Archivo de la categoría: Uncategorized

FECODE: MENTIRAS, MAQUIAVELISMO, MANIQUEISMO Y MEZQUINDADES DE MINORÍAS

Fecode fue la más férrea y efectiva oposición en las calles a los procesos neoliberales de privatización de la educación pública en el país. Con todos los errores que puedan atribuírsele a la organización y a su dirigencia, es un referente de lucha de los trabajadores de la educación, que pese a haberse convertido en objetivo de la más cruenta campaña de desprestigio por parte de la recalcitrante derecha extrema del país, y sus medios, ha sobrevivido a toda suerte de embates.

Sin embargo, y quien lo creyera, el momento de mayor peligro y posibilidad de deslegitimación y destrucción de la organización sindical de los y las educadoras no es en los actuales momentos atribuible a la derecha externa y a sus medios sino, paradójicamente, a los sectores «más consecuentes» y más afines ideológicamente a un gobierno progresista como el actual.

Hoy se replica una de las peores crisis institucionales que erosionaron recientemente la credibilidad y legitimidad del sindicato frente a sus bases, cuando una parte del Comité Ejecutivo, haciendo uso de las redes sociales y sustituyendo los escenarios naturales para dirimir las contradicciones al interior de la organización sindical, evidenció la existencia de un FECODE partido y polarizado en torno a partidarios y detractores de la presidencia de Nelson Alarcón.

En esa ocasión como ahora, el Fiscal (hoy presidente) convertido en una especie de líder de oposición y vocero de la minoría sentó un precedente que casi que con unos mismos protagonistas hoy se repite: María Eugenia Londoño (Fiscal), Martha Alfonso y Edgar Romero, sumados a dos nuevos actores que reemplazan a Domingo Ayala (Miguel Pardo) y a Willian Velandia (Willy Carmona).

En ese entonces como ahora, anteponiendo intereses personales y grupales sobre los institucionales se recurrió al principio maquiavélico de que el fin (destruir públicamente al oponente o contradictor) justifica los medios y de degradación del debate conduciendolo a los niveles de un «todo se vale» que incorpora elementos de maniqueismo para demonizar y presentar a los contradictores como los malos y autopresentarse ante el magisterio como buenos que para generar solidaridad se autovictimizan.

La pugna de ese entonces que en el fondo escondía mezquinos intereses económicos, pues ninguno de los adalides de la moral y de los estatutos cuestionó la legitimidad de Alarcón como directivo para firmar cheques pocos meses antes, ocasionó una enorme lesión para la imagen de la Federación que costó incluso procesos sensibles de desafiliación de miembros de la base de la organización sindical, decepcionados de los dimes y diretes en que se convirtieron las redes sociales sin que se pensara en la institucionalidad.

Hoy el mismo modus operandi, aprendido perfectamente por tres de los cinco directivos sobrevivientes de aquel vergonzoso episodio se repite y, de nuevo, desde una elaborada matriz comunicativa, los problemas y contradicciones se simplifican, reducen, presentan y multiplican como el resultado de la existencia de dos bandos perfecta y artificialmente diferenciados: el de los puros, buenos y perseguidos (minoría) y el de los espúreos, malos y perseguidores. El de los revolucionarios y, quién lo creyera, el de los contra revolucionarios (hasta de «paras» y «mafiosos» tildados), sin reparar en el daño institucional y los peligros que este tipo de lenguajes comporta.

Un común denominador hay en ambos episodios más allá de la mezquindad y de un problema de egos y vanidades. Habiendo las dos mujeres del grupo de los 5 obtenido las dos más altas votaciones, una aspiraba, legítimamente, a ser presidente, o por lo menos que se le reconociera su labor en Derechos Humanos (Martha Alfonso) mientras que la de la segunda mayor votación, en su rol de fiscal, no se esperaba que dentro de un acuerdo de gobernabilidad, y teniendo uno de las tres firmas, pudiera ser excluida de la nueva mayoría.

Ello explica, que la actual fiscal, María Eugenia Londoño, de ser una de las artífices del acuerdo 05 y de los términos de referencia de la nueva contratación en salud, al perder su puesto de representante de FECODE ante el Consejo Directivo del FOMAG, pasara a ser su más férrea contradictora y opositora en cuestión de meses. Ambos productos pasaron de ser, de la noche a la mañana, de lo mejor a lo peor del mundo y, obviamente, quienes persistieran en defender lo satanizado pasaron a ser objetivo de toda suerte de ataques y persecuciones.

