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Uribe y Duque: sepultureros del Estado Social de Derecho

La Constitución Política de 1991 ha sido derogada y no por las vías del derecho, esto es, a través de una asamblea nacional constituyente, sino a través de las vías de hecho, es decir, de facto y por un sector del país político absolutamente contrario y enemigo abiertamente declarado de su espíritu. Los derechos y garantías ciudadanas han sido proscritos y con ellos el Estado Social de Derecho ha sido aniquilado y sustituido por el Estado Antisocial de Hecho.

Ya había ocurrido con la Constitución de Rionegro, de corte liberal y progresista, que no satisfizo y antes amenazó, aunque con distintos protagonistas, privilegios de sectores de religiosos, de terratenientes, militares y miembros del partido conservador. La revolucionaria Constitución de 1863 originó una reacción y guerras propiciadas desde los sectores reaccionarios y retardatarios quienes a través de una combinación de difamación, miedo y violencia lograron imponer su modelo de sociedad y de estado en 1886.

Con la derogación en ese entonces de la constitución de mediados del siglo XIX se reimplantó, como ahora, la pena de muerte hasta casi la segunda mitad del siglo XX y se impuso una visión de estado y de sociedad centralista, clerical, autoritaria y tan proclive al mantenimiento del statu quo que logró con no más de 70 reformas superficiales y apelando cada vez que lo consideró necesario a prácticas violentas, sobrevivir durante poco más de un siglo.

A este modelo de estado y de sociedad caduco y anacrónico se opuso la progresista Constitución Política de 1991, que volvió a colocar al ciudadano y no a Dios como centro de la preocupación y del accionar del estado y de sus agentes, dentro del claro objetivo de concreción de un ideal de justicia social, que de nuevo generó prevenciones y miedos entre la minoría privilegiada del país.

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Y si bien el tiro de gracia a la  Constitucióndel 91 se da bajo el gobierno del deleznable presidente impuesto por esa mezcla entre Núñez y el “monstruo”  Gómez Castro que es Álvaro Uribe Vélez, lo cierto es que la reacción y los intentos por desfigurar a la carta de navegación promulgada el 4 de julio de 1991 comenzaron desde bien temprano, pues la misma al no abordar el tema económico, como ha debido hacerlo, nació a la vida pública con una contradicción que desde su nacimiento la condenaba: la incompatibilidad entre el ideal de realizar un estado en el que lo social y no lo normativo fuese primero y un modelo económico neoliberal que apuntaba en una dirección absolutamente contraria.

En concordancia con ese espíritu neoliberal privatizador y despojador de derechos, poco antes de la promulgación de la Carta del 91 ya la ley 50/90 cercenaba garantías a los trabajadores. Poco después de empezar a existir también otras normas como la ley 100/93 y la ley 142/94 apostaban por la consolidación de un estado que se desprendiera de sus responsabilidades y las dejara en manos de privados, con una concepción en la que no existen derechos sino negocios, cuyo único objetivo válido es el lucro aun a costas de sacrificar intereses de los ciudadanos.

Probablemente como producto de esa lucidez que tuvo en sus últimos años para identificar y confrontar al “régimen mafioso” que se apoderó de la política y a través de ésta del Estado, fue que Álvaro Gómez Hurtado de manera visionaria, pero infortunadamente incomprendida, planteó desde el carácter omnímodo de la constituyente que fuera esta y no el congreso quien se encargara de desarrollar legislativamente la carta política de 1991.

Inexplicablemente Gómez Hurtado no fue entendido ni escuchado y las consecuencias perfectamente predecibles del escenario que visionó   se materializaron. Entregarle para su desarrollo la Carta Política del 91 a un congreso integrado por los políticos del “régimen mafioso” resultó siendo el equivalente de colocar bajo la tutela y protección de Herodes al niño Jesús. Al mejor estilo paramilitar la Constitución de 1991 empezó a ser rápida y furiosamente desmembrada por los herederos ideológicos de quienes hicieron la Constitución de 1886.

