se pensara en la institucionalidad.

Hoy el mismo modus operandi, aprendido perfectamente por tres de los cinco directivos sobrevivientes de aquel vergonzoso episodio se repite y, de nuevo, desde una elaborada matriz comunicativa, los problemas y contradicciones se simplifican, reducen, presentan y multiplican como el resultado de la existencia de dos bandos perfecta y artificialmente diferenciados: el de los puros, buenos y perseguidos (minoría) y el de los espúreos, malos y perseguidores. El de los revolucionarios y, quién lo creyera, el de los contra revolucionarios (hasta de «paras» y «mafiosos» tildados), sin reparar en el daño institucional y los peligros que este tipo de lenguajes comporta.

Un común denominador hay en ambos episodios más allá de la mezquindad y de un problema de egos y vanidades. Habiendo las dos mujeres del grupo de los 5 obtenido las dos más altas votaciones, una aspiraba, legítimamente, a ser presidente, o por lo menos que se le reconociera su labor en Derechos Humanos (Martha Alfonso) mientras que la de la segunda mayor votación, en su rol de fiscal, no se esperaba que dentro de un acuerdo de gobernabilidad, y teniendo uno de las tres firmas, pudiera ser excluida de la nueva mayoría.

Ello explica, que la actual fiscal, María Eugenia Londoño, de ser una de las artífices del acuerdo 05 y de los términos de referencia de la nueva contratación en salud, al perder su puesto de representante de FECODE ante el Consejo Directivo del FOMAG, pasara a ser su más férrea contradictora y opositora en cuestión de meses. Ambos productos pasaron de ser, de la noche a la mañana, de lo mejor a lo peor del mundo y, obviamente, quienes persistieran en defender lo satanizado pasaron a ser objetivo de toda suerte de ataques y persecuciones.

El programado escenario de satanización al que están siendo sometidos 10 de los 15 directivos de FECODE, reproducido por una suerte de barras bravas de educadores fanatizados, es nocivo en términos institucionales para FECODE. Es un discurso falaz afirmar que quienes piden que se aplique el acuerdo 05, producto del consenso entre los 2 representantes de FECODE y los 3 del gobierno, y los consecuentes términos de referencia del contrato de salud que por primera vez FECODE elaboró a través de sus estructuradores, sea equivalente a una defensa de los intereses de los actuales contratistas del FOMAG, como mentirosamente se afirma, o que pretenda el encubrimiento de hechos de corrupción en el FOMAG o FIDUPREVISORA (por funcionarios nombrados por Presidencia) no atribuibles a representantes de FECODE (con no más de 5 meses de posesionados) que no han hecho nada diferente a darle continuidad a la hoja de ruta dejada por la Fiscal María Eugenia Londoño.

Quienes hoy en la lógica de recuperar espacios de poder recurren a la táctica de implosionar a FECODE, para controlar lo que quede, desconocen o no cuentan, deliberadamente, que ante la inexistencia de una propuesta concreta de mejora de las condiciones de prestación de servicios de salud, por parte del gobierno, es contradictorio premiar con una prórroga a quienes han sido incapaces de garantizar condiciones de dignidad a los maestros, maestras y sus núcleos familiares. La falta de propuestas no podría ni debería sustituirse con ilusiones y expectativas de una mejoría incierta y ni siquiera estructurada. A los maestros no debería distraérseles ni estos deberían permitir que se les contente con espejismos.