El programado escenario de satanización al que están siendo sometidos 10 de los 15 directivos de FECODE, reproducido por una suerte de barras bravas de educadores fanatizados, es nocivo en términos institucionales para FECODE. Es un discurso falaz afirmar que quienes piden que se aplique el acuerdo 05, producto del consenso entre los 2 representantes de FECODE y los 3 del gobierno, y los consecuentes términos de referencia del contrato de salud que por primera vez FECODE elaboró a través de sus estructuradores, sea equivalente a una defensa de los intereses de los actuales contratistas del FOMAG, como mentirosamente se afirma, o que pretenda el encubrimiento de hechos de corrupción en el FOMAG o FIDUPREVISORA (por funcionarios nombrados por Presidencia) no atribuibles a representantes de FECODE (con no más de 5 meses de posesionados) que no han hecho nada diferente a darle continuidad a la hoja de ruta dejada por la Fiscal María Eugenia Londoño.

Quienes hoy en la lógica de recuperar espacios de poder recurren a la táctica de implosionar a FECODE, para controlar lo que quede, desconocen o no cuentan, deliberadamente, que ante la inexistencia de una propuesta concreta de mejora de las condiciones de prestación de servicios de salud, por parte del gobierno, es contradictorio premiar con una prórroga a quienes han sido incapaces de garantizar condiciones de dignidad a los maestros, maestras y sus núcleos familiares. La falta de propuestas no podría ni debería sustituirse con ilusiones y expectativas de una mejoría incierta y ni siquiera estructurada. A los maestros no debería distraérseles ni estos deberían permitir que se les contente con espejismos.

70 mil millones perdidos: vandalismo con impunidad garantizada

Bibiana Rincón Luque, quien funge como actual secretaria de educación es simplemente la ficha que Karen Abudinen, pariente cercana de Christian Daes, puso al frente del millonario presupuesto de esa secretaría para poder seguir manejándola a control remoto tras su promoción a cargos del nivel nacional de manos del charismo-uribismo.

No hay un contrato ni ningún movimiento que se haga en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que no cuente previamente con el aval o autorización de la Ministra de las TICs, Karen Abudinen Abuchaibe.

Por eso si Karen Abudinen renuncia al Ministerio de las TICs, probablemente desde la experiencia adquirida en Bogotá quizás le sea ofrecido el administrar el proyecto de los árboles del billón de pesos de Jaime Pumarejo o simplemente  aterrizará otra vez en la Secretaría de Educación de Barranquilla, entre vítores y aplausos de sus amigos rectores y docentes.

Y es que mientras fue secretaria de educación de Barranquilla, con base en un comportamiento más propio de una recreacionista que de una funcionaria pública, Abudinen logró ganarse a punta de abrazos, besos y selfies a muchos rectores, maestros y maestras, que hoy asombrados descubren, que ser simpático no necesariamente es sinónimo de ser honesto.

Sin lugar a equívocos, Karen podrá encontrar en Barranquilla la tranquilidad para hacer y deshacer a sus anchas que no pudo encontrar en Bogotá y tener la absoluta certeza que los medios de Barranquilla si callarán para no perder posibilidades de pautas con la Alcaldía, Energía Solar y Tecnoglass.

El escándalo en que está envuelta la ministra es de tal magnitud que la prensa del interior, con todo y sus afinidades ideológicas con el uribismo, no ha podido dejar de reseñar todo el entramado de corrupción, que, de tener vergüenza, ya debería haber llevado a la Ministra a dimitir de su cargo.