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En los últimos 30 años la moribunda Constitución de 1991 no se ha aplicado como debería haberse hecho y su espíritu se ha tergiversado al vaivén de reformas que la han deformado. Ha sufrido en lo que lleva de vigencia más de 52 modificaciones de fondo (una cada 5 meses), frente a la de 1886 que se modificó en promedio cada 1,4 años (70 veces en 104 años).

Ahora con las medidas adoptadas por el uribismo (usando al gobierno de Duque) como las de proscribir los derechos y libertades de reunirse, a movilizarse,  a pensar, a participar y expresarse,  el acta de defunción está firmada. Como cuándo un familiar se apaga lentamente ante nuestros ojos o perece, nos negamos a aceptar una realidad evidente: La Constitución y con ella el Estado Social de Derecho, habían logrado sobrevivir maltrechos durante casi 30 años, pero como muchos de los jóvenes de nuestro país, ahora sí han sido definitivamente asesinados. Y aunque los aliados verdes del uribismo se opongan, hay que desde el poder constituyente abordar la confección, como en Chile, de una nueva constitución en los que no haya temas vedados ni privilegios y privilegiados intocables

¿Y la renuncia de Duque y los otros para cuándo?

No basta con después de varios muertos y graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos,  que en todo el país protestaban, anunciar el retiro de la reforma tributaria y creer que todo vuelve al estado anterior a las protestas y que el simple anuncio es un borrón y cuenta nueva. Lo decidido para nada exculpa a Duque y a sus cómplices. De hecho, el anuncio de Duque no es ni siquiera sorpresivo pues ya desde las 12 y 49 del 2 de mayo Uribe Vélez desde su Twitter ya había derogado la reforma.

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Directora territorial de la esap en el atlántico: ¿es intocable?

Luego de denuncias realizadas por estudiantes y egresados de la Dirección Territorial Atlántico, Magdalena, César y La Guajira de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el equipo de Opinión y Noticias se dedicó a investigar el proceso de selección público, por mérito, para escoger a los directores territoriales de la ESAP, encontrando serias inconsistencias en los argumentos esgrimidos por el director nacional, Pedro Medellín Torres, para excluir a la Dirección Territorial Atlántico de la convocatoria.

Todo comienza con la Resolución No. SC- 3617 del 8 de noviembre de 2020, por medio de la cual se convocó un proceso de selección público, por mérito, con el fin de integrar las ternas que se presentarían a los gobernadores para la designación de los directores de las 15 direcciones territoriales de la ESAP.  Si se observa, la dirección territorial Atlántico está incluida en la convocatoria.

Resolución No. SC-3617. Fuente: http://www.esap.edu.co

En el capítulo 2 de la convocatoria, cronograma del concurso, se establece que el día 14 de diciembre de 2019 se realizará la aplicación de las pruebas de Conocimientos y de Competencias Laborales. La correspondiente a la dirección territorial Atlántico se practicó en la ciudad de Barranquilla.

Días después, a través del Anexo C, la ESAP publicó los resultados de la prueba escrita de conocimientos practicada a los aspirantes admitidos que cumplieron con los requisitos mínimos para cada dirección territorial. La prueba de conocimientos para ser director territorial en el Atlántico la realizaron 41 aspirantes, de los cuales sólo 2 de ellos obtuvieron un resultado mínimo de 75/100 requisito establecido para concursar en la integración de la terna que sería presentada al gobernador del departamento.