Y es que mientras el país padecía y lloraba los muertos ocasionados por el COVID-19, otros muy seguramente vieron en la conectividad de los niños de las zonas más apartadas y pobres de Colombia una oportunidad de negocios por 2 billones de pesos que podía dejar dividendos importantes para financiar campañas a congreso, presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Y aunque con total desparpajo y desvergüenza lo niegue, todos los hilos de una forma u otra conducen hacia la Ministra como explicaremos a continuación:

En plena adjudicación de la licitación, en diciembre 2 de 2020, se descubrió que el abogado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES INRED) era Camilo Ernesto Valencia Suescún, quien era simultáneamente asesor jurídico especializado contratado por el FONTIC y adscrito al despacho de la ministra Abudinen y con un contrato de asesoría con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El escándalo ante tal conflicto de intereses llevó a que el lunes 7 de diciembre la ministra se viera forzada a la suspensión del proceso de licitación pero solo por dos días, pues el miércoles 9 de diciembre el proceso de adjudicación se retomó como si nada hubiese pasado.

Entre los 10 consorcios o uniones temporales participantes, en las que tenían representación 25 empresas, una particularmente, por su falta absoluta de experiencia en el objeto de contratación, llamó la atención: la Unión Temporal Centros Poblados, la que además no acreditaba capacidad ni técnica ni financiera lo que poco importó a la Ministra Abudinen.

Del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados hace parte, con un 35% de participación, la empresa Intec de la Costa SAS con domicilio en la ciudad de origen de la ministra (Barranquilla) y dedicada a la construcción de infraestructura vial y ferroviaria y a la fabricación de muebles, firma esta que en 2018 se vio envuelta en un caso de corrupción por un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar.

Finalmente y contra toda lógica y pronóstico el 50%, del contrato de 2.1 billones de pesos (1,07 billones) le fue adjudicado a la UT Centros Poblados, adjudicación que Abudinen respaldó ante medios afirmando que todo estaría bien y que los niños tendrían su conexión a internet.

De esta forma, Centros Poblados adquirió contractualmente la obligación de instalación de 7.277 centros digitales en la región B, integrada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Frente a los notorios incumplimientos del cronograma acordado puesto de presente en que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 solo se había ejecutado un 1% del contrato, se conoció que, a pesar del incumplimiento, a Centros Poblados se le había girado en febrero 10 de 2021 un anticipo del 7% del valor del contrato, es decir, unos 70.243 millones de pesos y se les había autorizado otro pago por 21 mil millones que el escándalo logró aguantar.

En pleno proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de lo pactado, una nueva situación anómala surgió cuando salió a relucir que las 3 pólizas o garantías bancarias (2020-1156-01002 – 2020-1156-01001 – 2020-1156-01003) que presentó la UT Centros Poblados para firmar el contrato y presuntamente adquiridas con el Banco Itau (por un valor de casi 146 mil millones) eran falsas,  situación que forzó al Ministerio a iniciar un proceso de caducidad del contrato 1043 de 2020 que concluyó en julio.

Curiosa y convenientemente ni el ministerio, ni la empresa especializada contratada por ese despacho (SES COLOMBIA) para revisar documentos y pólizas se percataron del gol que les estaba haciendo Centros Poblados con el propósito de garantizar su jugoso desembolso.

De los poco más de 70 mil millones girados al contratista incumplido, trascendió que a mediados del presente año un 82% (58 mil millones) fueron girados a una fiducia en Estados Unidos (Nouvo Security) mientras que el restante 18% (12 mil millones) fueron girados a la empresa INSELSA de Barranquilla.

Como corolario de la situación, quien representa jurídicamente los intereses de Centros Poblados es Jorge Pino Ricci, abogado de la Universidad Externado, especializado en derecho administrativo y conocido por su amistad con los primos Nule, tristemente famosos por escándalos de corrupción en Bogotá; por ser uno de ellos hermano de Katia Nule Marino, esposa de Alejandro Char, quien como alcalde los premió adjudicando a la empresa SIT Barranquilla el recaudo del hoy paralizado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla Transmetro, mientras la ciudad desenfrenada celebraba carnavales. Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule es uno de los socios de SIT Barranquilla.

Pero Pino Ricci, en defensa de Centros Poblados, señaló ante medios, que las pólizas las adquirieron de buena fe a través de un intermediario de nombre Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, contratado por INTEC de la Costa, y representante legal de CM Construcciones.

Curiosamente, esta última persona tuvo como su abogado en 2017 a Felipe De Viveros Arciniegas, quien es, desde 2018, alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura del MinTic y junto al ex viceministro de conectividad, Iván Mantilla, fue quien estructuró los pliegos de la licitación en la que se perdieron 70 mil millones.

Curioso, en un país tan, todos los caminos parecieran coincidir hacia el despacho de Karen Abudinen. Por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”, los rectores y docentes de Barranquilla deberían escoger mejor a sus “amistades”.

https://youtube.com/shorts/YUw5YUi36V0?feature=share

 

 

Petro otra vez tenía razón: No podía ser destituido por Procurador

En fallo fechado el pasado 8 de julio de 2020 y publicado en la tarde de este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH declaró por unanimidad al Estado Colombiano como responsable de la “violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus apartados 1.1 y 2 en perjuicio del hoy senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Seguir leyendo Petro otra vez tenía razón: No podía ser destituido por Procurador

Guerra a muerte contra los jóvenes: Genocidio generacional

Se escuchaba, incluso en la voz de reconocidos periodistas, que si Uribe iba preso se desataría una guerra en el país. Lo que nunca dijeron, ni nos imaginamos, es que sería una guerra selectiva, sucia, siniestra, en forma de masacres reeditadas y con un objetivo específico: los jóvenes. La franja o nicho poblacional que no cree y antes repudia el lenguaje y la política de la guerra, de la muerte, del exterminio, del odio, de la exclusión. Seguir leyendo Guerra a muerte contra los jóvenes: Genocidio generacional

Julio 27 de 1870: A 150 años de un gran gesto de solidaridad

No siempre Colombia ha tenido la misma política exterior hacia repúblicas hermanas frente a la agresión de imperios. Lejos del ataque sistemático y la conspiración permanente y actual contra Venezuela, en la que Colombia actúa como el caín perfecto en función de los intereses coloniales de Estados Unidos, no siempre nuestro papel fue el de la indignidad y el servilismo.

Seguir leyendo Julio 27 de 1870: A 150 años de un gran gesto de solidaridad

Uribe renueve su discurso, no sea anacrónico

Quizás sea una manifestación temprana de demencia senil o simplemente se quedó rezagado en el tiempo. Lo cierto es que la última declaración de Uribe, pretendiendo asustar de nuevo a los colombianos con el tema del «castrochavismo» o de «agitación prechavista» es sencilla y lamentablemente vetusta y anacrónica.

Seguir leyendo Uribe renueve su discurso, no sea anacrónico

¿Sanclemente fue en puertos y aeropuertos el nuevo “muchacho bendito”?

Para el capo máximo del Cartel de Medellín, en ese entonces, las licencias de operación de aeropuertos y aeronaves fueron significativas y un punto de lanzamiento al éxito de su negocio de exportación de cocaína. Por eso quizás, eufórico y entre wiskys, ponderaba la labor y se refería al nuevo director de Aerocivil de la época (que había sustituido al por ellos asesinado) como el «muchacho bendito». Seguir leyendo ¿Sanclemente fue en puertos y aeropuertos el nuevo “muchacho bendito”?

Uribe: de nuevo en el ojo del huracán por cuenta de los hermanos Sanclemente

No fue un buen cumpleaños para Uribe. Con autoría de @JuanPoe y a través de @elinvestigad0r se publicó en la tarde de este sábado, en tuiter, una nueva investigación en la que se denuncian vínculos entre Adriana Sanclemente Alzate y los hermanos narcotraficantes Cifuentes Villa, del llamado «clan invisible».

Seguir leyendo Uribe: de nuevo en el ojo del huracán por cuenta de los hermanos Sanclemente

Lecciones maestras de un patrullero de la policía

Ángel Zúñiga Valencia sin duda equivocó su profesión. De acuerdo a sus palabras, durante 10 años ha sido patrullero y vestido el uniforme de la Policía Nacional. Hoy, en una demostración de enorme y valiosa sensibilidad, de manera no fingida sino espontánea, hizo a más de uno recuperar la fe y la esperanza en que no todo está perdido para nuestro país y que se puede creer aún en que la bondad se sobreponga y triunfe sobre la maldad.