Vale la pena destacar que la actual directora territorial, Sandra Plata Coronado, abogada, especialista y magíster en Derecho Administrativo, participó en el concurso, obteniendo un resultado inferior al puntaje de 75/100 exigido en la prueba escrita de conocimientos para poder continuar en el proceso de selección. ¿Sorprende? No, en Colombia estamos acostumbrados a que los funcionarios públicos sean incapaces e incompetentes. La mediocridad en la administración pública es un común denominador. Ni los años de experiencia en el cargo, ni la experiencia profesional como administrativista fueron suficientes para que Sandra Plata obtuviese el puntaje requerido. ¡Como mínimo debió obtener el mayor puntaje de los aspirantes! Con lo que no contaba la directora es que en la prueba de conocimientos no se le preguntaría sobre politiquería, materia de la que son egresados dignísimos el grupo político que la sostiene en la dirección territorial, liderado por la representante a la cámara Marta Villalba y su esposo, Camilo Torres, quienes heredaron la partecita de la ESAP que le corresponde al Partido de la U, como oficiales lamebotas del gobierno nacional.

Continuemos.

No solo en la dirección de Atlántico no se pudo integrar la terna para escoger al director territorial, ocurrió lo mismo en Caldas, Meta, Cauca, Norte de Santander, Quindío, Tolima y Boyacá. Por ello, después de declararse desierto el proceso de selección para esas 8 direcciones territoriales, la dirección nacional de la ESAP decidió continuar con la convocatoria, a través de la Resolución No. SC- 1172 de septiembre de 2020, por medio de la cual convocó el proceso de selección público, por mérito, para integrar las ternas que serían enviadas a cada gobernador para elegir ocho (8) directores territoriales. Nuevamente Atlántico es incluido, lo cual puede constatarse con la revisión de la Resolución mencionada.

Resolución No. SC-1172 de 2020. Fuente: http://www.esap.edu.co

Como se observa en las imágenes, que fueron extraídas de la resolución en comento, el nuevo proceso de convocatoria, después de declararse desierto el anterior habiéndose conformado únicamente la terna para 7 direcciones territoriales, y teniéndose que convocar un nuevo concurso para integrar la terna de 8 direcciones territoriales faltantes. Sin embargo, siete (7) días después de publicarse la anterior resolución, el director nacional de la ESAP, Pedro Medellín Torres, expidió la resolución SC- 1184 del 28 de septiembre de 2020, en la que excluyó a la dirección territorial Atlántico del concurso de selección público.

La gestión de los centros territoriales de administración pública – CETAP, que se menciona en la parte considerativa de la resolución puede hacerse a través de la dirección nacional, como ha sido hasta ahora, sin que el eventual cambio de dirección territorial obstaculizara la gestión de los CETAPS y los otros pactos territoriales y regionales que se mencionan en los argumentos de la resolución, sin que todo ello tuviera que hacerse con una idea de “continuidad” que sólo es un eufemismo para esconder los verdaderos pactos regionales por medio de los cuales se reparten las direcciones territoriales de la ESAP. El director nacional, Pedro Medellín Torres, debe explicarles a los estudiantes de la Dirección Territorial Atlántico por qué están condenados a padecer la presencia de una directora territorial que no tiene los conocimientos básicos para ocupar esa dignidad. También debe explicarles si los pactos con Marta Villalba y Camilo Torres prevalecen sobre el mérito y la idoneidad.

ADEA: ¿sindicato de educadores de CHAR?

Las instituciones, y mucho más las sindicales, nos merecen un altísimo grado de respeto. No obstante, la corrupción en el país ha hecho metástasis y muchos sindicatos han sido captados e instrumentalizados en favor, quién lo creyera, de sectores que desde el poder han hecho un enorme daño a los trabajadores del país.

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Los Char: nuevas y sorprendentes revelaciones sobre su entramado electoral

María Jimena Duzán y Alfredo Molano Jimeno a través de recientes columnas en SEMANA y EL ESPECTADOR han dado unos primeros pasos muy importantes en el propósito de desentramar cómo opera la maquinaria politiquera y electorera del clan Char en Barranquilla.

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El uribismo verde o el “uribismo sin Uribe” de los sapos del pantano

El premio nobel de la paz (1984), el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, sabiamente dijo en alguna ocasión que “si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor”. Con ello quizás sintetizó una frase bíblica atribuida a Dios y contenida en el capítulo 3, versículo 16 del libro de Apocalipsis que en una clara alusión a quienes no se comprometen y evaden su compromiso con la verdad y la vida señala: “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”

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Universidad del atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (ii)

Universidad del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (2da parte)

Será esta la oportunidad para decidir por fin el rumbo de los esfuerzos hacia la construcción de verdadera democracia universitaria más allá de los espacios constituidos para la representación. Los consejos estudiantiles deben activarse, y para ello es menester que desde las facultades podamos agitar las banderas y consignas por medio del debate. Es seguro que los nuevos representantes, posesionados fraudulentamente y con serios visos de ilegitimidad, se decantarán por la salida más fácil. Aquella consiste en tomar como suyas banderas históricas y recientes del movimiento estudiantil que no conocen y que, por tanto, nunca han defendido. No obstante, en el debate al interior del CSU escogerán el silencio como arma, porque lo de ellos no son palabras sino acciones.

Los 2 próximos años estarán caracterizados por una grosera acriticidad; por una absurda actitud de condescendencia. No esperemos mucho de los nuevos representantes, que nadie en la universidad conoce y reconoce; con excepción de pocos estudiantes de diminuta convicción y exagerada hambre. Por esto es fundamental que desde la oposición crítica, seria y argumentada se lidere la deliberación permanente que cruce todos los estamentos universitarios, para concretar la máxima independencia de los órganos que han sido secuestrados por el vandalismo «no censurable», el de los que no usan molotov pero si se roban y malgastan los recursos de la universidad con ayuda de la lograda unanimidad que no permite la necesaria contradicción, y por lo tanto, el control que como herramienta de contrapeso tiene toda democracia, por más precaria que ésta sea.

La gratuidad en la matrícula es lo urgente. Y no únicamente porque la pandemia del Covid-19 haya lesionado aún más los bolsillos de las gentes más vulnerables, sino porque la concepción de la educación como mercancía (como un servicio en la Carta Política) debe superarse. Sí es posible, el esfuerzo presupuestal es mínimo; no tanto así la voluntad política que se necesita. Las reformas estatutarias pendientes deben continuarse, no porque un representante lo diga, esto es porque se hacen menester para que las máximas autoridades de la universidad no sean escogidas por las mayorías que secuestraron nuestra alma mater y que responden a los vándalos que se han tomado la ciudad de Barranquilla y el departamento. Y por supuesto, para devolverle a la institución su razón de ser: la investigación y proyección social.

La dignidad de las compañeras y compañeros de Bellas Artes debe seguir siendo una bandera del movimiento estudiantil que no puede negociarse en ningún sentido distinto al de garantizar por fin la satisfacción de sus necesidades.

Cabe mencionar que toda discusión debe ser abordada desde su verdadera dimensión. Quiere decir esto, que el movimiento estudiantil de la Universidad del Atlántico debe proyectarse hacia los debates nacionales, en favor de la reforma de la Ley 30 de 1992 y todo el cuerpo normativo que le rodea, en oposición a las políticas privatizadoras del nivel central y las mayorías del legislativo.

El Coliseo de nuestra alma mater será testigo el día martes de una avanzada del movimiento estudiantil que está llamada a superar las fricciones y las aplazables diferencias, en miras al rescate de la universidad pública más importante de la región.

El debate está abierto.

Universidad Del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (i)

Universidad del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (I)

Lo de hoy no me sorprende. Desde que el Consejo Superior reformó su reglamento para diseñarse un quórum a la medida de sus deseos, era evidente ese afán antidemocrático de querer adelantar unas elecciones que no demostraban ofrecer las garantías que debe tener un ejercicio democrático de ese tipo. Todo lo quieren imponer so pretexto de la gobernabilidad, y escudándose en motivos de falsa democracia.