Seguir leyendo Lecciones maestras de un patrullero de la policía

Colombia: ¿Cuál democracia? ¿Cuál soberanía? ¿Cuál independencia? Somos una vulgar colonia de TRUMP

  1. IMG_20200528_123201

Ha quedado al descubierto la farsa. Colombia no tiene una de las «democracias más sólidas del continente», expresión con la que con frecuencia se nos miente. En las democracias el soberano, el que erige a los poderes constituidos (a los elegidos) es el constituyente primario, el pueblo. En el pueblo, y en nadie más, reside la soberanía, dice el texto constitucional. La elección de administradores de lo público (de lo que es de todos) jamás, en una democracia verdadera, puede entenderse como la emisión de un cheque en blanco para que los gobernantes hagan lo que se les venga en gana sin rendirle cuentas a nadie o permitan que otros, desde el extranjero, lo hagan.

Con el envío de tropas estadounidenses a territorio colombiano, anunciada no por el “gobierno” colombiano sino por la embajada norteamericana, pasando por encima y pisoteando a quien para la foto funge como «presidente» y, además, la dignidad del Senado y del Consejo de Estado, que de acuerdo a los artículos 173 (numeral 4) y 237 (numeral 3) superiores, son quienes tienen la facultad de autorizar el tránsito (y más la permanencia, agregamos) de tropas extranjeras por el territorio patrio, ha quedado en evidencia que la independencia nacional fue una efímera ilusión y una mentira que nos repiten los textos de historia patria.

Se ha materializado el temor profético de Simón Bolívar al visionar a Estados Unidos como el país «destinado por la providencia para plagar a América de miserias en nombre de la libertad». El silencio del “gobernante” frente a semejante afrenta no es más que la comprobación de que es una útil marioneta con dos titiriteros que la manejan a su antojo: Trump, el dueño de la finca, y Uribe su fiel y servil capataz.

¿Cómo ocultar o negar a partir de ahora que somos tan solo una colonia más a la que ni siquiera se le reconoce como tal? Colombia ha sido violada frente a toda la comunidad internacional y nuestro “gobernante” y su partido de gobierno sonríen de la misma forma en que lo haría un proxeneta que explota miserablemente lo que no le pertenece, pero ni siquiera a cambio de dinero sino de no ser expuestos y juzgados por todo lo que se sabe sobre ellos.

Nuestra triste realidad hoy, es que nos gobiernan dos dementes a través de cuerdas


imperceptibles de ventrílocuo. Los identifica, eso sí, un mismo comportamiento criminal, psicópata. Se placen y extasían con la guerra, con la muerte y con el derramamiento de sangre ajena. Dogmáticos y fanáticos están dispuestos a todo con tal de destruir a quienes se opongan a sus dogmas, a sus designios, a sus «verdades» que ni siquiera alcanzan para ser consideradas como doxas.

Felices deben estar los que votaron y quienes revivieron con su abstención y su voto en blanco este proyecto totalitario, reaccionario y retardatario propio del oscurantismo y de la caverna, señalando, como justificación para ello, que resultaba lo mismo votar por un proyecto liberal y progresista, proclive a defender y desarrollar la Constitución de 1991, que hacerlo por un proyecto ultraconservador, ortodoxo y que no conoce, y antes más bien desprecia, la ética. Un proyecto político que si pudiera nos devolvería, siendo optimistas, a la Constitución de 1886 aunque su verdadero sueño hecho realidad seria retrotraernos al medioevo de los señores y los vasallos o, un poco antes, a la sociedad integrada por amos y esclavos.

No les importa el pueblo raso, el país nacional del que hablaba Jorge Eliecer Gaitán. No les interesa si entre las tropas norteamericanas hay positivos asintomáticos de COVID-19 y agravan nuestra ya delicada situación o si vienen y violan con su «inmunidad» cientos de niñas a su paso. No les importa si desde suelo colombiano se agrede a un pueblo hermano y si la respuesta de su gobierno nos involucra en una guerra innecesaria, inconveniente e impredecible. Sería extremadamente importante que un acto de humildad y contrición los que contribuyeran a elegir a este remedo de gobierno que cada vez convierten más al país en una republiquita, reconocieran con valor civil su letal error.

Premonitoria o proféticamente Jaime Garzón situaba a Uribe como quien nos traería a los «redentores soldados norteamericanos». Hoy sus pronósticos geniales, como los de Simón Bolívar se cumplen. Estamos en mora de construir una verdadera independencia. Cuando Bolívar murió entró a gobernar una élite criolla igual o peor a la que el genio de América combatió. Aún nos gobiernan. La gesta de Bolívar fue traicionada.