Esa primera reforma que conduciría a la introducción del voto electrónico en el estatuto electoral, entonces sorprendía. Pero tiempo después, desde que se contrató la realización de los comicios virtuales con una empresa que no tenía la experiencia que certificó para ese tipo de servicios, ya el torcido estaba fraguado. Luego el comité electoral, en cabeza de Danilo Hernández, propuso un cronograma electoral exprés, para que los candidatos se tomaran su mejor foto y se inscribieran. Esas jornadas de debates se convirtieron en un circo. La tradición democrática de las elecciones estudiantiles ya había sido contenida con la virtualidad.  Cabe decir que esa estudiante que posa de representante de los estudiantes ante dicho comité también es responsable de lo que pasó, de la entrega total, de la unanimidad de un clan político en la universidad, pues su firma reposó en todas las actuaciones, y nunca expresó descontento alguno ni invitó a sus representados a conocer de su gestión.

Hasta ahí llegó mi capacidad de asombro; por vía judicial suspendieron el proceso, a pocos días de la votación, y sólo se resolvió la contienda días después, cuando el semestre académico había finalizado. No obstante, el comité electoral decidió desde hace varios días, a través de una resolución, reanudar el proceso electoral desde la fase en la que se encontraba en el momento de la suspensión: las votaciones. Y colocó como fecha de celebración de la democracia el día 7 de octubre. A la fecha son muy pocos los estudiantes activos, según la definición estatutaria del término: los estudiantes debidamente matriculados, financiera y académicamente en un programa universitario.

Hoy llegó el día, y nos encontramos en la mañana con la noticia de que una jueza había otorgado medida cautelar en el auto admisorio de una tutela, que ordenaba a la Udela suspender el proceso electoral, con el fin de que no ocurriese un perjuicio irremediable a partir de la posible vulneración de los derechos incoados por el accionante. A pesar de la orden judicial clara, ni el comité electoral ni ninguna otra autoridad de la Universidad del Atlántico se manifestó en razón de acatar la orden judicial, ni en el sentido de expresar a la comunidad estudiantil explicación alguna de lo acaecido.

Quienes sí estuvieron muy activos fueron los candidatos (y sus borregos) afines a la actual administración (cabe decir; cualquiera que sea, todas tienen que responderle a los Char), asegurando a sus votantes que debían ejercer su derecho al voto, que esa orden era falsa, que nunca existió, y que hasta que el comité electoral no se pronunciara, las elecciones continuaban.

Mientras tanto, los sectores que desde hace años vienen oponiéndose al secuestro con fines politiqueros de nuestra alma mater, llamaban al movimiento estudiantil a cerrar filas ante el inminente atropello y el desacato judicial.

Ninguno sabía que la misma jefe de despacho que horas antes había ordenado suspender el proceso, transcurrida la tarde iba a aceptar la acumulación de tutelas por medio de un auto en el que aprovechó para dejar sin efectos la medida comentada. ¿Qué cambió desde el momento en qué ordenó suspender las elecciones y cuando decidió dejar sin efectos su propia decisión? ¿Qué va a estudiar en la resolución de fondo de la tutela, si ya el daño está consumado?

La administración de la Universidad no se atemorizó en ningún momento con las consecuencias de su desacato; de antemano sabía que podía revertir la orden. Y así lo hizo saber a sus candidatos, que nunca dejaron de hacer campaña exhortando a los estudiantes a votar por ellos. ¿Qué candidato sensato al enterarse de una orden judicial de ese tipo iba a decirle a los electores que el proceso seguía? El cambio de criterio tan repentino y sospechoso de la juez provocó un enorme daño al proceso, en el sentido de inducir al error a quienes se habrían abstenido de ejercer el derecho al voto.

No me sorprende. Sí me indigna.

La discusión tendiente a recuperar nuestra alma mater del secuestro politiquero y mafioso está abierta.